La derecha, la propiedad privada y los privilegios de clase
Jorge Alcázar
Colectivo Prometeo
Colectivo Prometeo
Como el rayo herido te has marchado, camarada.
Huérfanos estamos y ya tu ausencia amaga
y ya tu eco asoma.
Se apagó tu voz: tu corazón, presente.
Herencia de tu verbo hoy quiero ser,
vanguardia de la idea que alumbraste,
afilado futuro entre tus manos
que hienda los relieves del presente,
retumbar de tímpano latente..
De aquí partimos hoy,
de la imposible altura que legaste
para impregnar de honestidad los actos,
para caminar el porvenir de la utopía.
La razón fue tuya, compañero,
la razón es tuya, amigo Julio.
Allí cabalgaremos junto a ti
hasta hacerla carne enrojecida
esfera del tiempo intacto entre los hombres
caudal que a la justicia dé su nombre.
En memoria de Julio Anguita.
Algo se está moviendo en las entrañas de nuestro país cuando la derecha política y mediática vuelve a empuñar la bandera del derecho a la propiedad privada. Algo ocurre cuando la blande frente a la izquierda, para criminalizar a la izquierda. Algo se mueve en las casas palaciegas, en los edificios de la alta burguesía, entre servicio y servicio en los magníficos salones de los barrios ricos de España, cuando en la calle rica se grita contra el gobierno. Algo se mueve entre bastidores, en las juntas y despachos donde se realiza “la otra política”. Cuando la élite envía a sus líderes de la derecha nacional, emisarios de la corte, para inocular el miedo a la gente, para azuzar este miedo contra la izquierda y provocar la revuelta. Estos heraldos negros han hablado: Pablo Casado, quien ha señalado que “el gobierno atenta contra la propiedad privada”1; Abascal, que incluso va más allá y soflama que “con Iglesias, la propiedad privada y nuestros ahorros están en peligro”2; o la moderación descubierta, Inés Arrimadas, acusando al gobierno de “defender solo lo público y atacar la propiedad privada”3. Ellos y por extensión esos otros seres minúsculos, se han erigido en defensores de la propiedad privada y del derecho que todos podemos ejercer sobre esta. Obviando que este derecho aparece ya blindado por la Constitución española en su artículo 33, y centrándose solo en su punto primero (“Se reconoce en España el derecho a la propiedad privada y a la herencia”, Art. 33.1)4, los líderes neoliberales se convierten así en la vanguardia política de la defensa a ultranza que una parte de nuestro país está llevando a cabo para preservar sus intereses. Y aquí conviene hacer ya la distinción nítida entre la defensa del derecho a la propiedad privada y la defensa de los intereses de clase. Indico esto a estas alturas del escrito porque entiendo que el principal mal al que nos podemos enfrentar (y ya lo estamos haciendo) es al de la confusión de términos a la hora de establecer el debate político e ideológico, confusión que nos impide hacer un análisis crítico de la actual situación en nuestro país (y por actual no solo me refiero a este período concreto, sino a un período mucho más amplio que abarca varias décadas). Conviene, por tanto, empezar con esta distinción, no solo nominal, sino como pretendo mostrar, real y sustancial, entre el derecho a la propiedad privada y la defensa de unos intereses de clase, pues uno y otro tienden a mezclarse como si fueran parte de un mismo todo, de una forma intencionada que persigue enturbiar los conceptos para ponernos la camiseta que no nos corresponde.
Los derechos, más allá de estar formulados en lo teórico, deben poder ejercerse y formularse en lo real. Solo un ejercicio constante de los mismos por parte de la comunidad sobre quien recaen puede garantizar la efectividad y vigencia de estos; es decir, los derechos han de practicarse, no solo enunciarse. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”5, pero la realidad nos indica que casi 46 millones de personas viven todavía hoy en condiciones de esclavitud en el mundo6 bajo formas como la esclavitud por deuda perpetua, los matrimonios forzosos, o las detenciones en contra de la voluntad de las personas para trabajos domésticos o en burdeles. Y lo anterior solo alude a la forma más burda de esclavitud, pues el trabajo asalariado actual se presenta ya en muchos casos como una forma más moderna y sofisticada de la misma, como vienen a señalar informes como el de la Organización Internacional del Trabajo7, que sitúa a más de 40 millones de trabajadores asalariados en el mundo bajo condiciones de práctica esclavitud, y no todos precisamente en el Tercer Mundo8. Y entre medias, hasta disfrutar de unas garantías plenas en materia de derechos laborales (acaso las hay en un mundo asalariado), nos encontramos un amplísimo espectro, provocándose, entre otras consecuencias, lo que en su día Karl Marx definió como “ejército Industrial de reserva”, que se formula como una ley de presión interna en forma de competitividad entre iguales en un mercado laboral saturado.
