
La impunidad del franquismo, coronavirus y el 8M
Ana Pirineos, activista de La Comuna.
Si no fuera grave, parecería un chiste (sin gracia, eso sí),
del tipo de: "van un guardia civil, una juez ultraconservadora, un
forense ultracatólico, un abogado condenado, un virus y el 8M, ¿cómo se
llama la película?" y la respuesta correcta sería: "Impunidad del
franquismo".
Porque no hay otra explicación plausible a esta criminalización
desbocada de la manifestación del 8M para atacar al gobierno, salvo el
hecho de que los franquistas pasaron impunes de la dictadura a la
democracia, como la luz a través del cristal, sin mancharse ni
despeinarse. Y de aquellos barros, estos lodos.
Las biografías de los personajes implicados en esta trama son
casi públicas, pero convendría detenernos un poco en el guardia civil
Diego Pérez de los Cobos, a la sazón, destituido de su cargo como jefe
de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por "pérdida de
confianza" [en él] del ministro del Interior, Grande-Marlaska. Destacan
varias cosas: que es de una familia de raigambre franquista
nacionalcatólica –valga la redundancia–, nacido en Yecla (Murcia) y,
pese a que uno no elige de quién y dónde nace, en este caso sí es
significativo. Cuentan que siendo jovenzuelo se presentó voluntario el
23-F para participar en el golpe de estado fallido encabezado por otro
guardia civil, aunque hay quien afirma que, en realidad, la cabeza que
dirigía el golpe llevaba corona, no tricornio. O sea, que Diego apuntaba
maneras. No le debió resultar complicado entrar en el cuerpo, con sus
habilidades demostradas y su rancio abolengo. Nos lo volvemos a
encontrar en 1992, ya no tan jovenzuelo, en Euskadi, donde fue imputado y
juzgado por torturas contra el militante de ETA Kepa Urra a quien, como
quedó demostrado en el juicio: "antes de llevarle al cuartel bilbaíno
de La Salve, los tres agentes trasladaron al detenido a un descampado,
donde, esposado, 'le desnudaron, le golpearon con un objeto romo y le arrastraron por el suelo'" (consultar aquí),
práctica bastante habitual, según testimonios recogidos en el informe
realizado por el Instituto Vasco de Criminología de la UPV sobre
torturas y malos tratos de Guardia Civil, Policía y Ertzaintza en
Euskadi entre 1960 y 2004 (consultar aquí).
También en este juicio fue condenado Manuel Sánchez Corbí, que llegó a
ser Jefe de la UCO con el gobierno Rajoy, otro ejemplo de la impunidad
de los torturadores.
Este "tropiezo" no supuso ningún problema en su hoja de
servicios en el cuerpo, más bien al contrario si tenemos en cuenta que
tanto la guardia civil como el resto de lo que denominábamos fuerzas
represivas (y ahora de "seguridad del Estado") jamás fueron depuradas
tras la muerte del dictador (ni tras el 23-F). Esto
permitió que persistieran la misma ideología y métodos utilizados
durante el franquismo –incluso con gobiernos del PSOE–, afianzando sus
carreras e incluso premiando a policías implicados en torturas, como es
el caso del funesto y extinto torturador González Pacheco, "Billy el
Niño", Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres y tantos otros,
gran parte imputados en la querella argentina.
Y con el paso de los años y la acumulación de trienios y
favores, Diego Pérez de los Cobos fue ascendiendo en el escalafón hasta
ser nombrado coordinador técnico del dispositivo de seguridad ordenado
por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Cataluña, José María Romero
de Tejada, para impedir la realización del referéndum de Cataluña
celebrado el 1 de octubre de 2017. Cometido que llevó a cabo con la
contundencia y violencia policial de sobra conocidas que provocaron la
repulsa internacional. Hasta marzo de 2018 fue uno de los cuatro
representantes del Ministerio del Interior en la Junta de Seguridad de
Cataluña. Sin embargo, esta "impresionante" hoja de servicios no le
impidió seguir ostentando cargos con el gobierno del PSOE y ha sido
ahora, precisamente, cuando –¡oh, milagro!– se han dado cuenta de lo
peligroso que puede llegar a ser tener a un tipo de estos en la
recámara.
