El franquismo como delito
 

El franquismo como delito:
La propuesta (o globo sonda) de que la apología del franquismo sea delito (como lo es la del nazismo en Alemania o la del fascismo en Italia) llega con cuarenta años de retraso. Esa demora espectacular, como lo ha sido la exhumación de los restos de Franco, sirve para poner en cuestión ciertos aspectos de la Transición cerrados en falso o, simplemente, enterrados a la sombra del tabú y el mito.

Ni la Transición fue ejemplar (tampoco lo contrario), ni nuestra democracia ha podido zafarse nunca de las derechas postfranquistas y transicionales, que lejos de quedar sepultadas en el polvo de la historia se han consolidado en un inmovilismo rocoso y se asocian hoy con los fascismos de nuevo cuño a los que no ven necesario poner cordones sanitarios, como en Alemania o en Francia. Lo cual es lógico, porque si la vieja derecha deriva del franquismo, la nueva lo reivindica abiertamente y es una escisión de la anterior, donde permanecía enquistada, y la tercera, la derecha residual, la del timo regeneracionista y centrista, fue un producto de las élites extractivas que, cumplida su misión de evitar la desbandada del PP, desapareció del mapa con su Botones Sacarino cubierto de gloria.

El grado de nuestra cultura democrática puede medirse por esos formidables espectáculos y por el rechazo que aún provocan en amplios sectores de la población los intentos de emular los hábitos y la legalidad de las sociedades postfascistas. Ni siquiera se admite hoy en esos sectores que el franquismo se presente como un fenómeno histórico de la misma familia que los fascismos, sino que, en España, se busca una especificidad semántica e histórica que atenúe cualquier posible evaluación excesivamente realista. La idea que siguen vendiendo esos apologistas del eufemismo es que el franquismo fue muchas cosas a lo largo del tiempo y que, de acuerdo con cierta excepcionalidad española de origen inexplorado, no debe nombrarse de otro modo. Lo cual ha permitido proclamar a exministros franquistas como Fernando Suárez, uno de los fundadores de AP, que «la democracia la trajimos nosotros» y a la vez reivindicar el legado de José Antonio. En España, esa clase de empanadas mentales no solo se sostienen impertérritamente, sino que se jalean con entusiasmo.

Los eufemismos y revisionismos segregados por esos peristas de la historia han llegado en ocasiones hasta lo sublime (la denominación del franquismo como «Régimen autoritario de pluralismo limitado» sigue siendo insuperable) y han logrado con éxito evitar el choque frontal con cualquier clase de realismo menos el mágico, bien conscientes quienes así actuaban de que se hallaban ante una peligrosa «cuestión de nombres» ante la que no podían ceder sin pagar un alto precio político e histórico.

Esto ha ocurrido y sigue ocurriendo por la simple razón de que Europa fue creada sobre la derrota de los fascismos y en España el dictador murió en la cama. La propuesta de elaborar una ley que regule la apología del franquismo aparece justamente cuando Vox tiene 54 escaños en el Congreso y las derechas que se dicen «constitucionalistas» han sellado pactos de gobierno con ese partido al que Iñaki Gabilondo calificó de «franquista». ¿Cómo puede pensarse en que la apología del franquismo sea delito en un país que todavía no ha logrado deshacerse de él porque aún se encuentra en la política, en la prensa, en las televisiones y en las radios, clamando a diario contra la llegada al poder de los esbirros del chavismo y las hordas rojas, y, de creer al exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, sigue presente en el poder judicial? ¿Cómo va a salir adelante -o siquiera debatirse- una ley a la alemana si la Iglesia española, como dice el teólogo Juan José Tamayo, «no ha roto el cordón umbilical» con el franquismo y, a pesar de su crisis, sigue siendo un hiperactivo poder fáctico? ¿Cómo esperar que una tentativa de corte europeo cristalice un país en el que cerca de 200 exaltos cargos militares firmaron hace solo dos años una «Declaración de respeto y desagravio al General Francisco Franco Bahamonde, soldado de España», que rechazaba la «perversa pretensión» de sacarlo del Valle de los Caídos?

Más allá de las razones teóricas o los precedentes europeos que se invoquen a favor de una ley contra la apología del franquismo, en España resulta sencillamente inviable porque, como dijo el gran Vázquez Montalbán, seguimos estando rodeados. Fuente: Levante


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