Lo anterior no es sino un ejemplo de la ineficacia de la vigencia de los derechos a ejercer en la medida en que estos no son compartidos por el común de la colectividad a que se refieren. Pero este ejemplo, rico en enseñanzas por sí mismo, nos sirve también para introducir la cuestión del derecho a la propiedad privada formulado al principio del escrito. Como he indicado, la Constitución española y la Declaración de los Derechos Humanos garantizan, en lo formal, este derecho sobre toda la población sobre la que estas cartas tienen ascendencia, siendo en nuestro caso, el conjunto de residentes en nuestro país. Siguiendo el mismo modo de razonar que en el ejemplo anterior, conviene ahora, una vez que hemos establecido la formalidad del derecho, analizar en qué medida el mismo es participado por esta colectividad y, en consecuencia, está puesto en peligro y para quiénes. Y para ello, voy a acudir a las diferentes fuentes que tenemos a disposición.
En el año 2017, casi el 54 por ciento de la riqueza nacional en España era controlado por el decil superior de la población9, y el 1 por ciento concentraba el 25.1 por ciento de toda la riqueza nacional. Por el otro lado, el 75 por ciento más pobre de nuestro país apenas acumulaba el 25 por ciento de la riqueza nacional10. Y llama la atención especialmente, como he indicado en mi anterior artículo11, que el número de millonarios en España se quintuplicó en el período que va del 2010 al 2019, y las previsiones estimaban, antes de la crisis del COVID-19, que esta tendencia seguiría a lo largo de los próximos años. En el otro lado de la moneda, la tasa de pobreza en nuestro país, según la Tasa Arope12, se sitúa en el 26.1 por ciento, de tal forma que mientras que el PIB nacional creció, en el período 2014-2018, un 17 por ciento, los niveles de pobreza siguen prácticamente estancados13, lo que nos sitúa como el tercer país de la UE con mayores niveles de desigualdad, solo superados por Bulgaria y Lituania.
Si nos centramos en la concentración de la propiedad inmobiliaria en España, lo datos son mucho más opacos, pues ni el gobierno, ni el INE14, ni la Dirección general del Notariado, ni Registradores de España, aportan ningún tipo de datos acerca de la distribución de viviendas por propietario en el país15. La oscuridad al respecto es total. Sin embargo, Airbnb reporta que un tercio de su oferta está en manos de propietarios y empresas con más de cinco viviendas, mientras que en el sector turístico, el 11 por ciento de los anunciantes controla el 46 por ciento de la oferta, a la par que el 75 por ciento de anunciante solo copa el 40 por ciento de esta. Y a esto hay que añadir la acumulación de parque inmobiliario por parte de fondos buitre y de la banca que se ha llevado a cabo, fundamentalmente, en las últimas dos décadas.
En cuanto a la concentración del terreno agrícola, el informe elaborado de manera coordinada por la Fundación Mundubat y la revista Soberanía Alimentaria establece que la agricultura familiar pasó de controlar un 15 por ciento del terreno agrícola cultivable en 1999, a solo un 7 por ciento en 2009, en un escenario en el que el 2.21 por ciento de los propietarios controla y explota el 11.4 por ciento de las tierras cultivables. De la misma forma, el informe manifiesta que 1162 personas físicas controlan explotaciones de más de 500 ha, mientras que 181 explotan terrenos agrícolas de más de 1000 ha16. En cuanto al control sobre la tierra cultivable que ejercen las sociedades mercantiles, estas explotan de media terrenos de más de 650 ha, incluso llegando en algunos casos a cultivar hasta 1200 ha. El informe concluye que “vivimos en un país con una muy injusta distribución de la tierra”, con un creciente grado de concentración de la tierra que “se asemeja al de países como Sudáfrica o Colombia”17
¿Qué nos enseñan los datos anteriores? Pues bien a las claras nos dicen que aunque el derecho a la propiedad privada nos ampara constitucionalmente a todos, este derecho es ejercido fundamentalmente por una minoría que acapara una gran concentración de propiedad privada en sus diferentes formas. El resto de la población residente en nuestro país ejerce el derecho a duras penas, habida cuenta de sus posibilidades materiales. Por tanto, y he aquí la importancia del razonamiento que al principio del escrito he hecho, la discusión no debe girar alrededor de la defensa al derecho a la propiedad privada, pues como indico, esta viene blindada por la Constitución española en el artículo 33.1, sino que más bien debiera orbitar entorno a los artículos 12818, 13119 y 33.2 y 33.3.
