El Valle de los Caídos: de desapariciones forzadas y fosas comunes

El Franquismo ha muerto, su memoria no. Como régimen político la dictadura del general Franco forma parte de la historia española y europea del siglo XX. Fue una de las más longevas entre las surgidas durante la época de los fascismos. Su memoria, sin embargo, todavía hoy reverbera en el espacio público, sin absorberse por completo. Son las últimas notas de una antigua melodía como nos lo recuerda la existencia de una Fundación“Nacional”con el nombre del dictador que ha venido recibiendo dinero público para exaltar su figura. Esta es una absoluta anomalía en el marco de los países de nuestro entorno.

Durante este verano se ha suscitado una polémica que, más allá de las coyunturales motivaciones políticas y electorales, podría interpretarse como la pervivencia de esa memoria y la persistencia de esta anomalía. Nos referimos a la cuestión sobre el significado y el futuro del Valle de los Caídos. Este tema se ha convertido en objeto de debate político y judicial y también, hasta cierto punto, un debate social. A esto ha contribuido la sentencia judicial firme de un Juzgado de El Escorial (Madrid), que permitió el 23 de abril de 2018 el inicio de la exhumación de los hermanos republicanos Manuel y Antonio Lapeña, fusilados en 1936, cumpliendo con el derecho a una sepultura digna; y por petición de sus familias a Patrimonio Nacional, la exhumación de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno, pertenecientes al bando  franquista. Esto se produjo a pesar de la oposición mostrada por el prior administrador de la Abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera quien, finalmente, retiró el recurso presentado que impedía el cumplimiento de la sentencia judicial.

Más recientemente, a lo largo de los meses de julio y agosto la propuesta del actual gobierno socialista sobre la retirada de los restos de Francisco Franco y del proyecto de redefinición del recinto del Valle los Caídos, que forma parte del Patrimonio Nacional, ha provocado un bronco y continuado debate político de las fuerzas de las derechas españolas representadas por el Partido Popular y Ciudadanos, que se oponen al decreto-ley aprobado por el gobierno el pasado 24 de agosto de 2018¹, con el que añade un párrafo al artículo 16 de la llamada “ley de memoria histórica” (Ley 52/2007 de 26 de diciembre²) aprobada por el gabinete de Rodríguez Zapatero , indicando el “carácter urgente” de hacer esta exhumación y señalando al Gobierno el procedimiento para hacerlo, como desarrollo de la mencionada ley. Con este decreto-ley propuesto por el gobierno socialista, que tiene que ser convalidado en el Congreso por mayoría simple —más votos a favor que en contra—, se brinda amparo jurídico a la exhumación y traslado –sin precisar todavía a dónde- de los restos mortales de Franco.Sin embargo, la oposición de los partidos de la derecha española contrasta con la declaración del Congreso de los diputados del 12 de mayo de 2017 sobre la retirada de los restos del dictador, a propuesta del PSOE en una Proposición no de Ley, cuando el grupo parlamentario del PP se abstuvo en la votación y el de Ciudadanos votó a favor. Se han dedicado al tema horas y horas televisivas y debates en los medios de comunicación³. Así mismo, se han hecho varias propuestas sobre el uso de este conjunto monumental, algunas sugiriendo convertirlo en “El Valle de la Paz”, o bien, la propuesta inicial del actual gobierno socialista de Pedro Sánchez de crear un centro de interpretación sobre la “Reconciliación”. A finales de este mes de agosto de 2018 ambas propuestas han sido descartadas.

