Los otros Billy el Niño
Laura Aznar (con el asesoramiento de David Ballester)
Once policías franquistas acusados de torturas han hecho carrera
en democracia y conocieron ascensos y recibieron condecoraciones
durante los gobiernos de la UCD y del PSOE.
El final de la dictadura no implicó la depuración total de la policía
franquista. Así lo han denunciado entidades de memoria histórica,
familiares de las víctimas y partidos de izquierda. Uno de los casos más
icónicos del vínculo entre la policía y la represión de la dictadura es
el de Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, policía
acusado de decenas de casos de torturas. Murió el jueves 7 de mayo, por
coronavirus, en la cama y sin que ningún gobierno le retirara las
medallas y los homenajes policiales. Sin embargo, su caso no es una
excepción. Crític repasa aquí el historial de 11 policías
acusados de torturas durante el franquismo, pero que hicieron carrera en
democracia y conocieron ascensos y recibieron condecoraciones durante
los gobiernos de la UCD y del PSOE.
En el libro Corre, democràcia, corre, el historiador David
Ballester sigue el hilo conductor entre la policía franquista y la
democrática, poniendo de manifiesto la continuidad de las prácticas y
las maneras de hacer. En la actualidad, el mismo autor trabaja en un
estudio monográfico en el que recopila en detalle los casos más
relevantes de agentes del franquismo, acusados de torturas, que hicieron
carrera y fueron ascendidos por los gobiernos de la UCD y del PSOE. Crític publica en este artículo los datos recogidos por Ballester, centrándose en 11 Billy el Niño más, la mayor parte de los cuales desarrollaron su actividad en Catalunya durante los años sesenta y setenta.
Estos son los policías impunes de la dictadura.
Antonio Garrido Fernández, acusado de practicar torturas contra militantes comunistas
Antonio Garrido Fernández tuvo una dilatada trayectoria policial bajo
la sombra de Felipe González. En 1979, ya en periodo democrático,
obtuvo del grado de comisario y poco después, en 1982, el gobierno
socialista lo nombraría jefe superior de Policía de Madrid. Cinco años
más tarde ascendería a jefe de seguridad del Banco de España, cargo que
ejerció hasta su jubilación. Su hoja de servicios, sin embargo, recoge
algunos episodios oscuros. En 1994, siendo presidente del Sindicato de
Comisarios, envió una carta al ministro del Interior del PSOE, José Luis
Corcuera, en relación con la muerte en dependencias policiales de
Xabier Galparsoro y Miren Gurutze Iantzi, dos presuntos miembros de ETA.
Galparsoro fue arrojado por una ventana de la prefectura de policía de
Bilbao, mientras que Iantzi murió, según la autopsia, a causa de una
insuficiencia respiratoria. El comisario se ofreció a colaborar en el
esclarecimiento y la sanción, si era necesario, de unas conductas que excepcionalmente
no se habrían adecuado a la trayectoria democrática y de respeto de la
legalidad que “profesaban la mayoría de los miembros de la policía”.
Garrido había ingresado en la policía en 1964 y, a principios de la
década de 1970 desempeñó un papel destacado en las filas de la Brigada
Político-Social de Asturies. Se infiltró en organizaciones de izquierda
como la UGT y el PSOE y contribuyó de modo importante a la
desarticulación de grupúsculos de organizaciones antifranquistas en
Asturies, Barcelona y Madrid. En 1973 dirigió el operativo que
culminaría con las detenciones de Santiago Ibáñez y Carmen Masip
Hidalgo, militantes del Partido Comunista Internacional, torturados
también en dependencias policiales. Según explicaba Ibáñez a la revista
asturiana Atlántica XXII, Garrido “era el jefe” y, pese a ejercer de poli bueno,
lo colocó desnudo sobre una mesa y con luz durante las 24 horas. “Aquel
día nevaba y me mantuvo desnudo sobre una plancha fría; después me
amenazó. A mí me asestó un golpe en el costado y amenazaba a Carmen con
hacerla abortar.”
En 2009, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
reconoció la trayectoria profesional de Antonio Garrido, distinguiendo
su cargo con el adjetivo honorario y otorgándole un título, un
distintivo y un diploma. Entre sus méritos, los cuerpos policiales
destacaron el hecho de que Garrido no tenía en su expediente “ninguna
nota desfavorable que afecte al prestigio de la corporación”.
