Proyecto Faq Mutilados del ejército de la II República

sábado, 30 de noviembre de 2019

Mutilados del ejército de la II República

 
 Republicanos y antifranquistas en un campo de concentración francés. 

Mutilados del ejército de la II República: Los crímenes del franquismo han gozado de absoluta impunidad. Durante más de cuarenta años, la prensa del régimen se hartó de airear a los cuatro vientos de España que los republicanos mataron y asesinaron tanto o más que los franquistas. Lo que no señalaba esta prensa servil es que los crímenes de los republicanos ya fueron juzgados y condenados y fusilados de forma ilegal mediante juicios oprobiosos e injustos. Sin olvidar que en algunos lugares, como en Navarra, los republicanos no asesinaron a ningún franquista o golpista. La masacre que falangistas y carlistas perpetraron en la cuna del Alzamiento no tiene parangón en la historia más reciente. Muchos de estos asesinados siguen desaparecidos, enterrados en cunetas, como ocurre con cantidad de republicanos de otras comunidades.
Solo desde el cinismo y desde la arbitrariedad puede hablarse de equidistancia entre las víctimas del ejército republicano y del ejército franquista golpista.

Una de las razones por las que es injusto e indigno establecer una simetría equidistante entre el victimario de ambos bandos, lo revela el tratamiento jurídico y político que el franquismo hizo entre los mutilados de su bando y los mutilados republicanos.


Mientras duró la Dictadura y en años posteriores, los mutilados del ejército republicano no serían reconocidos y, por consiguiente, nunca fueron tratados como personas con derechos, como lo venían siendo desde 1936 los mutilados del bando contrario
De forma consciente y cruel, el franquismo extendió sobre los mutilados republicanos el más absoluto grado de invisibilidad No recibieron ayuda de ningún organismo institucional del bando vencedor, ni de la Iglesia, ni de Cáritas, ni de la Cruz Roja internacional. Ni, después de 1969, ni de 1978, una vez que, según aseguran, la democracia se instalara. Si hubiera sido por los poderes públicos, habrían pasado completamente desapercibidos. Jurídica, política, económica y socialmente fueron menos que cero. Los redujeron a parias de la guerra una vez terminada la contienda. Lo mismo que sus viudas y sus hijos, los cuales tardarían más de cincuenta años en cobrar una ridícula pensión… si es que sobrevivieron.

Inválidos totales, mutilados de un brazo o de una pierna, ciegos, sordos y con todo tipo de amputaciones y respectivos muñones, su cuadro clínico resultó fue tan negro como escalofriante. La Historia, y quienes la escriben, les dieron la espalda.

liga
Antes, incluso de terminar la guerra, crearon la Liga Nacional de Mutilados e Inválidos de la Guerra, cuyo objetivo era reivindicar un trato justo para su situación, por ser personas y por ser españoles. Su actitud fue de una generosidad universal y rompería cualquier criterio de endogamia y egoísmo. En sus Estatutos Fundacionales establecerían “la inclusión de cualquier mutilado o inválido de cualquier bando, tanto el que se rebeló contra la República como el que le fue fiel”, tenían derecho a una pensión, pues ambos habían sido soldados españoles. Un gesto de generosidad que nunca plasmó el Cuerpo Benemérito de Mutilados de Guerra del mal llamado bando nacional. Menos todavía sus autoridades militares que jamás estuvieron por mover un dedo por la reconciliación. Jamás. 

Mientras duró la Dictadura y en años posteriores, los mutilados del ejército republicano no serían reconocidos y, por consiguiente, nunca fueron tratados como personas con derechos, como lo venían siendo desde 1936 los mutilados del bando contrario. Ellos, sus viudas y sus hijos.

En cuanto a los mutilados e inválidos republicanos que terminaron en los campos de concentración de Argelès sur Mer, Barcarés, Saint Cyprien, Adge, Sept Fonds, Gurs, Le Verne, purgando la culpa de haber defendido la República, los historiadores asumen sin paliativos que sufrieron las peores calamidades de este mundo.  

Primero, los cercaron como reses en campos de concentración hasta el final de la guerra mundial o los aislaron hasta la llegada de las tropas aliadas, como sucedió en Argelès sur Mer. En el colmo de las mayores sevicias y crueldades, fueron tratados como esclavos a quienes “contrataban” campesinos y patronos franceses que vivían junto a los campos de concentración. Mano de obra más barata, imposible. Les daban la comida del día y asunto concluido.

Segundo, se los humilló de forma cruel obligándolos a formar fila militarmente, en medio de las risotadas de los guardianes nazis y de los propios agricultores franceses. Estando en esa situación se los examinaba como si fueran animales de carga o mercancía barata observando el estado de sus dientes, piernas y manos.

