1. ¿Hacia una mutualización europea de la deuda?
El pasado 5 de abril, Pedro Sánchez reclamó un gran pacto europeo
equivalente en términos políticos al Plan Marshall, que EEUU desarrolló
durante cuatro años desde 1948 apoyando a la Europa Occidental aliada
para facilitar su reconstrucción, la influencia norteamericana y acabar
con las barreras al comercio. Aquello fueron transferencias directas,
para recuperación industrial y la reactivación económica, y para evitar
la sombra soviética.
Mientras tanto se ha abierto un debate, por parte de los neo- y
post-keynesianos, sobre la posibilidad de mutualizar deuda, apelando a
la solidaridad europea, mediante la emisión de coronabonos. Esta formulación, que reedita la vieja propuesta de los eurobonos,
supondría una vía de financiación de los costes de la crisis y una
potencial herramienta para la reactivación posterior. La idea de los
coronabonos supone mancomunar deuda a escala europea, con el respaldo de
todos los miembros participantes, reduciendo las primas de riesgo,
aportando más quien tuviese más capacidad para hacerlo, y poder apoyar a
Estados, sectores o territorios que lo necesitasen, condicionado a que
se emplease para inversiones sociosanitarias o para la recuperación
económica.
Cabe afirmar que esta idea en sí no es mala. No se trataría de una
transferencia directa, o un plan de inversión europeo común, ni
potenciaría el presupuesto europeo, que serían modelos propios de una
mayor integración económica europea. Algo que requeriría un refuerzo de
la armonización o integración fiscal federada que, por cierto, se trata
como un anatema en los debates del establishment. Sería
positiva si pudiese llevarse adelante. Sin embargo, resulta inconcebible
bajo la arquitectura económica, institucional y jurídica de la UE. Es
más, la idea de disponer de bonos, de alguna manera, no es nueva, y, de
hecho, ya se cuenta con una enorme galaxia de instrumentos financieros
que, aunque con una naturaleza intergubernamental y dirigida por
criterios de “el que paga manda”, siguen la doctrina austeritaria, sin
estar bajo el abrigo y obligación legal de los Tratados europeos.
Los instrumentos financieros que se plantean en esta ocasión también
tienen este carácter, y aumentan la deuda en los países deficitarios, y
vendrán acompañados con condicionalidades que equivalen a nuevos
recortes, privatizaciones y esquemas de ajuste salarial. El plan de
financiación SURE, el del BEI, y especialmente el del MEDE, van en esta
línea. Admitirán finalidades sociosanitarias o de cobertura del coste
público de los despidos, pero todos ellos supondrán un crecimiento
formidable de las deudas públicas. La financiación de hoy, será la deuda
mañana, y los ajustes estructurales de pasado mañana. Más aún cuando no
hay voluntad alguna de abandonar definitivamente los techos del déficit
y de deuda pública. Y toda esta política es una política de
socialización de costes, costes que no habrán asumido las grandes
empresas, porque sus costes laborales, así como los gastos
sociosanitarios, los cubrirá el sector público, sin olvidar el deterioro
de ingresos y el desempleo que padecerán millones de trabajadoras y
trabajadores, y las ingentes ayudas financieras que recibirán las
empresas o los alivios que tendrán a la hora de contribuir a la
seguridad social o a Hacienda.
2. La política monetaria: ¿un bazooka o la impotencia de los animal spirit?.
A su vez, el BCE, el brazo armado e “independiente” de la política monetaria europea, profundiza su política de flexibilidad cuantitativa, un bazooka de hasta
750.000 millones de euros adicionales, admitiendo un porcentaje
importante de compra de bonos públicos en el mercado secundario. Esta
política pretende estimular el crédito para la inversión, con el
objetivo de paliar las consecuencias de la recesión. Sin embargo, como
hemos ido viendo en los últimos 10 años, por mucho que el BCE inyecte
dinero en la economía, si las expectativas de rentabilidad son bajas,
dicho dinero no hará más que alimentar circuitos de acaparamiento o
especulación. Así, aunque esta política del BCE produzca un alivio en
los tipos de la deuda pública, lo que promueve en la práctica, por una
parte, es un formidable rescate a las grandes corporaciones privadas,
que contribuye a que empresas insolventes pervivan, y, por otra, una
concentración de capital sin precedentes.
