El franquismo como expolio
 
 En la recuperación de piezas artistícas y edificios históricos, como el Pazo de Meirás, en Sada, o la Casa Cornide, en A Coruña, se juega la restauración de la dignidad de varias generaciones de víctimas de la dictadura

El franquismo como expolio: Abraham e Isaac son esculturas de piedra que esculpió el maestro Mateo para la catedral de Santiago, en donde estuvieron casi mil años. Llevan algo más de 50 en el Pazo de Meirás.  Recuperarlas de las manos de la familia del dictador Francisco Franco es una batalla legal de alto valor simbólico, como también lo es la recuperación de edificios históricos como Meirás, en Sada, o la Casa Cornide, en A Coruña. En estos episodios se juega la restauración de la dignidad de varias generaciones de víctimas, directas e indirectas, de una dictadura sostenida sobre un mar de sangre y miedo. En el arco que va del 18 de julio de 1936 (golpe de Estado) a 15 de junio de 1977 (las primeras elecciones democráticas) operaron todas las modalidades de expolio, solo en parte moderadas después de la derrota del fascismo en 1945.

 El médico Darío Álvarez Limeses vivía en Tui. Allí tenía la consulta y vivía con su esposa María Blázquez Ballester y sus hijos Celso, Álvaro, Xosé María, Alfonso y Emilio. En la Alameda tudense fue fusilado después de un infame juicio el 30 de octubre de 1937. No había cumplido los 60 años. Obligados por las circunstancias a marcharse, la residencia de la familia, la Casa do Rollo, donde también se ubicaba la clínica, tuvo que ser malvendida, pero poco antes el médico militar César de Santiago aprovechó las circunstancias para saldar definitivamente la competencia: robó el material que le era de utilidad para su propia consulta y con la ayuda de unos soldados destrozó a culatazos el mobiliario. Por si podía quedar más competencia profesional en la villa también se benefició del fusilamiento del conocido cómo “médico de los pobres”, Alejo Diz Jurado, alcalde de la villa.

 Xulio Prada Rodríguez es un historiador especializado en el estudio de la violencia política, la República y el primer franquismo. Su libro más reciente se titula Marcharon con todo (Biblioteca Nueva), y profundiza en un aspecto que durante tiempo no centró las investigaciones sobre el golpe de Estado de 1936 y la guerra civil posterior: la represión económica. Múltiple, diversa, a veces sin soporte legal y atraco puro, sobre todo entre julio y noviembre de 1936, y después sistematizada en un continuo legislativo diverso. “No podemos hablar de que el balance sea un masivo cambio de propiedad, pero sí que podemos detectar dos ríos circulando. A uno de ellos le podemos seguir el curso documentalmente, porque se hacían investigaciones, se abrían sumarios y se elaboraban listados minuciosamente detallados de bienes. Aún dañados por el tiempo contamos con archivos. Ourense es dónde más material se conserva y, en menor medida, Lugo, Pontevedra y A Coruña. Después hay otro río soterrado, del que fuimos sabiendo por la memoria oral y que no podemos cuantificar, aunque lo imaginemos, un río donde hubo picaresca, extorsión, aprovechamiento de las debilidades y complicidades con los represores, también para hacerse con dinero y otros bienes. O sea, el propio de las situaciones de guerra”.

 El libro de Prada puede leerse con la distancia del forense o con indignación. Hace el recorrido sobre cómo iba mudando la legislación desde los primeros decretos militares a la Ley de Responsabilidades Políticas, que ponía muy alto el listón de las penas económicas, y explica desde las multas y las colectas de obligado cumplimiento para sostener el esfuerzo de guerra a las extorsiones abiertas. Muchas sentencias incluían penas económicas de indemnizaciones que dejaban en muy mala situación a las familias. Calculadas las más de las veces en función de los bienes, no tenían especiales miramientos sobre la capacidad de subsistencia de los que quedaban.

 Podemos hacernos una idea de la interminable y variada estela de multas cogiendo solo alguno de los once tipos distintos de sanciones que Prada clasifica en su libro seleccionando entre un total de 5.537 multas impuestas y documentadas solo en el período bélico de 1936-1939, cantidad que sería muy inferior a la real: las relacionadas con la no contribución a las suscripciones patrióticas; las de ofensa a los símbolos del nuevo Estado y los de la religión (salir de un lugar cuando ya había empezado el himno nacional, no saludar las efigies del dictador, proferir palabras contra el Movimiento o seguir bebiendo en un local cuando pasaba un desfile militar o una procesión, hablar mal delante de un cura, blasfemar…); multas relacionadas con el pasado político; multas por infracciones administrativas, por subversión, por pronunciar procacidades delante de señoritas, por pase clandestino de fronteras, por no pagar la ficha de la Falange…. El listado es tan extenso que parece difícil que se pudiera hacer una vida cotidiana sin sentir el aliento de la sanción acechando.

Fuente → ctxt.es

banner distribuidora