Tras este marzo de pandemia y confinamiento, arropamos la memoria,
dolida y resistente, recordando a uno de los imprescindibles
brechtianos del cono sur, Rodolfo Walsh, mientras venimos penando la
pérdida consecutiva, en nuestro sur europeo, de otros dos
indispensables que lucharon toda la vida: Manolis Glezos y Chato
Galante.
Antes, ahora y siempre, la memoria colectiva para encarar el futuro / María García Yeregui:
Este 1 de abril, se cumplía una semana desde que Nadia Calviño compareció en el Congreso con los tres decretos aprobados por el Gobierno central ante la crisis sanitaria y se prorrogaba el Estado de Alarma. El mismo 25 de marzo en el que se cumplían más de cuatro décadas desde la desaparición y asesinato del escritor argentino Rodolfo Walsh. Su cuerpo abatido, baleado en una esquina porteña, fue desaparecido en la dinámica represiva de la Escuela de Mecánica de la Armada, cuyo casino de oficiales funcionó durante aquella dictadura —el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional— como centro clandestino de detención y tortura. Walsh, militante montonero y periodista, se dirigía a la cita acordada con un compañero —delatada bajo tortura— para difundir en la clandestinidad perseguida, su Carta abierta a la Junta militar, que no pudo publicar, a un año del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.
Y es que tras este duro marzo, de pandemia y confinamiento, arropamos la memoria, dolida y resistente, recordando a uno de los imprescindibles brechtianos del cono sur, mientras venimos penando la pérdida consecutiva, en nuestro sur europeo, de otros dos indispensables que lucharon toda la vida: Manolis Glezos y Chato Galante.
Este 1 de abril, se cumplía una semana desde que Nadia Calviño compareció en el Congreso con los tres decretos aprobados por el Gobierno central ante la crisis sanitaria y se prorrogaba el Estado de Alarma. El mismo 25 de marzo en el que se cumplían más de cuatro décadas desde la desaparición y asesinato del escritor argentino Rodolfo Walsh. Su cuerpo abatido, baleado en una esquina porteña, fue desaparecido en la dinámica represiva de la Escuela de Mecánica de la Armada, cuyo casino de oficiales funcionó durante aquella dictadura —el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional— como centro clandestino de detención y tortura. Walsh, militante montonero y periodista, se dirigía a la cita acordada con un compañero —delatada bajo tortura— para difundir en la clandestinidad perseguida, su Carta abierta a la Junta militar, que no pudo publicar, a un año del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.
Y es que tras este duro marzo, de pandemia y confinamiento, arropamos la memoria, dolida y resistente, recordando a uno de los imprescindibles brechtianos del cono sur, mientras venimos penando la pérdida consecutiva, en nuestro sur europeo, de otros dos indispensables que lucharon toda la vida: Manolis Glezos y Chato Galante.
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia (...) Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan", escribía Rodolfo Walsh
Tejiendo las pérdidas desde el pasado al presente —como narraron que hacían tanto Glezos y Walsh como Galante—, en estas fechas de marzo que danzaron juntas, tratamos de arrancarle una ínfima pizca de eficacia al terrible proceso del que nos hablaba, certero, el autor de ¿Quién mató a Rosendo?: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia (...) Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”.
Recordamos a Walsh y su última acción de lucha, denunciando la represión de la última dictadura argentina junto a su causa estructural, las dinámicas de acumulación y desposesión del modelo socio-económico que impuso en aquel país latinoamericano: “(…) Han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo (…) complementada con la falta de límite en los métodos (…) la Junta que ustedes presiden (…) es (…) la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte (…) no son sin embargo (…) las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Lo traemos a la memoria porque así ponemos también en el centro de nuestra historia colectiva a reconstruir, la tenacidad incansable, como relatan sus compañeros de La Comuna de presos y presas del franquismo, de José María Galante, en su lucha contra la dictadura franquista y su impunidad.
