Proyecto Faq Los otros Billy el Niño

jueves, 14 de mayo de 2020

Los otros Billy el Niño

 
Los otros Billy el Niño
Laura Aznar (con el asesoramiento de David Ballester) 


Once policías franquistas acusados de torturas han hecho carrera en democracia y conocieron ascensos y recibieron condecoraciones durante los gobiernos de la UCD y del PSOE.

El final de la dictadura no implicó la depuración total de la policía franquista. Así lo han denunciado entidades de memoria histórica, familiares de las víctimas y partidos de izquierda. Uno de los casos más icónicos del vínculo entre la policía y la represión de la dictadura es el de Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, policía acusado de decenas de casos de torturas. Murió el jueves 7 de mayo, por coronavirus, en la cama y sin que ningún gobierno le retirara las medallas y los homenajes policiales. Sin embargo, su caso no es una excepción. Crític repasa aquí el historial de 11 policías acusados de torturas durante el franquismo, pero que hicieron carrera en democracia y conocieron ascensos y recibieron condecoraciones durante los gobiernos de la UCD y del PSOE.

En el libro Corre, democràcia, corre, el historiador David Ballester sigue el hilo conductor entre la policía franquista y la democrática, poniendo de manifiesto la continuidad de las prácticas y las maneras de hacer. En la actualidad, el mismo autor trabaja en un estudio monográfico en el que recopila en detalle los casos más relevantes de agentes del franquismo, acusados de torturas, que hicieron carrera y fueron ascendidos por los gobiernos de la UCD y del PSOE. Crític publica en este artículo los datos recogidos por Ballester, centrándose en 11 Billy el Niño más, la mayor parte de los cuales desarrollaron su actividad en Catalunya durante los años sesenta y setenta.

Estos son los policías impunes de la dictadura.

Antonio Garrido Fernández, acusado de practicar torturas contra militantes comunistas

Antonio Garrido Fernández tuvo una dilatada trayectoria policial bajo la sombra de Felipe González. En 1979, ya en periodo democrático, obtuvo del grado de comisario y poco después, en 1982, el gobierno socialista lo nombraría jefe superior de Policía de Madrid. Cinco años más tarde ascendería a jefe de seguridad del Banco de España, cargo que ejerció hasta su jubilación. Su hoja de servicios, sin embargo, recoge algunos episodios oscuros. En 1994, siendo presidente del Sindicato de Comisarios, envió una carta al ministro del Interior del PSOE, José Luis Corcuera, en relación con la muerte en dependencias policiales de Xabier Galparsoro y Miren Gurutze Iantzi, dos presuntos miembros de ETA. Galparsoro fue arrojado por una ventana de la prefectura de policía de Bilbao, mientras que Iantzi murió, según la autopsia, a causa de una insuficiencia respiratoria. El comisario se ofreció a colaborar en el esclarecimiento y la sanción, si era necesario, de unas conductas que excepcionalmente no se habrían adecuado a la trayectoria democrática y de respeto de la legalidad que “profesaban la mayoría de los miembros de la policía”.

Garrido había ingresado en la policía en 1964 y, a principios de la década de 1970 desempeñó un papel destacado en las filas de la Brigada Político-Social de Asturies. Se infiltró en organizaciones de izquierda como la UGT y el PSOE y contribuyó de modo importante a la desarticulación de grupúsculos de organizaciones antifranquistas en Asturies, Barcelona y Madrid. En 1973 dirigió el operativo que culminaría con las detenciones de Santiago Ibáñez y Carmen Masip Hidalgo, militantes del Partido Comunista Internacional, torturados también en dependencias policiales. Según explicaba Ibáñez a la revista asturiana Atlántica XXII, Garrido “era el jefe” y, pese a ejercer de poli bueno, lo colocó desnudo sobre una mesa y con luz durante las 24 horas. “Aquel día nevaba y me mantuvo desnudo sobre una plancha fría; después me amenazó. A mí me asestó un golpe en el costado y amenazaba a Carmen con hacerla abortar.”