En este sentido, cabe recordar que durante el último gobierno de Rodríguez Zapatero una comisión de expertos a la que se le encargó un estudio por parte del Ministerio de la Presidencia, entregó su informe el 29 de noviembre de 2011⁴. Y entre las 33 recomendaciones planteadas estaba la de configurarlo como un lugar de memoria para los muertos y las víctimas de la Guerra Civil, un centro de interpretación de la dictadura y el marco de la democracia española actual. La idea central sería explicar y no destruir, dar un significado adecuado y no hacer tabula rasa del pasado. Dignificar el cementerio y trasladar los restos mortales del dictador y de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española, algo con lo que dice comprometerse el actual gobierno de España. Además de establecer un nuevo convenio con la Iglesia española, dado que el antiguo data de 1959, para determinar y distinguir entre la responsabilidad de un lugar de culto como la basílica, inviolable, y las propias de la Administración del Estado. En definitiva, estamos hablando que ha transcurrido más de un lustro para plantear algunas de las mismas cuestiones, si bien cargadas de una connotación moral, como la vinculada a la “Paz” y a la “Reconciliación”, que, en realidad, poco tienen que ver con el trabajo riguroso realizado por 14 reconocidos especialistas que aseguraban el carácter interdisciplinario de la comisión. Un centro de interpretación de la dictadura y de los valores que de la democracia, asociados a los respetos de los Derechos Humanos, así como la explicación sobre el significado del particular fenómeno de las desapariciones forzadas que forman parte de nuestra historia exige, sin duda, una mayor valentía y de decisión política para poner fin a la tentación de perpetuar una historia oculta, como la que constituye hoy enterrar en el olvido de nuevo las fosas comunes que existen en España.

En esta ocasión,  no obstante, vamos a dejar de lado esta cuestión de coyuntura política, con sus escaramuzas ideológicas y parlamentarias, para tratar de plantear algunas cuestiones en clave histórica sobre el asunto del significado hoy de un monumento a la dictadura que ha pervivido durante los 43 años de la democracia española.

El recinto del Valle los Caídos fue construido a lo largo de casi un dos décadas, entre 1939-1958. Declarado bien de interés cultural por el Estado, es un enclave en el valle de Cuelgamuros, al suroeste de la sierra de Guadarrama, dentro del municipio de San Lorenzo de El Escorial y tan sólo a 9 kilómetros del monasterio del mismo nombre. Por este motivo se ofertan habitualmente excursiones y visitas desde la ciudad de Madrid, de la que les separan 60 kilómetros. “Vive el Valle” es uno de los reclamos turísticos con los que uno puede toparse, no sin sentir inquietud.

Este conjunto monumental tiene, desde luego, una gran potencia de evocación simbólica. Sandra Ruesga, directora y guionista del corto “Haciendo memoria” estrenado en el 2005⁵, es una joven nacida en 1975 que se pregunta “¿Cómo es posible que durante tanto tiempo la dictadura franquista no haya significado nada para mí?” A partir de las filmaciones familiares en super 8, nos muestra imágenes de las ocasiones en las que siendo niña visitó el Valle de los Caídos con sus padres. Esto le hace pensar cómo podían ir de excursión los días festivos a aquel paraje, que le resulta al tiempo conocido y vacío de significado. Por eso interpela a sus progenitores y entonces la memoria inicia su trabajo. La joven directora nos plantea un problema sobre las variadas y contradictorias actitudes sociales bajo la dictadura. La experiencia de la falta de libertad fue asumida por parte de amplios sectores de la población, expresándose a través del apoyo activo y la aceptación resignada, aunque también se manifestaron tanto una desafección individual y disidente, como el desafío organizado de la oposición al franquismo. Sin embargo, una cuestión de fondo que suscita el trabajo  de Ruesga es cómo aquel régimen logró en buena medida que las personas interiorizaran una idea de la política como un elemento negativo, rechazable. La conocida frase de “no te metas en política” es, desde luego, una de las consecuencias que ha perdurado en el tiempo, expresándose con mayor o menor intensidad según el momento, en la sociedad española.

