Abogados y expertos señalan que España arrastra un problema de "investigación efectiva" de las denuncias por presuntas torturas cometidas por funcionarios policiales. Cuando se han producido sentencias condenatorias han sido habituales los indultos. Expertos consideran que hay una continuidad en la "voluntad política" de no acabar con los excesos policiales.
De 'Billy el Niño' a hoy en día: el problema de España con las denuncias de torturas policiales /
El expolicía
González Pacheco, alias Billy el Niño, falleció esta semana sin una sola
condena por torturas en su expediente. Sólo en el año 1974 se le
condenó a una multa por coacciones y malos tratos contra el periodista
Paco Lobatón. Después, no hubo nuevas condenas. ¿Significa eso que Billy el Niño nunca torturó? No.
Significa que nunca se investigaron las denuncias de torturas contra
él. Ni se le investigó en España ni los tribunales permitieron que se
hiciera en Argentina. Su caso, además, no es una excepción. Ni
Billy el Niño actuaba solo desobedeciendo órdenes ni ha sido el único
que ha disfrutado de impunidad por sus actos tanto en dictadura como en
democracia.
La investigación del historiador e investigador Pablo Alcántara, así como los testimonios y querellas de sus víctimas, han permitido poner nombre a algunos de estos policías de la dictadura franquista
que pasaron a integrar los cuerpos de la nueva Policía democrática sin
responder por sus métodos y labor durante la dictadura. Así, la
investigación de Alcántara nombra, entre otros, al comisario Pascual Honrado De la Fuente, en Asturias, condecorado en 1967 y denunciado en Argentina por sus víctimas; a Benjamín Solsona, alias 'El Galleta', en València; los agentes Atilano del Valle y Antonio Juan y Vicente Juan Creix,
en Barcelona; o a Félix Criado Sanz y Jesús Quintana Saracibar, en
Euskadi. Estos son solo algunos de los nombres de los más de 2.000
agentes que formaban la Brigada Político y Social del franquismo, la
Policía política de Franco que vigilaba a la oposición del régimen.
"Billy el Niño no era la excepción, sino que era la norma. Era un aprendiz de sus superiores, como Roberto Conesa o Saturnino Yagüe,
que practicaban la tortura y los malos tratos desde los años de
posguerra. De hecho, en los boletines policiales se daban instrucciones
de cómo infiltrarse dentro del movimiento obrero y estudiantil. Billy el
Niño era un sádico, pero igual que muchos de sus compañeros. Era un
lacayo en un sistema que toleraba y permitía la represión contra
aquellos que se oponían a la dictadura", explica Alcántara a Público.
"Billy el Niño era un lacayo en un sistema que toleraba y permitía la represión contra aquellos que se oponían a la dictadura"
La impunidad de estos hombres, que habían trabajado en la represión del movimiento antifranquista,
se hizo patente con la reinstauración de la democracia, la aprobación
de la Ley de Amnistía por parte del Congreso y la interpretación que
jueces y juezas han venido realizando de esta norma. Los criminales de
la dictadura ahora eran policías de la democracia. "No hubo ningún tipo
de depuración de los policías. De hecho, con los Pactos de la Moncloa y
la Ley de Amnistía, los delitos cometidos por las fuerzas de orden
público franquistas quedaron impunes y algunos de estos policías
franquistas tuvieron puestos de responsabilidad en la Policía democrática", prosigue Alcántara.
Y de aquellos polvos, estos lodos. La democracia española se ha visto salpicada en varias ocasiones de numerosas denuncias por torturas y abusos policiales; de condenas
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España (TEDH) por no
investigar de manera real y efectiva estas denuncias; y de continuas
advertencias y avisos de organizaciones especializadas en derechos
humanos, como Amnistía Internacional, que han denunciado que en España la práctica de la tortura no es sistemática, pero que tampoco se trata de casos aislados.
"Claramente hay una línea de continuidad entre la impunidad de los
crímenes del franquismo y las condenas que hay contra España por el
hecho de no investigar de manera real y efectiva las denuncias de
torturas. Durante muchos años las organizaciones especializadas en
Derechos Humanos han denunciado que investigar un delito de torturas, ya
no juzgar, ha sido complicado y difícil. Había una tendencia en los
juzgados a no dar credibilidad a los testimonios de las víctimas y, por lo tanto, a archivar sin investigar", explica la abogada Anaïs Franquesa, directora de Legal de Irídia - Centro de Defensa de Derechos Humanos.
No obstante, también es evidente que España ha realizado avances y
que la realidad de hoy no se asemeja en prácticamente en nada a la del
año 1975. Así lo reconoce también Franquesa, que señala que "ahora es
más habitual que se investiguen posibles delitos de tortura y que haya
condenas, pero sigue habiendo dificultades para que el Estado y los
propios cuerpos policiales reconozcan que hay prácticas dentro de los cuerpos que tienen que erradicar".
