Les prometo que he intentado hacer este artículo más breve, y que lo
he reducido, respecto a la primera versión, pero me ha sido imposible
cortar más, por lo que les ruego que tengan paciencia, puesto que -salvo
quienes están al pie del cañón salvando vidas, o en otras tareas
necesarias-, el resto tenemos tiempo de sobra para poder dedicarlo a la
lectura de un artículo un poco largo.
A nadie se le escapa que estamos viviendo una situación que tiene
mucho de irrealidad, sobre todo porque se sale de lo que ni el más
avezado novelista de ciencia ficción del pasado siglo pudo imaginar para
el siglo XXI. En esta suerte de arresto domiciliario, que debemos de
cumplir por responsabilidad y propio interés, nos da tiempo para
observar y analizar los mensajes e imágenes que nos llegan a través de
los medios de comunicación. Es lógico que, como sucede en tiempos de
guerra, exista un parte diario que nos informe de las buenas y de las
malas noticias. Es de reconocer el enorme esfuerzo que está haciendo el
gobierno de España para mantener informada a la población de cuanto
ocurre, a pesar de todos los palos en la rueda que le ponen algunos
partidos, y la incompetencia de algunas administraciones autonómicas.
Además de tener un mucho de responsabilidad en el desmantelamiento de la
Sanidad Pública, con las reducciones de plantillas que han practicado,
las privatizaciones, las mordidas, las puertas giratorias, la entrega a
fondos buitre de lo que consideran un suculento negocio, resulta que se
esfuerzan a diario en soltar bulos, mentiras y tratan de responsabilizar
de todo al gobierno nacional. Miedo da pensar en lo que nos podría
pasar si esta crisis hubiera sido gestionada por un gobierno de Aznar o de Rajoy, con aquellas brillantes ministras de Sanidad, Celia Villalobos o Ana Mato;
nos queda el recuerdo de las recomendaciones sanitarias de la primera
cuando la epidemia de las vacas locas, o la irresponsable actuación de
aquel impresentable consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con
la crisis del virus Ébola.
Pero no todo es perfecto ahora, la política de comunicación es
mejorable, y es por ello que, con razón, los periodistas están
indignados con las ruedas de prensa virtuales, en las que apenas pueden
hacer llegar sus preguntas; también ha habido errores, tardanza en tomar
medidas por parte del ministro de la Sanidad y también graves
negligencias cometidas por algunas consejerías de Sanidad de las
Comunidades Autónomas; todo ello se tendrá que debatir cuando se
recupere la normalidad parlamentaria. Entra dentro de la calificación de
políticos carroñeros y miserables quienes, para hacer oposición, ponen
los muertos sobre la mesa, tal y como hacían hace años con los
asesinados por ETA.
En otros tiempos era la radio la que tenía todo el protagonismo, y al
otro lado un locutor de uniforme trataba de informar, con la lectura de
unas noticias previamente pasadas por la censura del Estado Mayor.
Durante nuestra última Guerra Civil este papel le correspondía, desde
los micrófonos de la Unión Radio republicana, actual Cadena Ser, al
cartelista y comandante Augusto Fernández; en el bando sublevado el actor Fernando Fernández de Córdoba, tío por cierto este último, del recién fallecido Marqués de Griñón.
Es casi un eslogan que la primera víctima de una guerra es la verdad, y
lo cierto es que, a pesar de la velocidad con la que se puede comunicar
hoy día, los ejércitos en lucha se ocupan de evitar la presencia en los
frentes de testigos incomodos, por lo que este axioma, a pesar de
Internet, es cierto también en las guerras de nuestros días, y así fue
en la última guerra del Golfo, y así es en las de Siria o Yemen.
