Era domingo, 26 de junio de 1977. Solo habían transcurrido unos
días desde las primeras elecciones de la democracia en España y ya se
celebraba la primera marcha por la liberación LGTB en España, aunque ni
siquiera se usaran estas siglas entonces. Todavía estaba vigente la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social del franquismo
que castigaba la homosexualidad. En la famosa foto realizada por Colita
aparecen seis mujeres trans al inicio de la marcha que lucen
expresiones valientes. Detrás de ellas, una pancarta muestra el mensaje:
“Nosotros no tenemos miedo, nosotros somos”.
Una de las manifestantes de la fotografía es Miryam Amaya, mujer trans y gitana. Ellas, que no estaban organizadas políticamente, estaba hartas y por eso se unieron a la convocatoria del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC). “Como en una partida de ajedrez, fuimos los peones. Íbamos en cabeza sin saber muy bien la parte política. Íbamos buscando libertad, porque estábamos cansadas de tener que huir, de ir a comisaría. No nos daba miedo salir y enfrentarnos porque ya habíamos sido apaleadas e insultadas”, cuenta Amaya a cuartopoder.
Tras
despertar después de una larga dictadura, España se unía a la
conmemoración de los disturbios de Stonewall de 1969, que dieron inicio
al Día Internacional del Orgullo. Hacía tan solo dos años que había
muerto el dictador y la prensa estaba expectante ante esta primera
marcha por la libertad del colectivo. Varios testimonios de la época
cuentan que “los grises” reventaron la manifestación a la altura de
Canaletas y que las personas trans, en aquel momento llamadas
'travestis', hicieron de escudo. Amaya recuerda, sin embargo, que la
manifestación logró terminar de forma pacífica y que poco después
algunas personas continuaron protestando por las Ramblas y “realizaron
barricadas o lanzaron sillas”, lo que por desgracia obligó a los agentes
a realizar una intervención que ansiaban.
La imagen que se quedaría para el recuerdo. “Cuando llegaron los antidisturbios con porrazos y botes de humo, todo el mundo huyó, pero esas mujeres se quedaron inmóviles. Estaban hartas”, cuenta Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans y mujer trans de Sevilla que en ese momento residía en Barcelona y que un año después organizaría la primera marcha por la libertad sexual de Andalucía.
Miryam Amaya en sus años de juvetud./ Cedida
Durante los años 70 las calles del Raval eran un hervidero. Muchas mujeres trans de todo el pais se dirigían a la ciudad por considerarla “más cosmopolita”, aunque allí encontraban también el maltrato de la Policía. “Recuerdo salir de las pensiones con mis amigas y mirar a los dos lados como si fuéramos terroristas o delincuentes. Te detenían, pasabas una noche en el calabozo y luego a la calle. Muchas pagaron con prisión”, indica Cambrollé. El Raval también era el lugar donde conseguir las hormonas para realizar la transición deseada. “Las conseguíamos en el Barrio Chino, donde estaba la prostitución. Allí había una especie de practicantes que te vendían condones, ponían inyecciones para la gonorrea o la sífilis y nos vendían las hormonas”, cuenta Amaya.
En esos años muchas como Amaya combinarían la prostitución, prácticamente la única vía de ingresos para ellas; el trabajo en el mundo del espectáculo y el activismo para conseguir derechos e igualdad. “En mi caso yo tenía un doble motivo como trans y gitana. Cuando me llevaban a comisaría me decían: '¿no te da vergüenza ser gitano y maricón?' Era lo que más me dolía”, explica. En esa lucha incipiente la demanda era básica: “no pedíamos matrimonio, ni poder tener hijos, solo queríamos libertad y que la sociedad nos aceptara”.
