Entrevista al profesor de Derecho Constitucional y exletrado Joaquín Urías
"Hay demasiados jueces presumiendo públicamente ideas cercanas a la extrema derecha" /
Joaquín Urías es un rostro conocido por su participación en distintos
medios de comunicación. Es Profesor de Derecho Constitucional y
exletrado del Tribunal Constitucional. Sevilla. Experto e investigador
de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión, posee un
largo recorrido como activista de derechos sociales y del mundo de los
refugiados. Hoy le entrevistamos para conocer sus opiniones sobre
distintos asuntos del triple concepto Covid19-Estado de
Alarma-Legalidad.
Joaquín Pablo Urías Martínez nació en Sevilla en una familia del
barrio de la Macarena por parte de padre y madre. Estudiando Secundaria
fue becado por el gobierno alemán para pasar el verano de 1984 en Bremen
y Berlín. Se licenció en Derecho en la Facultad de Sevilla y lo
compaginó con estudios de italiano y ruso. En 1992 impartió prácticas
en Facultad de Ciencias de la Información. Durante los veranos del 90
al 92 trabajó en proyectos de solidaridad en la Unión Soviética, Turquía y el Kursdistán iraquí. En verano de 1993, en plena guerra, se unió a un proyecto de voluntariado en el mayor campo de refugiados de Yugoslavia.
Después fue el coordinador del proyecto de reconstrucción social en ese
campo. Desde entonces, y hasta 1999, compaginó sus investigaciones en
Derecho Constitucional con largas estancias en campos de refugiados de Croacia y Bosnia. Entre 1995 y 1997 vivió entre Heidelberg (Alemania) y los campos de refugiados. En verano de 1999 entró junto a las tropas norteamericanas en el Kosovo recién liberado.
En 1997 leyó su tesis doctoral sobre “La tutela del ciudadano frente a las leyes”
con la máxima calificación. Desde el curso 1999-2000 se incorporó
plenamente a la docencia en la Facultad de Ciencias de la Información.
En 2000 gana la plaza de Profesor Titular de Derecho Constitucional.
Simultáneamente desarrolló una intensa actividad social en Sevilla.
Durante tres años se integró en un proyecto de escolarización en el
asentamiento chabolista de El Vacie. En 2002 se integró
en el Foro Social de Sevilla creado para organizar la contracumbre de
Jefes de Estado igual que en las multitudinarias manifestaciones contra
la Guerra de Irak en 2003.
De 2004 a 2010 fue Letrado del Tribunal Constitucional. En 2010 fue nombrado por la UE director del proyecto Euralius para la reforma del sistema judicial de Albania viviendo cuatro años en Tirana.
En 2014 se reincorporó a la Universidad de Sevilla. Investigador de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión. A finales de 2014 participó en la creación de Podemos Sevilla
siendo candidato en 2015, a propuesta de todos los círculos de Sevilla,
a Secretario General. Derrotado por pocos por la candidata impuesta en
Madrid, abandonó el partido. En 2015 participó en la creación de Participa Sevilla
como alternativa municipalista de base. Candidato en las municipales,
no resultó elegido pero participó en la negociación del acuerdo de
gobierno. Luego abandonó Participa Sevilla por convertirse en un partido
político como los demás.
Nunca ha cesado en su actividad social. Ha participado en proyectos
de cooperación internacional con refugiados entre Indonesia, Georgia,
Benin, México, Costa de Marfil, Haití, Turquía… En invierno de 2015 fue
voluntario en la isla de Lesbos.
PREGUNTA: Con la aprobación del Decreto de Alarma y su desarrollo, sectores políticos y mediáticos muy concretos vienen cuestionando su aplicación. Las críticas van desde supuestos recortes de libertades o derechos hasta la propia duración de este por sucesivas prórrogas aprobadas ¿Qué opinión le merecen esas críticas?
RESPUESTA: El estado de alarma es la figura que prevé la Constitución para calamidades como la epidemia actual. Sería un despropósito recurrir al estado de excepción, que está previsto para casos de disturbios graves y que sí recorta muchos derechos básicos como la libertad de expresión o la inviolabilidad del domicilio. El instrumento es el adecuado. Ahora bien, aunque el estado de alarma permite al Gobierno central tener el mando único de la lucha contra la epidemia, eso no quiere decir que no pueda y deba cooperar con las comunidades autónomas más de lo que lo ha hecho. Ahí creo que ha estado su gran error. Por lo que hace a las restricciones de derecho, creo que durante el estado de alarma ha habido demasiados excesos policiales. Puede que también algunas restricciones de movimiento desproporcionadas pero en general salimos de la situación con nuestros derechos intactos, que no es poco.
P: En las concentraciones, especialmente en algunos barrios
madrileños, inspiradas por la extrema derecha y en las manifestaciones
“motorizadas” del pasado sábado convocada por Vox se vieron escenas que
distaban mucho de las recomendaciones sanitarias y de la normas de
prevención ¿Cree que se produjeron ilegalidades? ¿Deberían ser
sancionadas? De continuar ¿podrían ser prohibidas?