En 2009, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil reconoció la trayectoria profesional de Antonio Garrido, distinguiendo su cargo con el adjetivo honorario y otorgándole un título, un distintivo y un diploma. Entre sus méritos, los cuerpos policiales destacaron el hecho de que Garrido no tenía en su expediente “ninguna nota desfavorable que afecte al prestigio de la corporación”.

Jesús Martínez Torres, uno de los hombres de Billy el Niño, condecorado por el PSOE y comisario de honor del CNP

Jesús Martínez Torres fue uno de los hombres de Billy el Niño en la Brigada Político - Social, con quien montó una empresa de seguridad dedicada a servicios de prevención de atentados y secuestros cuando se jubiló. Durante las primeras semanas del gobierno socialista presidido por Felipe González, fue nombrado comisario general de Información del Ministerio del Interior. Militantes antifranquistas que habían sido víctimas de sus torturas criticaron activamente su promoción, pero el ministro José Barrionuevo rechazó sus argumentos y dio por válidos los informes policiales procedentes de la extinta Brigada Político - Social, que, lógicamente, no documentaban estas prácticas.

En 1985, 12 miembros de organizaciones de izquierda publicaron una carta notarial dirigida al presidente Felipe González, en la que daban fe de las torturas infligidas por Martínez Torres, quien entonces era inspector y había sido jefe del Grupo Comunista de la Brigada Político - Social entre 1971 y 1975, y al que describían como “un sádico de patillas largas y zapatos de tacón ancho”. En la misiva hacían referencia a “las vejaciones, golpes y torturas” a que sometió a sus víctimas. Paralelamente, apareció en la prensa el relato de otros testimonios de las actuaciones del policía, como los de Mikel Azkue Gabilondo o Manuel Lucas de Pedro. Ambos tenían 21 años en 1971 y estudiaban Medicina. En la edición de El País del 3 de marzo de 1985, Azkue explicaba que Martínez Torres dirigió en su caso 16 días de interrogatorios, y que “no pegaba por pegar, sino para obtener información”. Su relato coincidía con el de David Ubico Soler, quien entonces tenía 24 años y militaba en el Partido de los Trabajadores: “No era de los que más pegaban, sino de los que dirigían y coordinaban los interrogatorios en las diferentes habitaciones y, por ejemplo, te hacía escuchar cómo gritaba el compañero de la habitación de al lado”, recordaba.

Martínez Torres ingresó en la policía a los 23 años. Ejerció en Barcelona como jefe del Grupo PCE - PSUC de la Brigada Político - Social y después se trasladó a Zaragoza, donde desempeñó sus funciones hasta 1975. En 1982 fue ascendido a comisario general de Información y, en 1988, el ministro del Interior, José Barrionuevo, le concedió la Medalla de Oro al Mérito Policial, la máxima distinción, por los méritos obtenidos en la lucha antiterrorista, en la cual había demostrado una “entrega total sin escatimar esfuerzos”, y por sus “servicios extraordinarios a favor del orden público”.

A pesar de este reconocimiento, se relacionó a Martínez Torres con un escándalo de espionaje policial contra partidos políticos y fue inculpado en el sumario de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) como superior jerárquico de los policías José Amedo y Michel Domínguez, pero el juez lo absolvió. Amedo y Domínguez fueron condenados en 1991 por la Audiencia Nacional a penas de 108 años de prisión por inducir a la comisión de seis asesinatos frustrados y por otros delitos que habían cometido mercenarios contratados por ambos contra miembros y simpatizantes de ETA. En cambio, fueron absueltos de los delitos de pertenencia a banda armada, malversación de fondos, tenencia de explosivos y del asesinato consumado de Juan Carlos García Goena, en un atentado que llevaron a cabo en 1987 en Hendaia (Francia). García Goena fue la última víctima de la guerra sucia de los GAL contra ETA.

En 2013, Jesús Martínez Torres fue reconocido comisario de honor del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), pero la oscura trayectoria del policía distinguido lo ha convertido en uno de los imputados en la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

Genuino Navales García, El Muñecas

Según relata el historiador David Ballester en el libro Corre, democràcia, corre, las víctimas de Navales lo llamaban El Muñecas, ya que tenía “una predilección especial” por una tortura consistente en apretar las esposas hasta el punto de que al detenido le sangraran las muñecas. También practicaba la cigüeña, que consistía en obligar al detenido a agacharse, a menudo desnudo y con las manos esposadas detrás de las rodillas, hasta que se desplomaba, momento en el que recibía golpes y patadas.

