Proyecto Faq El rey corrupto al caribe y los raperos a la cárcel por injurias a la corona

domingo, 14 de junio de 2020

El rey corrupto al caribe y los raperos a la cárcel por injurias a la corona

  
Durante los últimos días continúan los procesos del Supremo por los delitos de “injurias a la Corona” a los doce raperos de La Insurgencia, Pablo Hasel, y Valtonyc, entre otros. Mientras tanto, el rey emérito prepara su exilio de lujo en el caribe.
 
El rey corrupto al caribe y los raperos a la cárcel por injurias a la corona
Jose Lavín

Durante los últimos días el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a nueve meses de prisión para el rapero Pablo Hasel por el delito de injurias a la Corona y a las Fuerzas de Seguridad. Respecto a los doce raperos de La Insurgencia, el Supremo se ha reunido esta semana para decidir sobre la condena de nueve meses de prisión. Ante una tesitura similar se encuentra el rapero Valtonyc. La Corte de Apelación belga dará a conocer el 8 de septiembre la decisión final tras las reuniones de este martes con la defensa del rapero mallorquín. El rapero se encuentra en Bélgica tras salir del Estado español con el objetivo de evitar la condena ratificada por el Supremo de tres años y medio de cárcel por, entre otras cosas, injurias a la Corona.

Mientras todo esto sucede, el Tribunal Supremo retoma la investigación abierta por Anticorrupción sobre el papel del rey emérito en la construcción del AVE en Arabia Saudí, sin plantearse, sin embargo, profundizar en el esclarecimiento de los casos de corrupción. Si el lavado de dinero producto de aquellas comisiones se produjo antes del 2014, Juan Carlos quedará, una vez más, impune como consecuencia de la “inviolabilidad” de la monarquía. Varias fuentes afirman que el cerco judicial sobre el ex Jefe del Estado puede estar acelerando su decisión de salir de España para afincarse en la República Dominicana.

El delito de injurias a la Corona continúa dando mucho que hablar, son numerosas las condenas y multas al respecto, como, por ejemplo, la multa de 3000 euros a los dibujantes de El Jueves. Multas que también tienen lugar como consecuencia de aquellas publicaciones en redes sociales como Facebook o Twitter que la Justicia española considera insultantes o “vilipendios innecesarios”. Organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya han criticado la existencia del delito de injurias a la Corona, afirmando que proteger de manera especial al rey en materia de injurias y calumnias no se ajusta al espíritu del Convenio Europeo de Derechos Humanos que España suscribió. Es más, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reiterado su "preocupación" por la existencia de delitos que protegen especialmente "las faltas de respeto por las banderas y los símbolos o la difamación del jefe de Estado".

Otra característica “autóctona” y muy peculiar en la jurisprudencia española es la instrumentalización del “delito de odio” en defensa de la monarquía ante la quema de imágenes de los monarcas. El tipo penal del “delito de odio” fue creado, supuestamente, con vistas a combatir la discriminación de colectivos vulnerables. Sin embargo, en varias ocasiones el Tribunal Constitucional ha justificado la condena de delitos de injurias a la Corona considerándolos una manifestación más del susodicho “delito de odio”. La quema de fotografías del Rey en protestas públicas puede llegar a ser castigada con penas de prisión de entre seis meses y dos años.

Sin embargo, mientras que la Justicia se muestra severa contra el acto simbólico y legítimo de rechazo público hacia el monarca, el insulto, y la libertad de crítica a la institución, el acto material de la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude fiscal quedan completamente impunes. Lo paradójico de esta “mano dura” de la Justicia española hacia la libertad de expresión en lo relativo a los insultos y críticas a la monarquía, es la completa impunidad y la ausencia de esclarecimiento de los numerosos casos de corrupción de la Casa Real. Una mano dura que siempre va “hacia abajo”.

La impunidad, lejos de ser un hecho aislado, se trata de una pieza estructural del Régimen del 78 que queda establecido en el artículo 53.6 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Este artículo de la Constitución es, en los hechos, una garantía de “barra libre” para la Casa Real y para las acciones de comisionista del monarca, pieza clave en las relaciones con las dictaduras saudíes y contacto imprescindible para las grandes fortunas del Estado español.

Este lunes se ha conocido que la Fiscalía del Supremo investigará las acusaciones de cohecho de 100 millones del emérito. El proceso de investigación retomado por el Tribunal Supremo investigará directamente a Juan Carlos por su papel en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación de las obras del llamado AVE a La Meca, una construcción realizada por un consorcio de 12 empresas españolas.