2.1. Medidas monetarias y rentas mínimas.
En términos teóricos presenta un lado positivo. Beneficia a las
rentas más bajas, porque comporta una proporción mayor respecto a su
capacidad de consumo. Ahora bien, entraña una creación de dinero automática,
no un ingreso fiscal nuevo. Se crea dinero de la nada. Además, actúa en
el lado de la demanda, potenciando la capacidad de consumo o
adquisición, pero no opera en el lado de la oferta. El sector privado
sólo se mueve invirtiendo donde hay beneficio, no optimizando su
capacidad de servicio (para poder tener beneficio) y atendiendo sólo a
la demanda solvente. Así, quizás se dé salida a stocks de mercancías
acumuladas, pero se puede dudar razonablemente sobre si potenciará la
inversión, o si más bien lo que promoverá es el ahorro por motivo
precaución.
Este tipo de estímulos tiene un carácter temporal, y su efecto se
diluirá a corto plazo, restableciendo un nuevo equilibrio, con precios
mayores o con una moneda más devaluada, al facilitar la circulación del
stock acumulado. Puede que beneficie a los sectores de distribución
comercial de bienes primarios en detrimentos de otros basados en mayores
infraestructuras o tecnología, pero no opera ninguna alteración en la
tasa de ganancia general, por lo que no aumentará la capacidad de
inversión si la economía opera a plena capacidad. Si se prolonga esta
medida, puede que altere la proporción entre consumo e inversión, a
favor del primero.
Al desarrollarse por mecanismos de mercado, sólo mejorará las
expectativas de algunos sectores privados, pero no determinará una
mejora de la oferta por sí mismo. Por ejemplo, si no hay mascarillas,
respiradores... nada garantiza que se produzcan, menos aún por la vía
pública. Si se hace se hará alterando su precio, a beneficio de los
productores privados si es que se deciden a fabricarlo a una escala
suficiente. Tengamos en cuenta que esto es lo que está proponiendo
Donald Trump. La política del dinero helicóptero incluye consecuencias
mercadistas, en la que una acción pública (monetaria) favorece a
determinados sectores empresariales privados. Por último, el “dinero
helicóptero” podría confundirse con una vía para una renta básica de
carácter coyuntural.
Del debate de la Renta Básica, actualmente revivificado, no se puede
zanjar rápidamente dadas los diferentes modelos de aplicación: rentas
mínimas de inserción, rentas garantizadas, renta básica universal (RBU).
Alguna de ellas, recuerdan a las planteadas por John Stuart Mill, que
no rompían con la trampa de la pobreza, al proponerlo a un nivel tan
bajo en el que disciplina de la necesidad del salario siguiese empujando
a la población a trabajar. Esto es lo que podría pasar con el ingreso mínimo vital
que propone el actual gobierno. Sobre este punto hay que incluir no
pocos matices. El ingreso mínimo vital no se incluye dentro de las
medidas de dinero helicóptero, porque ni es general, sólo va a las
familias sin ingresos, y además el gasto público que comporte no se
monetizará –no hay un banco central que lo vaya a hacer-, sino que
engrosará la cuenta de la deuda pública, si no hay ingresos que las
respalde.
Otras medidas más ambiciosas, como la RBU, combinan una renta
monetaria y una reforma fiscal progresiva, financieramente viables y
redistributivas, pero que no operan desde el lado de la oferta y que
siguen siendo un mecanismo de promoción del mercado a favor de la
actividad privada.
Nosotros abrimos la perspectiva para otra solución: el desarrollo de servicios públicos universales y gratuitos, mediante reforma fiscal progresiva
sobre las rentas del capital, de la tierra, y sobre el patrimonio y la
herencia, más democracia laboral, y el reparto de todos los trabajos a
lo largo de la biografía entre toda la sociedad de las personas en
condiciones de trabajar. La aplicación de esta propuesta exige una
correlación de fuerzas importante, cuya fuerza sería equivalente a la de
poner en pie una RBU, pero que tendría la virtud de operar en el lado
de la demanda y de la oferta, poniendo sobre la mesa la titularidad de
los bienes que tienen que ser comunes.