En 1983, con el Gobierno de Felipe González, fue despenalizada la cirugía para el cambio de sexo. Sin embargo, Cambrollé cuestiona que esto fuera realmente una apuesta por sus derechos. “Esto no fue una medida para el colectivo trans, yo me podía ir a operar a otro país. Fue una liberalización para el negocio de los cirujanos, que hasta entonces no podían operarnos porque cometían un delito de lesiones”, explica. Para ella la prueba fehaciente de que no se habían puesto los intereses del colectivo en el centro es que, aún permitiéndose dichas operaciones, hasta 1987 no se produjo el primer cambio de nombre en el documento de identidad de una persona trans.
Habría que esperar hasta 2007 para que se produjera una ley trans que les permitiría cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin tener que pasar por el quirófano. La ley vigente recoge que toda persona trans que quiera realizar este trámite debe aportar un informe psicológico en el que se aborde la disforia de género y otro médico que recoja como requisito indispensable haberse sometido durante al menos dos años a un tratamiento hormonal. El Constitucional ha cuestionado que los menores trans deban tener 18 años para acceder al cambio registral. El colectivo apuesta además por la eliminación de este protocolo médico, en línea con la despatologización que aprobó hace dos años la OMS y con las directivas europeas que piden simplificar el procedimiento de cambio de la identidad.
“No hemos llegado absolutamente a nada. Yo sigo siendo tan rebelde que ni me he cambiado el nombre en el DNI porque a mí no me aporta nada”, cuenta Amaya. “Seguimos sin poder estar en el trabajo, sin poder cotizar, sin tener una pensión digna”, dice sobre la expulsión de las mujeres trans del mercado de trabajo. “No somos enfermas, no somos proyectos de mujeres, no somos una invención. Nos hemos conformado con las migajas”, lamenta .
Por eso el colectivo trans considera que la ley de 2007 se ha quedado pequeña y abogan por una que aborde la despatologización de las personas trans, así como la exclusión que sufren en la atención sociosanitaria y el mercado laboral. Por el camino se han conseguido leyes autonómicas que sí reconocen la libre autodefinición del género como Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia, Valencia, Aragón y Navarra. Cambrollé considera que en estos años también ha logrado “el abrazo de las familias, de la sociedad, de educadores y psicólogos”.
Amaya incide en que queda mucho por hacer e insiste en repetírselo a las nuevas generaciones: “No hemos ganado una guerra, aún queda mucho por hacer. En el mismo colectivo LGTBi hay mucha transfobia. No queremos que se nos ponga un monumento, pero sí que se recuerde que fuimos las primeras del colectivo en salir a la calle”.
Una de las manifestantes de la fotografía es Miryam Amaya, mujer trans y gitana. Ellas, que no estaban organizadas políticamente, estaba hartas y por eso se unieron a la convocatoria del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC). “Como en una partida de ajedrez, fuimos los peones. Íbamos en cabeza sin saber muy bien la parte política. Íbamos buscando libertad, porque estábamos cansadas de tener que huir, de ir a comisaría. No nos daba miedo salir y enfrentarnos porque ya habíamos sido apaleadas e insultadas”, cuenta Amaya a cuartopoder.
La imagen que se quedaría para el recuerdo. “Cuando llegaron los antidisturbios con porrazos y botes de humo, todo el mundo huyó, pero esas mujeres se quedaron inmóviles. Estaban hartas”, cuenta Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans y mujer trans de Sevilla que en ese momento residía en Barcelona y que un año después organizaría la primera marcha por la libertad sexual de Andalucía.
Miryam Amaya en sus años de juvetud./ CedidaDurante los años 70 las calles del Raval eran un hervidero. Muchas mujeres trans de todo el pais se dirigían a la ciudad por considerarla “más cosmopolita”, aunque allí encontraban también el maltrato de la Policía. “Recuerdo salir de las pensiones con mis amigas y mirar a los dos lados como si fuéramos terroristas o delincuentes. Te detenían, pasabas una noche en el calabozo y luego a la calle. Muchas pagaron con prisión”, indica Cambrollé. El Raval también era el lugar donde conseguir las hormonas para realizar la transición deseada. “Las conseguíamos en el Barrio Chino, donde estaba la prostitución. Allí había una especie de practicantes que te vendían condones, ponían inyecciones para la gonorrea o la sífilis y nos vendían las hormonas”, cuenta Amaya.
