- Pedro Sánchez ha insistido en la idea
de la renovación de los Pactos de la Moncloa para hablar de su propuesta
de acuerdos de la “reconstrucción social y económica”
- Los
acuerdos de 1977 se firmaron en un contexto de crisis económica, con la
inflación disparada. Se intercambió moderación salarial" por el
desarrollo del estado del bienestar
“Nuevos Pactos de la Moncloa”, “New Deal”, “Plan Marshall”...
Las referencias que utilizan políticos y analistas para intentar
explicar a los ciudadanos la política poscovid-19 son variadas. Para conseguir una pátina de consenso en situaciones difíciles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha insistido en la idea de la renovación de los Pactos de la Moncloa para hablar de su propuesta de acuerdos de la “reconstrucción social y económica”, pero ¿hay algún paralelismo?, ¿qué se está realmente reeditando? En los últimos días, el vicepresidente Pablo Iglesias habla de un New Deal, mientras Sánchez retoma la idea de un Plan Marshall a la europea.
Más
que “reconstruir”, los políticos de finales de los 70 tuvieron que
“construir” una democracia parlamentaria tras 40 años de dictadura
franquista en ese mito político en el que se ha convertido la Transición. La crisis del petróleo de 1973 había sacudido al mundo, incluido a una España que culminó un proceso de industrialización en los 60. En este contexto, la inflación llegó a dispararse pasando del 25%.
A eso, había que sumarle la detección de dos problemas más: un paro
creciente y "un fuerte desequilibrio en los intercambios con el
extranjero", tal y como recogerían los acuerdos.
Las convulsiones económicas solo podían ser tapadas por otras mayores: las políticas tras la incertidumbre que trajo la muerte del dictador en 1975.
“En ese momento, no se tomaron medidas de ajuste porque la situación
política era muy delicada. Se hicieron los pactos tras las elecciones
democráticas, cuando ya se había clarificado quién era el gobierno y quién la oposición
y qué fuerzas tenía cada uno. Además, había una legitimación
democrática para pedir a la oposición que apoyase al Gobierno”, explica Marc Prat, especialista en historia económica de la Universidad de Barcelona.
La
mayoría que obtuvo la UCD de las urnas no fue cómoda. Obtuvo 165
escaños, seguido de PSOE (118), PCE (20) y Alianza Popular (16). Adolfo
Suárez ganó las elecciones en junio de 1977 y los pactos de la Moncloa
se firmaron en octubre.
El intercambio: moderación salarial por estado del bienestar
El
contexto era muy distinto: España podía devaluar su moneda, que aún era
la peseta, y no era miembro aún de la Unión Europea. Pero para contener
la inflación, el Estado español necesitaba algo más: moderar la subida salarial.
En medio de un contexto de agitación social, donde los sindicatos
contaban con respaldo social, necesitaban que se comprometieran a
contener las subidas salarias, ¿qué podían ofrecer a cambio a los
representantes de los trabajadores? “Moderación salarial a cambio de estado del bienestar”, resume Prat.
“Hubo
ajustes laborales, libertad para despedir con indemnización y supresión
de las rigideces del mercado laboral, pero lo aceptaron porque había posibilidad de compensar,
de incrementar los subsidios de desempleo, que hasta ese momento habían
sido ridículos, prejubilaciones, que en ese momento fueron fórmulas
tremendamente sociales y, sobre todo, la promesa del estado del
bienestar. Por primera vez, el Estado se hace cargo de las deudas de la
Seguridad Social”, explica Joaquín Azagra, veterano
historiador económico de la Universidad de Valencia que, además, vivió
los cambios en primera persona. En los acuerdos también se incluía la
promesa de la enseñanza gratuita.
Para llevar a cabo las reformas
económicas y políticas, había que convencer a los sindicatos, que en
1976 habían organizado una huelga general muy exitosa contra Adolfo
Suárez, por entonces, un presidente al que nadie había votado: “Les
interesa mucho, pero también al propio sistema de relaciones laborales
que permitía así un marco de consenso”, argumenta Azagra sobre la
legitimación negociadora que se les otorga desde entonces. En esos
momentos, los sindicatos estaban muy vinculados a partidos políticos,
como sucedía con el PCE y CCOO, por lo que cerrar un acuerdo
político con los comunistas podía ser una buena correa de transmisión
hacia los representantes de los trabajadores, que no estaban
presentes de manera explícita en las negociaciones. Querían que
aceptaran unas subidas salariales coherentes con la inflación prevista y
no con la pasada.
"El resultados fue una caída de los salarios
reales de 1978 a 1986 y un aumento de las tasas de paro que pasaron del
5,32% en 1977 al 8,79% en 1979, hasta llegar al 21,12% en 1986",
analizaba el historiador y exdiputado de Unidos Podemos, Xavier Domènech, en una columna muy crítica en el diario ARA.
