La impunidad de los torturadores del franquismo: Hay algo muy oscuro en la intimidad de una sala de interrogatorio, más aún si se convierte en sala de torturas. No puedo evitar pensar en el torturador más que en la víctima. Por lo fascinante, por lo repugnante. Al fin y al cabo la victima es pasiva; todos actuaríamos de forma parecida. Algunos aguantarían más, otros menos. Algunos guardarían el secreto protegiéndolo con su muerte, utilizándolo como un bálsamo mientras el dolor desborda sus nervios, pero no su voluntad. Y otros se quebrarían sin remedio, se dejarían caer y no habría reproche posible.
Es el torturador quien me intriga. Porque tiene mucho de inhumano, o de asesino legal, que es peor que un asesino al uso, pues está legitimado. Es como darle un juguete a un niño caprichoso; para que lo rompa, para que le saque las piezas. No vean curiosidad en este comportamiento, no quiere saber cómo funciona. Quiere que deje de funcionar. Aún así, estoy convencido de que han existido filósofos de la tortura. Las pretensiones y los delirios de grandeza son comunes a toda actividad humana. Habrá quien haya presumido de ser el mejor, de obtener las confesiones que a otros se les resisten. Uno que sabe el punto justo, la presión adecuada, o la tensión oportuna en la que el cuerpo se parte como una piñata y ya se pueden recoger los regalos. Desperdigados por el suelo, junto con los pedazos imposibles de recomponer.
Si fuéramos un estado de derecho, las víctimas de estos torturadores y sus familiares no tendrían que irse a Argentina para denunciarlos. Y, una vez puesto en marcha el proceso, no debería convertirse el propio país en un refugio para prófugos de la Interpol.
No sé qué clase de torturadores fueron el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy, El Niño. Pero me permitirán que no los llame presuntos. Algunos me dirán: “Estamos en un estado de derecho, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Y yo contestaré que en un estado de derecho a los sospechosos se los interroga, que las denuncias se investigan y que los Presidentes del Gobierno no interceden para paralizar procesos judiciales.
Si fuéramos un estado de derecho, las víctimas de estos torturadores y sus familiares no tendrían que irse a Argentina para denunciarlos. Y, una vez puesto en marcha el proceso, no debería convertirse el propio país en un refugio para prófugos de la Interpol. Pero es lo que hay. Los juicios contra criminales de guerra, genocidas y colaboradores de la dictadura están vetados en España. Los propios Gobiernos han hecho lo imposible para paralizar el curso de la justicia. Al fin y al cabo, es lógico. Sólo hay que mirar los apellidos de muchos políticos entre sus filas. Son los mismos que hace cuarenta y tantos años. Los puestos de poder heredados de un sistema antidemocrático conllevan comportamientos antidemocráticos. Parece que lo que se hizo entonces tiene que quedar impune, para no reabrir las malditas “viejas heridas”. En realidad, para no destapar la caja de la vergüenza, para tirar la llave y dejar dentro a todas aquellas personas que nunca tuvieron derecho a un juicio justo. Que no tuvieron presunción de inocencia ante las torturas de sus no-presuntos torturadores.
Fuente → elhispanam.com
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