La necesidad de la Memoria Histórica, la ley señalada por Vox: La derecha se plantea derogar la Ley de Memoria Histórica. Aunque el PP ya expresó esta voluntad en el mes de septiembre ha sido Vox y su sobreexposición los que han terminado de meter la medida en la agenda política. Entre sus condiciones para apoyar una investidura conservadora en Andalucía, el partido de Santiago Abascal ha mencionado medidas como suprimir el impuesto de sucesiones, defender caza y la tauromaquia, derogar las leyes relacionadas con el género y, claro, acabar con la memoria histórica. La decisión está ahora en manos de PP y Ciudadanos.
Esta petición cuenta con los apoyos del tejido asociativo más derechista de España, como la Plataforma 2003 -relacionada con la Falange- o la Fundación Francisco Franco, que llevan tiempo reclamando el fin de una ley que -aseguran desde Vox- divide a los españoles según su pasado. En realidad, mientras que los hijos de republicanos tuvieron que volver a España en democracia o malvivir durante la dictadura, los altos cargos del franquismo se cobijaron en los consejos de administración de Endesa, La Caixa, Telefónica, Iberdrola o directamente en el Congreso de los Diputados. También en el ámbito judicial: 10 de los 16 jueces del Tribunal de Orden Público franquista ascendieron al Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.
“Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos”.
El propio Francisco Franco aflojó las cuentas públicas para vaciar la riqueza nacional en su propia figura y la de sus allegados. La corrupción sistémica del régimen -con sus consecuencias en la desigualdad- se evidencia en las palabras que pronunció el dictador en 1942, durante un discurso en Lugo: “Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos”. La historia de España durante el siglo XX es también la historia del enriquecimiento de algunos a costa del empobrecimiento de otros, y la ley es la única que limita su influencia.
Si estas situaciones lograron pasar como normales a lo largo de la Transición, es de Perogrullo asumir que los clientelismos franquistas pudieron transmitirse a otros sectores de la recién formada democracia. La Ley de Memoria Histórica ha sido uno de los diques de contención de las desigualdades del régimen: entre muchos otros preceptos, el ordenamiento pide “reconocer y ampliar los derechos” en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Cuando Vox -y el PP- pide “homenajear conjuntamente a todos los que lucharon por España” y borrar la memoria histórica, en realidad está pidiendo que se eliminen las concesiones a los represaliados y se mantenga la hegemonía franquista amparada por la Ley de Amnistía.
Aunque la derecha pide ahora eliminarla, Mariano Rajoy ya la derogó de facto.
La memoria histórica, aprobada durante el primer Gobierno de Zapatero, incluye el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, pero no contemplaba antes conceptos como la apertura de fosas comunes -donde todavía yacen los restos de los represaliados- o las prohibiciones al enaltecimiento del franquismo, entre las que ahora se quiere incluir la exhumación de Franco. España es actualmente el segundo país del mundo con más desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, solo después de Camboya, y alrededor de 90.000 víctimas continúan sepultadas en paradero desconocido. Al final, las entidades privadas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han sido las encargadas de llevar a cabo esta labor.
Aunque la derecha pide ahora eliminarla, lo cierto es que durante el Gobierno de Mariano Rajoy la ley ya quedó derogada de facto. La X y XI Legislaturas sirvieron a los conservadores para eliminar todo resquicio de dotaciones y presupuestos que pudiera tener la ley; sin dinero de por medio es imposible aplicar nada. En la actualidad, solo la embajada alemana ha cumplido con la ley al quitar todas las referencias a la Legión Cóndor en el cementerio de La Almudena.
Pero eliminar referencias y simbologías de épocas más oscuras no es ni mucho menos el objetivo de la ley. Esta interpretación surge de una de las disposiciones de la norma por “condenar el franquismo” e instar a que las administraciones “lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”. Lo importante no es retirar una placa o cambiar el nombre de una calle -que también-, sino todo lo que ello significa.
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