R: Creo que nuestra Constitución permite muy pocas restricciones al derecho de manifestación. Cualquier partido está en su derecho de usar este modo de expresión colectiva y no creo que se deba ni se pueda restringir. La única restricción debe ir encaminada a hacer compatible el derecho con la prevención de contagios. Es razonable que se exijan medidas de protección, distanciamiento, duración máxima, poca ocupación del espacio público y demás. Otra cosa es que hemos visto manifestaciones que no han cumplido con el requisito de comunicarse previamente a la autoridad y que después se han llevado a cabo de manera peligrosa, que permitía contagios. Eso es delictivo, no ya por no comunicarse sino por hacerse de manera deliberadamente peligrosa. Yo no digo que debieran haber sido disueltas, pero al menos era de esperar que se hubiera investigado el hecho. En todo este tema lo que hay que destacar es que, al final, las únicas manifestaciones prohibidas han sido las convocadas (en coches) por los sindicatos el “1 de Mayo”. Eso da un poco de pensar sobre las distintas varas de medir. Es, cuanto menos, inquietante.
P: Los bulos, las fakes news y las
mentiras, desgraciadamente, se están convirtiendo en lamentables
acompañantes de la pandemia. Tras volver a la normalidad o nueva
cotidianeidad ¿es partidario de regular en frío y con la mente serena un
nuevo marco para este fenómeno, más duro punitivamente, o entra en el
amplio apartado de la libertad de expresión?
R: El problema de las fake news, como todas
estas nuevas expresiones de moda es que al final el concepto se va a
utilizar para prohibir las noticias que no nos gusten y permitir las
otras. Es algo similar a lo que ha pasado con el delito de odio. Son
categorías que dejan demasiado espacio a la valoración ideológica y que
parece que invitan a los jueces a decidir según su propia ideología. En
España el delito de odio se ha utilizado para perseguir a quien se ríe
de la policía o de los toreros mucho más que a contra quien humilla a
los homosexuales o los negros. Con las fake news nos podemos encontrar con que al final se castiguen exclusivas bien documentadas de EL PAÍS si ponen al desnudo miserias del poder establecido y no se castiguen los bulos que inventa OK Diario que parece ser el periódico de cabecera de muchos jueces.
Hay demasiados miembros de la judicatura presumiendo en público de sus ideas cercanas a la extrema derecha… y jueces, de esos que siempre defienden a la policía, que ahora están abiertos a encarcelar o destituir a responsables políticos contrarios a sus ideas
P: Existen distintas iniciativas
individuales y algunas de “nuevos” colectivos de denuncias judiciales
sobre la actuación del Gobierno de la nación. También el PP y Vox han
anunciado que se pedirán responsabilidades legales. Algún dirigente
ultraderechista avisa de que el presidente Sánchez podría ir a la cárcel
¿Cómo valora estas actuaciones y piensa que podrían prosperar?
R: El intento de politizar la justicia no es nada
nuevo. Es algo que han hecho todos los partidos y desde todos los
sectores ideológicos. Eso, en sí mismo, no creo que sea más
problemático. Otra cosa es cuando se cuenta con el apoyo de la cúpula y
de gran parte del poder judicial y de pronto esas acusaciones
disparatadas pueden prosperar. Si los jueces retuercen la ley, o la
reinventan, para influir en la dirección política del Estado, se cae
todo el edificio del Estado de Derecho. Y está empezando a pasar. Hay
algunos jueces de esos que siempre defienden a la policía que ahora
están abiertos a encarcelar o destituir a responsables políticos
contrarios a sus ideas. No son, ni mucho menos, todos los jueces, pero
sí una minoría influyente. La independencia judicial está empezando a
ser un gravísimo problema en España, y no sólo lo digo yo, sino todos
los indicadores internacionales. Los jueces creen que es por el
nombramiento político del CGPJ, pero en realidad yo creo que tiene más
que ver con una actitud pública de barricada por parte de algunos
jueces. Hay demasiados miembros de la judicatura presumiendo en público
de sus ideas cercanas a la extrema derecha. Y en los
asuntos de trascendencia política sólo aplican el derecho a través de
ese prisma deformante. Es un riesgo gravísimo para nuestro Estado de
Derecho que creo que no se está valorando adecuadamente. Quedan muchos
más jueces honestos que sectarios, pero hay un deslizamiento importante
hacia la pérdida de imparcialidad.
Manifestación 8-M: Era más fácil prohibir el fútbol que el ejercicio de un derecho comunicado días antes. Detrás de esa demanda no está la preocupación por la salud, sino un intento de hacer daño al Gobierno
P: Y en este proceso de pandemia jalonada de
ribetes legales llega la acusación por un supuesto delito de
prevaricación administrativa (por la denuncia de un polémico particular)
contra el delegado de Gobierno en Madrid y que podría extenderse -según
los argumentos del denunciante- al presidente Pedro Sánchez, a los 17
delegados del Gobierno y al propio director del Centro
de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, por supuestas
irregularidades al autorizar manifestaciones del 8M ¿Cuál debería ser el
recorrido judicial de este asunto.
