Proyecto Faq El escándalo de Juan Carlos I, la censura parental o la España vaciada: todo lo que el coronavirus nos ha hecho olvidar (I)

domingo, 19 de abril de 2020

El escándalo de Juan Carlos I, la censura parental o la España vaciada: todo lo que el coronavirus nos ha hecho olvidar (I)

 

El innegable y necesario protagonismo de la covid-19 ha dejado a un lado todos esos asuntos que hace solo unas semanas eran capitales. Este es un repaso a esos temas que hoy no son tan importantes.

El escándalo de Juan Carlos I, la censura parental o la España vaciada: todo lo que el coronavirus nos ha hecho olvidar (I) / Borja Fernández:

Hace apenas tres meses el coronavirus era una cosa que se percibía como lejana. El desconocimiento y muchos kilómetros de por medio hicieron que se viera a esta nueva enfermedad como un problema ajeno. Pero la realidad, como siempre, es mucho más cruda y dura. La epidemia acabó llegando e instalándose en España, donde los muertos ya rozan la barrera de los 20.000.

Y de repente, todo lo que unas semanas atrás parecía capital y ocupaba horas de televisión y radio y una inmensa cantidad de páginas de los periódicos se difuminó para dejar paso al drama mundial que es la covid-19. Quizás por eso, por el temor a que la pandemia haga olvidar alguno de estos asuntos, conviene realizar un repaso a todo lo que el coronavirus ha borrado de nuestro día a día.

Los millones ocultos de Juan Carlos I 

Apenas un día después de que el Gobierno español decretase el estado de alarma, con el país tomando conciencia de que empezaría un confinamiento sin fecha de finalización -más o menos como ahora-, la Zarzuela decidió que era el mejor momento para emitir un comunicado en el que Felipe VI anunciaba su renuncia la herencia de su padre, Juan Carlos I. Las revelaciones que fueron apareciendo las semanas anteriores sobre el cobro de una supuesta comisión de 65 millones de euros por la adjudicación de la construcción del AVE a la Meca a un consorcio de empresas españolas, realizadas a través de una sociedad offshore, y las coacciones que sufrió su testaferro y amiga íntima Corinna zu Sayn-Wittgenstein por parte del aparato del Estado para proteger a la monarquía supusieron el punto final del antiguo rey como parte de la Casa Real.

Pero la maniobra realizada por el monarca tenía algunos vacíos. Por ley, no es posible renunciar al cobro de una herencia hasta que la persona que la lega no ha fallecido. A día de hoy, Felipe sigue siendo el legítimo heredero, sí, pero de la fortuna de su padre, incluyendo las sociedades y el dinero de origen presuntamente ilícito. Además, Felipe aparece como beneficiario de la Fundación Lucum, la offshore con sede en Panamá creada por el rey emérito para recibir la comisión saudí de 65 millones, desde el año 2008. A eso hay que sumar que el actual rey de España tuvo conocimiento, como se detalló en el comunicado emitido por Zarzuela, de su papel respecto a Lucum el 5 de marzo de 2019. Es decir, pasó un año hasta que lo hizo público. Con Juan Carlos I investigado por la Fiscalía suiza, la fortuna del monarca de la Transición seguirá siendo un verdadero quebradero de cabeza para la institución.

La violencia machista

La violencia machista es otro de esos temas que han pasado a un segundísimo plano desde que la covid-19 ocupase un espacio central en la vida de todos. Esto no quiere decir que estos actos contra la vida de las mujeres hayan disminuido. Más bien al contrario, ya que el confinamiento fuerza a las víctimas a pasar más tiempo en la vivienda con el maltratador. Este hecho ha provocado que las llamadas al teléfono de asistencia para víctimas de este tipo de violencia se incrementaron en la segunda mitad del mes de marzo un 12,43% con respecto al mismo periodo del año pasado. Además, las consultas en internet crecieron en un 270% si se compara ese lapso de tiempo de 2019.

Porque el comienzo de 2020 llegó con ocho asesinatos machistas -siete mujeres fallecidas y una menor de tres años-, superando ligeramente las cifras de enero del año pasado, que fue, por cierto, el peor año en esta materia desde el 2015. En materia normativa, el Gobierno puso en marcha una de las medidas más reclamadas desde las calles, la ley del sí es sí , situando el consentimiento expreso de la mujer en el centro. De esta forma, se busca acabar con nuevas sentencias como la primera de La Manada de Pamplona o la de Manresa, donde el hecho de que no existiera una negativa explícita (bien por intimidación o por estar bajo los efectos de las drogas) provocaron condenas más bajas para los agresores sexuales.

