Siempre a la espera de que se desclasifiquen los documentos
oficiales sobre este caso (entre ellos, las grabaciones de las
conversaciones telefónicas en la tarde y la noche entre los ocupantes
del Congreso y el exterior), amparados por una ley de secretos oficiales
de abril de 1968 escandalosamente todavía en vigor, varias son las
versiones escritas y audiovisuales que han ido circulando a lo largo de
todos estos años sobre lo ocurrido durante una jornada de la que en
menos de un año conmemoraremos su 40 aniversario.
La versión más reciente, que yo conozca, es la del documental de
EITB, emitido el pasado 23 de febrero, con el título “23F ¿Hasta dónde
llega la mano del Rey?”. En él se puede escuchar de nuevo diferentes
relatos sobre aquellos hechos, entre los que destaca el de la
periodista, entonces amiga de Juan Carlos I de Borbón, Pilar Urbano (“El
Rey paró un golpe que él había puesto en marcha”); o la mención que se
hace al informe del embajador alemán, desclasificado en 2012 en su país,
en el que contaba que en su conversación con el rey éste le mostró
comprensión, incluso simpatía, por los golpistas 1/.
Prácticamente, ninguna de las personas entrevistadas libra de sospechas
al rey sobre su conocimiento de lo que se preparaba el 23-F y sus vacilaciones
antes de salir en TVE 7 horas después de la ocupación del Congreso por
el teniente coronel Tejero y de la toma de Valencia por el general
Milans del Bosch. Un discurso en el que expresa su condena del golpe… de
Tejero, “no necesariamente del golpe de Armada”, como reconoce Javier
Cercas; autor, por cierto, de una exhaustiva e interesada
“crónica-ensayo”, como él mismo la denominó, Anatomía de un instante,
publicada en 2009, verdadera apología de Suárez, Gutiérrez Mellado y
Carrillo que, sin embargo, no consigue incluir entre sus héroes al
Borbón.
Detrás de ese interés oficial en no querer dar a conocer toda la
verdad está, sin lugar a dudas y sobre todo, la mitificación que a
partir de entonces se hizo del papel del Rey como salvador de la patria y de la democracia,
pretendiendo negar ante la opinión pública la complicidad de Juan
Carlos I hasta el último momento con Armada y su aceptación del acuerdo
(el pacto del capó) que éste firmó con Tejero, en el que a cambio de su rendición establecían unos límites al futuro juicio a los implicados 2/.
Un pacto en el que se prometía poner “orden en las autonomías”,
objetivo este que se empezó a cumplir el mismo 24 de febrero por la
tarde en una reunión a puerta cerrada con los partidos españoles
presidida por el rey y excluyendo a los partidos de ámbito vasco y
catalán.
El amigo Armada y la operación De Gaulle
Recordemos que el 23-F se dio en una coyuntura en la que la
transición política iniciada a partir de finales de 1976 seguía abierta:
el aparato de Estado heredado del franquismo se mantenía incólume
(basta recordar que a los que habían protagonizado, entre ellos Tejero e
Ynestrillas, un proyecto golpista llamado Operación Galaxia en
noviembre de 1978, se les había condenado a poco más de varios meses de
arresto), la izquierda había triunfado en las elecciones municipales y
en Euskadi y Catalunya las fuerzas políticas partidarias de un mayor
autogobierno avanzaban posiciones en las autonómicas, mientras seguían
produciéndose atentados mortales de la extrema derecha y de ETA.
Todo esto contribuía a mostrar la debilidad de Adolfo Suárez al
frente del gobierno y del conglomerado de fracciones que era su partido,
la Unión de Centro Democrático (UCD), en una coyuntura internacional de
segunda guerra fría, ya con Ronald Reagan a la cabeza,
reticente a las veleidades tercermundistas del presidente del gobierno
español. En esas condiciones, una trama civil-militar se fue conformando
desde diversos frentes, empezando por la extrema derecha (con el
periódico El Alcázar en la vanguardia), la jerarquía militar (y el CESID en particular 3/),
sin olvidar a sectores de la Alianza Popular de Fraga, continuando con
otros de la UCD y el propio rey y acabando con personajes del PSOE
(Enrique Múgica) e incluso del PCE (Ramón Tamames), cuyo principal
líder, Santiago Carrillo, no dejaba de reclamar un gobierno de concentración.