Por otro lado, es una paradoja que sea un recinto como el Valle de los Caídos el que se presente hoy como un espacio repleto de significados contradictorios y enfrentados. Pasados los años se combinan las visitas turísticas con los actos de afirmación de los nostálgicos del franquismo, acogidos, en ocasiones, por la propia comunidad benedictina. Su proyección y construcción perseguía el ensalzamiento de la “Victoria” de 1939, desde el mismo proceso violento con el que arrancó el golpe de Estado fracasado de julio de 1936. Desde el inicio, los golpistas se hacen con el control efectivo de un territorio, lo que afecta en los primeros días y semanas a regiones enteras de España y acaba siendo generalizado tras el final de la Guerra Civil. A partir de entonces comienza una actuación sistemática de eliminación de personas. La mayoría de las víctimas de los llamados «paseos» fueron asesinadas cuando ya estaban detenidas y bajo custodia de las nuevas autoridades. De un volumen de asesinados que alcanza y sobrepasa la cifra de 150.000 entre 1936 y 1945 y de una práctica de enterramientos irregulares surge el fenómeno de las fosas comunes. Los asesinados no siempre son enterrados de formas convencionales. Muchas de estas personas fueron enterradas en fosas comunes sin que, en la mayor parte de los casos, sus familiares tuvieran noticias exactas de su paradero. El estudio efectuado por investigadores y diferentes asociaciones, y las informaciones recogidas en aplicación de la llamada “Ley de memoria histórica” aprobada por el gobierno español en diciembre de 2007, ha permitido constatar la existencia de algo más de 2000 fosas comunes en el conjunto del territorio español⁶. De ellas se han realizado excavaciones y exhumaciones única y exclusivamente en 332 a fecha de 2011, momento en el que el mapa de fosas dejó de actualizarse. De igual forma se tiene constancia que el número de personas enterradas en este tipo de fosas puede ascender a una cifra cercana a las 100.000, lo que sitúa a España como segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos, después de la Camboya de Pol Pot.

Al mismo tiempo que se producen estos enterramientos, también tendrán lugar exhumaciones de carácter clandestino llevadas a cabo por los propios familiares, sin disponer de medios. Esto fue así tanto a lo largo del franquismo como durante los años de la Transición y todavía más tarde. Los poderes públicos no se implicaron en este proceso en ningún momento. El régimen franquista fue, sin embargo, el que más cadáveres movió como parte del proceso de nutrir la gran cripta del Valle de los Caídos. Es decir, los cuerpos se exhumaban de fosas comunes a lo largo de España para ser trasladados al valle de Cuelgamuros, a lo que no es más que una gran fosa común dentro del recinto del Valle de los Caídos. Entre 1959 y 1983 llegaron al osario 33.847 cadáveres, aunque su número podría ser superior. Esto vincula lo sucedido en España con otros fenómenos de violencia masiva a nivel global, asociados a las violaciones sistémicas de los derechos humanos sucedidos en el siglo XX⁷.

Ante esta situación, la democracia española dimitió de sus funciones y deberes respecto a esta situación, y solo acertó, tardía y limitadamente, a una política de subvenciones para que fuera la sociedad civil la que asumiese un proceso que por su complejidad y su volumen solo podría afrontar parcialmente. También habría que añadir la especial responsabilidad del poder judicial: la falta de amparo a las víctimas, que es un bien sabida, ha sido proporcional a la falta de implicación de los poderes públicos en la exhumación de los restos.

Pero más allá de la polémica sobre la anomalía que representa el Valle de los Caídos ¿qué queda hoy de la memoria del Franquismo? Hoy queda una retórica y una imagen identificada con lo que hace años se denominó el “franquismo sociológico” y que más bien debería ya calificarse como “post-memoria franquista”⁸. Esta consiste en rememorar y exaltar la etapa final de la dictadura. Se construyen visiones estereotipadas sobre una historia que presentaría dos caras bien distintas de la dictadura:una inicial, violenta en extremo y errática (1939-1951), y otra posterior, ya madura, templada y burocrática (1959-1977). Esto construye la benevolente caracterización de un régimen que durante su última etapa cumpliría supuestamente la función de modernizar el país «desde arriba», preparando el terreno para la «transición» de un sistema autoritario a uno democrático. Con este esquema, de paso, se ignoran tanto la crisis larvada en esos mismos años como la dureza y los efectos que tuvo posteriormente durante la década de los ochenta. Unos efectos que fueron gestionados durante la consolidación de una frágil democracia española⁹.