¿Qué ha hecho posible este milagro? Pues, al parecer, la
supuesta implicación de Diego en las artimañas torticeras para ligar la
manifestación del 8 de marzo con la pandemia del coronavirus. Argumento
risión donde los haya, pero que para los franquistas y sus herederos
aupados en los poderes políticos-judiciales no ha sido óbice para
impulsar un "edicto general de gracia", como hacía la Inquisición, de
nefasta memoria pero de mucha utilidad para algunos juristas.
Llegados aquí lo vamos a soltar, que se nos está atragantando
un poco: el 8 de marzo teníamos más claras las consecuencias de
renunciar a la lucha contra el machismo (esa que las mujeres ejercemos
de continuo, pero que señalamos en ese día porque hay que ser ordenado,
incluso con las reivindicaciones), que los efectos que nos traería el
coronavirus. Y pensarán que este dato no es relevante pero se ha
convertido en fundamental cuando nos han transformado en "víctimas de la
negligencia del gobierno" y en "responsables directas" de esta crisis
sanitaria. Porque fuimos y nos manifestamos.
La lucha feminista ha sido siempre un arma arrojadiza utilizada
en diferentes circunstancias con objetivos políticos, impidiendo
resaltar las causas de fondo que nos mueven y poniendo continuamente
palos en las ruedas para impedir que se consigan sus objetivos. Es de
sobra conocido que, al mismo tiempo que el 8M, se celebraron otros
muchos eventos. Mientras gritábamos por las 1.052 mujeres asesinadas
desde 2003, por la violencia machista, pasaba la vida en general:
encuentros deportivos, transporte público en funcionamiento habitual,
eventos políticos y religiosos, etc. Ha tenido que llegar el coronavirus
para que se hablara antes del 8M que de cualquier otra cuestión. El
caso es que el feminismo en estos meses ha sido una de las armas
arrojadizas favoritas de la ultraderecha (PP-Vox) en contra del
gobierno. Y a esto nos referimos: nosotras y nuestras movilizaciones
podemos ser patrimonio del gobierno, pero el Betis-Real Madrid, no.
Curioso. Y ridículo.
Y, una vez más, no se tiene intención de buscar la verdad sino
de generar discursos convincentes de descrédito contra el feminismo y,
de paso, contra el gobierno. Y nuestro Diego se responsabiliza de
elaborar un informe basado en falsedades, mentiras y bulos de las redes
sociales para afianzar esa acusación. Estupideces como que se acudiese a
la manifestación con guantes (los guantes morados han formado parte de
la imagen de las manifestaciones feministas desde siempre). Pero ¿acaso
se diferencia algo este informe sobre el 8M de otros similares como los
que llevaron a la cárcel a los jóvenes de Altsatsu (donde siguen), o a
los CDR, o, incluso, echando la vista atrás, los que servían de excusa
para las condenas de los tribunales especiales de la dictadura contra
quienes luchaban por la democracia? Para nada. En realidad es una
práctica habitual y continuada. La impunidad es lo que tiene.
La Comisión del 8M ha hecho público un comunicado en el que
denuncia que "el 8M se ha convertido en la excusa para un discurso
reaccionario que trata de opacar tanto lo que ya era invisible como
cualquier posibilidad de debatir sobre ello". Añadiendo que "estamos
acostumbradas a que se nos criminalice. También sabemos que, cuando se
empieza a criminalizar las luchas sociales, ese camino no tiene fin",
por lo que recalca la necesidad de salvaguardar los derechos
fundamentales como garantía para poder seguir "hablando de lo esencial y
trabajando por ello". Aquí está el quid de la cuestión: los derechos se
consiguen con mucho esfuerzo, pero se eliminan de un plumazo si no se
está atento. Lo importante de todo este embrollo es que sin acabar con
la impunidad del franquismo que perpetúa y favorece actuaciones
antidemocráticas como las señaladas y pone continuamente en peligro los
derechos fundamentales, el riesgo de involución estará siempre presente.
Y las mujeres están dando sobrado ejemplo de lo que hay que
hacer: asegurar los cuidados, asegurar la lucha, asegurar las conquistas
sociales.
Fuente → blogs.publico.es
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