Florentina no
sale de su asombro. Aún recuerda cuando en el año 2003 presentaba ante
la justicia la primera denuncia por la desaparición de su abuela, Ricarda Ana Cobacho,
asesinada sin piedad a los 36 años. "Fue una de los primeros casos que
llegó a la justicia. Me archivaban todo el rato la causa pero logré
llegar hasta el Supremo y fue uno de los casos documentados en el
expediente de Garzón".
Florentina, después de más de 15 años de lucha, ha logrado conocer
parte del terrible final de su abuela, torturada y salvajemente vejada
en la aldea cordobesa de Jauja. "Por testimonios orales logramos conocer
el triste final de esta gran mujer adelantada a su tiempo". Un episodio
demasiado traumático y que Florentina nunca ha olvidado. "Cómo puedes
digerir que a tu abuela le cortaran los pechos, le desencajaron la
mandíbula con un fusil y la violaron todas las veces que aquellos
guardias les dio la gana para terminar tirada en un arroyo".
Ricarda Cobacho es un fiel reflejo de aquel genocidio
imparable que vivió Córdoba y su provincia desde el inicio del golpe.
Una dura estampa que, ochenta años después, aún no puede ni
contabilizarse.
Guijarro aclara a Público que "es difícil concretar una cifra
determinada, que no estaría cerrada por falta de investigación sobre el
extraordinario volumen de la represión y por la pérdida de fuentes
documentales imprescindibles para conocerla". Sin embargo, estima que
podrían "rondar las 4.000 víctimas que se encuentran en la macro fosa de
los cementerios de la Salud y San Rafael en la ciudad de Córdoba".
El investigador Francisco Moreno Gómez, después de media vida
documentando la represión fascista en Córdoba, habla de las atrocidades
cometidas en esta provincia: "Había días que se fusilaba en Córdoba tres
o cuatro horas sin parar. Cien personas cada noche". Moreno Gómez
reproduce en su libro, El genocidio franquista en Córdoba. el
testimonio de un protagonista que afirma que según el cómputo realizado
por la Cruz Roja en aquellos años los fusilados ascenderían en la ciudad
cordobesa a 7.770 víctimas.
Durante el verano de 2017, cuando en la Dirección General de Memoria
Democrática de Andalucía gobernaba el PSOE, se publicaba una noticia muy
"esperanzadora" para las fosas que seguían selladas en las capitales de
provincia. Hablaba de un proyecto de exhumación que integraba la
intervención de las fosas de la ciudad de Huelva, Sevilla y Córdoba.
Doce mil víctimas que podrían ser identificadas en un esfuerzo sin
precedentes por parte de las administraciones tanto municipales como
autonómicas en esta materia.
"Han pasado tres años y es muy complejo entender cómo el gobierno
pudo adelantar esa actuación cuando es una tarea muy compleja" aclara
Florentina, activista en la causa por la recuperación de la memoria.
"Para tener esperanzas reales en el proceso, la administración hubiera
tenido que crear un programa contundente de exhumación en todo el
territorio. Lo primero es tener un límite de tiempo para exhumar las
fosas".
Florentina añade que es imprescindible tener "un calendario de
actuaciones, hacer pruebas de ADN con unos parámetros y que todos los
servicios con los que se cuenten salgan desde lo público". Casi tres
años después de aquella promesa, las actuaciones en el caso de Córdoba
han tenido como avance el inicio de las intervenciones realizadas en
2019 en una de las zonas del cementerio de Nuestra Señora de la Salud,
el cuadro de San Ramón, que permitió exhumar a 19 represaliados, entre
ellos tres mujeres y 15 hombres, además de otra víctima más de la que no
se ha determinado su género.
Uno de las posibles esperanzas, los restos de René Lafont
Juan Manuel Guijo, arqueólogo, estuvo en aquella ingente tarea
de iniciar el trabajo en aquella macrofosa en enero de 2019: "Los
trabajos que se iniciaron el año pasado como primera intervención tenían
dos objetivos, de un lado documentar la localización de enterramientos
de víctimas en fosas individuales" y ver la viabilidad para el "inicio
de actuaciones en la fosa común, previo al trabajo arqueológico
propiamente dicho".