Jesús Martínez Torres, uno de los hombres de Billy el Niño, condecorado por el PSOE y comisario de honor del CNP
Jesús Martínez Torres fue uno de los hombres de Billy el Niño
en la Brigada Político - Social, con quien montó una empresa de
seguridad dedicada a servicios de prevención de atentados y secuestros
cuando se jubiló. Durante las primeras semanas del gobierno socialista
presidido por Felipe González, fue nombrado comisario general de
Información del Ministerio del Interior. Militantes antifranquistas que
habían sido víctimas de sus torturas criticaron activamente su
promoción, pero el ministro José Barrionuevo rechazó sus argumentos y
dio por válidos los informes policiales procedentes de la extinta
Brigada Político - Social, que, lógicamente, no documentaban estas
prácticas.
En 1985, 12 miembros de organizaciones de izquierda publicaron una
carta notarial dirigida al presidente Felipe González, en la que daban
fe de las torturas infligidas por Martínez Torres, quien entonces era
inspector y había sido jefe del Grupo Comunista de la Brigada Político -
Social entre 1971 y 1975, y al que describían como “un sádico de
patillas largas y zapatos de tacón ancho”. En la misiva hacían
referencia a “las vejaciones, golpes y torturas” a que sometió a sus
víctimas. Paralelamente, apareció en la prensa el relato de otros
testimonios de las actuaciones del policía, como los de Mikel Azkue
Gabilondo o Manuel Lucas de Pedro. Ambos tenían 21 años en 1971 y
estudiaban Medicina. En la edición de El País del 3 de marzo de
1985, Azkue explicaba que Martínez Torres dirigió en su caso 16 días de
interrogatorios, y que “no pegaba por pegar, sino para obtener
información”. Su relato coincidía con el de David Ubico Soler, quien
entonces tenía 24 años y militaba en el Partido de los Trabajadores: “No
era de los que más pegaban, sino de los que dirigían y coordinaban los
interrogatorios en las diferentes habitaciones y, por ejemplo, te hacía
escuchar cómo gritaba el compañero de la habitación de al lado”,
recordaba.
Martínez Torres ingresó en la policía a los 23 años. Ejerció en
Barcelona como jefe del Grupo PCE - PSUC de la Brigada Político - Social
y después se trasladó a Zaragoza, donde desempeñó sus funciones hasta
1975. En 1982 fue ascendido a comisario general de Información y, en
1988, el ministro del Interior, José Barrionuevo, le concedió la Medalla
de Oro al Mérito Policial, la máxima distinción, por los méritos
obtenidos en la lucha antiterrorista, en la cual había demostrado una
“entrega total sin escatimar esfuerzos”, y por sus “servicios
extraordinarios a favor del orden público”.
A pesar de este reconocimiento, se relacionó a Martínez Torres con un
escándalo de espionaje policial contra partidos políticos y fue
inculpado en el sumario de los Grupos Antiterroristas de Liberación
(GAL) como superior jerárquico de los policías José Amedo y Michel
Domínguez, pero el juez lo absolvió. Amedo y Domínguez fueron condenados
en 1991 por la Audiencia Nacional a penas de 108 años de prisión por
inducir a la comisión de seis asesinatos frustrados y por otros delitos
que habían cometido mercenarios contratados por ambos contra miembros y
simpatizantes de ETA. En cambio, fueron absueltos de los delitos de
pertenencia a banda armada, malversación de fondos, tenencia de
explosivos y del asesinato consumado de Juan Carlos García Goena, en un
atentado que llevaron a cabo en 1987 en Hendaia (Francia). García Goena
fue la última víctima de la guerra sucia de los GAL contra ETA.
En 2013, Jesús Martínez Torres fue reconocido comisario de honor del
Cuerpo Nacional de Policía (CNP), pero la oscura trayectoria del policía
distinguido lo ha convertido en uno de los imputados en la querella
argentina contra los crímenes del franquismo.
Genuino Navales García, El Muñecas
Según relata el historiador David Ballester en el libro Corre, democràcia, corre, las víctimas de Navales lo llamaban El Muñecas,
ya que tenía “una predilección especial” por una tortura consistente en
apretar las esposas hasta el punto de que al detenido le sangraran las
muñecas. También practicaba la cigüeña, que consistía en
obligar al detenido a agacharse, a menudo desnudo y con las manos
esposadas detrás de las rodillas, hasta que se desplomaba, momento en el
que recibía golpes y patadas.