"Hay una línea de continuidad entre la impunidad de los crímenes
del franquismo y las condenas que hay contra España por el hecho de no
investigar las denuncias de torturas"
Ejemplos de esta
dificultad de los representantes del Estado para reconocer prácticas
fuera de la ley en la Policía no faltan. Uno muy representativo se dio
con el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, quien afirmó que en España "la tortura se ha producido de manera clara". "Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho". Estas declaraciones del magistrado provocaron que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tachara sus palabras de "infames" y
pidiera al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tomara "algún
tipo de medida". La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió,
de hecho, su recusación en dos de las causas de lucha antiterrorista.
El propio Gobierno de Mariano Rajoy señalaba en una respuesta parlamentaria que en España, entre 2008 y 2013, un total de 6.903 agentes de Policía y Guardia Civil se habían visto implicados en presuntos casos de malos tratos y torturas, y que de ellos las condenas firmes a los agentes sólo ascienden a 47. En opinión del Gobierno la baja ratio acreditaba que sólo una ínfima parte de los casos investigados terminan siendo "denuncias de verdad".
El argumento, no obstante, sí es similar al del tardofranquismo y
vendría a decir que "la tortura no existe porque no hay condenas".
Sin embargo, la directora adjunta de Rights International Spain (RIS), Patricia Goicoechea,
explica que el hecho de que una "denuncia sea archivada no significa
que sea falsa". "Solo significa que el denunciante no ha podido probar
su versión", prosigue. En opinión de esta experta, España arrastra un
problema "sistémico" con el "deber de investigar las denuncias de torturas".
"En los últimos años hemos tenido entorno a una decena de condenas por parte del TEDH por vulneración del artículo 3 del Convenio Internacional que prohíbe los tratos degradantes, malos tratos o torturas a detenidos. La mayor parte de estas condenas hacen referencia a errores en la parte procesal, es decir, a que las denuncias no fueron investigadas
correctamente. A estos casos, hay que sumar alrededor de otras doce de
sentencias del Constitucional donde se concede el amparo al denunciante
porque se considera que los juzgados no investigaron lo suficiente o que
la denuncia se había archivado demasiado rápido", explica Goicoechea,
que señala que España tiene que mejorar en la formación de "abogados, jueces, fiscales y demás operadores jurídicos". "La falta de formación es un obstáculo y es imprescindible que mejores en eso", apunta.
"España tiene que mejorar en la formación desde "abogados,
jueces, fiscales y demás operadores jurídicos" en prevención y lucha
contra la tortura.
Las condenas del TEDH a España por no investigar correctamente las denuncias de torturas tampoco han supuesto ningún terremoto político. El Gobierno, tras la condena a España por infligir "malos tratos o trato degradante" a los detenidos Portu y Sarasola, respondió a una pregunta del diputado Jon Iñarritu restando importancia a las condenas y señalando que eran "sólo nueve".
Asimismo, que un agente de Policía cuente en su expediente con una
sentencia por torturas o malos tratos a un detenido tampoco ha sido
óbice para continuar ejerciendo la labor policial o, incluso, ser
promocionado. Casos no faltan de ningún tipo. Un ejemplo más o menos
reciente es el del jefe de Policía de Cantabria, Héctor Moreno García,
que fue condenado por torturas en 1994, indultado por el PP de José
María Aznar y nombrado jefe de Policía 2017. O el del caso del guardia
civil Manuel Sánchez Corbi, que fue condenado el 7 de noviembre de 1997 por la Audiencia de Vizcaya a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por torturar a Kepa Urra
en un descampado, antes de trasladarle detenido al cuartel de La Salve,
en Bilbao. Sin embargo, sería indultado en 1999 y a pesar de esta
condena continuó su acenso hasta ser nombrado coronel jefe de la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, puesto del que fue
destituido en 2019.
De la larga sombra de las denuncias de torturas sin investigar y de
las condenas del TEDH tampoco se escapan jueces y juezas quienes tienen
la obligación de procurar la integridad física de los detenidos. Varias
de las condenas que ha recibido España por parte del Tribunal con sede
en Estrasburgo estaban relacionadas con denuncias de detenidos que estaban bajo protección del entonces juez y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El expolicía franquista, Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy
el Niño' ha muerto a causa del coronavirus. Acusado de graves torturas
cuando era inspector de la brigada Político Social, era un símbolo de la
represión franquista en los últimos años de la dictadura. Disfrutaba de
condecoraciones al mérito policial por las que cobraba un extra en su
pensión. -Redacción-
El portavoz de la Coordinadora para la prevención de la tortura, Jorge del Cura, explica a Público
que la llegada de la democracia estuvo marcada por hacer creer que
simplemente por el hecho de estar en una democracia la tortura o los
malos tratos policiales desaparecían sistemáticamente. Pero no fue así.
De hecho, asegura que, a su juicio, el único momento en el que hubo voluntad política real
para acabar con el problema de la tortura en España fue durante una
comisión parlamentaria formada entre 1979 y 1980 en el Congreso y de la
que nunca se conoció el resultado de la misma ni las conclusiones.