En 1979, el gobierno de UCD intentó nombrarlo jefe superior de Policía de Barcelona, cuando ejercía este cargo en Granada. Le precedía una dilatada trayectoria en la Brigada Político - Social, también en la capital catalana, donde había sido inspector jefe entre 1966 y 1976. Cuando se hizo pública la noticia, sectores procedentes de la lucha antifranquista –especialmente de Comisiones Obreras– enviaron un telegrama al ministro del Interior, Ibáñez Freire, en el que le recordaban que Navales se había caracterizado por su represión contra la lucha por la democracia y que había sido “copartícipe” o “responsable directo de innumerables detenciones, torturas y vejaciones contra trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general”. Ante las protestas que motivó su nombramiento, finalmente el policía no volvió a la prefectura barcelonesa, sino que fue destinado a Zaragoza. Tomó posesión del cargo coincidiendo con la firma de la Convención Europea de Derechos Humanos por parte de Juan Carlos I.

Atilano del Valle Oter, imputado en la querella argentina por lanzar a un detenido por la ventana

Destinado a Barcelona como inspector de la Brigada Político - Social, en 1971 detuvo al militante del Partido Comunista de España (Internacional) –PCE(i)– Miguel Jiménez Hinojosa, de 23 años, que en el transcurso del arresto recibió un tiro en el hígado y lo lanzaron por la ventana de un segundo piso. A pesar de la gravedad de las lesiones (fractura de la base del cráneo, conmoción cerebral y rotura hepática), el joven sobrevivió y, en 1972, un consejo de guerra lo condenaría a 16 años de prisión por insultos a las Fuerzas Armadas y asociación ilícita. Por este caso, el inspector Del Valle fue imputado por torturas en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, pero murió en 2014, a los 85 años.

Paradójicamente, en 1975, el ministro de Gobernación, José García Hernández, le concedió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo por haber resultado herido (padeció “pinchazos y cortes en una mano”) durante la detención de Jiménez Hinojosa. Esta condecoración, que comportaba un aumento salarial anual de aproximadamente 150.000 pesetas, no le fue retirada cuando, un año después, fue condenado por infligir lesiones a dos detenidos más. Según recordaba la revista Interviú en noviembre de 2014, por aquellos hechos únicamente fue penalizado con 24 días de arresto menor y una multa de 7.500 pesetas. También en 1976 tuvo una nueva condena de cuatro días de arresto y 2.000 pesetas de multa por lesiones a una detenida, Mercedes Muñoz Pons. Según el médico forense, Muñoz Pons presentaba “hematomas en los ojos, los brazos, las muñecas y la pierna izquierda a causa de las contusiones realizadas con un objeto y de los golpes continuados”.

Francisco Álvarez Sánchez, organizador de los GAL y de la guerra sucia contra ETA

Ingresó en la policía en 1966 y acumuló una larga trayectoria profesional, tanto en el ámbito policial como en el empresarial. En 1983 fue jefe del Mando Único Antiterrorista y fue imputado como supuesto organizador de los GAL. Se le considera el cerebro que orquestó la guerra sucia contra ETA y uno de los responsables del secuestro de Segundo Marey. En diciembre de 1983, tres mercenarios contratados con fondos reservados del Ministerio del Interior secuestraron a Marey, un vendedor de muebles de oficina, a quien confundieron con el dirigente de ETA Mikel Lujua. El objetivo era presionar a las autoridades francesas para que liberaran a cuatro policías que habían sido detenidos cuando intentaban secuestrar a otro supuesto miembro de ETA. Francisco Álvarez consiguió su liberación con el compromiso de que los cuatro acudirían ante la justicia francesa cuando fueran reclamados, una promesa que incumplió. En 1998 fue condenado por el Tribunal Supremo a nueve años y medio de prisión, en una sentencia que también incluía a expolicías y altos cargos políticos como el ministro José Barrionuevo, que tan solo estaría tres meses privado de libertad.

