Proyecto Faq ¿Es franquista Felipe de Borbón?

martes, 3 de diciembre de 2019

¿Es franquista Felipe de Borbón?

 

¿Es franquista Felipe de Borbón?:
Los poderes del rey

Según la Constitución vigente el rey no es solo el Jefe del Estado sino también Jefe de las Fuerzas Armadas, además de ser inviolable, es decir no puede ser investigado ni se le puede atribuir responsabilidad civil o penal alguna, sea cual fuere su circunstancia. Un privilegio insólito que ningún jefe de Estado de la Unión Europea ni del resto del mundo civilizado posee; excepto, claro está, en las dictaduras.

Por lo tanto, la pregunta que ha dado origen al título de este artículo -cuya finalidad es la defensa de nuestro compañero Marco Santos, recientemente represaliado- es pertinente, pues, de no quedar esto meridianamente claro, la comparación con otras monarquías de la Unión Europea sería un burdo engaño, y si esta se llevase a cabo con democracias como la portuguesa o la francesa, resultaría directamente indignante.

Ser demócrata es estar a favor de la República, al menos desde los tiempos de la antigua Grecia. El origen etimológico de la palabra democracia es obvio: el poder del pueblo. Lo que entraña que no han de existir diferencias debidas al origen social o de género de las personas. También implica que todos los cargos y honores han de ser accesibles en función de los méritos y capacidad de las personas.

Durante la monarquía instaurada por el dictador -tras su ratificación mediante la Constitución de 1978, asumida de forma compulsiva por el terror que inspiraba el Ejército de Franco- el rey ejerció el mando supremo de forma extremadamente autoritaria en dos ocasiones:

El 23 de febrero de 1981, como Jefe de las Fuerzas Armadas, vestido de militar.

EL 3 de octubre de 2017, como Jefe del Estado, vestido de civil.

En ambos casos un rey Borbón se arrogó funciones militares y políticas que no le correspondían, al no estar subordinado al Presidente electo, jefe del ejecutivo.

En el primer caso porque el gobierno estaba secuestrado por orden de dos generales monárquicos de su máxima confianza. Y la pregunta que todo el mundo se hace ¿a quién benefició aquel golpe militar fascista y quién fue su inductor?

En el segundo caso, porque en su discurso solemne a la nación se refirió despectivamente, en tono amenazante, a las autoridades de la Generalitat de Catalunya, representantes elegidos democráticamente. Esto pudo inducir a las autoridades del Estado al encarcelamiento provisional, proceso y condena a largos años de prisión a dirigentes y lideres republicanos, legítimamente elegidos por el pueblo catalán, que obviamente no es monárquico.

Además, el rey, unos días antes del 1 de octubre de 2017, en una intervención pública, dijo sibilinamente “la Constitución prevalecerá”, sin precisar contra quién. Esto quedó finalmente aclarado cuando autoridades del gobierno de Su Majestad, henchidos de ardor guerrero, despidieron en las calles a la fuerza armada enviada a Catalunya, desgañitándose con el famoso “a por ellos”.

Lo que sucedió después, aquel 1 de octubre, queda para la historia de la infamia.

El acoso y despido del Cabo Marco

Los marineros experimentados saben que no hay buenos vientos si no se sabe hacia donde se navega. Sin embargo la Transición consistió, básicamente, en una amnesia impuesta y la obligación, bajo la coacción armada del Ejército de Franco, de asumir irresponsablemente un futuro incierto. La travesía que esta democracia inició un 6 de diciembre de 1978 con graves carencias anuncia naufragio.

En efecto, cuarenta años después el resultado es un neofascismo rampante, que se ha configurado como un monarco-franquismo, cerrilmente nostálgico de la dictadura, mucho más amenazante y peligroso que el europeo, por su posición de poder en los aparatos del Estado.

Por si esto fuese poco, constatamos como relevantes líderes políticos han quedado seriamente contaminados, siendo algunos de ellos irreconocibles. Su paso por la Moncloa, bajo la autoridad de un rey Borbón que debe su corona a Franco, les ha marcado profundamente. Esto crea un enorme desasosiego entre el electorado progresista, consciente del peligro que representa para la libertad ese poderoso artefacto de corrupción que algunos llaman, con razón, la monarquía del 18 de julio.

Afortunadamente esta situación no se da en otros países vecinos, como es el caso de la República francesa, en donde la memoria democrática se mantiene muy viva, al contrario que en España, en donde es humillada por parte de generales franquistas y sus partidos afines. Los poderes públicos franceses se apoyan en su memoria democrática, cerrando así el paso al neofascismo que, al menos por ahora, se encuentra aislado.

Es por lo tanto urgente promulgar una nueva Ley de Memoria Histórica que contemple cuanto la legislación de la ONU determina para la defensa de los Derechos Humanos de las victimas y el rescate de la memoria democrática que representan, derogando la ley anterior LMH por ser una aberración jurídica que equipara victimas y victimarios además de no ser efectiva. Es un asunto de la máxima prioridad, no solo por razones de justicia, sino también porque la actual situación pone en grave riesgo nuestras pírricas libertades democráticas, al menos tal como las hemos conocido hasta ahora.

Sin embargo, un partido ultra-franquista está siendo blanqueado por los poderes que sustentan la monarquía, como corresponde a las necesidades objetivas de la Corona, dispuesta a imponer su peculiar “Concordia” manu militari. Lo prueba la demolición del memorial a las víctimas de la dictadura franquista fusiladas en las tapias del Cementerio del Este en Madrid. También lo prueba el despido del cabo del Ejército Marco Antonio Santos, cuyo fin no es otro que el de acosar y castigar cualquier simpatía republicana que sea detectada en el seno del Ejército. El opresor siempre busca la invisibilidad del oprimido.

La firma de un escrito contra la dictadura franquista, añadiendo “salud y república”, no es motivo para su expulsión. Es una decisión a todas luces extremadamente injusta, que además envalentona a los sectores franquistas del ejército, abrumadoramente mayoritarios.

El caso de Luis Gonzalo Segura y de Marco Santos, ambos jóvenes compañeros demócratas en lucha por los derechos civiles, es hoy tan devastador como lo fue en su día el famoso caso Dreyfus, o el de los compañeros de la UMD, condenados por la dictadura franquista y no amnistiados en la Transición, símbolo universal de la indecente razón de Estado. ¿Tiene conocimiento de estos excesos la Sra. Ministra de Defensa? Pido desde aquí revoque su expulsión.

La monarquía española se manifiesta, pues, como una barrera infranqueable que impide el ejercicio de las más elementales libertades democráticas en el seno de las Fuerzas Armadas, con el fin de que el ejército, heredado de Franco, siga siendo su instrumento disuasorio ante cualquier reclamo de soberanía popular.

El movimiento republicano y progresista ha de expresar sin ambigüedades, mediante su movilización en las calles y en las instituciones, las esperanzas de las clases trabajadoras y de sus pueblos, exigiendo que sean atendidas las capas sociales más golpeadas por la Gran Depresión, las sanciones políticas revertidas y los presos políticos liberados, desterrando de una vez por todas el neofascismo, machista y asesino, que intoxica la vida política y social nuestro país y de sus Fuerzas Armadas.

Manuel Ruiz Robles, presidente federal de la Asociación Unidad Cívica por la República, portavoz del colectivo de militares demócratas @colectivoanemoi


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