Habrá un día en que, por ley de vida, Juan Carlos de Borbón fallezca.
En ese instante los medios de comunicación se llenarán de obituarios y
de homenajes póstumos a la figura del Jefe del Estado que encabezó la
transición de la dictadura franquista a una democracia moderna. Se
recordarán momentos de su reinado como el 23F, la entrada de España en
la Unión Europea o el rifirrafe con Hugo Chávez en la Cumbre
Iberoamericana con el famoso «¿Por qué no te callas?». También se pasará
de puntillas por los escándalos que protagonizó, principalmente la
cacería en Botsuana, los supuestos negocios y el cobro de presuntas
comisiones o su romance con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, sin darles
ninguna importancia.
Sin embargo, nadie hablará de cómo el propio Juan Carlos de
Borbón fue el artífice de que en España haya una democracia incompleta, un
Estado en el que no se respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos,
en el que no existe igualdad real entre hombres y mujeres, en el que la figura
del Jefe del Estado es la de un mero «adorno» sin capacidad alguna de actuación
cuando la clase política se muestra incapaz de resolver los problemas reales de
la ciudadanía, tal y como se está viendo en la actual crisis del coronavirus.
Juan Carlos de Borbón fue el heredero de Franco y
accedió a la Jefatura del Estado por la Ley de Sucesión de 1947, en la que se
indicaba que el dictador determinaría quién sería su sucesor. En España no
se permitió al pueblo que decidiera si quería que la voluntad de Franco se
mantuviera en el tiempo o no. Esta es una de las razones por las que Juan
Carlos de Borbón impidió que nuestro país tuviese una democracia plena, dado
que parte de una tara muy grave: el Jefe del Estado no tiene la legitimidad
democrática que da la voluntad del pueblo expresada a través del sufragio
universal, libre y secreto.
Cuando la ciudadanía española decidió votar a favor de la
Constitución, Juan Carlos de Borbón no juró ni prometió cumplirla y hacerla
cumplir, tal y como hacen todos y cada uno de los cargos públicos del país.
Su hijo Felipe sí que lo hizo cuando le sucedió tras la abdicación de 2014. Eso
sí, el rey emérito sí que juró los Principios Fundamentales del Movimiento
en noviembre de 1975.
Los defensores del actual modelo de Estado afirman sin
ningún tipo de rubor que el pueblo español sí que votó a favor de la monarquía
en 1978, puesto que, según ellos, el voto afirmativo a la Constitución era el
refrendo a que Juan Carlos de Borbón y su dinastía fuesen los depositarios de
la Jefatura del Estado. Este argumento es una manipulación de la realidad,
puesto que lo que se le puso a los españoles en aquel año fue un «trágala» en
toda regla: no habría democracia si no se mantenía a la monarquía en el
poder.
El propio expresidente Adolfo Suárez reconoció en una
entrevista televisiva que desde el poder político se había manipulado la
realidad para evitar que hubiese un referéndum sobre el modelo de Estado ya
que, según las encuestas internas que manejaba el gobierno, el pueblo español
quería una república. ¿Alguien se cree que Juan Carlos de Borbón no estaba al
tanto de todo esto? Evidentemente, era conocedor y, por tanto, permitió que se
ejecutara lo que hubiera que ejecutar para mantenerse en el poder.
Otro de los aspectos turbios del reinado de Juan Carlos fue
el 23F, una operación que muchos autores y periodistas han catalogado como un
golpe a favor del rey, no con la intención de que cambiar el modelo de Estado. El
23 de febrero no se salvó a la democracia, sino que se rescató a la monarquía.
Hay demasiadas evidencias sobre la presunta implicación de Zarzuela en el
intento de golpe, pero, de momento y hasta que se desclasifiquen los
documentos, seguirán siendo evidencias. Cuando se intenta dar un golpe de
Estado, uno de los objetivos principales de los conspiradores es el aislamiento
del Jefe de Estado al que se pretende derrocar. Sin embargo, ese día desde el
Palacio de la Zarzuela se tuvo contacto con el exterior sin ningún problema.
Hay que tener en cuenta que la situación política de aquel
año 1981 era crítica y la ciudadanía podría rebelarse contra el monarca.
Existía una crisis económica ante la que el gobierno de Suárez no podía hacer
frente. A esto se sumaba la enorme división en la UCD y la desconfianza entre
Juan Carlos de Borbón y el presidente. Para el Jefe del Estado, Suárez era ya
una figura amortizada que había cumplido su función en la Transición. La
propuesta realizada por el general Armada a Juan Carlos de Borbón en enero de
1981 de un gobierno de concentración encabezado por un general no pareció
disgustar a Zarzuela. El que fue durante años uno de los mentores del rey
mantuvo reuniones con los diferentes líderes políticos de la época y,
evidentemente, Juan Carlos de Borbón era consciente de ello.
