Proyecto Faq El miedo y el corporativismo que dañan la democracia

lunes, 22 de junio de 2020

El miedo y el corporativismo que dañan la democracia

"Que los agentes demócratas tengan que convivir con funcionarios capaces de encubrir prácticas ilegales de sus compañeros, que tengan miedo a alzar la voz y que los máximos responsables sean incapaces de depurar con contundencia a estos elementos que ensucian la imagen de todo el cuerpo, supone una grave amenaza a los derechos y las libertades de todos y todas", escribe el autor

El miedo y el corporativismo que dañan la democracia
Miquel Ramos
   
El pasado jueves, publicábamos en exclusiva en La Marea un vídeo en el que un hombre simula la ejecución de varios miembros del Gobierno en una galería de tiro de Málaga. A primera hora de la mañana, recibíamos un mensaje de un agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el que nos alertaba de la difusión de este vídeo en varios chats informales del Cuerpo. No era la primera vez ni la primera persona perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) que denunciaba la difusión de este tipo de contenidos en redes policiales filtrándolo a la prensa. 

A partir de la difusión del video, improvisamos un equipo y nos pusimos manos a la obra para tratar de esclarecer los hechos e identificar el lugar y a las personas que participan en el simulacro de fusilamiento. Publicamos de nuevo en exclusiva el nombre de la armería y galería de tiro donde se grabó, así como varios detalles sobre el protagonista: su paso por la Legión y sus llamadas a la violencia contra políticos de izquierda en sus redes sociales.

A lo largo del viernes, un día después de la publicación del video, el hombre que realiza los disparos fue detenido por la Guardia Civil, y varios medios empezaron a publicar su nombre y diversas informaciones sobre este. A última hora de la tarde del viernes, publicamos una nueva exclusiva: Francisco de Borja J.B. era conocido en Málaga por sus vinculaciones con grupos neonazis. Lo acreditamos con el vídeo de una manifestación neonazi en el barrio madrileño de Vallecas en 2009, en el que el protagonista aparece junto a la pancarta del Movimiento Patriota Socialista (MPS) de Málaga. 

Han sido dos días frenéticos, con varios compañeros de La Marea dedicados casi en exclusiva a estos hechos, y trabajando siempre para ofrecer la información contextualizada, haciendo hincapié en lo que subyace más allá de los hechos. Entre otros, hemos destacado la preocupación que nos han trasladado varios agentes de las FFCCSE por la crispación política que estamos viviendo, algo que, según explican, se nota cada vez más incluso dentro de los mismos ambientes policiales. También hemos recibido mensajes de agentes que nos dan las gracias por destacar el rechazo a que este tipo de mensajes de odio se normalicen entre sus redes.

También cabe destacar las muestras de apoyo que hemos recibido de numerosos ciudadanos y ciudadanas, periodistas que se han hecho eco de este trabajo y que han reconocido y citado en todo momento a La Marea en sus informaciones.

Vejaciones a una mujer trans

El pasado mes de abril, publiqué en mi cuenta de Twitter otro vídeo en exclusiva que me había hecho llegar un agente de las FFCCSE en el que dos miembros de la Policía Local de Benidorm vejaban a una mujer trans. El video había sido grabado por uno de los dos agentes que aparecen en el mismo, desde dentro del vehículo policial, y posteriormente difundido por ellos mismos en varios chats de su cuerpo.

Otro policía decidió filtrarlo a la prensa, indignado no solo por el trato de los agentes a esta persona, sino por la tranquilidad con la que una actuación delictiva de dos policías era difundida en los propios foros policiales por los mismos agentes que la protagonizaban. Más tarde descubriríamos que la víctima y su entorno habían sido amenazadas tras la publicación de la grabación. Una información que publiqué junto al compañero Joan Cantarero en Público

En ambos casos, las fuentes que me hicieron llegar el vídeo pidieron que preserváramos sus identidades, pero que no omitiéramos que habían sido miembros de las FFCCSE quienes lo habían filtrado. Criticar este tipo de contenidos en los chats policiales, explican, les supone arriesgarse a ser señalados por sus compañeros. Denunciarlo a superiores, a veces, tampoco sirve de mucho. Estos están también a menudo en estos chats y no parecen especialmente preocupados. 