09/04/2020.- ONU Mujeres ha reconocido el "gran trabajo" que está haciendo España en la lucha contra la violencia machista durante el confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus y su impulso de "una cultura de tolerancia cero contra la violencia de género". EFE/Víctor Lerena/Archivo

La crisis climática 

El cambio climático fue el auténtico protagonista del final del 2019. El nuevo año debía ser decisivo, tras una fallida COP 25 celebrada en Madrid que terminó con un acuerdo de mínimos, pero sin poder ocultar el fracaso global para tomar medidas que pusieran freno a una crisis climática que se agudiza cada año. No obstante, el diálogo mundial sobre esta materia ha quedado pospuesto hasta el año 2021, dado que la ONU ha decidido posponer hasta entonces la COP 26 de Glasgow, retrasando un año más, y ya van unos cuantos, cualquier posible acuerdo.

Aunque parezca mentira, hace solo hace unos meses existía un compromiso "total"-como aseguró el presidente Sánchez en diciembre- para pasar a la acción ante el cambio climático. Sin embargo, algunos países han tomado el coronavirus como la excusa perfecta para postergar sus compromisos medioambientales, por muy a largo plazo que estos fueran . Es el caso de países como República Checa, Polonia o Hungría, que buscan que se olvide el "acuerdo verde europeo", por el que los que el continente deberá alcanzar la neutralidad de emisiones para el año 2050, con el objetivo de centrar todos los esfuerzos en la lucha contra la covid-19.

La censura parental de Vox

El peso ganado por Vox en las últimas elecciones del 10-N y su apoyo clave a los gobiernos autonómicos de Andalucía, Madrid o Murcia permitió a la ultraderecha instalar en el debate público su propuesta de la censura parental, por la que los padres podían vetar la presencia de sus hijos en charlas y talleres extracurriculares, aduciendo una supuesta ideologización de estas actividades, que abarcan una amplia diversidad de temas: desde la igualdad entre el hombre y la mujer o el respeto a las diferentes identidades sexuales, hasta la concienciación con el reciclaje o espectáculos de cuentacuentos.

La comunidad murciana fue la primera en instaurar esta censura, que recibió una oposición frontal por parte de colectivos feministas y LGTBI+, asociaciones estudiantiles, movimientos por los Derechos Humanos y sindicatos. También desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) se condenó este movimiento del Ejecutivo regional que preside Fernando López Miras, asegurando que la verdadera "libertad" educativa es "educar en el respeto y la igualdad".

El por entonces recién formado Gobierno de Pedro Sánchez fue muy beligerante con la censura parental y no dudo en acudir a los tribunales para frenar la instauración de dicha medida. El ministerio de Educación dirigido por Isabel Celaá interpuso el pasado mes de febrero un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra las dos resoluciones de la Consejería autonómica que daban luz verde al veto parental. Una estrategia que, por el momento, ha conseguido que el tribunal suspenda cautelarmente dichas resoluciones, dejando en stand by la medida alentada por Vox.

Concentración contra la censura parental en Madrid. EFE/ Luca Piergiovanni

La eutanasia

2020 se presentaba como un año clave para la legalización de la eutanasia. El texto de la ley fue presentado por el PSOE en el Congreso el pasado febrero y encontró el apoyo de una amplia mayoría de 203 diputados que votaron a favor, dejando a Partido Popular y Vox como los únicos grupos políticos en contra de reabrir de una vez por todas el debate de la muerte digna, algo que desde las bancadas populares se definió como una "solución final" para "reducir las pensiones".

De hecho, desde el grupo socialista se miraba a julio como una fecha más que probable para que la nueva regulación sobre la eutanasia entrase en vigor. Pero el coronavirus ha obligado a paralizar la actividad en la Cámara Baja desde el pasado 10 de marzo hasta esta semana, cuando se ha empezado retomar de forma paulatina el trabajo en la sede parlamentaria. Con todos los esfuerzos enfocados en la adopción de medidas urgentes para la lucha contra la covid-19, resulta difícil imaginar cuándo España contará, por fin, con una ley que permita una muerte digna.

La España vaciada

El grito de auxilio de la España vaciada pareció escucharse por primera vez en mucho tiempo. Las provincias de Soria y Teruel lideraron la revuelta de esas regiones que, fruto de años de abandono y olvido, han sido golpeadas por la despoblación, poniendo en serio riesgo su futuro a medio y largo plazo. Quizás, la cara más visible de este movimiento fue el diputado de la plataforma ciudadana Teruel Existe Tomás Guitarte, que condicionó su voto a favor en la investidura de Pedro Sánchez a un plan que devolviera algo de vida a estas provincias.