Una  de las consecuencias de esta mirada sobre el pasado dictatorial tiene, entre otros, dos efectos derivados y visibles. El primero es ignorar las transformaciones de todo tipo que se produjeron durante aquellos años, las actitudes y el papel jugado en ellos por la propia sociedad. El segundo es privar de claridad los vínculos de la derecha española con aquel régimen político y, al mismo tiempo, impedir su desamarre definitivo de aquel principalmente desde el punto de vista de una determinada educación sentimental, pero también en muchos aspectos desde una vertiente más ideológica y cultural, de actitudes, prácticas y estilos. Vamos a poner algunos ejemplos concretos. El primero y principal: el miedo al ejercicio democrático más allá de lo que representa una democracia demediada y reducida a las convocatorias electorales, como se ha puesto de manifiesto la interpretación sobre la representación de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados el pasado mes de junio de 2018, cuando se cuestionaba la geometría parlamentaria para expulsar del gobierno al presidente Mariano Rajoy mediante el mecanismo constitucional de la moción de censura. El segundo, la concepción del conflicto social como una cuestión de orden público, como puso en evidencia la aprobación de la llamada “Ley mordaza” en 2015, que es la ley de seguridad ciudadana implantada por el gobierno del PP por la que se han visto amenazadas libertades como la de expresión, información o manifestación. Estas han sido tipificándo las de manera excesivamente laxa como delitos¹⁰, algo que ha limitado y reducido el espacio del debate público y cuyos efectos han sido rechazados por los sindicatos, por cuanto ha limitado el derecho de huelga criminalizando los piquetes informativos y persiguiéndolos judicialmente con la aplicación del artículo 315 del Código Penal, con el que se ha castigado con penas de cárcel a cerca de 300 sindicalistas¹¹. Esta “ley mordaza” ha sido también denunciada por  diferentes organizaciones de la sociedad civil española y por algunas organizaciones como Amnistía Internacional, que recientemente, en marzo de 2018, ha denunciado públicamente mediante un informe las consecuencias de la aplicación de esta norma aprobada por el gobierno del PP¹².

En definitiva, parece que la necesidad de revertir una visión dual del Franquismo pasa fundamentalmente por la crítica a la imagen de un «crecimiento sin democracia», presentando sin matiz algún tipo de «correlación positiva» –nunca realmente desentrañada– entre desarrollo económico y falta de libertades. Esta asociación es un riesgo siempre, pero se ve acrecentado en los tiempos de crisis. Y los tiempos que vivimos lo son.

El recuerdo como el olvido son dos estrategias para sobrevivir. Tratamos a menudo de combinarlas para evitar ahogarnos en alguna de ellas, porque desconocemos la profundidad del pozo que ambas nos ofrecen. El resultado de estos trabajos es nuestra memoria. Sin embargo, el fenómeno de transmisiones y tránsitos entre generaciones es el que conforma el recuerdo de un país. Por este motivo, nos parecería adecuado proponer una especie de guía de uso que permita comprender algunas de las claves sobre lo que todavía hoy constituye un pasado tan presente a las generaciones más jóvenes. A aquellas que no vivieron el franquismo, aunque es posible que tengan una cierta imagen construida de ese pasado. Si bien también lo es que les resulte algo tan lejano como las guerras carlistas del siglo XIX, por poner un ejemplo. Esa falta de conocimiento, del que la escuela es en buena parte responsable –sólo es necesario repasar los manuales de enseñanza para confirmarlo- significa un vacío en la cultura política de los jóvenes en tanto que ciudadanos o futuros ciudadanos. Si tal como decimos el Franquismo ha muerto, pero su memoria no, queda todavía trabajo para la historia.

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Fuente → pasosalaizquierda.com

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