Esta misma semana, el compañero de La Directa, David Bou, publicaba en exclusiva los audios de una actuación de los Mossos d’Esquadra en la que se escuchaban comentarios, amenazas e insultos racistas contra una persona negra. Hace más de un año de estos hechos, denunciados y a la espera de juicio, y con pleno conocimiento del departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, hasta que no se hicieron públicas las grabaciones, los agentes implicados seguían en sus puestos. Solo cuando todo el mundo pudo escuchar los discursos de odio del agente, Interior anunció que tomaría medidas: los cambió de destino. A esto hay que sumarle la negativa de estos agentes a identificar quién de ellos es el autor de tan graves proclamas y amenazas racistas. 

“En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay una mayoría conservadora que no admite el Gobierno actual de coalición. Nuestro deber de neutralidad política se ve alterado de manera inaceptable por corrientes internas permitidas por determinados jefes.” El coordinador General de la Asociación Reformista de Policías (ARP), Luis Miguel Lorente Moreno, publicaba estas afirmaciones en su cuenta de Twitter a finales de mayo adjuntando una captura del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/86 sobre los principios básicos de actuación de las FFCCSE.

“Las conversaciones en centros de trabajo y chats de desempeño profesional en algunas ocasiones se utilizan para difundir propaganda contra el Gobierno. Peligrosamente se mezcla la esfera de la libertad particular con la necesaria pulcritud que requiere nuestra acción laboral”, afirmaba el representante del sindicato progresista de la Policía Nacional. Sus denuncias públicas, según explica a La Marea, le han costado caros: “Por enfrentarme al lobby interno de comisarios en la Policía y sus acólitos, me han pinchado la rueda de la moto, amenazado de muerte… En mi puesto de trabajo un inspector quiso intimidarme con su revólver, etc.”. Luis Miguel es de los pocos agentes que denuncia públicamente estas prácticas.

Desde la ARP ya señalaron en 2017 la exhibición de simbología franquista en varias comisarías. Ahora celebra que haya más compañeros que, aunque sea anónimamente (por un miedo que entiende perfectamente), decidan romper el silencio y denunciar la normalización de determinadas conductas internas del Cuerpo. “Hace falta valentía y determinación para que en instituciones tan importantes para la convivencia como las FFCCSE se alejen del todo tendencias de militarización,se renueven cúpulas ancladas en el pasado y evitemos que se utilice nuestra función para espurios intereses políticos”, concluye en su hilo de Twitter.

Casos en las Fuerzas Armadas

También en las Fuerzas Armadas se han alzado voces de alerta. El caso más popular fue el del exteniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército en 2015 por motivos disciplinarios tras la publicación y promoción del libro Un paso en el frente, en el que detalla las herencias franquistas de las Fuerzas Armadas, así como varios casos de abusos de poder. Segura afirmó, entre otros, que «la corrupción en las Fuerzas Armadas es pública y conocida por todos debido a la impunidad que nos da el tener nuestros propios jueces». En su último libro publicado, El Ejército de Vox, Segura escribe sobre la presencia de la ultraderecha en los cuarteles.

Asimismo, el cabo Marco Santos también fue expulsado por el Ejército de Tierra a finales de 2019 tras firmar un manifiesto contra el franquismo junto con otros militares. 

Todos estos hechos más o menos recientes merecen una profunda reflexión, no solo por parte de la ciudadanía, sino también de los mismos cuerpos policiales y sus responsables políticos. Que los agentes demócratas tengan que convivir con funcionarios capaces de encubrir prácticas ilegales de sus compañeros, que tengan miedo a alzar la voz y que los máximos responsables sean incapaces de depurar con contundencia a estos elementos que ensucian la imagen de todo el cuerpo, supone una grave amenaza a los derechos y las libertades de todas y todos.

Quienes se suponen garantes de nuestros derechos ostentan el monopolio de la violencia, van armados y su palabra es ley, no pueden permitirse ningún tipo de coqueteo con los discursos de odio, aunque sea en sus chats privados, que no olvidemos, están formados por agentes del cuerpo, no por un grupo de amigos.


Fuente → lamarea.com

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