Según una nota pública difundida por la Fiscalía, la investigación se centrará meramente en “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” posteriores al mes de junio de 2014, cuando Juan Carlos dejó de estar protegido por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución. Las fuentes fiscales afirman que Anticorrupción ha constatado indicios de delitos relacionados con el blanqueo de capitales y fraude fiscal. Sin embargo, las limitaciones impuestas por la inviolabilidad llevarán a que la investigación se restrinja a tratar de confirmar esos indicios y ver si se extienden a la etapa posterior a la abdicación de Juan Carlos I. En caso de ser antes de 2014 el robo estará amparado por la ley en el artículo constitucional de la “inviolabilidad” del monarca.

Lo que ocurra con la investigación del Tribunal Supremo depende en gran parte de hasta dónde llegue la investigación de la Fiscalía de Suiza. Mientras tanto, diferentes fuentes en República Dominicana han confirmado a Diario16 que Juan Carlos ya tiene preparada su nueva residencia de lujo en República Dominicana, un paraíso para fortunas como él (en torno a 2.000 millones de euros según la revista Forbes) y grandes empresarios de todo el mundo.

A esa residencia podría tener intención de acudir en caso de que el cerco judicial y mediático continúe estrechándose. El periodista del diario británico Telegraph, James Badcock, que destapó los principales escándalos económicos de los Borbones ha afirmado que “hay muchísimos más escándalos que pueden ir saliendo”. El periodista afirma que es cuestionable “que Felipe VI haya podido hacer una separación limpiando su reinado del de su padre”, y, continua, “algunas fuentes me están contando que están recibiéndose presiones desde España para no investigar demasiado en la fortuna del Rey”, finalizó Badcock.

La corrupción de la monarquía española, encarnada ahora en la figura de Juan Carlos, pone en peligro la cada vez más cuestionada imagen de Felipe VI, y, por tanto, todas las redes clientelares que mantienen cohesionada a la monarquía española con otras grandes fortunas del Estado. Los escándalos de Juan Carlos ya empujaron a Felipe VI a anunciar que renunciaba a su herencia personal y a quitar a Juan Carlos el “estipendio” establecido en los presupuestos de la Casa del Rey: 194.232 euros anuales. Ahora la marcha de Juan Carlos buscaría funcionar, otra vez, como una suerte de “cortafuegos”, se trata del mismo efecto cortafuegos que se buscó con su abdicación en Felipe VI, esto es, impedir un cuestionamiento de conjunto de la institución de la monarquía, de sus relaciones con otras grandes personalidades del capital español, y, en consecuencia, del conjunto del Régimen del 78.

Sin embargo, esto no es todo. También la posible marcha de Juan Carlos de Borbón a República Dominicana es una vía para protegerse frente a posibles citaciones o reclamaciones de los tribunales, puesto que el tratado de extradición entre España y el país caribeño en su artículo 8 indica que: “No se concederá la extradición cuando la responsabilidad penal se hubiere extinguido por prescripción u otra causa, conforme a la legislación de cualquiera de las Partes”. Por lo cual sería muy difícil que el Estado dominicano le concediera a España la extradición en caso de que fuera requerida.

Mientras la Justicia española persigue la libertad de expresión de los raperos en rechazo a los casos de corrupción de la monarquía, mantiene intocable y sin mácula a la Casa Real. La Justicia española es, por omisión, cómplice de sus delitos. Los partidos del régimen no se quedan atrás, como buenos partícipes de ese orden monárquico, PP, Ciudadanos, VOX y el PSOE ya se han negado varias veces a que los escándalos de corrupción de la Casa real se investiguen desde el Congreso. En el caso de Unidas Podemos sus mismos ministros son parte de un gobierno promonárquico junto al PSOE. El escandaloso apoyo de Unidas Podemos al veto en el Congreso a la iniciativa de la CUP para que el Rey comparezca por los contratos con Arabia Saudí vino a rubricar la integración total de Unidas Podemos al régimen del 78.
 

Fuente → izquierdadiario.es

banner distribuidora

El rey corrupto al caribe y los raperos a la cárcel por injurias a la corona Rating: 4.5 Diposkan Oleh: La Voz de la República

1 comentarios:

Click here for comentarios
22:44 ×

y que OS creéis esto es lo que se legitima cada vez que votáis

Selamat copa dapat PERTAMAX...! Silahkan antri di pom terdekat heheheh...
Balas
avatar
admin
Publicar un comentario
Gracias por comentar
 
  • BR