Debe ser una de las prioridades de la “proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del franquismo”.
Anular los consejos de guerra sumarísimos franquistas como prioridad democrática / Cristina Calandre Hoenigsfeld:
Recientemente, se presentó el 21 de abril del 2020, en el Senado esta proposición de Ley por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.
Recientemente, se presentó el 21 de abril del 2020, en el Senado esta proposición de Ley por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.
Hace tiempo que las entidades de memoria histórica
vienen reclamando esta ley, que reconoce a los represaliados por
oponerse al golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista como
víctimas. Como nos explican en el preámbulo:
“La negativa por parte del Estado español a anular la sentencias
franquistas en nombre de la supuesta seguridad jurídica, supone la
asunción de su plena responsabilidad de las consecuencias de la
legislación represiva del franquismo. El hecho inconcebible de que el
Estado de derecho no se haya sustentado en la ruptura legal con el
franquismo y que todas las sentencias represivas franquistas sigan
firmes y legales al día de hoy, supone el reconocimiento explícito de su
responsabilidad en los abusos cometidos por la dictadura franquista…”
Normativa ilegal que va contra la legalidad de la Constitución de la II República, pues en noviembre de 1936 ya había unos tribunales, los republicanos, que actuaban en la ciudad de Madrid que seguía bajo la legalidad republicana, hasta el final de la guerra
Un claro ejemplo de lo anterior son los dos consejos de guerra
sumarísimos que padeció mi abuelo, el eminente doctor Luis Calandre
Ibañez, como he explicado en numerosas ocasiones, y que intente anular ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo.
Parecería
un poco extemporáneo todo este tema, dentro de la trágica epidemia
producida por el coronavirus que nos asola, pero aunque la ley no ha
sido difundida por los medios, me parece oportuno recordar que el Estado
español, se ha mostrado como un Estado fallido, y esto hay que ir a
buscarlo al año 1936, cuando el golpe militar contra la legalidad de la
II República, venció, gracias a la ayuda nazifascista, y hasta el dÍa se
muestra imposible gestionar la epidemia desde un Estado de las
autonomías, fallido, como estamos comprobando.
La clave de bóveda, es la monarquía, que dio lugar a la Constitución
de 1978, alrededor de la cual se agruparon los grupos de poder, herederos directos del franquismo, actualmente representados por Vox, PP y Ciudadanos.
Por eso todas estas leyes de memoria histórica que cuestionan la legalidad del franquismo, todavía vigente, a través de la Monarquía, son rechazadas por casi todos los partidos políticos, autollamados “constitucionalistas “.
Solo la Ley 52/2007 fue aprobada hace más de diez años, porque tuvo
mucho cuidado en no cuestionar la legalidad franquista (la cuestión de
la seguridad jurídica).
Es Título I de la actual proposición de Ley trata específicamente de
la nulidad de las sentencias franquistas, que desarrolla en el artículo
5, en donde se declara la nulidad de pleno derecho de todas las
acciones legales de carácter represivo del régimen franquista.
La ley es muy extensa y pormenorizada, pero quiero detenerme en la
disposición derogatoria, que nos dice: “quedan derogados aquellos puntos
de la Ley 52/ 2007 que sean modificados por esta Ley, dejando en vigor
aquellos aquí no reflejados“.
Sería el caso del Decreto del general Franco, numero 55 de 1 de noviembre de 1936, en donde se crean en la plaza de Madrid ocho Consejos de guerra...”
Normativa ilegal que va contra la legalidad de la Constitución de la II República,
pues en noviembre de 1936 ya había unos tribunales, los republicanos,
que actuaban en la ciudad de Madrid que seguía bajo la legalidad
republicana, hasta el final de la guerra, en abril de 1939.
Estos ocho Consejos de Guerra, nada más finalizar la guerra civil, llevaron a cabo miles de sentencias en sumarísimos, condenando a muerte, como es el caso de los asesinados en el cementerio del Este de Madrid.
Al doctor Luis Calandre Ibañez,
también se le aplico y dos veces, una por los franquistas (1940), y
luego en el recurso de reposición que solicite al Tribunal Supremo,
donde vuelven a dar como legal ese decreto, y no cuestionarlo.
Fuente → nuevatribuna.es
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