Proyecto Faq “La inmensa mayoría de los jueces son ultraderechistas”

sábado, 11 de enero de 2020

“La inmensa mayoría de los jueces son ultraderechistas”


Entrevista con el profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional
 
Análisis del momento judicial en España


“La inmensa mayoría de los jueces son ultraderechistas”:
Entrevista con el profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías

Las derechas y ultraderechas de PP, Vox y Ciudadanos no se cohíben y reconocen en público que utilizarán los tribunales para pararle los pies al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. La polémica llega con cada decisión del Tribunal Supremo, que ha decidido hacer oídos sordos a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Magistrados de la Junta Electoral Central suspenden, pocas horas antes del inicio del debate de investidura, nada menos que al president de la Generalitat. El poder judicial toma cada vez un protagonismo mayor en la vida política española. Y para analizar lo que está ocurriendo, hablamos con Joaquín Urias (Sevilla, 1968), profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, quien también fue letrado del Tribunal Constitucional.

- El Congreso ha de renovar 10 vocalías del Consejo General del Poder Judicial y cuatro vocalías del Tribunal Constitucional. El PP se niega a hacerlo y son necesarios sus votos. ¿Qué valoración hace de esta anomalía?

- Lo del CGPJ está pendiente desde hace más de un año. Casualmente, el PP se negó a renovar estos cargos cuando se hizo pública la operación que tenían montada para que el juez Marchena pasara a convertirse en presidente del CGPJ. La derecha española, cada vez que pierde la mayoría electoral, se atrinchera en el poder judicial. Al PP no le importa dejar una institución en funciones durante varios años, no le importa saltarse la Constitución, para mantener el poder político en el poder judicial. Lo peor es que dentro de la judicatura no hay voces críticas con esto, se sienten bastante cómodos con que sea la mayoría conservadora la que decida los nombramientos del Tribunal Supremo, entre otras cosas.

- ¿Qué implicaciones tiene que esta situación se mantenga en el tiempo? ¿Hasta cuándo se podría mantener esto?

- Esto se puede mantener indefinidamente. En el Tribunal Constitucional ya hubo una situación muy parecida a esta. La derecha había perdido el Gobierno y no quería perder la mayoría y el poder en los órganos judiciales y se prolongó durante varios años. Esto no tiene límites. Sería posible una modificación de la ley que dijera que cuando se cumple el plazo, si en seis meses el órgano no ha sido renovado, decae y se queda en bloqueo. Eso tendrían que resolverlo los políticos.

La ley está hecha para que los partidos actúen con lealtad institucional. Cuando un partido no respeta la lealtad institucional para mantener cuotas de poder, el resultado es que la justicia sigue funcionando, no se bloquea nada, pero pierde la legitimidad institucional.

- Cambiando de tema. ¿Cómo valora la decisión del Supremo de esta semana con respecto a la inmunidad de Junqueras en desaveniencia con la sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea?

- Sinceramente creo que el Tribunal Supremo está haciendo un poco de trampa. El Supremo, el jueves, dictó tres resoluciones y la Sala de lo Penal, dos. Es algo que ha pasado un poco desapercibido. Por separado, una de las resoluciones tiene cierta lógica, dice que Junqueras se convirtió en eurodiputado el 13 de junio y el juicio estaba visto para sentencia desde el día de antes, el 12. Es lógico que lo que se había hecho antes de que fuera eurodiputado no hay que anularlo. Al mismo tiempo, dice que la inmunidad, tal y como se entiende en España, no implica que cuando una persona está enjuiciada para dictar la sentencia haya que pedir el suplicatorio. Este auto es muy razonable.

Lo que pasa es que también dicta otro auto el Supremo que ya entra en el terreno de la rebelión frente al TJUE. El señor Junqueras había pedido permiso para acudir al Parlamento a jurar la Constitución y adquirir la condición plena de eurodiputado y el Supremo dijo que no. Junqueras presentó un recurso, y en el marco de este recurso es cuando el Supremo le pregunta a la justicia europea si ha de dejarle libre o no. Esto no estaba resuelto y el TJUE resuelve diciendo que obligatoriamente tendría que haberlo soltado o pedido un suplicatorio. Y, tras esto, el Supremo concluye que lo ha hecho bien, porque el TJUE permite que lo mantenga en prisión, obviando que tendría que haber pedido un suplicatorio.