En la antigüedad se ocultaban algunas epidemias, para evitar el
pánico generalizado, o incontroladas explosiones sociales de las masas
que, presas del terror o de la hambruna, pudieran asaltar los palacios,
acabar con los poderosos y tomar posesión de sus bien repletas despensas
y saneadas estancias y jardines. La última pandemia que fue sometida a
férrea censura, en todas partes menos en España, fue la llamada Gripe
Española, que surgió cuando aún Europa se desangraba en la Gran Guerra
(1914-1918). Nuestro país se mantuvo neutral, si bien la opinión pública
era aliadófila, es decir estaba a favor de Francia, Inglaterra y Rusia;
al otro lado de las trincheras estaban Alemania y el Imperio Austro
Húngaro. También hubo en España germanófilos, por lo que se produjeron
grandes debates y apasionadas campañas políticas. Los aliadófilos
estaban representados por republicanos, reformistas, socialistas y
amplios sectores del Partido Liberal encabezados por el Conde de Romanones,
con aquel célebre artículo titulado “Neutralidades que matan”. La
germanofilia tuvo como valedores al veterano Partido Carlista, y buena
parte de la Iglesia católica, junto a personalidades del Partido
Conservador y otros grupos menores.
Nos encontrábamos en plena restauración borbónica, con nuestro
ejército intentando mantener en África lo poco que nos quedaba del
pasado colonial, pero aún no había llegado la censura que se estableció
durante la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, fue
en España donde la prensa informó de manera libre sobre aquella gripe
que se estaba cobrando miles de vidas a ambos lados del Atlántico, pues
hay que decir que el primer foco detectado lo fue en una base militar,
Fort Riley, en Estados Unidos. Muy pronto el virus surcó lo mares, y,
incluso llegó a España en abril de 1918. Políticos y periodistas de
medio mundo tuvieron conocimiento de la dimensión de lo que estaba
pasando a través de la prensa española, y es por lo mismo que fue
bautizada como la Gripe Española.
Por entonces triunfaba en los teatros una zarzuela, La canción del
olvido, que tenía canciones que el pueblo tarareaba por las calles, y
que pronto se escuchó en los gramófonos. Una de aquellas canciones,
Soldado de Nápoles, fue la que por su mayor popularidad dio nombre al
virus en nuestro país. El impacto de aquella gripe fue tremendo en todo
el mundo, con una mortandad brutal, calculada años después en más de
cincuenta millones de personas. En España también tuvo efectos
devastadores, con unos ocho millones de afectados y con cerca de
trescientas mil personas fallecidas, con la particularidad de que aquel
virus se cebaba en personas jóvenes, de entre 30 y 40 años, y no en
niños ni en mayores. Aquella gripe afectó también al Rey Alfonso XIII, por lo que estuvimos a un paso de quedarnos sin Borbones,
al estar incluidos estos en varios grupos de riesgo, portadores como
son de patologías congénitas como la hemofilia. La pesadilla acabó a
finales de 1920, pero aún hoy se debate en la comunidad científica sobre
el origen de aquella terrible pandemia, tal y como es previsible que
ocurra con la que nos azota y entristece en estos días.
Pasamos ahora a otro virus, muy antiguo, y que viene parasitando a
nuestro país desde hace siglos, el regius borbonicus, dicho con humor,
pero con ningún respeto. Comenzaba a mediados del pasado marzo este mal
sueño -tras la llegada a España del coronavirus-, particularmente en
los hospitales de la Sanidad Pública -la privada ni está ni se la
espera, salvo alguna excepción-, además de todos los organismos públicos
afectados, como cuarteles, comisarías, ministerios, y medios de
comunicación, muy importantes estos últimos en la actual coyuntura,
cuando vino a llamar a la puerta una noticia procedente del Palacio de
la Zarzuela, nueva pero muy vieja, tanto como la familia de los Borbones.
No era una declaración del Rey anunciando la invención de un fármaco
milagroso, ni la llegada de veinte aviones cargados con material
sanitario, del que carecen los centros sanitarios, esquilmados por las
privatizaciones, negocios y el cruel tijeretazo propiciado por todas las
ranas que salieron de la charca de Esperanza Aguirre, y sus colegas en el resto de España.