Sin embargo, a los españoles se les vendió otra versión:
Juan Carlos de Borbón como salvador de la patria, un hecho que le reforzó en su
posición. Hay que recordar que, durante el juicio de los golpistas, las
defensas de éstos exigieron que el Jefe del Estado compareciera como testigo
para que respondiera a las preguntas sobre su implicación en el golpe. Todo
el aparato del Estado se movilizó para impedir que Juan Carlos de Borbón
acudiera al tribunal. Además, Armada pidió permiso para exponer en el
juicio el contenido de una reunión que mantuvieron ambos diez días antes del
golpe. El Jefe del Estado no lo permitió. ¿Qué tenía que ocultar?
La versión oficial del reinado de Juan Carlos de Borbón
tampoco hablará de las razones o los orígenes de la fortuna que Juan Carlos de
Borbón tiene en el extranjero. El New York Times estimó en el año 2012
que el rey emérito tenía una fortuna superior a los 2.300 millones de dólares,
una noticia en la que se aludía al nivel de vida lleno de lujos y se hacía la
misma pregunta: ¿cómo ha amasado ese dinero Juan Carlos de Borbón?
Tras la muerte de Franco, el patrimonio del rey emérito era
muy pequeño. Teniendo en cuenta el presupuesto de la Casa Real, en el que se
incluye el salario del rey, todo podría indicar, presuntamente, que Juan Carlos
de Borbón ha tenido otra vía paralela a la oficial de captar patrimonio, una
vía que no ha sido revelada ni comunicada a las autoridades. Todo es opacidad
en la Casa Real respecto a este asunto, pero siempre se ha rodeado de opacidad
y se ha negado al pueblo español conocer la realidad del patrimonio de Juan
Carlos de Borbón.
Estas sospechas se acrecentaron con la revelación de las
grabaciones realizadas por el comisario Villarejo a Corinna zu
Sayn-Wittgenstein, en las que se confirmaba que Juan Carlos de Borbón había
«pedido una comisión por el AVE a la Meca y recibió dinero saudí», dinero que
fue recibido en sus cuentas. «Villar Mir puso a Shahpari Zanganeh, mujer de
Khasoggi, como intermediaria para el tren. Ellos decían que era yo, pero yo
nunca tuve nada que ver con el tren […] y después el Rey me ha escrito por
e-mail que Villar Mir estuvo en su despacho y le dijo: ‘Voy a ver si Zanganeh
te paga la mitad de su comisión’», afirmaba Corinna en esas grabaciones, según
publicó El Español. «Villar Mir pagó, todos pagaron la comisión, que fue
de 80 millones», afirmó también la ex amante del rey emérito.
El escándalo de las revelaciones de Corinna movilizó a todo
el aparato del Estado para evitar que Juan Carlos de Borbón tuviese que
comparecer ante la Justicia, algo que cualquier ciudadano de un Estado de Derecho
está obligado a hacer. Todos los partidos políticos de la derecha y alguno de
la izquierda que se declara republicano pero que en parte se ha convertido en
monárquico, además de la Justicia, se pusieron manos a la obra para intentar
culpabilizar de todo a Corinna en vez de reclamar que se conociera la realidad
de esos hechos. ¿Un caso de presunta prevaricación del Estado para defender al
rey emérito?
A todo lo anterior, hay que sumar las investigaciones de la
Fiscalía Suiza en referencia a esos pagos y donaciones en efectivo recibidos de
los jeques árabes para ser ingresados en las cuentas de la Fundación Lucum o
los 65 millones de euros entregados por el rey de Arabia Saudí en agosto de
2008. Es muy grave que Juan Carlos de Borbón esté siendo investigado por una
fiscalía por el presunto cobro irregular de comisiones y, por extensión, por
supuestamente haber escondido ese dinero del fisco español. Es muy grave que
esas actividades se produjeran durante el tiempo en que ocupaba la Jefatura del
Estado y es muy grave que la impunidad que da la inviolabilidad haya sido
utilizada para acumular riquezas y ocultarlas en países con secreto bancario.
La Monarquía se encuentra en una crisis tan grave que es el
momento de que se den pasos para devolver la voz al pueblo y que sea éste el
que decida quién quiere que ocupe la la Jefatura del Estado que, al fin y al
cabo, representa a todos y todas. Entonces, el legado de Franco morirá y España
tendrá una democracia plena.
Fuente → diario16.com
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