En 1979, el gobierno de UCD intentó nombrarlo jefe superior de
Policía de Barcelona, cuando ejercía este cargo en Granada. Le precedía
una dilatada trayectoria en la Brigada Político - Social, también en la
capital catalana, donde había sido inspector jefe entre 1966 y 1976.
Cuando se hizo pública la noticia, sectores procedentes de la lucha
antifranquista –especialmente de Comisiones Obreras– enviaron un
telegrama al ministro del Interior, Ibáñez Freire, en el que le
recordaban que Navales se había caracterizado por su represión contra la
lucha por la democracia y que había sido “copartícipe” o “responsable
directo de innumerables detenciones, torturas y vejaciones contra
trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general”. Ante las protestas
que motivó su nombramiento, finalmente el policía no volvió a la
prefectura barcelonesa, sino que fue destinado a Zaragoza. Tomó posesión
del cargo coincidiendo con la firma de la Convención Europea de
Derechos Humanos por parte de Juan Carlos I.
Atilano del Valle Oter, imputado en la querella argentina por lanzar a un detenido por la ventana
Destinado a Barcelona como inspector de la Brigada Político - Social,
en 1971 detuvo al militante del Partido Comunista de España
(Internacional) –PCE(i)– Miguel Jiménez Hinojosa, de 23 años, que en el
transcurso del arresto recibió un tiro en el hígado y lo lanzaron por la
ventana de un segundo piso. A pesar de la gravedad de las lesiones
(fractura de la base del cráneo, conmoción cerebral y rotura hepática),
el joven sobrevivió y, en 1972, un consejo de guerra lo condenaría a 16
años de prisión por insultos a las Fuerzas Armadas y asociación ilícita.
Por este caso, el inspector Del Valle fue imputado por torturas en la
querella argentina contra los crímenes del franquismo, pero murió en
2014, a los 85 años.
Paradójicamente, en 1975, el ministro de Gobernación, José García
Hernández, le concedió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo
por haber resultado herido (padeció “pinchazos y cortes en una mano”)
durante la detención de Jiménez Hinojosa. Esta condecoración, que
comportaba un aumento salarial anual de aproximadamente 150.000 pesetas,
no le fue retirada cuando, un año después, fue condenado por infligir
lesiones a dos detenidos más. Según recordaba la revista Interviú
en noviembre de 2014, por aquellos hechos únicamente fue penalizado con
24 días de arresto menor y una multa de 7.500 pesetas. También en 1976
tuvo una nueva condena de cuatro días de arresto y 2.000 pesetas de
multa por lesiones a una detenida, Mercedes Muñoz Pons. Según el médico
forense, Muñoz Pons presentaba “hematomas en los ojos, los brazos, las
muñecas y la pierna izquierda a causa de las contusiones realizadas con
un objeto y de los golpes continuados”.
Francisco Álvarez Sánchez, organizador de los GAL y de la guerra sucia contra ETA
Ingresó en la policía en 1966 y acumuló una larga trayectoria
profesional, tanto en el ámbito policial como en el empresarial. En 1983
fue jefe del Mando Único Antiterrorista y fue imputado como supuesto
organizador de los GAL. Se le considera el cerebro que orquestó la guerra sucia contra ETA
y uno de los responsables del secuestro de Segundo Marey. En diciembre
de 1983, tres mercenarios contratados con fondos reservados del
Ministerio del Interior secuestraron a Marey, un vendedor de muebles de
oficina, a quien confundieron con el dirigente de ETA Mikel Lujua. El
objetivo era presionar a las autoridades francesas para que liberaran a
cuatro policías que habían sido detenidos cuando intentaban secuestrar a
otro supuesto miembro de ETA. Francisco Álvarez consiguió su liberación
con el compromiso de que los cuatro acudirían ante la justicia francesa
cuando fueran reclamados, una promesa que incumplió. En 1998 fue
condenado por el Tribunal Supremo a nueve años y medio de prisión, en
una sentencia que también incluía a expolicías y altos cargos políticos
como el ministro José Barrionuevo, que tan solo estaría tres meses
privado de libertad.