Como mediador entre todas ellas un nombre destacaba: el de Alfonso
Armada, preceptor del príncipe Juan Carlos, jefe de la Secretaría de la
Casa del Rey hasta 1977 y enemigo de Suárez, cuya dimisión el 29 de
enero facilitó el nombramiento de aquél el 12 de febrero por Juan Carlos
I como segundo Jefe del Estado Mayor. Su proyecto, llamado Operación De Gaulle, se inspiraba en el que este general había protagonizado en 1958 en Francia: o sea, un golpe legal
que pudiera basarse en el artículo 99 de la nueva Constitución
española, según el cual la propuesta de candidato a presidente del
gobierno por parte del Rey no exige que esa persona sea miembro del
parlamento o del partido más votado. Armada tenía ya incluso diseñado un
proyecto de gobierno, con reparto de carteras incluido, desde las
reuniones que previamente había mantenido con representantes de
distintas fuerzas políticas durante el otoño anterior en su residencia
de Lleida.
Se trataba de una operación cívico-militar que, tras la
dimisión no prevista de Suárez, tenía que ponerse en marcha antes del
final de la votación del candidato a nuevo presidente del gobierno,
Leopoldo Calvo Sotelo, y para ello debía apoyarse también en los
sectores golpistasque representaban Tejero y Milans del Bosch y su
particular trama civil. Estos ocuparían el Congreso de forma incruenta
para que luego Armada se presentara como el personaje capaz de
neutralizarle y de erigirse en alternativa frente al vacío de poder que
podía crearse. Sin embargo, la forma estruendosa que tomó la irrupción
de Tejero (fue clave la retransmisión en directo del tiroteo) “dotaba de
una escenografía de golpe duro a lo que quería ser un golpe blando o
mantener la apariencia de un golpe blando y dificultaba que el rey, la
clase política y la ciudadanía transigieran de grado con él”, como
constata Cercas en el libro citado anteriormente. La propuesta de
gobierno cívico-militar de Armada se vio así complicada, con tiras y
aflojas, hasta que, tras el silencio durante largas horas del rey, éste
salió de madrugada en TVE para desautorizar el golpe.
Difícilmente sabremos algún día con certeza todos los detalles del
comportamiento del entonces rey durante esos momentos decisivos que le
llevaron finalmente a no avalar a su amigo Armada. Parece verosímil la
tesis de que, además de los consejos de su pariente griego Constantino,
quien había vivido una experiencia similar que le condujo al exilio, su
temor de que tras la irrupción violenta de Tejero perdiera viabilidad la
variante constitucional de golpe blando en beneficio de la versión dura
le llevó a desmarcarse finalmente de la intentona. Con todo, no dejaría
de mostrar sus dudas hasta última hora, como se llegó a reflejar en el
telegrama que envió esa misma noche a su también amigo Milans, en el que
le precisaba que “ya no me puedo volver atrás”. Así que no fueron,
desde luego, sus convicciones democráticas las que le llevaron a su
decisión final.
Hay además dos datos importantes en esa jornada que no podemos dejar
pasar por alto. Uno es el que se refiere al comportamiento de
determinados e influyentes actores: la Conferencia Episcopal, que estaba
reunida ese mismo día, no dijo ni una sola palabra en contra del golpe y
la CEOE también mantuvo silencio hasta que apareció el rey en TVE. En
cuanto a Estados Unidos, la respuesta del entonces Secretario de Estado,
Alexander Haig, fue declarar que se trataba de “un asunto interno”....
Son sin duda pruebas suficientes de que todos ellos estaban al tanto de
los planes previos y únicamente esperaban a ver cuál sería el desenlace,
importándoles poco el futuro de la democracia.
Pero lo más grave del precio pagado por ese tipo de transición fue
que la gran mayoría de la ciudadanía, que ya había sido desmovilizada
por el discurso oficial del triple “consenso” –sobre el olvido
de la represión franquista, sobre las reglas de juego del presente...y
sobre las de un futuro que tenía que estar “atado y bien atado”- durante
los años 77-79, esperó de forma pasiva al desenlace del golpe. Hubo, no
obstante, llamamientos a la huelga general en zonas importantes, como
los realizados por CCOO en Catalunya 4/ y Madrid, por
UGT en Alava y Asturies y por distintas organizaciones en Euskadi, y no
faltaron paros de al menos 2 horas en grandes zonas industriales, como
Asturies, Barcelona, Madrid, Navarra, Vizcaya, Galicia, Sevilla y Cádiz;
pero muy pronto esas iniciativas fueron rechazadas por las direcciones
máximas de CCOO, del PCE y, por supuesto, del PSOE y de UGT, presionadas
por “altas instancias”. No sabemos lo que habría pasado si se hubiera
prolongado la ocupación del Congreso (que concluyó a mediodía del 24).
En todo caso, fuimos una reducida minoría quienes esa noche salimos a la
calle en Madrid a protestar cerca de la plaza de las Cortes, mientras
el protagonismo pasaba a unos medios de comunicación a la espera de la
toma de posición del rey. Fue en ese escenario donde ese símbolo máximo
del nexo entre franquismo y democradura atravesó un período corto pero
decisivo y lleno de dudas sobre la respuesta que debía dar ante la
situación creada por Tejero, Milans y Armada, cuyas estrechas relaciones
eran evidentes.