Lo que llegaba a todas las redacciones era un comunicado de la Casa
Real, en el que, sin mencionar a la causa de la causa del mal causado,
permítaseme el trabalenguas jurídico, se anunciaban dos decisiones que,
una vez analizadas, suponen un doble brindis al sol. No se puede
renunciar a una herencia que aún no existe, pues no ha fallecido el
causante, y, además, -por ello me sorprendieron los titulares de
prensa-, en el mismo párrafo se aclaraba que se renunciaba, pero, en el
caso de que estos fondos “puedan no estar en consonancia con la
legalidad o con los criterios que rigen su actividad institucional y
privada y que deben informar la actividad de la Corona”. Es decir, que
si mañana, o dentro de cuatro años pongamos por caso, se produce otra
amnistía fiscal y se puede “legalizar” ese dinero, pues aquí paz y
después gloria. Otro apartado del comunicado deja en evidencia lo que ya
figura en expedientes judiciales de Suiza e Inglaterra, y es que Felipe VI es conocedor de este asunto desde hace más de un año.
El otro brindis al sol es el anuncio de que el Rey emérito deja de
percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa
de S.M. el Rey. Así de breve figura en el comunicado, sin que sepamos si
ha habido una renuncia por parte del ex Jefe de Estado, o si ha sido el
actual Rey el que ha tomado esa medida. Hay que llamar la atención de
esta anomalía democrática, pues la asignación de un ex Jefe de Estado
debería de figurar en los Presupuestos Generales del Estado, como la de
los ex presidentes de Gobierno, y no ser un acto graciable del Rey, que
es quien decide la cantidad, así como las demás prestaciones, tales como
personal a su servicio, escoltas, dietas, viajes y otros privilegios.
Nos lo venden como una medida ejemplarizante, pero lo cierto es que, a
estas alturas de la crisis del regius borbonicus, quedaría muy feo que
alguien que es multimillonario, según viene publicando la revista Vanity Fair
año tras año, siga cobrando esa bagatela de 200.000 euros anuales, tras
conocerse que hace regalos a sus antiguas amantes por millones de
euros, como el realizado a Corinna Larsen, por la suma de 65 millones de euros.
Se ha puesto al descubierto un entramado de fundaciones con domicilio
en Suiza, alimentadas con petrodólares por la Casa Real saudí, país
sometido a una cruel dictadura y con mandatarios involucrados en
crímenes horrorosos, como el cometido en Turquía con el periodista
opositor Jamal Khashoggi. Estas fundaciones no dejan de ser una nimiedad en términos económicos en relación con la fortuna que tiene fuera de España Juan Carlos de Borbón, y, es por ello que la avezada Corinna
quiere más, al ser depositaria, durante unos cuantos años, de
confidencias de alcoba, y en particular conocedora de la larga relación
de amistad y negocios de su novio con la Casa Real saudí y otras
monarquías petroleras, además de disponer de una agenda con todo el
entorno empresarial, español y europeo, que ha acompañado al Borbón
en sus cacerías de elefantes y otros “viajes de Estado”. En las
conversaciones grabadas por el comisario Villarejo a la falsa princesa,
se menciona una propiedad en Marruecos, por lo que es posible que
también Corinna disponga de información acerca de las
“fraternales” relaciones que el emérito tenía y tiene con la Casa Real
alauita, y que se remontan a 1975, según documentos desclasificados en
2019 en EEUU, cuando se entregó la provincia española del Sahara a
nuestro vecino del norte de África.
Lo cierto es que lo cabreó a mucha gente no fue solo conocer las
golferías del rey emérito, si no el momento en el que se producía la
noticia, con miles de personas muriéndose literalmente, y saber que el
actual Jefe de Estado, además de ausente, resulta que andaba ocupado en
encubrir las vergüenzas de la familia; de ahí el éxito de una cacerolada
espontánea, por mucho que se quiera acusar de la misma al
vicepresidente Pablo Iglesias.