En 1986, Álvarez se trasladó a Barcelona y fundó las empresas MITSA y Check-In, a partir de las cuales, según la edición de El País
del 20 de junio de 1995, actuaba “como brazo armado para los asuntos de
seguridad e información del que fuera hombre de KIO –Javier de la
Rosa–, que, a su vez, aportaba el flujo financiero para sostener las
operaciones”. El excomisario también estuvo involucrado en la trama de
las escuchas ilegales a Javier de Godó, editor y presidente de La Vanguardia,
y a exdirectivos de este medio. Para esclarecer los hechos, la
investigación policial se centró en diversas empresas, entre ellas
Check-In.
Benjamín Solsona, El Galleta
En diciembre de 2018, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de València
admitió a trámite una querella criminal por un delito de torturas
cometido en 1971 por diversos policías adscritos a la Brigada Político -
Social de la capital valenciana. Se trata de la primera querella en que
se imputa un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la
humanidad que sale adelante en un juzgado del Estado español, e
investiga las actuaciones de Benjamín Solsona, Manuel Ballesteros y
Jacinto López Acosta.
Con el seudónimo de El Galleta era conocido Benjamín
Solsona, quien asumió cargos de responsabilidad durante el periodo
democrático. En 1971, durante el estado de excepción motivado por el
Proceso de Burgos –en el que un consejo de guerra juzgó a 16 acusados de
pertenecer a ETA–, 15 personas vinculadas al Partit Comunista del País
Valencià fueron detenidas y torturadas durante su estancia en la
comisaría. Juan José López Hernando y Francisco Camarasa Yáñez eran dos
de los torturados por Solsona, motivo por el cual la jueza María Servini
lo incluyó en la querella argentina. Ambos estuvieron 19 días
incomunicados. Según el relato de López Hernando y Camarasa Yáñez, el
policía les golpeó en la cabeza y el resto del cuerpo, les dio patadas
en los testículos, empujones, los sumergió en agua y profirió amenazas
contra ellos y sus familias. La jueza advierte que los hechos imputados a
Solsona “resultan sancionables con penas de 8 a 25 años de prisión”.
Otra de sus víctimas, José Luis Monzón, afirmó en su declaración
judicial que el policía le golpeó la cabeza contra la pared en diversas
ocasiones y que le practicó la tortura del pato, haciéndole
caminar en esta postura durante tres horas por los pasillos de la
prefectura. Sin embargo, a pesar de las torturas que cometió, El Galleta
fue ascendido a comisario y, en 1980, sería nombrado jefe superior de
la policía española en Bilbao, cargo que ejercería durante tres años en
el País Vasco, y hasta 1988 en las islas Baleares.
Manuel Ballesteros, el torturador de las corrientes eléctricas
Fue uno de los policías procedentes de la Brigada Político - Social
que adquirirían más relevancia bajo gobiernos democráticos. En 1968
participó en la detención y posterior tortura de 36 militantes
antifranquistas, entre ellos el dirigente comunista Antonio Palomares,
que recibió palizas y que fue sometido en diversas ocasiones al tostador,
“un somier metálico conectado a corrientes eléctricas”. A causa de las
torturas de Ballesteros, Palomares acabó con tres vértebras soldadas, el
diafragma deformado y el ritmo respiratorio alterado. Posteriormente,
el policía fue denunciado por tres estudiantes, en el mismo caso que
Solsona y López Acosta, por asestarles puñetazos al vientre y los
testículos.
En 1974, Ballesteros ejerció de comisario jefe en San Sebastián y
poco después fue nombrado jefe superior de policía en la Coruña y
Bilbao. En mayo de 1979 sustituyó a Roberto Conesa al frente de la
Comisaría General de Información, un hecho que motivó las quejas de
Antonio Palomares, que entonces era diputado al Congreso.
A comienzos de la década del 1980 se vio afectado por la muerte del
presunto militante de ETA, Joseba Arregi, en comisaría. La autopsia de
Arregi confirmó “la existencia de violencia física” en su cuerpo, que
presentaba hematomas, erosiones y quemaduras en los dos pies. La causa
de su muerte fue “un fallo respiratorio originado por un proceso
broncopulmonar”. Ballesteros dimitió cuando cinco de sus agentes fueron
procesados por este caso. No obstante, ese mismo año el gobierno de la
UCD lo nombró jefe del Mando Unificado de Lucha Antiterrorista.