Pero a la derecha neoliberal no le interesan estos aspectos de la Constitución española. Azuzando el miedo a la expropiación colectiva para que se inocule el rechazo entre las clases populares ante cualquier medida redistributiva, disfraza el debate real en una pantomima que pretende representar una afrenta al común de la población al objeto de enturbiar y emponzoñar el debate, cuando de lo que se trata realmente es de que las políticas redistributivas favorecen a esa gran mayoría, y perjudican en primera instancia a ese élite propietarista minoritaria. Se trata pues de defender la propiedad privada de los que la ostentan, de preservar los intereses de las clases privilegiadas, que son en última instancia, quienes ven en riesgo los privilegios hasta aquí ostentados cuando asoma en el horizonte cualquier tentativa de redistribución y equidad.
¿Y quiénes son estas élites a las que la derecha tan bien representa? Una muestra muy representativa de las mismas aparece en estos últimos días en las noticias de medio mundo, agolpada a ritmo de cacerolas en calles como la de Núñez de Balboa, del madrileño barrio de Salamanca. Frente a barrios como los de Puente de Vallecas o Aluche, en los que la renta media por hogar apenas llega a los 15.000 euros al año, los vecinos de Núñez de Balboa presumen de unas rentas anuales cercanas a los 90.000 euros, situándose dentro de ese percentil superior en cuanto a ingresos nacionales20.
En este sentido, las enseñanzas que nos están dando nuestros compatriotas de la Milla de Oro son muy ricas y variadas, y debemos tomar nota y entre ellas destacar las siguientes:
1. Estas movilizaciones ponen bien a las claras que se trata de una "revuelta" de clase, y en ellas lo que en realidad se está defendiendo son los intereses (privilegios de clase) de una élite propietarista ante un contexto y unas políticas que pueden poner en riesgo estos intereses. Es la reacción natural de un sector radicalizado ideológicamente, como así lo manifiesta la concentración del voto ultraderechista en el distrito21 (y en los distintos distritos que están siendo el foco de estas protestas), que lucha con todas sus herramientas (que no son pocas) para preservar sus intereses de clase, y es una reacción que viene amplificada por el aparato mediático del que son directamente financiadoras.
2. La movilización responde a una acción, que ni siquiera todavía es de facto sino que aún se ancla en lo nominal, por parte de las intenciones políticas del gobierno del país. La movilización es una reacción, no contra el confinamiento o la gestión de la crisis, sino contra un articulado político que incorpora una amenaza ideológica hacia los intereses de esta élite. Esto, junto con la movilización a nivel político institucional de la derecha neoliberal y el gran despliegue mediático financiado por la clase propietarista, exponen que hay una alternativa política instalada en el gobierno que puede proponer, por primera vez en muchos años, unas políticas a implementar en el presente y el futuro, diferentes a las que se impulsaron en el 2008, que ponen en consecuencia en riesgo los privilegios e intereses de esta clase.
3. El barrio de Salamanca es un ejemplo paradigmatico del proceso llevado a cabo tras la muerte del dictador. Este proceso, llamado transición española, loado a izquierda y derecha durante décadas, dejó oculto de manera intencionada el trasvase de privilegios que se llevó a cabo en favor de una élite propietarista que próspero tras el golpe de estado del 36 durante todo el periodo franquista, o que bien reconquistó sus privilegios tras la victoria del bando nacional. Esta élite privilegiada (el barrio de Salamanca fue considerado por el ejército franquista como zona neutral durante el sitio a la capital por parte de los golpistas, de tal forma que fue prácticamente el único lugar de Madrid que se libró de los bombardeos nacionales22) participa directamente de los beneficios durante un periodo de profunda desigualdad e injusticia social y económica (el franquismo), consolidando su poder y riqueza en este período negro de la historia de España23, privilegios que, lejos de ser arbitrados con la llegada de la democracia al país, se verán legitimados y fortalecidos. Para ver esto es suficiente con rastrear la genealogía de esta clase poseedora actual (1 por ciento más rico).