"En 1977 se incluyó el delito de tortura en el Código Penal y en 1983
se dictó la primera sentencia condenatoria contra un Guardia Civil por
este delito. Parecía que esa era la prueba de que ya no había torturas.
Pero después llegaron los GAL y otros casos en democracia. En la década
de los 90, de hecho, ya entramos en un período en el que el Estado comienza a negar a negar esta práctica de manera sistemática. Hay casos que llegan a juicio, pero también hay indultos y ascensos", cuenta Jorge del Cura.
PP y PSOE indultaron al menos a 39 policías y guardias civiles condenados por torturas
Como
apunta el portavoz de la Coordinadora, los indultos por parte de los
diferentes gobiernos a miembros de las fuerzas del orden público que
habían sido condenados por torturas también han sido habituales. El Partido Popular y el Partido Socialista indultaron
desde 1991 hasta la actualidad a, al menos, 39 policías, mossos y
guardias civiles que habían sido condenados por torturas. Según el
recuento realizado por Público, los conservadores son
responsables del indulto a 26 agentes, mientras que los socialistas han
indultado al menos a 13 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
La situación en la actualidad, explica Del Cura, es que los
profesionales y las organizaciones de derechos humanos siguen
encontrando "muchas dificultades" para conseguir que se
investiguen de manera eficiente las denuncias por torturas. "Acumulamos
varios problemas. El primero es una pésima definición del delito de torturas
en el Código Penal, el segundo es la falta de investigaciones reales y,
para remate, cuando se consigue investigar, juzgar y condenar, nos
estamos encontrando con casos en los que no se ejecuta la condena y tampoco se producen expulsiones del cuerpo policial", explica Del Cura.
Este último caso coincide con la sentencia judicial del caso de Juan Andrés Benítez, un hombre que falleció en Barcelona a causa de una actuación de los Mossos de' Esquadra. En la sentencia, seis agentes reconocieron que dieron golpes a Benítez causándole la muerte y otros dos admitieron que obstruyeron la investigación judicial
para encubrir a sus compañeros. Los condenados reconocieron que
propinaron patadas, puñetazos y golpes al fallecido. La sentencia les
condenó a dos años de prisión, que no tenían que cumplir al
carecer de antecedentes y que una vez pasado el tiempo de condena podían
reincorporarse al cuerpo si pasan un cursillo de derechos humanos. Del
Cura también recuerda que en los últimos años dos agentes de Policía
fueron condenados a dos años de inhabilitación por un delito de lesiones
a un detenido y que en ningún momento dejaron de ejercer sus funciones.
"Es evidente que la situación desde el tardofranquismo a la actualidad ha cambiado radicalmente. Pero también que hay una línea de continuidad que es que no hay voluntad política real de
sancionar y perseguir la tortura o malos tratos de la Policía. Esa es
la parte más grave. Luego, por otro lado, hay una parte de permanencia
de una cierta mentalidad franquista, tal y como demuestra la relación
que mantenía Billy el Niño con algunos comisarios policiales o los chats
reveleados por eldiario.es
donde se ve a excomisarios de Policía diciendo que debemos al
torturador la democracia. No sé si son muchos o pocos, si son mayoría en
la Policía o no. Lo que sí sé es que estos elementos no son rechazados y
expulsados de los cuerpos policiales cuando se descubren", prosigue Del
Cura.
"Cuando la Justicia ha fallado para garantizar el derecho de las
víctimas en el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación,
también se está fallando en garantizar la no repetición"
En esta línea, tanto Del Cura como la abogada penalista Anaïs Franquesa
señalan que no se puede culpar de todos los males de la actualidad a la
Transición, pero que tampoco se puede obviar la oportunidad que se
perdió durante el tránsito a la democracia y durante los primeros años
de la misma para mandar un mensaje "de tolerancia cero" a los cuerpos policiales en el nuevo régimen democrático.
"No hubo depuración en las instancias policiales ni en las
judiciales. Se cerró el Tribunal de Orden Público y al día siguiente
abrió la Audiencia Nacional con prácticamente los mismos magistrados. Se
puede entender que hubiera resistencias al inicio, con el Ejército con
mucha fuerza, pero no se puede entender que más de 40 años después ni
siquiera se hayan investigado las denuncias de torturas durante la
dictadura. Las víctimas de torturas del franquismo se están muriendo sin
que se vea reconocido su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación y, por eso toma una importancia crucial el cuarto elemento de cualquier proceso de justicia transicional: las garantías de no repetición.
Cuando la Justicia ha fallado para garantizar el derecho de las
víctimas en el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación,
también se está fallando en garantizar la no repetición, es decir, que
crímenes o conductas como las de 'Billy el Niño' jamás se vuelvan a repetir en el presente", sentencia Franquesa.
Fuente → publico.es
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