El policía sería procesado, en 1982, por el ametrallamiento del bar
Hendayais, en Francia, en el marco de la guerra sucia contra ETA. La
Audiencia de Bilbao lo condenó dos veces por ordenar la huida a Francia
de tres personas que dijeron ser confidentes de la policía, y que eran
sospechosas de hacer cometido el atentado. Sin embargo, el Tribunal
Supremo absolvió a Ballesteros en ambas ocasiones: primero, alegando que
el comisario había actuado “sin malicia” y después, arguyendo que su
infracción era administrativa y no penal. El PSOE lo destituyó de su
cargo cuando llegó al poder, pero el ministro José Barrionuevo lo
recuperaría como jefe de Operaciones Especiales y como director del
Gabinete de Información del Ministerio del Interior. Esta última misión
la desempeñó de 1987 a 1994.
José María Escudero Tejeda, artífice del atentado contra la sala Scala
En 1945 ingresó en la Brigada Político-Social de Madrid y, junto con el inspector González Pacheco (Billy el Niño),
formó parte del equipo de máxima confianza del comisario Roberto
Conesa, antecesor de Manuel Ballesteros al frente de la lucha
antiterrorista. Al comienzo de la década de 1970 trabajó en los llamados
Grupos de Acción del Norte hasta que Conesa lo nombró jefe del Grupo
Anarquista durante la Transición, para llevar a cabo actuaciones contra
este colectivo en Barcelona. Más tarde sería ascendido a responsable de
la Central de Información.
La trayectoria del policía no está exenta de polémica, particularmente por su relación con el caso Scala.
El confidente policial Joaquín Gambín le acusó de haberle ordenado
participar como infiltrado en el atentado contra la sala de fiestas
barcelonesa Scala, en enero de 1978, en el cual murieron cuatro
trabajadores. Cuando se jubiló Conesa, Escudero Tejeda pasó a dirigir el
Grupo Policial del Banco de España y, después, fue nombrado jefe de la
Brigada Regional de Información en Barcelona.
Francisco Luis Colino Hernanz, Celso Galván Abascal y Jesús Simón, los tres policías del caso Ruano
Enrique Ruano Casanova fue detenido el 17 de enero de 1969, a los 21
años de edad. Militante del Frente de Liberación Popular (FLP), le
acusaron de pertenecer al Partido Comunista Revolucionario (PCR) y,
después de tres días retenido en la Dirección General de Seguridad, el
20 de enero lo trasladaron a su piso para efectuar un registro. Según
las declaraciones de la policía, cuando le quitaron las esposas para que
firmara el acta, Ruano empujó a uno de los funcionarios y saltó por una
de las ventanas del domicilio, que estaba en la séptima planta, y murió
en el acto. La familia no pudo ver nunca el cuerpo del joven y tampoco
se publicó jamás el resultado de la autopsia, pero algunos medios de
comunicación difundieron ampliamente la versión oficial, que apuntaba a
un suicidio.
La muerte de Ruano provocó huelgas en casi todas las universidades
del Estado y movilizaciones en diversas ciudades, motivo por el cual el
gobierno español, con Manuel Fraga y Luis Carrero Blanco al frente,
declaró el estado de excepción en todo el país. Determinada prensa y las
organizaciones clandestinas se hicieron eco de las reivindicaciones
estudiantiles y el diario Mundo Obrero, del PCE, publicó que el
joven había sido asesinado por la policía. Sin embargo, hasta 1996, 27
años después, la familia de Ruano no consiguió que los tres policías que
habían participado en su detención, Francisco Colino, Celso Galván y
Jesús Simón, fueran procesados en un juicio con numerosas
irregularidades. A pesar de que la defensa consiguió demostrar que la
versión del suicidio no era cierta, los acusados fueron absueltos por
falta de pruebas. Los tres policías siguieron ejerciendo su profesión
durante el periodo democrático, pero, a causa de la gravedad de los
hechos, el caso Ruano se incluyó en la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
José Matute Fernández, torturador amnistiado
José Matute Fernández fue el jefe de la Brigada Político - Social de
Tenerife y responsable de diversos episodios de palizas contra
trabajadores y estudiantes. Fue objeto de numerosas denuncias por malos
tratos que nunca salieron adelante, pese a que en 1975, a causa de las
“torturas ocasionadas al estudiante Julio Manuel Trillo”, fue condenado a
cinco meses de arresto mayor y a seis años de destierro de Santa Cruz
de Tenerife por los delitos de lesiones y coacciones con el agravante de
abuso de autoridad. Ese mismo año causó la muerte de Antonio González,
de quien sospechaba erróneamente que tenía explosivos, durante un
interrogatorio. Por este caso fue condenado y posteriormente amnistiado.