Esta política alternativa exige una actuación global: una reforma
fiscal capaz de financiar esta política y que sea socialmente justa, una
socialización de los sectores estratégicos (bancario, grandes
tecnológicas, telecomunicaciones, energía, sector sanitario y
educativo), y la movilización de planes de inversión socioecológicos y
sociosanitarios públicos bajo un plan democrático que genera una amplia
reconversión del empleo para abordar la transición ecológica y el cambio
de modelo productivo.
Las claves de intervención deben ser otras: disponer de un régimen
fiscal progresivo más robusto (aumentando la presión fiscal, y con un
régimen menos cargado sobre el mundo del trabajo y más sobre el del
capital, el patrimonio, la actividad rentista inmobiliaria y de la
tierra); impulsar una política de inversión pública en áreas socialmente
necesarias (investigación, atención sanitaria, cambio de modelo
energético), socializar los sectores estratégicos, desarrollar un modelo
de economía pública favorable a los servicios públicos universales y
gratuitos, y cuestionar los compromisos de deuda ilegítimos, comenzando
con la derogación del artículo 135 de la Constitución. Porque nosotros
no creemos que se trate de promover el gasto o el consumo sin más. El
gasto por el gasto, que es lo que promueve, por ejemplo, el dinero
helicóptero, siendo simplemente soluciones monetarias, no modifica el
modelo productivo, ni su lógica.
3. El gobierno español, atado al mito de la Unión Europea.
Que se invoquen ahora los Pactos de la Moncloa responde al
interrogante que se formulan las clases dirigentes acerca de cómo
cargar los costes de la crisis, y la deuda generada en este periodo, que
se estima podría incrementarse hasta 20 puntos porcentuales del PIB
más.
Por el momento, el gobierno ha decidido descargar de los costes
laborales al empresariado, para que sea el erario público, el gasto
público y el fondo de seguridad social, los que se hagan cargo de una
importante proporción de este coste, junto a la caída de salarios
parciales o totales generados por los ERTEs, reducciones de jornada,
bajas impuestas, etc.. Esto, además de afectar a la capacidad de
negociación de las y los trabajadores, exime al capital de sus
obligaciones salariales, en detrimento de los ingresos de asalariados y
autónomos. Así, el Estado dejará de recibir cuotas a la seguridad
social, una importante recaudación fiscal debido a aplazamientos y la
parálisis económica en un contexto de tipos efectivos muy bajos, y
tendrá que hacerse cargo de prestaciones de desempleo, subsidios y
ayudas diversas, cuya magnitud será colosal.
Estos Pactos de La Moncloa son la otra cara de la moneda con respecto
a un supuesto Plan Marshall, que ha quedado en mera macrofinanciación
europea a devolver bajo los criterios de equilibrio fiscal (sólo
temporal o mínimamente aliviados), en forma de deuda. El Gobierno, ha
emplazado a una CEOE (más pragmática que los partidos de derechas y
extrema derecha) a negociar los términos de estos pactos. Por el
momento, Unidas Podemos no ha sabido o no ha querido desarrollar una
posición propia con respecto a este proyecto de pactos.
Poco se conoce de lo que serán estos acuerdos que llevarán meses, por
ello nos limitaremos a apuntar sus riesgos. Es probable que el Estado
proteja la compra de acciones de las grandes empresas con caídas
bursátiles, comprará empresas en bancarrota, y luego, previsiblemente,
devolverá al sector privado sectores enteros. Se hablará de rentas
mínimas o de emergencia, incapaces de sacar de la trampa de la pobreza, y
de una duración limitada. Se corre el riesgo también de un nuevo pacto
de rentas, que deseche cualquier recuperación de derechos perdidos en
las últimas reformas laborales, que supondrá una nueva erosión de los
salarios, en un contexto de desempleo escandaloso. En definitiva, nos
encontraremos de nuevo bajo una lógica de socialización de pérdidas para
garantizar los beneficios del capital. Difícilmente, el empresariado,
que ha sido capaz de influir, presionar e impedir medidas progresistas
de gran calado, admitirá contribuir a esta crisis aportando parte del
excedente acaparado. Habrá que estar atentos y empujar para que no se
ceda al chantaje del capital.
Fuente → vientosur.info
No hay comentarios
Publicar un comentario