Esa actitud desmovilizadora de la mayoría de la izquierda política y
social se sumaba a la que ya habían estado adoptando desde los Pactos de
la Moncloa, pero ahora adquiría mayor gravedad a la vista de la amenaza
a la frágil democracia que suponía esa intentona. Ni siquiera en las
manifestaciones del día 27 de febrero esas fuerzas políticas y
sindicales se atrevieron a exigir medidas de depuración de la trama
civil y militar golpista (pero sí a atacar a quienes nos manifestamos a
favor de las mismas), limitándose a santificar al Rey y a confiar en
unos jueces que acabarían reduciendo todo lo que pudieron la
investigación y el castigo a quienes formaban parte de la trama civil y
militar que estaba detrás del 23F.
Una monarquía autoritaria
Se intentó luego presentar el acontecimiento del 23-F como una mera chapuza. Fue
en realidad la confirmación del carácter tutelado que estaba teniendo
el proceso de transición y del margen de autonomía con que podía actuar
la jerarquía militar, pero también del papel que el rey se atribuía a sí
mismo en coyunturas de crisis políticas, en tanto que jefe supremo de
las Fuerzas Armadas. Se erigía así por encima del poder civil 5/
frente a cualquier avance no controlado en el proceso de
democratización política y social. El fracaso técnico de los distintos
intentos de golpe no debería, por consiguiente, hacernos olvidar que,
además de tener un coste penal muy modesto para sus autores, sus
principales objetivos políticos fueron abriéndose paso después buscando
una reconducción de la transición más a la derecha, tanto en el plano
autonómico como en el social y en el geopolítico.
El 23-F demostraba, en fin, la capacidad de chantaje y de presión de
los sectores económicos y sociales más conservadores y de la jerarquía
militar desde el inicio de la transición, especialmente en lo que afecta
a la España de las autonomías; cuestión en la que se sentían fuertes desde que obligaron a los presuntos padres de la Constitución a aceptar la redacción final de su artículo 2. No en balde una de las concesiones a los derrotados
del golpe fue la pronta aprobación de la famosa LOAPA, pactada entre la
UCD y el PSOE, con el fin de intentar poner un parón al moderado
proceso de descentralización político-administrativa que se estaba
iniciando y que se temía se viera desbordado, incluso en Andalucía. Otra
concesión no menos importante fue el compromiso formal adoptado por el
sucesor de Suárez, Calvo Sotelo, de acelerar la incorporación a la OTAN,
justamente cuando se iniciaba la segunda guerra fría.
Los efectos más visibles en el plano político de aquel acontecimiento
fueron tanto el proceso de descomposición del entonces principal
partido de la derecha, la UCD –en beneficio de una Alianza Popular capaz
de integrar a la extrema derecha y de dar luego nacimiento a
un PP renovado generacionalmente-, como la tendencia a la concentración
del voto de la izquierda social y democrática en general en torno al
PSOE de Felipe González. Éste aparecía entonces como el líder capaz de
impedir la vuelta atrás, consolidar el nuevo régimen, ingresar en la
mitificada Europa y, algo de lo que pronto se olvidaría una vez llegó al
poder, la promesa de salir de la OTAN, aunque fuera con su
conscientemente ambiguo eslogan “OTAN, de entrada no”. Una renuncia que
le costó una creciente confrontación con una intensa y masiva
movilización a favor de esa salida que estuvo cerca de ganar el
referéndum del 12 de marzo de 1986 en lo que sería “la última batalla de
la transición”.
Con todo, el resultado más duradero de aquella fecha en beneficio de
un régimen todavía en construcción fue la imposición de un relato,
compartido por todas las fuerzas del establishment, destinado a blanquear a Juan Carlos I para presentarlo como motor de la Transición
frente al protagonismo de la calle y de la clase trabajadora. Se
pretendía así hacer olvidar su origen franquista y su negativa a
someterse a un referéndum popular (como reconocería años más tarde
Adolfo Suárez) para convertirlo en padre de la democracia
cuando, en realidad, su decisión final en la noche del 23 al 24 de
febrero obedeció únicamente a un mero cálculo racional de cuál era la
mejor opción para mantenerse en el poder. Porque no cabe duda que, como
resume Bartolomé Clavero: “El rey, como mínimo, conoció, amparó y
encubrió preparativos de un golpe no tanto de estado como de gobierno,
una especie de autogolpe con el designio de forzar la formación de un
gabinete de concentración bajo presidencia militar que emprendiese cosas
como la de potenciar la política antiterrorista en términos limitativos
de libertades comunes y la de acometer una reforma de la Constitución
de signo recentralizador y desgarantizador” 6/. Y,
efectivamente, eso es lo que se propuso aplicar desde el día siguiente
por otros medios, con el fin de ir encauzando el rumbo de la Transición más a la derecha.