En el sumario del caso de Antonio González, el juez relató que el
inspector Matute “le golpeó en el cuello repetidamente con la mano
abierta, le propinó golpes con la rodilla en el estómago, lo arrinconó
contra la pared y, una vez (González) se hallaba sobre el suelo en
posición de decúbito supino, (Matute) se dejó caer de rodillas sobre su
caja torácica y la boca del estómago”. Según reveló la autopsia de la
víctima, esto le ocasionó fracturas en las costillas y el esternón, una
hemorragia y múltiples lesiones, así como un esguince en el hígado y
hematomas, “llegando a la columna vertebral, donde se produjo una ligera
infiltración sanguínea” que le causó la muerte. Paradójicamente, cinco
años después de estos hechos, el policía fue destinado a la Inspección
Central de Guardia de la Dirección General de Seguridad, con funciones
que incluían “velar por la integridad física de los detenidos y evitar
que fueran objeto de malos tratos”.
El comisario Matute culminaría su trayectoria reapareciendo en la
prensa a finales de los años ochenta, cuando tuvo que declarar ante el
juez por haber agredido a un policía.
Carlos Castillo Quero y el montaje policial del caso Almería
Carlos Castillo Quero, teniente coronel de la Guardia Civil, fue uno
de los policías responsables de la muerte de tres jóvenes cántabros en
el llamado caso Almería. Los hechos ocurrieron el 10 de mayo de
1981 en Roquetas de Mar, donde Juan Mañas Morales, Luis Montero García y
Luis Cobo Mier celebraban la comunión de un familiar del primero. Los
tres fueron confundidos con miembros de un comando de ETA que,
supuestamente, huían después de haber perpetrado un atentado en Madrid
unos días antes.
Los cadáveres calcinados de Mañas, Montero y Cobo aparecieron en el
interior de un Ford Fiesta en un barranco de la carretera de Gérgal. En
la comparecencia sobre los hechos que realizó el ministro de Interior de
la UCD, Juan José Rosón, este explicó que, según los informes de la
Guardia Civil, los detenidos se contradijeron en algunas de sus
declaraciones y que en el reconocimiento del automóvil en que viajaban
se habían hallado dos pistolas. La versión oficial mantenía que existía
el convencimiento de que los jóvenes eran activistas de ETA y de que se
ordenó su traslado a Madrid, pero que, en el transcurso del viaje, los
agentes observaron cómo el vehículo en que se encontraban los detenidos,
conducido por un policía, hizo un giro extraño, y que tanto el
conductor como otro agente salieron despedidos al exterior.
Siempre de acuerdo con esta versión, Castillo Quero, quien estaba al
frente de la operación, consideró que la acción era un intento de fuga y
ordenó disparar a las ruedas del coche para detenerlo, pero el vehículo
cayó por un barranco y se incendió, cosa que impidió el rescate de los
detenidos debido al riesgo de explosión. Pese a que el gobierno español
calificó los hechos de un “trágico error”, la oposición consideró que se
trataba de un encubrimiento del crimen que habían perpetrado los
miembros de la Guardia Civil. El caso llegó a los tribunales, pero solo
fueron procesados 3 de los 11 guardias que estuvieron presentes. No se
halló ningún impacto de bala en las ruedas del automóvil, pero sí en las
cabezas de los jóvenes asesinados.
A pesar de la estrategia coordinada entre el fiscal y la defensa de
los policías, finalmente Castillo Quero fue condenado por los hechos a
24 años de prisión; el teniente Manuel Gómez Torres, a 15 años, y el
guardia Manuel Fernández Llamas, a 12 años. De todos modos, los tres
salieron en libertad con bastante antelación por buen comportamiento y
recibieron un salario de varios millones de pesetas con cargo a
los fondos reservados del Ministerio del Interior. Estos pagos
acabarían efectuándose por parte del primer gobierno del PSOE con el
argumento de que había asumido un compromiso heredado del ejecutivo
anterior de la UCD. Fuente:elcritic.cat
Fuente → vientosur.info
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