El rifirrafe del CGPJ con Pablo Iglesias a propósito de la condena a Isa
Serra demuestra la necesidad urgente de reformar la Administración de
Justicia española
Los comentarios del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la reciente condena de Isa Serra han desencadenado una aguda crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El detonante ha sido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha castigado a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional con 19 meses de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños
contra agentes de la Policía durante unos altercados a raíz de un
desahucio hipotecario en el año 2014. La resolución judicial no ha
gustado a Iglesias, que ha criticado el fallo en las redes sociales y en
los medios de comunicación al asegurar que sentencias de ese tipo
“generan una sospecha inaceptable” sobre la independencia e
imparcialidad de los tribunales. Además, el líder morado alega: “Las
sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una
enorme sensación de injusticia. En España mucha gente
siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus
privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un
desahucio vergonzoso”. Y añade que “por prudencia” no dice lo que piensa
sobre la condena a Isa Serra, aunque deja claro que opina “algo que
piensa mucha gente en la sociedad”.
Como no podía ser de otra manera,
la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) no ha tardado en entrar en el barro de la
polémica para rechazar “rotundamente” las críticas de Iglesias. En un
comunicado aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta,
Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda (el magistrado Rafael Mozo ha votado en contra), el
Poder Judicial ha expresado su “profundo malestar” con el líder de Unidas Podemos, no solo por cuestionar
una actuación judicial, sino por sospechar de la “falta de imparcialidad de los
jueces españoles” al insinuar que estos “otorgarían un trato desigual y
privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían
impunes a la acción de la Justicia”.
Para la Comisión Permanente, estas afirmaciones “merecen un absoluto y
rotundo rechazo”, ya que “más allá del legítimo derecho a la crítica
generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y
tribunales cuando es público, notorio y reconocido que estos, a lo largo
del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia,
imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o
social de los enjuiciados”. Lesmes pone como ejemplo de pulcritud e
independencia de la Justicia española sentencias condenatorias por
delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles en los
últimos años, como la del caso Nóos, Gürtel, los ERE o las “tarjetas black”,
entre otras. Sobre este último caso, no deja de ser curioso que la
guerra entre jueces y Gobierno haya estallado precisamente el mismo día
en que se ha sabido que Rodrigo Rato está más cerca de
salir de prisión en régimen de “semilibertad”, pese a no haber cumplido
ni 2 de los 4 años y medio a que fue condenado y pese a que tiene
pendiente otra sentencia por el turbio asunto de la salida a Bolsa de Bankia.
Al español medio, ese que no entiende de leyes, le cuesta trabajo
asumir que una joven activista pueda ser sentenciada a 19 meses de
prisión por defender a una familia a punto de perder su casa en un
injusto desahucio bancario mientras Rato, gran símbolo de la corrupción
en nuestro país, pasa casi de puntillas y sin enterarse por el penal de Soto del Real.
Para Lesmes y sus magistrados esta paradoja debe ser un mero asunto de
técnica judicial y de aplicación de agravantes y atenuantes sin mayores
connotaciones ocultas. Sin embargo, jurídica, moral y éticamente la cosa
no se sostiene y medio país se ha dado cuenta a estas alturas de los
feos cambalaches judiciales.
No obstante, y sin entrar en la
cuestión de si existe un supuesto doble rasero en la Justicia española o un
trato privilegiado para los poderosos, es de ley reconocer que el comunicado de
los jueces no deja de tener su parte de razón, ya que el comentario de
Iglesias, si bien nace de la sinceridad y de los hechos contrastados, se antoja
cuanto menos arriesgado o poco prudente para alguien que ostenta una
responsabilidad de Estado tan importante como es la Vicepresidencia del Gobierno. Ahora bien, si recurrimos a la
hemeroteca, llegamos a la conclusión de que Lesmes suele ponerse exquisito en
sus duros comunicados cuando quien hace el comentario extemporáneo o fuera de
tono es un integrante de la izquierda, mientras que cuando el ataque proviene
de un político de la derecha la cúpula judicial suele ser bastante más
tolerante, condescendiente y hasta amable.
Recuérdese cuando en junio de 2018 el portavoz del PP, Rafael Hernando, acusaba al PSOE de manipular la sentencia de la trama Gürtel:
“Ningún miembro del Gobierno ha sido condenado o ha estado inmerso en
un proceso por corrupción”, dijo el político popular, y a continuación
cargó contra el juez progresista del tribunal, José Ricardo de Prada. “No seré yo quien se refiera a los antecedentes políticos de uno de los magistrados, el señor De Prada, candidato de Izquierda Unida en época de Zapatero a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni a su sintonía con el mundo proetarra, ni a sus declaraciones cuando decía que en la Audiencia Nacional
se torturaba”, aseguró el portavoz popular, que sin duda se despachó
mucho más a gusto que hoy lo ha hecho Iglesias. No parece que aquellas
palabras de Hernando fuesen precisamente respetuosas o amables con un
integrante del Poder Judicial y sin embargo Lesmes no reaccionó con
tanta pasión, virulencia y efusividad en aquel momento.
También conviene recordar cómo el CGPJ pidió simplemente “mesura” al ex ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, cuando este cargó ávidamente contra uno de los jueces de “La Manada”,
a quien acusó de tener “un problema singular”, mientras que en otra
ocasión la cúpula de los magistrados reprobó con bastante más tibieza
unas afirmaciones del ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la excarcelación del etarra Santi Potros.
Quiere decirse que es cierto que el Poder Judicial, como órgano
corporativo que es, suele reaccionar con contundencia cuando se siente
atacado. Solo que, por lo visto, la vehemencia y severidad suele ser
bastante más agria y hostil cuando las críticas llueven del frente de
bajas presiones de la izquierda que de la derecha. No se trata de
concluir aquí que Lesmes es un hombre del PP, aunque ejerciera durante
“ocho años como alto cargo en Gobiernos de José María Aznar”, tal como
denuncia Pablo Echenique en un tuit. De hecho, desde el 12 de mayo del 2000 hasta septiembre del 2005 ejerció como director general de Relaciones con la Administración de Justicia.
Todo lo cual nos lleva a que quizá el problema de fondo, la avería que
subyace en el Poder Judicial, no sea tanto de personajes que no se
toleran por sus ideas políticas, sino de estructura y de sistema de
elección de los jueces y magistrados. Un procedimiento que al estar tan
politizado termina por enfangar un pilar fundamental de nuestra
democracia.
La independencia e imparcialidad que invoca Lesmes ha fallado en
numerosas ocasiones en los últimos años, como en el escandaloso asunto de las hipotecas que fue dirimido en el Tribunal Supremo o en la misma sentencia del “procés” en Cataluña.
Y entonces no gobernaba Pablo Iglesias. De modo que mientras el sistema
de selección de nuestros jueces y magistrados no esté totalmente
descontaminado del virus de la política, la sombra de la sospecha
seguirá planeando sobre nuestra maltrecha y teledirigida Administración de Justicia.
Fuente → diario16.com
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