Hay un truco en todo esto, el TJUE había dicho que si Junqueras seguía en prisión, el Supremo debería haber pedido el suplicatorio para mantenerle en prisión y poder dictar sentencia. Esto quiere decir que ha habido una irregularidad en el procedimiento y el Supremo se ha declarado en rebeldía, actuando como si no existiera la sentencia que resolvía la duda que él mismo preguntó. Esto coloca al Supremo en una situación muy pintoresca de desobediencia a un órgano constitucionalmente superior.

- ¿Considera que el judicial español está cayendo en descrédito a nivel internacional?

- Es complicado. Es innegable que la cúpula del judicial, básicamente el Supremo y la Audiencia Nacional, son tribunales que están actuando bajo criterios políticos. Cualquier observador internacional no tendrá la mínima duda de que el Supremo ha decidido asumir la defensa política de la unidad del Estado por encima de la ley. No está aplicando la ley, está defendiendo la unidad de España saltándose las leyes españolas.

En la Unión Europea empieza a haber una conciencia de que los altos tribunales españoles no son independientes, están actuando como apéndices del poder político. Lo que no tengo tan claro es si en el ámbito europeo hay un análisis certero de las causas, de por qué pasa esto. Evidentemente, la situación de politización de la justicia española es algo que preocupa a toda la Unión Europea.

- ¿Cuál sería su análisis de las causas de la politización de la justicia española?

- Yo creo que hay dos, básicamente. El primero, que sea el CGPJ el que nombra los magistrados del Supremo. El problema no es que el CGPJ esté elegido por los partidos políticos, sino que el CGPJ, elegido por los partidos políticos, nombra a los jueces del Tribunal Supremo. Es cierto que lo jueces tienen que tener unos requisitos, pero son los que el CGPJ quiere. Esto, en cualquier país del mundo, sería un disparate que al máximo órgano judicial no se entre por oposición, no se entre por antigüedad o por méritos, sino que se entre por una decisión política. Eso pervierte absolutamente la imparcialidad del Supremo. El problema no es que el CGPJ esté elegido por los partidos, si estuviera elegido por los propios jueces sería el mismo reparto de favores. Al Supremo hay que entrar por criterios objetivos.

La segunda causa es que el poder judicial español está muy inclinado a la derecha. La inmensa mayoría de los jueces son ultraderechistas. No es una impresión mía, en las elecciones que hay en el seno del poder judicial para algunos órganos, la organización ultraconservadora barre con más del 50 por ciento.  Basta entrar en los comentarios de Twitter de cualquier juez para ver que apoyan a Vox y que los jueces hablan en España de política impunemente. Los moderados defienden el ala dura del PP, el resto a Vox. Tenemos un poder judicial escorado muy a la derecha, que participa en el debate político, y un Tribunal Supremo elegido por criterios que no son objetivos. Esto hace que nuestro judicial pierda la imagen de objetividad.

- ¿Qué cambios cree que se deberían efectuar en la carrera judicial para paliar esto que está comentando?

- Hay que mantener el sistema de oposición, un sistema neutral y objetivo. Hay que anunciar a todos los jueces que no se preocupan, que no se va a eliminar el sistema de oposición. Pero, dentro de la oposición, hay que cuidar a qué cosas se les da prioridad. En España, la oposición de la carrera judicial es exclusivamente memorística, los jueces solo tienen que aprender cosas de memoria y, al contrario que otros países, no necesitan hacer prácticas. Creo que es necesario que un juez, una vez ha superado la oposición, tenga que hacer prácticas, trabajando de abogado, en las trincheras de lo jurídico, viendo los dos bandos de la justicia.

Fíjate que no solo no hacen prácticas, sino que los jueces no tienen formación en psicología, en género o en cuestiones que les hagan ponerse en la piel del ciudadano. Creo que, manteniendo la oposición, habría que reformar las materias y la manera de estudio. Por otro lado, tendría que haber becas para que haya personas que pudieran estudiar los cuatro o cinco años que se tardan en sacarse la oposición a pesar de que su familia no se lo pueda permitir. La judicatura no puede depender de quién tiene dinero, sociológicamente las capas más conservadoras. El Estado debería permitir que cualquiera pudiera estudiar para juez.

- Algunos medios se han hecho eco de cómo con la llegada de un gobierno de izquierdas las derechas y ultraderechas han declarado un proceso de lawfare. ¿Cree que es así, vamos a vivir una guerra jurídica contra el gobierno que se está constituyendo?

