Dicen
que los capturaron en Roquetas de Mar, a las nueve de la tarde, a la
salida de una tienda de recuerdos turísticos. Dicen que los torturaron
hasta la muerte en un cuartel abandonado junto a la playa de Retamar.
Dicen también que los devolvieron muertos y desmembrados al Ford Fiesta
alquilado en que viajaban. Que los arrasaron a balazos, que vaciaron una
lata de gasolina sobre los cuerpos tumefactos y les prendieron fuego
para que no quedara rastro de las heridas. Era la madrugada del 9 al 10
de mayo de 1981. Los muertos se llamaban Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier.
Vivían en la vieja provincia de Santander. Al menos once guardias
civiles participaron en el crimen. Solo tres de ellos fueron condenados.
Lo llamaron "Caso Almería".
Esta
semana pasada hemos sabido que en el próximo mes de mayo, cuando se
cumplan treinta y siete años del asesinato, el Parlamento de Cantabria
rendirá por fin homenaje a las tres víctimas. Un acto público para los
familiares y una declaración institucional que llegan demasiado tarde y
gracias en buena medida a Desmemoriados,
colectivo cántabro por la memoria histórica que se ha empeñado en poner
de acuerdo a los cinco grupos políticos de la cámara. A día de hoy, en
una asimetría injustificable, el Estado sigue sin reconocer a Mañas,
Montero y Cobo como víctimas del terrorismo. El Parlamento de Andalucía,
por su parte, las reivindica desde el pasado mes de marzo gracias a la
nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática.
Pero
vamos a 1981. En el escudo de España aún luce el águila de San Juan
coronada por el lema franquista "Una, grande y libre". La UCD de Adolfo
Suárez se desmorona y Leopoldo Calvo-Sotelo asume la presidencia del
Gobierno en este último año de agonía. Tejero irrumpe a tiros en el
Congreso de los Diputados y su excursión golpista se prolonga durante la
noche de los transistores. Se dibuja el nuevo diseño autonómico con el
café para todos de la LOAPA. El PSOE clama "OTAN de entrada NO". Tres
trabajadores en paro secuestran al futbolista Quini. Suena "Las chicas
son guerreras" de Coz. Triunfa el cubo de Rubik. Llega Verano Azul.
El
tejerazo de febrero abre una fase de repliegue en el joven régimen
juancarlista. Cinco días después del golpe fallido, y en un panorama de
incertidumbre, ETA político-militar declara un alto el fuego indefinido.
La tregua da paso a conversaciones entre Euskadiko Ezkerra y el
Gobierno español en las que se abordan medidas de reinserción para
militantes sin delitos de sangre. ETA militar, por otro lado, aminora su
actividad pero no la interrumpe. A las diez de la mañana del 7 de mayo
de 1981, el teniente general Joaquín Valenzuela, jefe del Cuarto Militar
del Rey, sobrevive a una explosión mientras circula con su vehículo por
la calle Conde de Peñalver de Madrid. Los tres militares que le
acompañan mueren en la detonación. Son el teniente coronel Guillermo
Tevar, el soldado conductor Manuel Rodríguez y el suboficial de escolta
Antonio Noguera.
A
las cuatro de la tarde del mismo día 7, tres jóvenes trabajadores se
citan en Santander y emprenden un viaje hacia el sur. Juan Mañas trabaja
en FEVE, tiene 24 años y espera reunirse con su familia en su natal
Pechina, Almería, para celebrar la primera comunión de su hermano
Francisco Javier. Luis Montero es salmantino, trabaja en FYESA, y tiene
33 años y carné del PCE y de CCOO. Luis Cobo es de Santander, trabaja en
ACERIASA, y tiene 29 años y un Seat 127 a punto para la carretera. La
primera noche de viaje duermen en Madrid. El coche de Cobo, que ya ha
flaqueado por el camino, se avería sin enmienda en El Provencio, Cuenca.
El contratiempo terminará costándoles la vida. Confían el vehículo a un
taller y un mecánico los acerca hasta Villarobledo, Albacete, para que
puedan viajar en tren hasta Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y alcancen
de esta forma una conexión ferroviaria con Andalucía. Pero el próximo
tren sale de madrugada, así que resuelven alquilar un coche. En la
estación de Alcázar de San Juan, unos taxistas y trabajadores de Renfe
les remiten a la localidad vecina de Manzanares. Llegan en tren a
Manzanares y en Viajes Dian alquilan a nombre de Luis Cobo un Ford
Fiesta verde matrícula CR-1625-D donde varias horas más tarde los
encontrarán muertos.
