Lawfare educativo: políticas educativas del fascismo:
La censura y control sobre la educación pública, plural, democrática e
inclusiva es una estrategia que los grupos fascistas han hecho y siguen
haciendo en muchos países. Anclados en la falsa creencia de todas las
dictaduras: “si controlas su educación, controlarás sus mentes”. Lo
están impulsando vía “lawfare educativo”.
Con ello consiguen cuestionar y desprestigiar la educación
pública por su capacidad de formar en valores democráticos y favorecer
la igualdad social, acusándola de adoctrinar; atacar el modelo de
escuela pública sembrando la sospecha sobre la labor del profesorado y
socavando la relación de confianza entre la familia y la escuela;
impulsar el miedo (o, al menos, la prevención) del profesorado que
empieza a sentirse acosado y amenazado ante las denuncias; y sobre todo
hacer girar la agenda mediática sobre estos aspectos en vez de los
verdaderos retos de la educación: reducir el número de alumnado por aula
(ratios), la falta de recursos, las plantillas inestables y las altas
tasas de interinidad o la religión en la escuela del siglo XXI.
Estrategia clásica
Esta estrategia, impulsada en España por el grupo fascista VOX, a
través del que ya muchos denominan “PIN de censura educativa”, tiene un
largo recorrido. Es un clásico de la manipulación de los sistemas
autoritarios, presentando el control y la censura como un paternal
ejercicio de “protección de los menores”, incluso de sí mismos. Con los
mismos esquemas, con las mismas falsas imágenes, con las mismas fake news
o mentiras y con los mismos vídeos, que se difunden en redes sociales y
grupos familiares de WhatsApp, donde niños y niñas “encantadores” piden
que en el colegio se dé matemáticas y en casa se eduque en valores.
Son las estrategias de “lawfare”
(guerra jurídica contra la democracia) que los grupos ultraderechistas y
los grupos evangélicos ultraconservadores (financiados por EEUU en
Latinoamérica para combatir la teología de la liberación, que
cuestionaba la desigualdad y la injusticia y apostaba por los pobres),
han utilizado para dar golpes de estado “blandos”, como en Brasil, y
poner en el poder a líderes ultraderechistas, como el militar Bolsonaro.
Lawfare educativo
Una de las primeras medidas de Bolsonaro, cuya ministra de familia
declaraba “las niñas de rosa y los niños de azul”, fue combatir la
educación en el respecto a la diversidad y contra el bullying
homofóbico, denominándola “kit gay”, utilizando para ello ‘fake news’,
en donde aseguraba que se pasaban películas porno gay en las escuelas.
La versión brasileña de este pin fue “Escuela sin partido”
que, según el militar, pretendía “acabar con la prevalencia de ideas de
izquierda en las aulas”, persiguiendo las ideas del gran pedagogo Pablo
Freire y estimulando a que los estudiantes grabaran las clases y
denunciaran al profesorado que considerasen que cometían el delito de
‘adoctrinamiento ideológico’.
Dado que en España no pueden imponer este adoctrinamiento de una
forma directa, por ley como en Brasil o Bolivia, han optado por una vía
indirecta, el lawfare educativo: el acoso vía judicial contra los valores democráticos e inclusivos de una escuela pública abierta, libre y plural.
Censura educativa
Exigen una censura educativa previa, un nihil obstat, para
controlar que los centros educativos públicos y los profesionales
cualificados que en ellos educan, no aborden “temas controvertidos”,
según los definen ellos.
Lo cual, traducido en sus categorías, significa que el profesorado no
cuestione la homofobia, no critique el racismo o la desigualdad. Lo que
hay detrás de este pin es su incapacidad para admitir una sociedad
democrática plural y tolerante. No admiten pensamientos diversos,
visiones críticas o que cuestionen el sistema. Es su discurso del odio
trasladado a la educación. El discurso del odio a la diversidad, a la
igualdad, a la justicia y los derechos humanos, propio del fascismo.
Acoso a la educación pública: vigilancia y control del profesorado de la pública
Pero estas campañas de censura educativa tienen una finalidad añadida
que es clave. Sembrar la desconfianza sobre la educación pública.
Buscan cuestionar la labor de los profesionales de la educación, a
quienes acusan de adoctrinar y “corromper”. Profesionales que han
accedido a su labor docente por oposición, tras una formación
universitaria certificada. Este acceso garantiza la diversidad de
personas, de creencias y de ideologías que pueblan la escuela pública y
que trasladan la diversidad social en la que va a convivir el alumnado.
La “vigilancia y control” que reclaman sobre el profesorado de la
pública, es censura. Lo cual es un atentado no solo contra la autonomía
de los centros educativos sino, también y especialmente, respecto a la
libertad de cátedra de los docentes, que es un derecho fundamental
recogido en la Constitución.
Se empieza con el «Pin», se continúa grabando con cámaras de
seguridad en las aulas y se termina persiguiendo y encerrando al
profesorado disidente. Ya se ha descrito suficientemente en novelas como
1984 de Orwell.
Efectos colaterales
Este lawfare educativo está teniendo efectos colaterales muy
graves. Está provocando, de hecho, que una parte del profesorado se
empiece a replegar cada vez más, porque se siente amenazado y no quiere
ser denunciado. En buena parte de los claustros de los centros escolares
públicos se empieza a percibir la autocensura para “no tener
problemas”.
Además, está socavando la confianza de las familias hacia el
profesorado de la pública. Lo cual acaba deteriorando la percepción que
se tiene sobre la propia educación pública y el servicio público
educativo. Esta confianza se tarda mucho en consolidar y está
sólidamente demostrado que es uno de los factores que inciden
positivamente en la mejora de la educación.
La dificultad añadida es que este enfoque lo está asumiendo la
derecha conservadora y la neoliberal, y las difunde la denominada
“caverna mediática”, es decir, los medios de comunicación conservadores y
reaccionarios. Lo cual significa que están marcando la agenda mediática
y parece que toda la acción política y pública se galvaniza en torno a
estos desvaríos trasnochados, en vez de hablar de los temas importantes
en educación.
Alternativa: asignatura de ciudadanía
La solución parece clara: más información y más formación a las
futuras generaciones para que no vuelvan a cometer los mismos errores
que han “engendrado estos monstruos”. Por eso se hace necesaria e
imprescindible la urgente implantación de una asignatura obligatoria y
evaluable, impartida por el profesorado, con contenidos de derechos
humanos y sociales, libertad afectivo-sexual, antirracismo y
antifascismo, como en Suecia, Alemania o Reino Unido, donde son
asignaturas obligatorias desde hace casi 50 años y las familias alemanas
que se oponen a que sus hijos e hijas reciban educación sexual pueden
acabar en la cárcel o ser sancionados con multas de hasta 5.000 euros.
Hay que educar en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en
la justicia social y los derechos humanos. Lo que necesitamos es acordar
un “Pin Mental” sobre estos disparates nacionales. Necesitamos un “Pin”
que aísle el discurso del odio. Esta sociopatía integrista de VOX,
heredada de la dictadura franquista, no puede tener cabida ni debate en
una sociedad democrática.
Fuente → blogs.publico.es
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