- Que la derecha, cuando pierde el poder político, se atrinchere en la judicatura es un clásico. La primera vez que pasa es en los Estados Unidos a principios del siglo XIX. En España, además, tenemos un problema. El Gobierno de Rajoy, ante el desafío catalán, en vez de dar respuestas políticas, lo que hizo fue acudir al judicial para que dijera que el referéndum es imposible, el debate sobre la independencia está prohibido, etc. Así, se han prohibido cosas para castigar al independentismo. La derecha puso al poder judicial en primera línea.

Ahora, cuando entra al poder una izquierda que quiere intentar solucionar los problemas dialogando, el judicial, creo, no le va a dejar. El auto sobre Junqueras de esta semana es muy claro y hace consideraciones contra la Abogacía del Estado que yo calificaría de casi insultantes. El Tribunal Supremo le está diciendo al Gobierno que, hagan lo que hagan, ellos mandan en el tema de Catalunya y quieren una resolución jurídica y no política. Ese mensaje no era necesario, el auto se podía resolver sin insultar ni amenazar a la Abogacía. Lo que quisieron es demostrar que quien manda son los jueces. Está empezando una fase de guerra judicial, claro que sí.

- ¿Hasta qué punto cree que esto puede paralizar la acción de gobierno?

- Es muy peligroso para la acción de gobierno. No hay nada más peligroso en una democracia que un poder judicial que va más allá de sus competencias y está politizado. Esto es imparable y se carga todo el sistema. Lo que estamos viendo en España es a un judicial que toma decisiones que no le corresponde, donde no hay un delito, se lo inventa, donde hay una opinión, la prohíbe. Tengamos en cuenta que el Tribunal Constitucional ha prohibido que en cualquier debate del Parlament de Catalunya esté presente la palabra "independencia" o "autodeterminación".

Cuando los jueces van más allá de su terreno, no hay forma de pararlos. Y el próximo gobierno progresista va a ver cómo muchas de sus decisiones las va a paralizar un juez. Eso es un desgaste continuo y creo que va a impedir medidas de progreso.

- Ha hecho referencia en varios momentos a la judicialización del conflicto catalán. Llama la atención la diferencia en las consecuencias penales que están teniendo los dirigentes independentistas que marcharon al extranjero con los que se quedaron en el Estado español. 

- El día que Puigdemont decidió irse a Bélgica, pensé que era una locura. Pensaba que Bélgica lo iba a devolver a España e iba a hacer el ridículo. Al final, se ha demostrado que la estrategia de involucrar a jueces europeos ha resultado muy positiva para ellos. Eso demuestra que el poder judicial español no ha actuado de manera imparcial. En otros países, se han suscitado dudas sobre nuestro poder judicial.

En el ámbito europeo, cuando alguien comete un delito, el marcharse a otro país no es una escapatoria. Cuando esto se convierte en una escapatoria no es por falta de lealtad de jueces internacionales, es porque jueces de otros países consideran que lo que están haciendo los jueces españoles contraviene al derecho europeo. Al final, se está lanzando el mensaje de que convendría haberse escapado, porque están poniendo de manifiesto la quiebra de la justicia española.

El caso de Junqueras es muy espectacular. Cuando el TJUE dice que Junqueras era eurodiputado desde que lo eligieron, se salta toda la jurisprudencia anterior. Se da cuenta de que el Tribunal Supremo no le permite salir para convertirse en eurodiputado de una manera ilegítima. Le había permitido salir de prisión para ser diputado del Congreso, pero no le permite salir para ser diputado europeo porque se va a ir fuera. Entonces, nada más que el TJUE, el máximo rango, cambia toda la doctrina para toda Europa sobre la inmunidad para frenar al Supremo español. Esto está demostrando que al final cuenta irse a la justicia alemana, belga, del Reino Unido o a la propia de la Unión Europea. Están tratando el tema de una manera muy diferente a los jueces españoles.

- Para terminar. Ha habido un debate terminológico sobre si son o no presos políticos. ¿Usted qué opina?

- Yo prefiero no utilizar la categoría presos políticos. Hay categorías que ensucian el debate. El problema no es si son presos políticos o no, es que no nos ponemos de acuerdo en qué es un preso político. Yo no utilizo esa categoría, pero lo que puedo decir es que, evidentemente, el hecho de que estén en la cárcel y hayan recibido penas tan duras está relacionado con su ideología, su posicionamiento ideológico. No sé si eso les convierte en presos políticos o no, no tengo clara la categoría.


Fuente →  cuartopoder.es

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