Pero la joya de la corona de los pactos eran los impuestos:
“Se prometió un sistema fiscal progresivo. España era entonces un país
que no tenía un estado del bienestar comparable a Europa”, explica Prat.
En 1978 llegó el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los acuerdos de La Moncloa se dividieron en dos: el económico y el político. Los firmantes fueron Adolfo Suárez (Gobierno), Leopoldo Calvo-Sotelo (por UCD), Felipe González (Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (Partido Comunista de España), Enrique Tierno Galván (Partido Socialista Popular), Josep Maria Triginer ( Federación Catalana del PSOE), Joan Reventós (Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (Partido Nacionalista Vasco) y Miquel Roca (Convergència i Unió). Manuel Fraga (Alianza Popular).
2020: la reedición y un nuevo intercambio
Aunque ahora se de por hecho el consenso que generaron los pactos, que a grandes rasgos lo fue, Manuel Fraga suscribió el acuerdo económico pero no el político.
Por eso, algunos creen que la negativa inicial del PP de Pablo Casado a
firmar acuerdos se modulará en el futuro cuando llegue la negociación.
Hay pocas certezas de lo que ocurrirá tras la crisis del covid-19, pero hay una que se dibuja con meridiana claridad: habrá una crisis económica, sea más o menos larga o más o menos cruel. Prat plantea que toda crisis y sus soluciones plantean “un conflicto distributivo”: “Es difícil decirle a la gente que tiene que pagar impuestos o reducir su salario”, explica de manera genérica. Una situación así se puede convertir en “un avispero” político. Por tanto, uno de los objetivos de todo gobierno a la hora de plantear un gran pacto en este contexto tiene como objetivo “desactivar el conflicto desde el punto de vista político”
ante una situación que requerirá tomar medidas drásticas, sean las que
sean. Además, la suma de los escaños de PSOE y Unidas Podemos no llegan a
la mayoría absoluta en el Congreso, por lo que se ven constantemente obligados a negociar.
Aún
así, las circunstancias son hoy muy distintas. España tiene una elevada
deuda pública, se prevé que el PIB se desplome con la parada de la
actividad económica y todos miran con pánico las cifras del paro. Por
otro lado, España está integrada en la Unión Europea, por lo que no puede devaluar su moneda, que hoy es el euro.
Por el momento, el PSOE, junto a Unidas Podemos, ya ha registrado en el Congreso la creación de una Comisión de Reconstrucción. Tal y como afirmó la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros de este viernes, el Gobierno quiere hablar de cuatro ejes:
reforzar el sistema de salud, avanzar en el sistema de protección
social, la reactivación del tejido productivo y la posición común de
España en Europa.
En esta ocasión, Pedro Sánchez ha
manifestado su intención de incluir también en los consensos a los
agentes sociales y a los líderes de las Comunidades Autónomas, que en
1977 ni siquiera existían.
“Va a ser difícil que existan consensos tan generalizados
como entonces”, reflexiona Azagra, con la comparación de los Pactos de
la Moncloa. El historiador económico cree que la derecha se enrocará con los impuestos y ve en la renta mínima,
entendida como un derecho a la ciudadanía, una oportunidad “muy
novedosa en muchos ámbitos”. El veterano experto apunta a otros puntos
que deberían ser objeto de discusión, como el nivel de productividad del
país.
¿Un New Deal o un Plan Marshall?
“El New Deal es una expresión clara de lo que hay que hacer en esta situación”, decía el vicepresidente segundo Pablo Iglesias en una entrevista a cuartopoder.
La expresión de “los pactos de la Moncloa” no acaba de convencer a
muchos de los partidos que habitan en el arco parlamentario.
Marta Felis,
profesora Teoría Económica e Historia Económica de la Unidad Autónoma
de Madrid, cree que el mensaje más útil que trasladó New Deal fue su capacidad de “generar confianza”:
“Fue nuevo en aquella época, nunca la política había tenido en cuenta a
las masas”, explica sobre la popularidad que alcanzó el plan y que ha
llegado hasta nuestros días.
Roosevelt impulsó un cambio de
mentalidad y de rumbo económico, pero Prat avisa de que “no fue un plan
tan programado como se cree”. Azagra coincide con el diagnóstico y
señala que, incluso se pusieron en marcha “medidas a veces muy contradictorias”, fruto de un equipo económico amplio donde había “de filomarxistas a liberales”, aunque las medidas fueron intervencionistas.
Lo que sí supuso una inyección mayor de recursos fue el Plan Marshall
que puso en marcha Estados Unidas. Comenzó en 1948 e inyectó más de
12.000 millones de dólares en los países europeos arrasados tras la
Segunda Guerra Mundial. “Tras la crisis del coronavirus, todos están
mal”, ironiza Prat, pero Azagra tiene claro quién debería tomar ahora el
papel del generoso país americano: la Unión Europea.
Fuente → cuartopoder.es
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