Pero, pese a que el presidente Sánchez anunciara el pasado febrero una treintena de medidas destinadas a la España vaciada en una visita a La Rioja -una comunidad en la que el 80% de sus municipios cuenta con menos de 500 habitantes-, el coronavirus ha vuelto a dejar para más tarde sus reivindicaciones. Precisamente la covid-19 ha puesto de manifiesto las carencias de estas regiones, puesto que han tenido que enfrentarse al virus con unos recursos muy escasos para atender a una población dispersa y de edad avanzada, precisamente la que más sufre la virulencia de la enfermedad. Como ejemplo, en Soria y Teruel, antes de las ampliaciones de urgencia de las Unidades de Cuidados Intensivos, apenas había 10 y 6 de UCI, respectivamente. Desde luego, el coronavirus no hace sino redoblar las necesidades de una España vacía y golpeada.

Una ambulancia abandona el Hospital Santa Bárbara de Soria./ Wilfredo García
Una ambulancia abandona el Hospital Santa Bárbara de Soria./ Wilfredo García

Las protestas agrarias

La precaria situación del campo español terminó por estallar a comienzos de año. Con el sector agrícola asfixiado por un precios de origen muy bajos que amenazaban la subsistencia de miles de agricultores, muchos de ellos cortaron las carreteras y tomaron las plaza de decenas de localidades a lo largo de España para reclamar medidas para aliviar la difícil situación de una gran parte de las explotaciones ganaderas y de cultivo. El objetivo, devolver los precios de sus productos a unos niveles dignos y solventar también el daño producido por los aranceles estadounidenses, que principalmente afectaron a los productores de aceite de oliva.

La respuesta del Gobierno a las potentes protestas del campo español fue la reducción del número de peonadas -las jornadas completas de los jornaleros- necesarias para poder acceder al subsidio agrario- un pago de 426 euros al mes durante seis meses-, pasándose de las 35 que se necesitaban antes a 20, solventando de forma urgente una de las reivindicaciones más antiguas del sector. También se adoptaron bonificaciones para aquellos que transformen contratos temporales de sus jornaleros a contratos indefinidos y se dotó a Inspección de Trabajo de más competencias para que supervisase las condiciones de habitabilidad de las viviendas en las que se alojan los trabajadores del campo. Unas medidas que no terminaron con el descontento agrario, pero que la crisis de la covid-19 ha postergado.

La Memoria Histórica

Con el dictador fuera del Valle de los Caídos, pero con mucho todavía por hacer. Así se afrontaba este 2020, puesto que destacadas figuras del franquismo, como el general Gonzalo Queipo de Llano, responsable de los ataques que causaron la muerte de al menos 5.000 personas que huían de Málaga en un episodio conocido como La Desbandá, siguen enterrados en destacados lugares públicos.

El militar, símbolo de la represión franquista en la zona sur, se encuentra enterrado en la Basílica de la Macarena, en Sevilla. La solución no parece pasar por sacar los restos de Queipo de Llano fuera del templo, sino recolocarlos para que no se ubiquen en el lugar preeminente y público que ocupan en la actualidad. En febrero se especulaba que tras esta Semana Santa se podrían trasladar los restos a un columbario situado en la sacristía de la iglesia. El problema es que, tal y como comunicó la Hermandad de la Macarena, su construcción "no tiene fecha de inicio ni de finalización". Además, el hecho de que Vox, con sus beligerantes posturas en contra de la Ley de Memoria Histórica, sea un socio fundamental del Ejecutivo andaluz hace difícil pensar que desde el Gobierno autonómico se vaya a acelerar todo el proceso.

El general Queipo de Llano ante el micrófono de Unión Radio Sevilla. / BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
El general Queipo de Llano ante el micrófono de Unión Radio Sevilla. / BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Monasterio y sus irregularidades arquitectónicas

La máxima dirigente de Vox en Madrid Rocío Monasterio, pillada firmando proyectos arquitectónicos sin contar con el título de arquitecta. La líder del partido de ultraderecha cometió trece irregularidades en diferentes obras realizadas entre 2003 y 2009, cuando presentó su proyecto de fin de carrera, requisito indispensable para poder firmar plano como profesional de pleno derecho. De hecho, Monasterio, junto a su marido y también diputado la misma formación política Iván Espinosa de los Monteros, vendieron tres lofts por una suma de 1,5 millones de euros sin que estas viviendas tuvieran la licencia de habitabilidad, lo que provocó que fueran desahuciados.

Ambos han tratado de desacreditar al diario El País, autor de las sucesivas revelaciones respecto la actividad profesional de Monasterio sin contar con el título. No obstante, la propia dirigente de Vox reconoció en un juicio en el año 2008 que no poseía su acreditación como arquitecta. Actualmente, la Fiscalía madrileña investiga a la dirigente de ultraderecha por un delito de falsificación, dado que utilizó un sello de una antigua empleada adscrita al Colegio de Aparejadores para poder visar planos de obra, según publicó El País.


Fuente → publico.es

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