La monarquía se autocuestiona al rechazar la transparencia
Puño en alto:
¿Qué hubiese pasado si hubiese trascendido que un presidente como Maduro hubiese regalado a una reconocida amante una millonada procedente de unas oscuras e igualmente millonarias mordidas procedente de una dictadura?
Pues que las derechas (la valiente y las otras) junto a sus voceros, alarmados por el corrupto sistema político venezolano y su deriva antidemocrática de ese país, pondrían el grito en el cielo y señalarían como cómplices al gobierno, sobre todo a UP.
Sin embargo, más allá de oponerse a la apertura de una comisión de investigación sobre el cobro ilegal de una comisión cien millonaria y posterior donación de 65 millones de euros a la supuesta amante del rey emérito, los líderes de las derechas nada han dicho ni nada ha trascendido al respecto.
En cualquier caso, flaco favor se le hace a la institución monárquica si para impedir la apertura de dicha comisión de investigación se apela a una muy cuestionada inviolabilidad del rey, en este caso, del rey emérito.
Por una parte, porque de esta manera no se protege a la monarquía, sino todo lo contrario, se le aleja aún más del canon democrático de la transparencia, ya que si además de ser una institución arcaica por la cual se obtiene la Jefatura del Estado por el hecho del nacimiento, se le arropa con la inviolabilidad de los actos del monarca que le confiere poca transparencia y, no menos, credibilidad y carencia de representatividad.
Por otra, nada ayuda a la imagen de la pulcritud, honestidad y honradez de la monarquía, fundamentalmente, si los garantes y la protección de la misma tienen que venir de la mano de dos partidos (PP y PSOE) que han estado carcomidos por la corrupción como demuestran innumerables sentencias al respecto y que no han dudado en utilizar y manosear las instituciones del estado para intentar salir indemnes judicialmente de muchos de ellos.
En definitiva, si la monarquía quiere preservar su imagen de representatividad, no debería aceptar que se aplique ese principio de inviolabilidad y de esta manera hacer que nos creamos un poco más el principio de igualdad ante la ley entre los españoles que santifica la Constitución. El Rey Emérito, si nada tiene que ocultar ni temer que se sepa y si no hay nada irregular en su comportamiento debería pedir de mutuo propio comparecer ante el Parlamento y ofrecer toda clase de explicaciones y zanjar las dudas que se cierne sobre su actuación.
De lo contrario la sospecha, una vez más se cierne sobre su persona.
Los republicanos, por un mero sentido democrático, no podemos asumir que la Jefatura del Estado se herede por el simple hecho de haber nacido en una determinada familia y, mucho menos, podemos aceptar que los actos del Jefe de Estado, no se puedan someter al escrutinio de las instituciones judiciales y parlamentarias cuando hayan más que indicios de la comisión de delitos, como es el caso de lo que vienen denunciando determinados medios de comunicación y que se propone que se investigue en sede parlamentaria, sin descartar, llegado el caso, la intervención de los tribunales de justicia.
Pues que las derechas (la valiente y las otras) junto a sus voceros, alarmados por el corrupto sistema político venezolano y su deriva antidemocrática de ese país, pondrían el grito en el cielo y señalarían como cómplices al gobierno, sobre todo a UP.
Sin embargo, más allá de oponerse a la apertura de una comisión de investigación sobre el cobro ilegal de una comisión cien millonaria y posterior donación de 65 millones de euros a la supuesta amante del rey emérito, los líderes de las derechas nada han dicho ni nada ha trascendido al respecto.
En cualquier caso, flaco favor se le hace a la institución monárquica si para impedir la apertura de dicha comisión de investigación se apela a una muy cuestionada inviolabilidad del rey, en este caso, del rey emérito.
Por una parte, porque de esta manera no se protege a la monarquía, sino todo lo contrario, se le aleja aún más del canon democrático de la transparencia, ya que si además de ser una institución arcaica por la cual se obtiene la Jefatura del Estado por el hecho del nacimiento, se le arropa con la inviolabilidad de los actos del monarca que le confiere poca transparencia y, no menos, credibilidad y carencia de representatividad.
Por otra, nada ayuda a la imagen de la pulcritud, honestidad y honradez de la monarquía, fundamentalmente, si los garantes y la protección de la misma tienen que venir de la mano de dos partidos (PP y PSOE) que han estado carcomidos por la corrupción como demuestran innumerables sentencias al respecto y que no han dudado en utilizar y manosear las instituciones del estado para intentar salir indemnes judicialmente de muchos de ellos.
En definitiva, si la monarquía quiere preservar su imagen de representatividad, no debería aceptar que se aplique ese principio de inviolabilidad y de esta manera hacer que nos creamos un poco más el principio de igualdad ante la ley entre los españoles que santifica la Constitución. El Rey Emérito, si nada tiene que ocultar ni temer que se sepa y si no hay nada irregular en su comportamiento debería pedir de mutuo propio comparecer ante el Parlamento y ofrecer toda clase de explicaciones y zanjar las dudas que se cierne sobre su actuación.
De lo contrario la sospecha, una vez más se cierne sobre su persona.
Los republicanos, por un mero sentido democrático, no podemos asumir que la Jefatura del Estado se herede por el simple hecho de haber nacido en una determinada familia y, mucho menos, podemos aceptar que los actos del Jefe de Estado, no se puedan someter al escrutinio de las instituciones judiciales y parlamentarias cuando hayan más que indicios de la comisión de delitos, como es el caso de lo que vienen denunciando determinados medios de comunicación y que se propone que se investigue en sede parlamentaria, sin descartar, llegado el caso, la intervención de los tribunales de justicia.
Fuente → nuevarevolucion.es
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