La huelga y la lucha por la República
 

La huelga y la lucha por la República: Las Cargas policiales en Don Benito (Badajoz) contra los pequeños agricultores extremeños, que se manifestaban ante el recinto ferial “Agroexpo” -donde se encontraban el ministro de Agricultura Luis Planas y el presidente de la región Fernández Vara-, ponen de manifiesto un nuevo momento de la lucha de clases. Las organizaciones agrarias denuncian que los precios impuestos desde la Política Agraria Común, que sobrefinancia a las grandes propiedades latifundistas, les obliga a ellos a vender por debajo del precio de producción, lo que empuja a la ruina de sus pequeñas explotaciones. Los especuladores de la alimentación, propietarios de las grandes superficies, están haciendo grandes beneficios a cuenta de las condiciones miserables de los trabajadores y de la crisis de las pequeñas explotaciones agropecuarias.

 El olivar concentra en buena medida la crisis del campo español en su conjunto, soportando precios que son incompatibles con el mantenimiento de las explotaciones pequeñas y medianas. Hoy, día 30, los aceituneros se han lanzado a cortar carreteras principales como la A-4, con piquetes en la Carolina y también en Albacete, Úbeda y cerca de Granada, exigiendo precios adecuados para el aceite, que pasa por uno de sus peores momentos. El campo no está dispuesto a ser víctima de las políticas del gran capital.

 Los problemas de los pequeños agricultores no devienen de las insuficientes subidas del salario mínimo, que incluso los convenios agrarios no respetan. Los problemas de los 500.000 jornaleros agrícolas y de los pequeños agricultores, que son unos 300.000, tiene su origen en la política impuesta desde Bruselas, hecha suya por los gobiernos de todos los colores contra las producciones agroalimentarias y la soberanía alimentaria de los países. La ruptura con la PAC y la necesidad de la Reforma Agraria para que la propiedad latifundista no siga en manos de los señoritos, de los fondos de inversión y de los Bancos, son las exigencias de fondo del movimiento de trabajadores agrícolas y de pequeños productores.

 La cita en la Moncloa de la patronal, los sindicatos oficiales y los representantes del gobierno para teatralizar la política de pacto social sobre ridículas subidas de los salarios y las pensiones que no resuelven los problemas de austeridad y miseria social, no puede ocupar el centro de la situación política como pretenden. El centro en este momento político lo ocupa la movilización social.

 El obstáculo que representa la política de pacto social es un obstáculo que proviene de las políticas oficiales diseñadas en Bruselas y en las mesas de los gobiernos, y son obstáculos que solo puede ser superados con la masividad y la reorganización de los mismos trabajadores, mediante formas abiertas como la que representan las asambleas, los piquetes, los comités elegibles y revocables integrando los sindicatos…

 Momento político éste, que desde los sectores industriales se desarrolla con un llamamiento de cientos de organizaciones sociales y sindicales a la huelga general en Navarra y País Vasco, convocada en defensa del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, reclamando un mínimo vital de 1.200 euros, el derecho a decidir y la República. Demandan la reversión de la situación general de austeridad y contrarreforma social, que ha sido establecida desde hace más de una década, lo que ha supuesto la multiplicación de los beneficios del capital y la pérdida permanente de las rentas (directas e indirectas) del trabajo.

 La crisis política e institucional del régimen monárquico está en el origen del movimiento reivindicativo y de huelga general. Y, sobre todo, es la incapacidad de las instituciones de dar respuestas puntuales a los problemas sociales, políticos e institucionales la que alimenta en el fondo el movimiento republicano, que no puede sino extenderse desde Cataluña y País Vasco a todos los territorios de la geografía del Estado español.

 El presidente de la Generalitat, que el Tribunal Supremo pretende suspender en sus funciones violando el derecho del Parlamento, acaba de señalar que la actual legislatura está agotada, y por ello convocará elecciones en los próximos meses en medio de la división entre ERC y JpC.

 El motor del movimiento es el fondo de la crisis. El tema de la huelga general es tan viejo como el mismo movimiento obrero, y los que hablan de luchas reivindicativas no pueden negar que “toda lucha de clases es una lucha política”.

 Desde las Comunidades Autónomas, donde el trabajo agroalimentario se encuentra entre los peores pagados, la patronal y los presidentes de las comunidades que representan al PSOE, ponen el grito en el cielo contra las subidas de los salarios mínimos, que no permiten vivir con un mínimo de dignidad a las familias trabajadoras, sin señalar que es el sistema de mercado ”libre”, impuesto por la PAC, el que destroza las pequeñas explotaciones de toda la Unión Europea, con importaciones de productos  que, a precio de esclavitud, tiran los precios al por mayor.

 Todos los teóricos, que han insistido durante décadas en la desaparición de la clase trabajadora y del campesinado, se encuentran de cara con una realidad: la que se deriva de la movilización agraria, de la convocatoria de huelgas generales que tienen poco ver con sus predicciones.

 Lo cierto es que la cuestión de la huelga general vuelve a ponerse de actualidad, ocupando un primer plano de la situación política. Pone de manifiesto que, pese al carácter clientelar de las principales organizaciones sindicales -cuyos dirigentes colaboran codo con codo con la patronal y el gobierno en imponer el retroceso de las demandas sociales y democráticas-, la clase trabajadora y el campesinado, como clases explotadas y oprimidas, existen a través de su lucha y de su movimiento y, contradictoriamente, se diferencian de sus mismas organizaciones. Toda la historia sustancial está tejida de este combate político.

 El momento de la huelga general no es una cuestión exterior al movimiento de los trabajadores y sus aliados, es una determinación que surge de la dinámica de las relaciones entre las clases, y de la relación entre las diferentes capas de las clases, y es, por tanto, ante todo y sobre todo, una cuestión política. Es decir, originaria de la política propia de los intereses materiales y morales de los trabajadores.

 La cuestión del derecho a decidir de los pueblos se cruza en medio de los planes continuistas del régimen monárquico. Habiendo quebrado los fundamentos de su Estado autonómico, el movimiento político se extiende de Cataluña a otras nacionalidades y regiones en forma de derecho a decidir sobre monarquía o república. Lo que en su día fue en la historia del movimiento obrero y popular la lucha por el sufragio universal, por el derecho al voto. Movimiento que vino desde abajo, y se sigue expresando en nuestros días por la movilización y la huelga general, por el derecho a decidir sobre la forma del Estado, que no puede sino ayudar a articular un gran movimiento republicano de todos los pueblos.


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