La mayor matanza del franquismo en Zamora: En la madrugada del 3 de enero de 1937 tuvo lugar la mayor matanza que el franquismo dejó documentada en la ciudad de Zamora, el asesinato de 31 hombres en el cementerio de San Atilano. Había entre ellos vecinos de Villarrín de Campos, Lubián, Padornelo, Aciberos, La Tejera, Requejo, Ribadelago, Lobeznos, Avedillo, Paramio, Ventas del Terroso y A Canda (Ourense). A diferencia de la masacre del 31 de diciembre anterior, en este caso no se informó a través de la prensa, de hecho la mayoría de ellos, aunque habían pasado por consejos de guerra, no estaban condenados a muerte sino a diversas penas de reclusión.
La mayoría de ellos procedían de la comarca de Sanabria y habían sido trasladados desde la cárcel de Puebla en los meses de agosto y septiembre: Eutimio Martín Cereceda, de 26 años, natural de El Maderal y propietario de un café en Padornelo; Eugenio Sánchez Bayín, de 19 años, natural de Almería; Fernando Diéguez Lorenzo, minero de 52 años, natural de La Tejera (Hermisende); José Alfonso González, minero de 28 años, natural de Sanguiñeda (Pontevedra); Manuel Lorenzo Campos, cantero de 31 años, natural de A Canda (Ourense); Manuel López Carreira, jornalero de 32 años, natural de Guntín (Lugo); Miguel Gaitán Suárez, obrero de 34 años, natural de Híjar (Granada); Magín Cerviño García, barbero de 21 años, de Requejo; Manuel Proy Fernández, jornalero de 51 años, de Ribadelago; Luis Remesal Villasante, minero de 18 años, de Lobeznos; Patrocinio Fernández Antón, jornalero de 21 años, de Valdespino; Salvador Rodríguez Rodríguez, jornalero de 21 años, de Avedillo; José Casas Prada, herrero de 21 años, de Paramio; Marino García Rodríguez, auxiliar mecánico de 28 años, natural de Cea (León); Ángel Rodríguez Núñez, jornalero de 25 años, de Murias; Celestino Calvo Rodríguez, jornalero de 25 años natural de Brués (Ourense); Gonzalo García Rodríguez, jornalero de 26 años natural de Santipedre (Ourense); Antonio Monteagudo Alonso, jornalero de 49 años, de Ribadelago; Abel Sixto Carrondo, jornalero de 32 años, natural de Almeida; Crescencio López Ramos, jornalero de 21 años natural de Villar de Cañas (Cuenca); y Daniel Rodríguez Rodríguez, minero de 34 años natural de Mingorría (Ávila).
En esta ocasión la saca incluyó también a 10 vecinos de Villarrín de Campos: Jacobo Ferreras Flórez, de 24 años; Enrique Álvarez González, carpintero de 47 años, casado y con 9 hijos; Gaspar Alonso de la Puente, de 39 años, casado y con 2 hijos; los hermanos Arcadio Noé y Joaquín Flórez Carnero, de 26 y 21 años; Leoncio Flórez Alonso, de 39 años, casado y con 5 hijos; Orencio Herrero Llamas, de 21 años; Tristán García Martín, de 21 años; Carlos Cuadrado Barcia, de 28 años (que ya en 1933 había sido herido de gravedad por un derechista local, y su padre y su hermano Ismael habían sido asesinados en noviembre de 1936); José Martín Linacero, de 20 años. La mayoría de ellos habían sido detenidos el 10 de agosto anterior y acusados de haber constituido patrullas ciudadanas en oposición a la sublevación militar declarada en Zamora el 19 de julio. Como en tantos otros casos, la defensa del régimen legalmente constituido fue interpretada por las autoridades golpistas como rebelión militar y las fuerzas vivas locales aprovecharon la coyuntura para atribuir propósitos revolucionarios y criminales a los obreros afiliados a sindicatos de clase.
Entre los 10 asesinados de este día había militantes históricos de la Sociedad Obrera, como Leoncio Flórez, pero también jóvenes menores de edad: dos de ellos, Orencio Herrero y Tristán García, serían requeridos, después de muertos, para incorporarse al servicio militar. La cuota de sangre que los patronos y la derecha local exigían a la clase obrera de Villarrín se había comenzado a cobrar meses antes: además de las 10 víctimas del 3 de enero, no menos de 16 obreros de esta localidad habían sido asesinados entre los meses de agosto y diciembre, ya fuese en Zamora –Antonio Pintado, Ramón de la Vega, José Merino-, en Benavente –Eliseo Alonso, Ángel, Ismael y Basilio Cuadrado, Gregorio y Elidio Ferreras, Quintiliano García, Domingo Justo Pozuelo, Demetrio Robles, Tomás y Antonio de la Vega– o, como el alcalde y diputado provincial (el primero del PCE en Zamora) León de la Vega Rodríguez, torturado y asesinado en el Puente de Quintos. Al parecer, las autoridades de Villarrín de Campos, a día de hoy, siguen considerando la memoria de todos ellos indigna de ser recordada, a diferencia de la del generalísimo Franco, del general Mola, de Calvo Sotelo o de José Antonio Primo de Rivera, cuyos nombres han seguido figurando en vías públicas de la localidad años después de la publicación de la Ley 52/2007, o de los combatientes locales del bando sublevado, a los que una cruz en la fachada de la iglesia parroquial sigue honrando como caídos por Dios y (únicos) caídos por España
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