R: No conozco los detalles de la acusación ni las
pruebas presentadas, así que es difícil pronunciarse. Lo que puedo decir
es que la respuesta a la pandemia y el impacto que ha tenido son
similares en todos los países de nuestro entorno. El índice de
fallecidos, el momento de tomar las medidas y hasta el tipo de
soluciones han sido muy parecidos en muchos países similares a España,
con independencia del color de cada Gobierno. Puede haber habido
errores, por parte de todos. Todos los gobiernos estatales y autonómicos
han comprado o usado mascarillas que no protegían. Todos han hecho
valoraciones erróneas. No sé si en este contexto pueden identificarse
conductas negligentes. Quizás haya hospitales donde un jefe inconsciente
no haya permitido que los sanitarios se protejan adecuadamente, o
lugares donde algún político ha tomado deliberadamente medidas para
proteger su carrera aún sabiendo que podían aumentar los contagios. No
lo sé. En todo caso, lo cierto es que las primeras semanas de epidemia
había mucha confusión. El ocho de marzo todos estábamos ya asustados
pero hubo partidos de fútbol, manifestaciones, misas y actos
multitudinarios de partidos políticos. Con lo que sabemos ahora, quizás
se hubieran debido evitar, pero es un disparate centrar una acusación
penal en un único acto de aquellos y en un único responsable político.
Era más fácil prohibir el fútbol que el ejercicio de un derecho
debidamente comunicado días antes. Evidentemente, detrás de esa demanda
no está la preocupación por la salud, sino que es un intento de hacer
daño al Gobierno. Es una deriva muy peligrosa. Todas las
administraciones han cometido errores, pero al gestión de la epidemia
por parte de todos ha sido razonablemente buena. Mejor que en otros
muchos países. Ni es el momento de hacer daño con esto, ni el Gobierno
central ha cometido más errores que el madrileño o el andaluz.
Es imaginable que la Guardia Civil tire de recortes de diarios ultraderechistas y de bulos de whatsapp para realizar un atestado. La función de ese atestado no parece ser la de investigar un delito, sino la de dar una coartada a la jueza competente para condenar.
P: El martes el ministro de Interior cesó al máximo
responsable de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Pérez de los
Cobos. Ha generado una fuerte polémica y una judicialización del caso.
Se van conociendo aspectos y usted aha comentado eque “El riesgo de
permitir la politización de los cuerpos de seguridad es éste: en vez de
atestados, la guardia civil hace panfletos derechistas llenos de fake
news y de comentarios de OK diario que no son técnicos ni serios” ¿Nos puede ampliar esa afirmación?
R: Claro. Me parece que es algo evidente. Con la
excusa de la pandemia se está acentuando de manera desproporcionada la
polarización política. La derecha está usándola para intentar el acoso y
derribo extraparlamentario del gobierno legítimo surgido de las
elecciones. La situación es extremadamente peligrosa para nuestro
sistema democrático. En un momento tan delicado es cuando mejor se
aprecia el error de haber permitido durante años que las fuerzas y
cuerpos de seguridad hayan tomado claramente partido por la
ultraderecha. Hace décadas que nuestras fuerzas de seguridad necesitan
un impulso para aumentar su compromiso con la democracia y los derechos
humanos. Eso implica medidas de fomento, de formación y de control. No
se han tomado, más bien al contrario: frente a sucesos como los de
Cataluña desde los distintos gobiernos, y desde la fiscalía y la
magistratura se ha alentado la imagen de una policía patriótica que está
al servicio de la unidad de España, no de los derechos fundamentales. Y
se ha permitido que se sientan impunes. Ahora tenemos una policía
dedicada a perseguir a quienes ellos creen que son una amenaza contra
esa unidad, incluido el Gobierno legítimo. Por eso, ante demandas
judiciales con intenciones políticas y dirigidas a minar al Gobierno es
imaginable que la Guardia Civil en vez de investigar de manera sosegada,
científica y técnica las posibles responsabilidades tire de recortes de
diarios digitales ultraderechistas y de bulos de whatsapp para
realizar un atestado. La función de ese atestado no parece ser la de
investigar un delito, sino la de dar una coartada a la jueza competente
para condenar.
La excesiva politización, en cualquier sector -ya sea la policía, los
jueces o la Universidad-, si hace que se mezclen las funciones públicas
con las ideas políticas personales, lleva a que se pierda calidad
técnica y se pervierta el sistema. En estas horas tan graves, de amenaza
directa contra el sistema democrático vamos a echar de menos tener
mejores profesionales. Gente capaz de defender la ley por igual frente a
todos los ataques, con independencia de las ideas políticas de quien
tengan delante.
Fuente → elplural.com
No hay comentarios
Publicar un comentario