Está publicado y nadie lo ha desmentido que, para asentar la
monarquía en España, varios países de la OPEP pagaron desde 1976
comisiones, por barril exportado a España, en una cuenta suiza, a nombre
de testaferros de Juan Carlos de Borbón. Siempre hubo
rumores, pero la clase política, y la empresarial, que además pagaba
también comisiones, aplaudieron siempre estas buenas relaciones del
monarca, y así hasta llegar a la macro- construcción del AVE a la Meca,
que es de donde viene la penúltima mordida, y, entre cuyos empresarios
beneficiarios se encuentra el “compi yogui” de los actuales reyes. En
recientes crónicas e investigaciones han vuelto a aparecer viejos
conocidos del entramado suizo de testaferros reales, como Dante Canónica y Arturo Fasana, aparte del también clásico Álvaro de Orleans, por cierto, éste último, testaferro en la venta, avalada por las autoridades españolas, del Banco Zaragozano, con los Albertos
de presuntos dueños, a Barklays en 2003, con el agujero que lo hizo
inviable, pero al lado de todo lo que se conoce fue una nimiedad, solo
50 millones de euros de comisión, de lo que ha vuelto a hablar la prensa
británica recientemente, pero esto no se menciona en el comunicado de
Zarzuela.
Como es habitual el aparato de comunicación de la Zarzuela realizó su
trabajo de contactar con periodistas de confianza y otros cortesanos,
solo que en esta ocasión no ha habido la habitual acogida, ni siquiera
entre los más conspicuos pelotas, esos que sacan además rédito de ser
“expertos en Zarzuela”, como la autora de un lacayuno y vergonzoso libro
titulado Genio y figura, y que es una hagiografía que supera con mucho, en adulación y inclinación de cerviz, a las que hacía de Franco el abuelo de Aznar, aquel zascandil llamado Manuel Aznar Zubigaray.
Tal vez por la situación especial en la que nos encontramos es por lo
que no ha funcionado a todo trapo el habitual coro, repitiendo una vez
más los mismos tópicos, tal y como señala en un agudo análisis David López Canales, precisamente en Vanity Fair:
…que fue el capitán, el patrón, que guió a España desde la
Dictadura a la Transición, que trajo la Democracia a España y que la
salvó la infausta noche del 23 de febrero de 1981. El monarca que
impulsó la modernización del país, la entrada en la Unión Europea y la
consolidación de la monarquía. Y eso no ha dejado de repetirse. Y casi
nadie decía otra cosa de él ni se salía de ese discurso oficial, de esa
agit-prop.
Para popularizar esa imagen de Rey constitucional, salvador de
España, además de campechano y próximo, se ha gastado mucho dinero
público, incluso con seriales televisivos, donde el rigor histórico,
cuando lo había, era pura coincidencia.
Además, quienes hemos discrepado, a lo largo de los años, con ese
discurso oficial, hemos sido ninguneados, ignorados, cuando no sometidos
a seguimiento o incluso persecución; solo había libertad, en lo tocante
a la Casa Real, para elogios y genuflexiones. La lista de actuaciones
de la Fiscalía y de los tribunales ha sido desmesurada, no para
investigar los negocios reales, sino para tratar de imputar a
periodistas y publicaciones que se atrevían a insinuar alguna
irregularidad en la actuación del sucesor de Franco,
incluso las revistas de humor han sido muy vigiladas de cerca. En los
años ochenta, cuando aún estaba muy en vigor la Ley de prensa de Fraga,
solo parcialmente derogada, se procedió de varias ocasiones al
secuestro de libros y revistas, como fue el caso de la revista semanal
satírica El Cocodrilo en varias ocasiones. Hubo un caso con gracia, a
pesar de la espada de Damocles que pendió un tiempo sobre quienes allí
trabajábamos, y fue con ocasión del décimo aniversario del reinado de Juan Carlos I,
al presentar la Fiscalía General una querella por injurias y calumnias,
contra el autor o autores de un serial, muy documentado, sobre el
reinado de los Borbones en el siglo XIX. Nuestro
abogado hizo un listado de testigos, todos catedráticos y académicos, a
fin de que declarasen si era o no cierto que Isabel II
era una gran libertina, y que ninguno de sus hijos había sido engendrado
por su marido, además de la inclinación por el desfalco de bienes
públicos de los Borbones en general. Ante la
posibilidad de un juicio con esos testigos e interrogatorios la Justicia
acabó dando carpetazo al asunto, lo que no nos libró de otros
secuestros y sanciones. A veces los tribunales superiores corregían el
excesivo celo de jueces y fiscales, como ha sido en tantas ocasiones con
motivo de la exhibición de la bandera republicana, si bien han
continuado las denuncias, y, incluso detenciones de raperos y rockeros
que se han atrevido a hacer canciones republicanas.