Con ese precedente en mente, no cabía sorprenderse del beligerante
discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, en apoyo a la brutal
represión que las fuerzas del orden practicaron durante la
jornada del referéndum sobre el futuro de Catalunya que se había
celebrado dos días antes. El joven Borbón demostraba así ser fiel
continuador del legado de su padre, quien nunca renegó de su promesa al
dictador Franco en su lecho de muerte de defender por todos los medios
necesarios la sagrada unidad de España y, junto a ella, los
intereses del bloque dominante transnacionalizado del que forma parte,
incluida la corrupción sistémica que siempre ha caracterizado a los
Borbones.
Jaime Pastor es politólogo y editor de viento sur
Notas
1/ Según Der Spiegel en su edición del 6 de
febrero de 2012, en ese documento el embajador de la RFA, Lothar Lehn,
informaba que en la reunión que tuvo el 26 de marzo de 1981 con Juan
Carlos I éste “no mostró ni desprecio ni indignación frente a los
actores, es más, mostró comprensión, cuando no simpatía” y le dijo que
“los cabecillas sólo pretendían lo que todos deseábamos, concretamente
la reinstauración de la disciplina, el orden, la seguridad y la
tranquilidad”.
2/ En el juicio que se desarrolló entre febrero y
junio de 1982 el tribunal militar condenó por el delito de rebelión
militar a Tejero y Milans a 30 años y a Armada a 6 para a continuación
solicitar un indulto para todos ellos; luego, el Tribunal Supremo
aumentó en 1983 las condenas a varios de los que habían sido absueltos
por el tribunal militar y subió la de Armada a 30 años, pero el gobierno
presidido por Felipe González concedió a éste último el indulto en
1988. Una generosidad que ya había sido precedida desde el primer
momento por la que mostró el ministro de Defensa Alberto Oliart cuando
el instructor del juicio militar, el general García Escudero, fue a
verle en pleno juicio para decirle: “Ministro, si aplico el Código
Militar a rajatabla tengo que procesar a todos los oficiales y
suboficiales de la División Acorazada y del Maestrazgo”. A lo que el
ministro le contestó que procediera sólo contra los jefes (“Los hombres
clave: Alberto Oliart”, Nativel Preciado, Memoria de la Transición, 13, p. 236, El País). Salvo en el caso del ultra Juan García Carrés, la trama civil nunca fue investigada.
3/ El CESID había elaborado un Informe en noviembre
de 1980, titulado “Panorama de las operaciones en marcha”, en el que
distinguía tres operaciones militares y una cívico-militar. En ese
documento ya tenía en cuenta la experiencia del golpe de estado militar
que había triunfado en Turquía el 12 de septiembre de 1980 como fuente
de inspiración de la que iba a promover Armada. El papel clave de los
jefes de ese organismo, Javier Calderón y José Luis Cortina, en la trama
golpista está sobradamente comprobado.
4/ Para una crónica de las tensiones que durante la
noche del 23F se vivieron entre Jordi Pujol, entonces ya President de la
Generalitat, y dirigentes de CC OO, el testimonio de uno de los
presentes en esas conversaciones, Higinio Polo, tiene especial interés,
como se puede comprobar en su artículo “Una lejana inquietud o
veinticuatro horas de la vida de un país”, El viejo topo, 149,
febrero 2001, pp. 12-17. El autor cuenta, entre otras cosas, el estado
de nervios de Jordi Pujol tras haber hablado minutos antes con el
capitán general Pascual Galmés y preguntarle éste su opinión sobre la solución Armada. Pese
a temerse lo peor, Pujol no cejará en su empeño en convencer a los
dirigentes de CC OO de que desistan en su convocatoria de Huelga
General.
5/ “El rey, quien de vez en cuando preside reuniones
del Gobierno, no hizo por reunirse con el interino que se formó entre
los subsecretarios y viceministros mientras que el titular estuvo
secuestrado. Más aún, en su comunicación televisiva a la ciudadanía la
noche del 23 al 24 de febrero puso por encima de las autoridades
civiles, para resolver la situación, la Junta de Jefes del Estado Mayor.
Vestido de capitán general de media gala, quiso actuar en exclusiva
como mando supremo presuntamente supremo. Y no se comunicó luego
formalmente ni con las Cortes ni con el Gobierno. Nada de entonces se
acusó entonces ni se recuerda luego. Hay en resumidas cuentas
prosecución pronunciada de leyenda entre transición y golpe (Bartolomé
Clavero, Constitución a la deriva, Pasado y Presente, Barcelona, 2019, p. 285)
6/ Op. cit., p. 359.
Fuente → vientosur.info
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