En esos años muchas como Amaya combinarían la prostitución, prácticamente la única vía de ingresos para ellas; el trabajo en el mundo del espectáculo y el activismo para conseguir derechos e igualdad. “En mi caso yo tenía un doble motivo como trans y gitana. Cuando me llevaban a comisaría me decían: '¿no te da vergüenza ser gitano y maricón?' Era lo que más me dolía”, explica. En esa lucha incipiente la demanda era básica: “no pedíamos matrimonio, ni poder tener hijos, solo queríamos libertad y que la sociedad nos aceptara”.
Un recorrido por la legislación y las demandas trans
La Ley de Peligrosidad Social, antigua ley de vagos y maleantes, no se abolió, aunque sí hubo una conquista importante para el colectivo a raíz las sucesivas protestas. “En 1978 el Gobierno de Adolfo Suárez no acabó con la ley completa, pero sí que quedaron excluidas de la misma los actos de homosexualidad”, explica Cambrollé. La lucha del colectivo LGTB pasaría a centrarse entonces en conseguir una modificación de la “ley de escándalo público” que tenía en el centro a las personas trans y no se derogaría hasta 1989. “La policía entendía esta ley según le convenía y para la moral de entonces era un escándalo público salir a la calle con atuendo de mujer”, añade.En 1983, con el Gobierno de Felipe González, fue despenalizada la cirugía para el cambio de sexo. Sin embargo, Cambrollé cuestiona que esto fuera realmente una apuesta por sus derechos. “Esto no fue una medida para el colectivo trans, yo me podía ir a operar a otro país. Fue una liberalización para el negocio de los cirujanos, que hasta entonces no podían operarnos porque cometían un delito de lesiones”, explica. Para ella la prueba fehaciente de que no se habían puesto los intereses del colectivo en el centro es que, aún permitiéndose dichas operaciones, hasta 1987 no se produjo el primer cambio de nombre en el documento de identidad de una persona trans.
Habría que esperar hasta 2007 para que se produjera una ley trans que les permitiría cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin tener que pasar por el quirófano. La ley vigente recoge que toda persona trans que quiera realizar este trámite debe aportar un informe psicológico en el que se aborde la disforia de género y otro médico que recoja como requisito indispensable haberse sometido durante al menos dos años a un tratamiento hormonal. El Constitucional ha cuestionado que los menores trans deban tener 18 años para acceder al cambio registral. El colectivo apuesta además por la eliminación de este protocolo médico, en línea con la despatologización que aprobó hace dos años la OMS y con las directivas europeas que piden simplificar el procedimiento de cambio de la identidad.
“No hemos llegado absolutamente a nada. Yo sigo siendo tan rebelde que ni me he cambiado el nombre en el DNI porque a mí no me aporta nada”, cuenta Amaya. “Seguimos sin poder estar en el trabajo, sin poder cotizar, sin tener una pensión digna”, dice sobre la expulsión de las mujeres trans del mercado de trabajo. “No somos enfermas, no somos proyectos de mujeres, no somos una invención. Nos hemos conformado con las migajas”, lamenta .
Por eso el colectivo trans considera que la ley de 2007 se ha quedado pequeña y abogan por una que aborde la despatologización de las personas trans, así como la exclusión que sufren en la atención sociosanitaria y el mercado laboral. Por el camino se han conseguido leyes autonómicas que sí reconocen la libre autodefinición del género como Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia, Valencia, Aragón y Navarra. Cambrollé considera que en estos años también ha logrado “el abrazo de las familias, de la sociedad, de educadores y psicólogos”.
Amaya incide en que queda mucho por hacer e insiste en repetírselo a las nuevas generaciones: “No hemos ganado una guerra, aún queda mucho por hacer. En el mismo colectivo LGTBi hay mucha transfobia. No queremos que se nos ponga un monumento, pero sí que se recuerde que fuimos las primeras del colectivo en salir a la calle”.
Fuente → cuartopoder.es
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