En 1986, Álvarez se trasladó a Barcelona y fundó las empresas MITSA y Check-In, a partir de las cuales, según la edición de El País del 20 de junio de 1995, actuaba “como brazo armado para los asuntos de seguridad e información del que fuera hombre de KIO –Javier de la Rosa–, que, a su vez, aportaba el flujo financiero para sostener las operaciones”. El excomisario también estuvo involucrado en la trama de las escuchas ilegales a Javier de Godó, editor y presidente de La Vanguardia, y a exdirectivos de este medio. Para esclarecer los hechos, la investigación policial se centró en diversas empresas, entre ellas Check-In.

Benjamín Solsona, El Galleta

En diciembre de 2018, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de València admitió a trámite una querella criminal por un delito de torturas cometido en 1971 por diversos policías adscritos a la Brigada Político - Social de la capital valenciana. Se trata de la primera querella en que se imputa un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad que sale adelante en un juzgado del Estado español, e investiga las actuaciones de Benjamín Solsona, Manuel Ballesteros y Jacinto López Acosta.

Con el seudónimo de El Galleta era conocido Benjamín Solsona, quien asumió cargos de responsabilidad durante el periodo democrático. En 1971, durante el estado de excepción motivado por el Proceso de Burgos –en el que un consejo de guerra juzgó a 16 acusados de pertenecer a ETA–, 15 personas vinculadas al Partit Comunista del País Valencià fueron detenidas y torturadas durante su estancia en la comisaría. Juan José López Hernando y Francisco Camarasa Yáñez eran dos de los torturados por Solsona, motivo por el cual la jueza María Servini lo incluyó en la querella argentina. Ambos estuvieron 19 días incomunicados. Según el relato de López Hernando y Camarasa Yáñez, el policía les golpeó en la cabeza y el resto del cuerpo, les dio patadas en los testículos, empujones, los sumergió en agua y profirió amenazas contra ellos y sus familias. La jueza advierte que los hechos imputados a Solsona “resultan sancionables con penas de 8 a 25 años de prisión”.

Otra de sus víctimas, José Luis Monzón, afirmó en su declaración judicial que el policía le golpeó la cabeza contra la pared en diversas ocasiones y que le practicó la tortura del pato, haciéndole caminar en esta postura durante tres horas por los pasillos de la prefectura. Sin embargo, a pesar de las torturas que cometió, El Galleta fue ascendido a comisario y, en 1980, sería nombrado jefe superior de la policía española en Bilbao, cargo que ejercería durante tres años en el País Vasco, y hasta 1988 en las islas Baleares.

Manuel Ballesteros, el torturador de las corrientes eléctricas

Fue uno de los policías procedentes de la Brigada Político - Social que adquirirían más relevancia bajo gobiernos democráticos. En 1968 participó en la detención y posterior tortura de 36 militantes antifranquistas, entre ellos el dirigente comunista Antonio Palomares, que recibió palizas y que fue sometido en diversas ocasiones al tostador, “un somier metálico conectado a corrientes eléctricas”. A causa de las torturas de Ballesteros, Palomares acabó con tres vértebras soldadas, el diafragma deformado y el ritmo respiratorio alterado. Posteriormente, el policía fue denunciado por tres estudiantes, en el mismo caso que Solsona y López Acosta, por asestarles puñetazos al vientre y los testículos.

En 1974, Ballesteros ejerció de comisario jefe en San Sebastián y poco después fue nombrado jefe superior de policía en la Coruña y Bilbao. En mayo de 1979 sustituyó a Roberto Conesa al frente de la Comisaría General de Información, un hecho que motivó las quejas de Antonio Palomares, que entonces era diputado al Congreso.

A comienzos de la década del 1980 se vio afectado por la muerte del presunto militante de ETA, Joseba Arregi, en comisaría. La autopsia de Arregi confirmó “la existencia de violencia física” en su cuerpo, que presentaba hematomas, erosiones y quemaduras en los dos pies. La causa de su muerte fue “un fallo respiratorio originado por un proceso broncopulmonar”. Ballesteros dimitió cuando cinco de sus agentes fueron procesados por este caso. No obstante, ese mismo año el gobierno de la UCD lo nombró jefe del Mando Unificado de Lucha Antiterrorista.