El
día 9, después de que los jóvenes ya hayan llegado a Pechina, los
periódicos publican los rostros de dos miembros de ETA militar a quienes
la policía atribuye el atentado contra el teniente general Valenzuela.
Son José María Bereciartúa, Chema, y José León Mazusta, Fresku.
En Alcázar de San Juan, los taxistas y operarios de Renfe examinan las
fotografías de los hombres reclamados por la ley. Recuerdan a los tres
forasteros del vehículo averiado y encajan las piezas. Se convencen de
que, por fuerza, deben de ser ellos. Presentan denuncia. A las dos de la
tarde, la Guardia Civil llega a Viajes Dian y se apodera de la
documentación del Ford Fiesta alquilado. La Dirección General de la
Guardia Civil emite una orden de búsqueda y la Comandancia de Almería
recibe el aviso. A las ocho y media de la tarde, localizan el automóvil
en Roquetas de Mar. A las nueve, la Guardia Civil arresta a los tres
jóvenes en la puerta de la tienda de souvenirs Renate. No se
vuelve a saber nada de ellos hasta la madrugada siguiente, cuando
aparecen muertos dentro del Ford Fiesta calcinado en una cuneta a la altura del kilómetro ocho de la carretera C-326 de Gérgal.
De lo que ocurre entre la detención y la aparición de los cadáveres no
tenemos más que algunas certezas y demasiadas especulaciones.
El
14 de junio de 1982, trece meses después de los hechos, la Audiencia
Provincial de Almería abre el juicio contra tres de los once guardias
civiles que participaron en la operación. El proceso se prolonga hasta
el 27 de julio. Todos los implicados han pactado hace tiempo una versión
única, inconsistente y fantasiosa, que el Ministerio de Interior
defiende sin embarazo. Que los tres jóvenes asesinados eran miembros de
ETA. Que iban armados (y para demostrar la inculpación, deslizan entre
las pruebas dos viejas pistolas Astra de 9 mm cubiertas de óxido). Que
los once guardias civiles organizaron un convoy de cuatro vehículos,
entre ellos el Ford Fiesta, con el propósito de transportar a Madrid a
los detenidos y entregarlos a la Dirección General. Que si se desviaron
por aquella carretera fue para recoger las pertenencias de uno de los
detenidos. Que los jóvenes esposados aprovecharon un descuido para
atacar a los guardias civiles y escapar en el Ford Fiesta. Que fue
necesario disparar a las ruedas para evitar la fuga. Que el coche se
salió de la carretera y ardió al explotar el depósito.
Pero
aparecen algunos testimonios que desbaratan el relato policial. A las
seis de la madrugada, seis pescadores del club El Palmeral avistan las
llamas del Ford Fiesta y se aproximan con un extintor para ayudar a
reducir el fuego. No obstante, el guardia civil Fernández Llamas rehúsa
su colaboración y les conmina a abandonar el lugar porque, según les
asegura, los heridos ya han sido evacuados a hospitales. Más tarde los
trabajadores de la funeraria acudirán al levantamiento de los cadáveres y
hallarán dentro del coche los cuerpos abrasados y mutilados. La versión
acordada por los implicados termina de resquebrajarse cuando uno de
ellos revela por error que los detenidos han sido conducidos a Casas
Fuertes, un viejo cuartel abandonado junto a la costa. El abogado de la
familia, Darío Fernández, nunca llega a creer el relato de los guardias
civiles y mantiene la teoría de que los han asesinado. No en vano,
apenas tres meses antes del Caso Almería, la Policía Nacional ha
torturado hasta la muerte al miembro de ETA militar Joseba Arregui
durante nueve días de interrogatorio incomunicado. De modo que el
abogado Fernández, convertido ahora en detective privado, visita de
noche el antiguo edificio de la benemérita y descubre salpicaduras de
sangre. De inmediato, comunica su hallazgo a la justicia, pero el juez
se demora dos semanas en ordenar una investigación. Las paredes del
viejo cuartel aparecen entonces encaladas y ha desaparecido de un
plumazo toda evidencia.