Como escribe Pablo Mayoral Rueda, acerca del “delincuente” más preciado como militante antifranquista, Galante fue referente a lo largo de esta última década en la búsqueda de ‘memoria, verdad y justicia’ —sendero marcado por la lucha de los denominados organismos de derechos humanos en la Argentina— a partir de la querella interpuesta en los juzgados de Comodoro Py, a pocos metros del Río de la Plata, el 14 de abril de 2010. Comenzaba el trabajo por lograr investigar y juzgar a los responsables de las estructuras represivas, que reprodujeron violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos, aplicadas por el franquismo a lo largo de sus décadas.
Chato Galante había conseguido que este pasado 20 de marzo, Martín Villa tuviera que testificar frente a María Servini de Cubría según el principio de justicia universal. Pero el Ministerio de AA EE volvió a frustrarlo
En el último año, como se ha publicado estos días in memorian, Chato Galante había conseguido que este pasado 20 de marzo, Martín Villa tuviera que testificar frente a la jueza que lleva la causa, María Servini de Cubría, según el principio de justicia universal. Pero el accionar del Ministerio de Asuntos Exteriores volvió a frustrarlo.
No cesó, como sobreviviente torturado, en denunciar a Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, después de que el de la político-social no fuera extraditado. Por ello, junto a otros compañeros presentaron reclamaciones ante la ONU por considerar que España incumplía el pacto internacional de derechos civiles y políticos, mientras la sucesión de nuevas denuncias seguían siendo desestimadas en los juzgados españoles, excepto en uno valenciano. El argumento: prescripción de los hechos, por considerar que no se produjeron en un contexto de crímenes de lesa humanidad. Por tanto, tribunales y fiscalía consideran que no hubo sistematicidad, ¿ni persecución?, contra una parte de la población española. Ante semejantes afirmaciones referidas a la represión, en este caso durante el tardofranquismo, la indignación rabiosa acompaña a los porqués históricos de corta, media y larga duración.
Además, la impunidad en los tribunales con los argumentarios de la prescripción se aplica también a las masacres administradas y represiones violentas masivas denunciadas de períodos anteriores del régimen, mediante un pilar central de los derechos básicos de cualquier acusado: el principio de legalidad —los hechos deben ser considerados delitos por la ley cuando estos se producen—. Se olvidan de dos “detalles” de calado: primero, que en este caso, como en otros del mundo, el acusado en última instancia es el propio Estado y, segundo, que los hechos tuvieron lugar bajo la legalidad franquista.
Y así, topamos con una clave de bóveda: la continuidad, la no ruptura, con la legalidad dictatorial. La estructura de impunidad institucional de régimen se encuentra ligada a la estructura represiva del anterior porque la transición entre ambos se articuló ‘de la ley a la ley’. Ese fue el principio rector de la reforma del Estado aplicada en “la modélica transición”, estructuralmente lampedusiana, de la mano de Torcuato Fernández Miranda.
En referencia a la impunidad y la transición se usa, como sabemos, un tercer elemento para argumentar la prescripción de los delitos de torturas: la ley de Amnistía de 1977, aplicada como ley de “punto final” para los funcionarios del Estado franquista. Aunque se trata, como oímos denunciar a Galante, de una amnistía aplicada antes de la condena y la pena, por tanto sin juicio, cuando la figura jurídica de la amnistía se define por ser “el perdón y el olvido de una pena” ya sentenciada; él lo sabía por propia experiencia al haber sido liberado de las cárceles franquistas por una de las amnistía previas, la del 76.
De esta forma, una de las reivindicaciones irrenunciables del antifranquismo —tras no conseguir la ruptura— en las duras y numerosas movilizaciones durante el proceso transicional, terminó incorporando la impunidad tácita para los torturadores y represores de la dictadura, blindándola hasta hoy.