El policía sería procesado, en 1982, por el ametrallamiento del bar Hendayais, en Francia, en el marco de la guerra sucia contra ETA. La Audiencia de Bilbao lo condenó dos veces por ordenar la huida a Francia de tres personas que dijeron ser confidentes de la policía, y que eran sospechosas de hacer cometido el atentado. Sin embargo, el Tribunal Supremo absolvió a Ballesteros en ambas ocasiones: primero, alegando que el comisario había actuado “sin malicia” y después, arguyendo que su infracción era administrativa y no penal. El PSOE lo destituyó de su cargo cuando llegó al poder, pero el ministro José Barrionuevo lo recuperaría como jefe de Operaciones Especiales y como director del Gabinete de Información del Ministerio del Interior. Esta última misión la desempeñó de 1987 a 1994.

José María Escudero Tejeda, artífice del atentado contra la sala Scala

En 1945 ingresó en la Brigada Político-Social de Madrid y, junto con el inspector González Pacheco (Billy el Niño), formó parte del equipo de máxima confianza del comisario Roberto Conesa, antecesor de Manuel Ballesteros al frente de la lucha antiterrorista. Al comienzo de la década de 1970 trabajó en los llamados Grupos de Acción del Norte hasta que Conesa lo nombró jefe del Grupo Anarquista durante la Transición, para llevar a cabo actuaciones contra este colectivo en Barcelona. Más tarde sería ascendido a responsable de la Central de Información.

La trayectoria del policía no está exenta de polémica, particularmente por su relación con el caso Scala. El confidente policial Joaquín Gambín le acusó de haberle ordenado participar como infiltrado en el atentado contra la sala de fiestas barcelonesa Scala, en enero de 1978, en el cual murieron cuatro trabajadores. Cuando se jubiló Conesa, Escudero Tejeda pasó a dirigir el Grupo Policial del Banco de España y, después, fue nombrado jefe de la Brigada Regional de Información en Barcelona.

Francisco Luis Colino Hernanz, Celso Galván Abascal y Jesús Simón, los tres policías del caso Ruano

Enrique Ruano Casanova fue detenido el 17 de enero de 1969, a los 21 años de edad. Militante del Frente de Liberación Popular (FLP), le acusaron de pertenecer al Partido Comunista Revolucionario (PCR) y, después de tres días retenido en la Dirección General de Seguridad, el 20 de enero lo trasladaron a su piso para efectuar un registro. Según las declaraciones de la policía, cuando le quitaron las esposas para que firmara el acta, Ruano empujó a uno de los funcionarios y saltó por una de las ventanas del domicilio, que estaba en la séptima planta, y murió en el acto. La familia no pudo ver nunca el cuerpo del joven y tampoco se publicó jamás el resultado de la autopsia, pero algunos medios de comunicación difundieron ampliamente la versión oficial, que apuntaba a un suicidio.

La muerte de Ruano provocó huelgas en casi todas las universidades del Estado y movilizaciones en diversas ciudades, motivo por el cual el gobierno español, con Manuel Fraga y Luis Carrero Blanco al frente, declaró el estado de excepción en todo el país. Determinada prensa y las organizaciones clandestinas se hicieron eco de las reivindicaciones estudiantiles y el diario Mundo Obrero, del PCE, publicó que el joven había sido asesinado por la policía. Sin embargo, hasta 1996, 27 años después, la familia de Ruano no consiguió que los tres policías que habían participado en su detención, Francisco Colino, Celso Galván y Jesús Simón, fueran procesados en un juicio con numerosas irregularidades. A pesar de que la defensa consiguió demostrar que la versión del suicidio no era cierta, los acusados fueron absueltos por falta de pruebas. Los tres policías siguieron ejerciendo su profesión durante el periodo democrático, pero, a causa de la gravedad de los hechos, el caso Ruano se incluyó en la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

José Matute Fernández, torturador amnistiado

José Matute Fernández fue el jefe de la Brigada Político - Social de Tenerife y responsable de diversos episodios de palizas contra trabajadores y estudiantes. Fue objeto de numerosas denuncias por malos tratos que nunca salieron adelante, pese a que en 1975, a causa de las “torturas ocasionadas al estudiante Julio Manuel Trillo”, fue condenado a cinco meses de arresto mayor y a seis años de destierro de Santa Cruz de Tenerife por los delitos de lesiones y coacciones con el agravante de abuso de autoridad. Ese mismo año causó la muerte de Antonio González, de quien sospechaba erróneamente que tenía explosivos, durante un interrogatorio. Por este caso fue condenado y posteriormente amnistiado.