Tercero, se les obligaba a trabajar duramente, a pesar de su condición de mutilados e inválidos. Terminada la faena agrícola, que duraba de sol a sol, regresaban al campo de concentración.

La relación de compra-alquiler que mantuvieron estos campesinos franceses, auténticos esclavistas, con los responsables alemanes de dichos campos, sigue sin estudiarse. Las mujeres fueron tratadas de igual modo o peor, sirviendo como criadas y explotadas vilmente. (Véase Los mutilados del Ejército de la República A. Sánchez Bravo y A. Tellado Vázquez, Editorial Mirasierra, 1976).

Para mayor crueldad, los campesinos franceses se pavoneaban de que estaban haciendo una obra de caridad. ¿Para quién?

Con relación a la vida de los inválidos y mutilados en España, cabe indicar que fueron totalmente discriminados. Sin ayudas de ningún tipo, serían maltratados moralmente y rechazados en todos los sitios donde pedían trabajo, no solo por su condición de mutilados o inválidos, sino por el origen de su condición. Muchos tuvieron que disimularla como resultado de un accidente laboral. Pues nadie que se preciara de franquista tenía el detalle humanista de contratar a un republicano mutilado.

Lamentablemente, cuando se quiso reparar las injusticias cometidas con este ejército que luchó contra el fascismo, ya era demasiado tarde. Para ellos y para sus viudas. Fundamentalmente, porque en su mayoría había muerto. En 1973, fundaron la Comisión Nacional Organizadora de Mutilados de la República y, actuando en la clandestinidad, consiguieron con cuenta gotas algunas de sus reivindicaciones. Los primeros logros llegarían en 1976, pero con muchas humillaciones. Las pensiones acordadas por el gobierno serían inferiores a las que cobraban sus homónimos del bando vencedor. Para más inri, se limitaban a extender una cantidad económica irrisoria, olvidándose de su asistencia médica y hospitalaria, como de sus viudas, eternamente olvidadas. 

Con diversos manifiestos, cartas al Presidente de Gobierno de turno, manifestaciones silenciosas pero tajantes, intervenciones ocasionales de los políticos de izquierdas en las Cortes reivindicando sus derechos, así se mantendrían hasta nuestros días, ahora, con el nombre de Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra de España de 1936-39. Aunque obtuvieron algunas reivindicaciones meritorias, lo cierto es que el recorrido fue un calvario y una muestra más de aquella justicia al revés que hablaba con carácter retroactivo, pero acertadamente, el fascista Serrano Suñer.



Franco, a su llegada a Ceuta

No hay que engañarse. El problema nunca fue un problema económico. El problema estuvo donde siempre: en el carácter político que suponía reconocer a unas personas que habían luchado contra quienes ahora eran herederos de los beneficios de aquel golpe de Estado. A este le suponía bien poco detraer 50 ó 100 millones de los presupuestos generales. Esto nunca fue un problema. Reconocer a quienes habían defendido la II República, sí, y, sobre todo, que tenían los mismos derechos que los mutilados del otro bando, también.

Y, como ya sucediera en otros capítulos de esta historia nada equidistante, las facilidades dadas por la administración para reconocer formalmente tales derechos fueron, no nulas, sino que se inventaron todos los impedimentos habidos y por haber para que desistieran de solicitarlas. Hubo que demostrar el nombramiento del empleo o grado desempeñado en el ejército republicano. Para ello, sería necesario, en ocasiones, acudir al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca; en otras, a las hemerotecas buscando en la prensa de la época o en los boletines oficiales republicanos un dato que certificara la verdad de lo dicho verbalmente o testificado mediante un papel arrugado y con las letras apenas legibles. Pero lo más patético, es que muchos de ellos se vieron obligados, incluso, a hurgar en las sentencias de condena dictadas por los tribunales de la posguerra y que, ahora, en la actualidad muchos hijos de aquellos jueces fascistas, que habían condenado a muerte a familiares y conocidos, ocupaban su mismo lugar en la democracia. Finalmente, se vieron en la obligación de desempolvar del baúl escondido en el cuarto más secreto del mundo el carné de la UGT o de la CNT de la época o de una nómina firmada y avalada vete a saber por qué gerifalte republicano y distintos documentos expresando el dato requerido para ahuyentar cualquier duda.

¡Y pensar que todavía existan políticos en ejercicio que defiendan una equidistancia simétrica entre el sufrimiento de un bando y de otro! Solo desde la indecencia ética se puede mantener tal procacidad.


Fuente → nuevatribuna.es

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