Entre aquellos primeros restos, se vislumbró la posibilidad de que uno ellos pertenezca a la corresponsal francesa René Lafont,
asesinada el 1 de septiembre de 1936, siendo la primera periodista
muerta en acción de guerra y que cruzó por error la línea de los
golpistas en medio de la contienda.
Florentina relata a Público que ha sido un primer paso en la
identificación de las víctimas, conocer la similitud que tiene los
restos con Lafont por la estatura y la edad que tenían uno de los restos
exhumados. "Una prueba de ADN de los restos de los padres de Lafont que
están ubicados en un cementerio de la localidad francesa de Bayona
arrojará luz para cerrar la biografía de esta corresponsal".
"Se defendieron las exhumaciones por la entrada de VOX en la política andaluza"
Guijo aclara a Público que "en su origen no se contemplaron
exhumaciones sino solo localizaciones" en el caso de Córdoba. Las
exhumaciones las defendimos porque se produjo la entrada de Vox en la
política andaluza y se trataba de poner delante de todos una
investigación demostrando lo que ellos negaban. La Junta no podía
"darnos legalmente el permiso de exhumación y solo podía darlo de
localización". El permiso de exhumación se pidió a la Dirección General
de Memoria del Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento de Córdoba la
financiación y continuación de la investigación de los archivos. Los
trabajos finalizaron en el mes de marzo de 2019. Y pronto empezaron las pruebas de ADN contabilizando un total de 132 muestras de víctimas que llevaban toda la vida esperando.
La falta de un nuevo rumbo para agilizar el proceso de la exhumación
en Córdoba movió a las víctimas dentro de la Plataforma para la Comisión
de la Verdad, en la que están integradas la mayoría de las asociaciones
memorialistas de Córdoba y provincia, solicitando una reunión urgente
con el presidente andaluz Moreno con el fin de que "las administraciones
no dejaran en el olvido los trabajos de exhumación de las fosas del
cementerio de La Salud y se prosiga hasta recuperar los restos de los
represaliados que se encuentran enterrados allí".
En aquella reclamación firmaba una de las figuras claves en la lucha
por la exhumación en las fosas de Córdoba capital, el presidente de Dejadnos Llorar, Antonio Deza,
que tiene entre las víctimas a su padre, arrojado a la fosa en 1946.
También tiene desaparecido a su tío Miguel asesinado en los primeros
días del golpe en la ciudad.
Deza habla por todos, por la causa de los 4.000 que seguirán buscando
sin descanso y de cómo en aquella carta hablaba al gobierno andaluz de
los compañeros de lucha que siguen ya muy mayores, como el caso de
Remedios Gómez que logró encontrar los restos de su padre Juan José
Gómez Gálvez, después de casi 83 años de búsqueda hace apenas unos meses
en Castro del Río.
Fue el pasado mes de marzo, antes de la pandemia la covid-19 cuando
se empezó a tener esperanza en el proceso un año después de las
intervenciones. "El acuerdo se iba a materializar el pasado 25 de marzo
entre el ayuntamiento de Córdoba y la Junta pero no perdemos la
esperanza de que pronto se de la noticia de que se reanudan los
trabajos" tras el confinamiento. La siguiente intervención se centraría,
cuenta Deza a Público "en intervenir una nueva fosa que podría albergar unas 1000 y 1300 víctimas".
Deza habla de una fosa que es muy compleja, no solo por su morfología
también por la pluralidad de víctimas. "En la fosa de Córdoba hay
personas de 34 provincias diferentes, víctimas de 15 nacionalidades,
fusilados de todas las provincias de Andalucía, de 71 municipios de
Córdoba". Una amalgama de vecinos, nacionalidades y también de
violencia, de la que se conocen la mitad de los nombres, 2212 víctimas.
"Estamos preparado con todos los datos hacer la gran intervención que ha
propuesto el equipo técnico que inició los trabajos" en una de las
mayores fosas de la represión franquista en España.
Fuente → publico.es
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