A
falta de pruebas para imputar un delito de asesinato, el juicio
concluye con tres condenas por homicidio. El Tribunal Supremo ratifica
en 1983 la sentencia. En primer lugar, el teniente coronel Castillo
Quero, responsable de la Comandancia de Almería, recibe una condena de
veinticuatro años. El teniente Gómez Torres obtiene quince años. Al
guardia civil Manuel Fernández Llamas le corresponden doce. Al primero
se le aplica atenuante de "cumplimiento del deber"; a los dos últimos,
atenuante de "obediencia debida". Todos ellos son apartados de la
Guardia Civil y, sin embargo, mucho más tarde se sabe que han recibido
varios millones de pesetas a cargo de los fondos reservados del Estado
como ayuda del Gobierno para afrontar su condena.
En
un último giro de guión, y con el caso ya cerrado, la familia del joven
Juan Mañas recibe una misiva con la confesión anónima de un guardia
civil. La carta confirma que torturaron a los jóvenes en el cuartel de
Casas Fuertes. Los mataron. Les sustrajeron dinero y compraron cinco
litros de gasolina en San Silvestre. En la carretera de Gérgal,
introdujeron los cadáveres en el Ford Fiesta y vaciaron sobre ellos dos
cargadores de treinta cartuchos para simular un tiroteo. Arrojaron el
coche a la cuneta y lo hicieron arder. Así es como se avala la hipótesis
del abogado Darío Fernández, que ha tropezado siempre contra un
hermético pacto de silencio y un proceso colmado de irregularidades,
destrucción de pruebas y encubrimientos. Durante la instrucción del
caso, Fernández pone todo su empeño en esclarecer los hechos y castigar a
todos los culpables. Incluso llega a reclamar un proceso contra el
director general de la Guardia Civil, José Luis Aramburu Topete. Su
pertinacia le sale cara. Tanto él como la familia de los jóvenes como
otros allegados padecen toda clase de intimidaciones y amenazas. Un día,
Fernández descubre un explosivo debajo de su vehículo. Decide apartarse
de la investigación.
En 1983, el director Pedro Costa reconstruyó los hechos a partir de la sentencia y rodó El caso Almería.
Antonio Banderas, Juan Echanove e Iñaki Miramón interpretaban a los
tres jóvenes. Tanto Costa como las salas que anunciaron el filme fueron
recibiendo advertencias de la extrema derecha hasta que por fin, en la
misma semana de su estreno, el Cine Teatro Regio de Granada fue
engullido por las llamas. Fue en febrero de 1984. El incendio adquirió
tal dimensión que los bomberos tuvieron que desalojar a los vecinos de
las inmediaciones. Un simpatizante de Antonio Tejero conocido como Al Capone
telefoneó a una emisora de radio en nombre de un supuesto grupo
patriótico llamado Hombres de España y reivindicó el ataque, pero la
policía quiso restar importancia a la llamada. Al día siguiente, dos
jóvenes atacaron un cine de Vigo y días más tarde, en el mismo lugar, un
individuo sufrió heridas mientras manipulaba un artefacto explosivo. En
Valladolid, los exhibidores retiraron la película después de haber
sufrido amenazas de atentado.
El
teniente Gómez Torres cumplió siete de los quince años de condena.
Fernández Llamas cumplió apenas cinco de los doce que le impusieron. El
teniente coronel Castillo Quero, jefe del operativo, pasó once años en
prisión. Murió en Córdoba en 1994, cuando llevaba dos años de libertad
condicional. Tal vez Castillo Quero intuyó en la operación una
oportunidad para arrogarse méritos y cubrirse de medallas. Sea como sea,
sobre él recayeron la mayor parte de las responsabilidades de un crimen
institucional que ningún alto mando se atrevió a asumir. Habían
transcurrido poco más de dos meses desde el golpe de Tejero y el
atentado contra una autoridad de las fuerzas armadas tan próximo al rey
Juan Carlos exigía una respuesta implacable que apaciguara las aguas
revueltas del entorno castrense. Se les fue de las manos.
Dice
la madre de Juan Mañas, María Morales, que a su hijo lo mataron tres
veces: "a palos, a tiros y quemado". En la cuneta de la carretera de
Gérgal donde encontraron los cuerpos hay un monolito. A veces tiene
flores. Son casi cuarenta años de amnesia oficial, pero las familias
siguen reclamando verdad, justicia y memoria para las tres víctimas del
Caso Almería. Porque recordarlos es un imperativo democrático. Y porque
olvidarlos es una forma de matarlos cuatro veces.
Fuente → kamchatka.es
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