Un régimen totalitario es un sistema político en el que el Estado, en
nombre de una ideología pretendidamente superior, ejerce el control
sobre todas las actividades individuales, vaciando de contenido, o
restringiendo en la práctica, los derechos individuales o colectivos
proclamados solemnemente en la Constitución.
El
ejército, en tal Estado, es siempre garante del ordenamiento
constitucional, imponiendo, mediante la coacción que ejerce el
monopolio de la violencia armada, su dictadura constitucional al
conjunto de la sociedad. Las Fuerzas Armadas españolas, procedentes
de una dictadura genocida, son abrumadoramente monárquicas,
representando una amenaza potencial frente a una población civil
desarmada e indefensa.
El
Ejército español constituye un Estado dentro del Estado. El rey es
la cúspide de la cadena de mando militar, contando con servicios de
información internos, justicia militar, enseñanza militar, clero
castrense, etc. Mantiene de hecho una dictadura ideológica en su
seno, impuesta al conjunto de sus miembros mediante una estructura
extremadamente represiva, garantizando de este modo la cohesión
interna de esa maquinaria de muerte y destrucción que es en realidad
un ejército moderno, es decir una poderosa barrera armada frente a
cualquier sociedad que pretenda emanciparse de su tutela.
La
justicia militar, en determinadas circunstancias, puede llegar a
invadir el ámbito civil. Es una peligrosa aberración legal. En el
ejército español no existe separación de poderes efectiva pues el
poder judicial está al servicio de la estructura de mando militar,
cuya cúpula es el rey, siendo en la práctica totalmente dependiente
de él. ¿Se imaginan ustedes lo que esto supondría si se llegase a
decretar el estado
de sitio,
una situación en la que el poder pasa automáticamente a
manos de los militares?
Esta
peligrosa realidad jurídicomilitar está dando lugar a situaciones
de indefensión irritantes, tales como la expulsión del Ejército
del teniente Luis Gonzalo Segura, o del cabo Marco Antonio Santos
Soto; el primero por denunciar la corrupción interna existente en el
Ejército, el segundo por oponerse, mediante su firma, al famoso
manifiesto militar franquista. Por el contrario, los militares
monárquicos, es decir franquistas, gozan de un estatus privilegiado
en su promoción interna, además de una absoluta impunidad cuando
adoptan actitudes contrarias al Gobierno de España. Esto último es
lo que está sucediendo actualmente. En su fuero interno les resulta
difícil admitir que el presidente del Gobierno sea un socialista
sustentado por una coalición de izquierdas que, como todo el mundo
sabe, es mayoritariamente republicana.
Por
otro lado, el rey es el Jefe del Estado y es inviolable, por lo tanto
exento de responsabilidad penal alguna, incluso en el caso de que
fuese acusado de presuntos delitos, como podrían ser graves delitos
económicos. Un Jefe de Estado que, al ser además el mando supremo
de las Fuerzas Armadas, detenta un poder disuasorio frente a
cualquier avance democrático de carácter progresista que cambie la
correlación de fuerzas entre las clases populares y la oligarquía
financiera. Clase privilegiada y dominante que, aun siendo
numéricamente diminuta, controla sin embargo las grandes cadenas
privadas de radio y TV, medios de persuasión puestos a su servicio,
incluidos los medios de la Iglesia católica.
El
estado totalitario moderno incluye en su constitución preceptos
sociales que la recubren de un barniz democrático, con el fin de
obtener el consentimiento de la población. Estos artículos sociales
no son de obligado cumplimiento, como sí lo son por el contrario los
privilegios del rey, autentico representante de los intereses de esa
minoría inmensamente rica, con capacidad efectiva para condicionar
el funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestro país.
Entre otras causas porque la Constitución del 78 no fue el resultado
de la proclamación en libertad de un Estado democrático, sino una
reforma de la dictadura, bajo coacción armada del ejercito de
Franco, con la complicidad de los dirigentes políticos de la
Transición, que la dotaron de una pretendida legitimidad
democrática.
Prueba
de todo ello es el papel tremendamente reaccionario que militares de
alta graduación, incluido el rey, han jugado y siguen jugando en el
Reino de España a lo largo de las últimas cuatro décadas,
imposible de ocultar a los ojos de cualquier persona honesta que se
atreva a analizar la realidad.
La
grave situación política a la que nos aboca el régimen del 78,
tras los estragos que está causando la pandemia, puede preverse a la
vista de las actitudes extremadamente agresivas de los partidos
monárquicos, actualmente en la oposición, pese a una ley electoral
tramposa y preconstitucional que sesga los resultados a su favor. Por
si fuese poco, gozan además de una irritante posición hegemónica
en las estructuras franquistas heredadas de la dictadura: Jefatura
del Estado, Fuerzas Armadas, Judicatura, Policía, Administración
Civil, aparato productivo, etc. puesta de manifiesto por el uso
abusivo de la bandera borbónica y los gritos extemporáneos de ¡Viva
el Rey! en sede parlamentaria.
Los
medios públicos y privados contribuyen a mantener un espejismo
constitucional,
cuya reforma a favor del pueblo trabajador y de las clases populares
es inviable de seguirse los mecanismos previstos en la Constitución
del 78. Es urgente, pues, que las fuerzas soberanistas de las
naciones históricas del Estado español impulsen, junto a los
movimientos sociales y sindicatos de clase, un pacto social
republicano que posibilite una revolución
democrática y
la consiguiente apertura de un autentico proceso constituyente en
libertad.
Manuel
Ruiz Robles es capitán de navío.
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