Las sentencias del franquismo siguen sin ser derogadas, Galante y sus compañeros son, con sus propias vidas, testimonio de esa irrefutable verdad histórica: el régimen del 78 se constituyó sin ruptura con la legalidad de la dictadura
La ley de Amnistía política del 77, antes de ser aprobada, tenía como contenido simbólico la libertad de todos los presos antifranquistas y el fin de la persecución, como exigencia innegociable para el pacto de la reforma. Fue la amnistía que ponía final a la persecución política, mientras sus leyes continuaban vigentes. Peleada por las izquierdas en la calle: ‘Libertad, amnistía y estatuto de autonomía’.
Pero el artículo de inmunidad e impunidad para el aparato del Estado fue incluido bajo el paraguas de la reconciliación nacional como narrativa hegemónica, sin ser explicitado en el debate público. UCD sumó sus votos imponiendo ese artículo de inmunidad para el personal del régimen, lo cual había estado ausente en los borradores anteriores presentados a la cámara. El resto de las fuerzas lo apoyaron implícitamente pese a dicha inclusión explícita.
Hoy, de cara a la testificación de Martín Villa, el partido de régimen de la democracia liberal acuñada en el 78, el PSOE de la modernización de Maastricht durante los 80, no ha variado de rumbo. Una constante, la impunidad, que en esta última ocasión repitió específicamente con Martín Villa lo que ya tuvo lugar a cargo de la jueza Concepción Espejel —la misma de la sentencia de Alsasua, entre otras “lindezas”— mano a mano con el gobierno de Rajoy.
Las sentencias del franquismo siguen sin ser derogadas, Galante y sus compañeros son, con sus propias vidas, testimonio de esa irrefutable verdad histórica: el régimen del 78 se constituyó sin ruptura con la legalidad de la dictadura —desde los bandos de guerra hasta el Tribunal de Orden Público—. Una legalidad, la franquista, que los convirtió en delincuentes, los persiguió, los expulsó, los encarceló, los mató, y cuyo ‘enforce the law’, de la mano del monopolio de la violencia del Estado, también los violó y torturó. Una legalidad emanada originariamente de una victoria bélica en una guerra de exterminio, desatada por el fracaso parcial del golpe de Estado militar del 36, apoyado por los sectores reaccionarios sublevados del país.
Chato Galante, luchador antifranquista represaliado, fue detenido y encarcelado, condenado como delincuente por la dictadura. Se ha ido sin ver sentados frente a un juez por sus crímenes, ni siquiera en indagatoria, ni a Martín Villa ni a González Pacheco. Su camino es parte enraizada de nuestra historia subalterna irredenta, lo es en cada paso que dio, hasta el final. Se ha ido con este nuevo punto de inflexión histórico que golpea como devenir histórico, convertido en shock, en los cuerpos de las generaciones que lucharon en la segunda mitad del pasado siglo —el corto siglo XX, como decía Hobsbawm, hasta la caída del muro de Berlín—.
Este embiste de lo real que vivimos, impacta sobre los pasados sedimentados en nuestro presente, no en otro: está costando entender la situación en algunos circuitos: parece que la razón por la que no hay suficiente de lo necesario para salvar vidas, está escapando de parte de la consciencia adulta respecto al mundo en el que se vive y su articulación —función relevante de la ideología sobre los sujetos historizados y su yo—.
Chato Galante, luchador antifranquista represaliado, fue detenido y encarcelado, condenado como delincuente por la dictadura. Se ha ido sin ver sentados frente a un juez por sus crímenes, ni siquiera en indagatoria, ni a Martín Villa ni a González Pacheco
Ante las necesidades sanitarias no cubiertas por carencia productiva nos enfrentamos a una fractura en la mentalidad dominante de consumo, o posibilidad de él, en las sociedades occidentales, dominadas hegemónicamente por la razón neoliberal, cuyo límite parcial en Europa es engrosado por la naturalización del derecho a la salud y, por tanto, tenemos una segunda fractura respecto al deber de protección depositada, de nuevo con inconsciente naturalización, en el Estado.