4.- Esta élite, ejemplificada entre los vecinos del más alto decil, es un sector de la población que no produce nada en términos económicos, pero que capitaliza un porcentaje muy amplio de las ganancias nacionales (casi un 55 por ciento24) a través del rentismo, los empréstitos, la inversión bursátil, la expropiación del producto de la mano de obra, o la especulación en todas sus variantes, y que ha forjado sus fortunas a fuerza de trasmisiones patrimoniales y herencias ejecutadas en bufetes de abogados y despachos notariales, pues estas fortunas no conocen ni el sudor ni la fatiga por más que se hagan llamar emprendedoras. Es más, ningún problema económico ha supuesto para el país su confinamiento en términos laborales y materiales. La única diferencia es que en lugar de visitar sus clubes de campo o sus segundas residencias, han permanecido confinados, y ahora nos apremian a regresar a nuestros puestos de trabajo y consumo. A esto hay que añadir que representan el gran agujero fiscal del país, pues como nos indican los sucesivos informes de Gestha, el gran fraude fiscal en la Hacienda Pública se produce entre los grandes patrimonios (bienes valorados en más de 1 millón de euros), apreciándose un aumento progresivo en el fraude a medida que la fortuna es mayor (del el 18 por ciento de fraude, hasta el 86 por ciento), suponiendo este agujero fiscal alrededor de un 23 por ciento del PIB nacional25.
5.- Por sí misma, esta élite privilegiada no constituye un poder efectivo real, dado el reducido grupo que representan. Solo el control del estado por la fuerza puede llevar a esta élite propietarista por sí misma al poder. Sin embargo, en un contexto como el actual, su mayor fuerza reside en la capacidad de transmisión de su ideológia a la clase contraria en términos materiales. Su poder de penetracion ideológico entre las clases trabajadoras es la mayor de las amenazas que representa. Nuestra victoria, que será su derrota, dependerá en gran medida de cómo seamos capaces de enfrentar esta dialéctica a fuerza de desnudar sus falacias y enseñar la mentira venenosa que oculta para las clases populares. La izquierda movilizada tiene un reto ante sí de tamaña envergadura: no permitir la penetracion de esta ideológia en nuestros barrios obreros. No permitir que aquellos que no participan de los beneficios (materiales y sociales) de la clase privilegiada participen de sus argumentos ideológicos. No permitir que asumamos las políticas necesarias del hoy y del mañana como ataques a nuestros derechos fundamentales, sino como instrumentos al servicio de las necesidades de la mayoría social. No permitir que nuestras demandas se confundan con las de esta clase dominante, porque lejos de estar alineadas, se contraponen en todo punto a los nuestros. No permitir que quienes visten el mono de trabajo piensen y defiendan las ideas del patrón. Frente a su reacción debemos oponer nuestra acción.
Que la derecha defienda su propiedad privada. Mientras, nosotros, los que apenas recogemos las migajas que nos dejan, defendamos nuestros intereses como clase trabajadora, aquello que nos es cada día, cada año, cada generación, arrebatado. Quien nada o poco material tiene, nada o poca ha de temer.
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2 https://www.eleconomista.es
3 https://www.europapress.es
4 El punto 2 del artículo establece que “la función social de estos derechos limitará su contenido, de acuerdo con las leyes”, mientras que el punto 3 indica que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos salvo por causa de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad de lo dispuesto por las leyes”.
5 Artículo 4, DDHH.
6 https://www.europapress.es
7 https://www.ilo.org
8 The Guardian advertía de que en Reino Unido, hasta 17 sectores laborales practicaban formas de relaciones laborales esclavistas; y en España, la OCU ha cifrado que un 25 por ciento de las personas que se encontraban en paro (2018) recibían ofertas por debajo del salario mínimo interprofesional y sin contrato laboral.
9 El 10 por ciento más rico del país.
10 https://www.toledo.es
11http://colectivoprometeo.blogspot.com
12 At Risk of Powerty or Social Exclution, baremo que usa la UE para medir la desigualdad y las tasas de pobreza entre los países miembros.
13https://www.abc.es
14 Instituto Nacional de Estadística.
15 https://rebelion.org/docs/247746.pdf
16 Como paradigma de concentración se encuentran los casos de Juan Abelló, la Casa de Alba y Samuel Flores, quienes acaparan más superficie cultivable que 44000 pequeños agricultores de Extramadura y Aragón.
17 https://www.publico.es/economia/tierra.html
18 Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.
19 El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
20 https://www.abc.es
21 https://www.publico.es
22 https://www.madridenguerra.es
23 La bibliografía a este respecto es fecunda, y sin duda, Franquismo S.A., Antonio Maestre, Ed. Akal, es una fuente más que interesante para conocer más al respecto.
24 https://www.eldiario.es
25 https://elcorreoweb.es
Fuente → colectivoprometeo.blogspot.com
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