En el sumario del caso de Antonio González, el juez relató que el inspector Matute “le golpeó en el cuello repetidamente con la mano abierta, le propinó golpes con la rodilla en el estómago, lo arrinconó contra la pared y, una vez (González) se hallaba sobre el suelo en posición de decúbito supino, (Matute) se dejó caer de rodillas sobre su caja torácica y la boca del estómago”. Según reveló la autopsia de la víctima, esto le ocasionó fracturas en las costillas y el esternón, una hemorragia y múltiples lesiones, así como un esguince en el hígado y hematomas, “llegando a la columna vertebral, donde se produjo una ligera infiltración sanguínea” que le causó la muerte. Paradójicamente, cinco años después de estos hechos, el policía fue destinado a la Inspección Central de Guardia de la Dirección General de Seguridad, con funciones que incluían “velar por la integridad física de los detenidos y evitar que fueran objeto de malos tratos”.

El comisario Matute culminaría su trayectoria reapareciendo en la prensa a finales de los años ochenta, cuando tuvo que declarar ante el juez por haber agredido a un policía.

Carlos Castillo Quero y el montaje policial del caso Almería

Carlos Castillo Quero, teniente coronel de la Guardia Civil, fue uno de los policías responsables de la muerte de tres jóvenes cántabros en el llamado caso Almería. Los hechos ocurrieron el 10 de mayo de 1981 en Roquetas de Mar, donde Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier celebraban la comunión de un familiar del primero. Los tres fueron confundidos con miembros de un comando de ETA que, supuestamente, huían después de haber perpetrado un atentado en Madrid unos días antes.

Los cadáveres calcinados de Mañas, Montero y Cobo aparecieron en el interior de un Ford Fiesta en un barranco de la carretera de Gérgal. En la comparecencia sobre los hechos que realizó el ministro de Interior de la UCD, Juan José Rosón, este explicó que, según los informes de la Guardia Civil, los detenidos se contradijeron en algunas de sus declaraciones y que en el reconocimiento del automóvil en que viajaban se habían hallado dos pistolas. La versión oficial mantenía que existía el convencimiento de que los jóvenes eran activistas de ETA y de que se ordenó su traslado a Madrid, pero que, en el transcurso del viaje, los agentes observaron cómo el vehículo en que se encontraban los detenidos, conducido por un policía, hizo un giro extraño, y que tanto el conductor como otro agente salieron despedidos al exterior.

Siempre de acuerdo con esta versión, Castillo Quero, quien estaba al frente de la operación, consideró que la acción era un intento de fuga y ordenó disparar a las ruedas del coche para detenerlo, pero el vehículo cayó por un barranco y se incendió, cosa que impidió el rescate de los detenidos debido al riesgo de explosión. Pese a que el gobierno español calificó los hechos de un “trágico error”, la oposición consideró que se trataba de un encubrimiento del crimen que habían perpetrado los miembros de la Guardia Civil. El caso llegó a los tribunales, pero solo fueron procesados 3 de los 11 guardias que estuvieron presentes. No se halló ningún impacto de bala en las ruedas del automóvil, pero sí en las cabezas de los jóvenes asesinados.

A pesar de la estrategia coordinada entre el fiscal y la defensa de los policías, finalmente Castillo Quero fue condenado por los hechos a 24 años de prisión; el teniente Manuel Gómez Torres, a 15 años, y el guardia Manuel Fernández Llamas, a 12 años. De todos modos, los tres salieron en libertad con bastante antelación por buen comportamiento y recibieron un salario de varios millones de pesetas con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior. Estos pagos acabarían efectuándose por parte del primer gobierno del PSOE con el argumento de que había asumido un compromiso heredado del ejecutivo anterior de la UCD. Fuente:elcritic.cat


Fuente →  vientosur.info

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