Específicamente, en el contexto de inmediatez supina que nos caracteriza como sociedad de la posmodernidad tardía, y el manejo psicológico de la culpabilidad, el gobierno, no ya del funcionamiento estatal, como representación de autoridad mayor del poder político, el vinculado a nuestra concepción ciudadana, puede ocupar todo el vacío de estas fracturas, de miedo y trauma, en buena parte de las mentalidades e imaginarios.
Sin embargo, el modo de producción capitalista, este sistema-mundo y su organización global, lo sabemos, deja sin descanso a millones de personas en la cuneta, esos otros. Hoy, a nosotros, la población europea del sur, la realidad del desborde sanitario y la escasez de lo necesario en el ámbito internacional, nos vuelve recordar, con las vidas de nuestra gente, el límite que nuestra relación con el centro de acumulación capitalista y lo que nos sobrevive de nuestros llamados ‘estados del bienestar’, recortados y ajustados, nos hacen olvidar.
Frente a estas fracturas y sus desplazamientos, caben diferentes salidas ya en funcionamiento, una engrosa la búsqueda de un culpable dentro de las lógicas de los populismos de derechas. Esos fantasmas, devenidos ya en monstruos con potencia desde hace tiempo, que como vemos por doquier actúan sin descanso para recoger fuerzas tras la crisis sanitaria. Con estos mimbres, mirando los porcentajes del trifachito por comunidades de las elecciones del 10N, la preocupación sobre las consecuencias a medio plazo del mundo post-crisis pandémica, se acrecienta.
Estamos, por tanto, en un presente que entrelaza la impunidad con las sensaciones de saturación posmoderna y esperpento de la falsedad, atomizada y masificada después. Estamos frente a la industria del bulo en el reino de la ‘razón emocional’, en las antípodas del distanciamiento de Brecht, que termina adquiriendo otra vez más la evolución en sus formas de los ecos de Marx tan citados: “De la tragedia a la farsa”, esta vez, distópica.
Como ya se ha dicho, la primera crisis global casi simultánea evidencia la crisis material de la globalización, también sobre las clases medias consumidoras del mundo
Por eso, nosotras denunciaremos que las dolorosas e indignas evidencias de esta última semana son palmarias. Primero, el modelo de sanidad mercantilizada y de recorte del sistema público sanitario —como consecuencia de las dinámicas tanto de centro-periferia dentro de la estructura de la UE, como de la prioridad que da sentido al modo de producción vigente, la acumulación de beneficios según la hegemonía del ciclo de acumulación posfordista y de la austeridad post2008— matan. Como ya se ha dicho, la primera crisis global casi simultánea evidencia la crisis material de la globalización, también sobre las clases medias consumidoras del mundo. Nos evidencia de un golpe, si señalamos al elefante blanco, las consecuencias de la hegemonía neoliberal hoy: con un sistema público de salud desbordado frente al nuevo virus —un colonialista infalible pero que no tiene un alto índice de mortalidad para la especie—, con un Estado que muestra su potencia de control y orden pero que es incapaz de autoabastecerse, de proporcionar materialmente, frente a la escasez global, de lo necesario. Y de cara al futuro de la crisis económica nos pone sin tapujos, de frente, a la emergencia climática
Y dos, la estrategia que pretende asegurar que la estructura de impunidad, consagrada en la transición lampedusiana, permanezca inamovible, contempla el olvido macabro de la muerte en el tiempo de las generaciones más directamente involucradas. Sustentan así la continuidad y profundidad de un ‘desconocimiento construido’ que se cimentó sobre el trauma, la represión, el ejercicio disciplinario del poder cotidiano, el miedo y el silencio, hasta desembocar en un contexto de liberación libidinal dominado por el éxito, el presentismo y la progresiva cosificación del pasado, según la posmodernidad tardocapitalista en la que vivíamos desde los años 80.
Por todo ello, tenemos a los imprescindibles presentes, ahora y siempre, llenando nuestra historia colectiva y eterna, de cara a lo que venga.
Fuente → elsaltodiario.com
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