Lo anterior no es si no una pequeña muestra de cómo han sido las
cosas en todo lo tocante a la Casa Real, sin que el Parlamento o la
Justicia hayan investigado nunca las conexiones del Rey con la
corrupción, a cuya cabeza ahora sabemos que se encontraba, quien era
nada menos que Jefe del Estado.
Todo lo que ahora comienza a publicarse en algunos, no muchos, medios
de comunicación, está recogido y publicado en el libro de la profesora Rebeca Quintans, Juan Carlos I, la biografía sin silencios
(Akal 2016). A pesar de la dureza de lo recogido en esta investigación
de más de 700 páginas, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han
procedido contra la autora, seguramente por temor a hacer el ridículo,
pues a fin de cuentas lo que hace la autora es recoger informaciones
publicadas, de los sucesivos escándalos, y la actuación encubridora de
fiscales, jueces y políticos a lo largo de muchos años, con una sola
excepción, la del juez José Castro, instructor del Caso Nóos, y que tuvo como resultado la condena y encarcelamiento del marido de la Infanta Cristina, en un asunto en el que actuaba, según siempre mantuvo, con conocimiento y asesoramiento de la Casa Real.
Ha habido por parte de la clase política, a lo largo de más de
cuarenta años, una segregación constante de la baba nacional, con una
desmesura a la hora de regalos, homenajes y parabienes hacia Juan Carlos I
y familia, con episodios vomitivos como el del regalo de un yate en
Palma de Mallorca, pagado por empresarios y por el gobierno balear de Jaume Matas.
Sin ir más lejos, y puesto que nuestros hospitales están estos días,
lamentablemente, en el ojo de las cámaras, podemos detenernos a repasar
la larga lista de centros sanitarios, algunos universitarios, que llevan
el nombre de algún miembro de la Casa Real, como si estos tuvieran
méritos por encima de los grandes científicos españoles, tan relevantes
algunos en la historia de la Medicina.
Para cuando todo esto pase, muchos comunicadores y políticos dicen
que nada va a ser igual, y anticipan que se va a revisar el papel de
nuestra industria, en particular la sanitaria, que se pondrá el freno a
los negocios con la salud, así como que habrá una gran inversión y apoyo
a la investigación. Todo eso se hará, si se sacan enseñanzas de lo que
nos está ocurriendo aún, y para ello tiene que haber memoria, una
memoria que tiene que extraer conclusiones del papel de las
instituciones en esta crisis, y si valorar si han estado o no a la
altura de las circunstancias. En el caso de la Monarquía, que se basa en
la confianza de los españoles en la persona que está a la cabeza, o eso
nos dicen, tendrá que haber también un debate, en particular en torno
al apresurado aforamiento de Juan Carlos I tras su
abdicación; con respeto para la actuación de los tribunales, que
deberían de pedir informes y testimonios de lo actuado y por actuar en
los juzgados suizos. Todo ello debería de ser así, si somos una
democracia madura, y, si lo somos, puede que sea el momento de saber si
el pueblo español es adulto para decidir si quiere mantener una jefatura
del Estado que no está sometida a las urnas, y que más que una figura
de equilibrio y estabilidad se ha convertido en un auténtico problema. Huente: eldigitalcastillalamancha.es
Fuente → republicanossg.wordpress.com
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