Proyecto Faq Sembrar la duda, exculpar a Negrín

domingo, 5 de agosto de 2018

Sembrar la duda, exculpar a Negrín

Asesinato de A. Nin. A propósito de un hallazgo

El pasado 19 de julio, coincidiendo con el 82 aniversario de la revolución obrera que hizo fracasar el golpe de Estado contra la República, las agencias de noticias se hacían eco de una información facilitada por la nieta de Juan Negrín, último presidente del gobierno republicano. En ella se decía que se había hallado en el sótano de su vivienda de París, un baúl con unos 40.000 documentos, hasta ahora inéditos, muchos de los cuales tratan sobre el Estatuto de Cataluña y sobre el POUM. Pero como de pasada, y como si fuera lo más extraordinario a resaltar del mencionado hallazgo, Carmen Negrín señalaba algo de lo que se han hecho eco diversos medios 1/. Entre la documentación se han encontrado diversos libros que, al parecer, procederían de la biblioteca del POUM, circunstancia que se explica por el hecho de que cuando este partido fue ilegalizado y sus bienes requisados, se puso a subasta siendo adquiridos por el hijo de Negrín a instancias de su padre 2/. Entre esos libros, “uno de una Asociación anarcosindicalista aliada del partido de Andrés Nin [probablemente se trata de la Agrupación Los Amigos de Durruti] con una dedicatoria manuscrita llamativa: de Joseph Goebbels, el ministro nazi de Propaganda”. Por si no fuera suficiente, y para acabar de redondear el asunto, Carmen Negrín señaló que “hay una cantidad de propaganda nazi impresionante”, lo que “da una idea de lo que era la biblioteca del POUM y de esa Asociación Anarcosindicalista”, que abriría, según ella, un interrogante sobre las relaciones de este partido.

Desde luego, la referencia a las relaciones del POUM no parece gratuita, aunque no deja de ser sorprendente. Si lo que se pretende sugerir es que tener libros sobre el nazismo convierte automáticamente en sospechosos de simpatizar con esa ideología a sus propietarios, y adónde se quiere llegar es que, por este mismo razonamiento, no iba tan desencaminado el estalinismo en su campaña contra el POUM, el hilo del que se tira es ciertamente corto y la insinuación bastante burda. La nieta de Negrín no debe ignorar que su abuelo, que era un gran bibliófilo, tenía libros de Trotsky en su biblioteca particular … y eso no lo convirtió nunca en trotskysta. Por otro lado, habría que ver además la procedencia real de esos libros, y si pertenecían a quien se dice que pertenecen. No es difícil imaginar cómo podría haber sido utilizada toda esa propaganda nazi en manos de la policía, por todos aquellos que pusieron tanto empeño en fabricar pruebas falsas. Baste decir que el libelo inmundo que el estalinismo puso en circulación en 1938, “Espionaje en España”, que reúne buena parte del arsenal de calumnias, falsificaciones, manipulaciones, y supuestas pruebas que demostraban las relaciones del POUM con el fascismo, no hace referencia alguna a este material.

En realidad, la insinuación de Carmen Negrín no pasa de ser una vulgar insidia. Ciertamente una canallada, que en todo caso no puede excusarse ni tan siquiera por el hecho de venir de quien viene, es decir, de alguien que se ha entregado en los últimos años a limpiar la trayectoria política de su abuelo, y a responder a su vez a las numerosas acusaciones que se le han hecho. La Fundación Juan Negrín y su nieta tienen todo el derecho del mundo a reivindicar la figura de quien fue el último presidente del gobierno de la República, pero no a arrojar basura sobre Nin y sus compañeros. ¿A qué vienen esas insinuaciones que subrepticiamente pretenden vincular el POUM con el nazismo, en la más pura tradición estalinista?

Conviene señalar que ni tan siquiera su abuelo se creyó realmente las explicaciones con las que el estalinismo pretendió encubrir el asesinato de Nin. Al menos, eso tuvo que reconocer a posteriori. En unas notas manuscritas redactadas en el exilio –en lo que parece pretendía ser un esbozo de sus memorias- Juan Negrín hace referencia a la visita que le hizo Orlov y a las explicaciones completamente fantasiosas que éste le dio acerca de la desaparición del dirigente del POUM. Según el jefe de la NKVD en España, Nin era un fascista aliado de Franco y por esa razón había sido detenido, y que estando preso, había sido rescatado por unos falangistas. Negrín, incómodo ante semejante fantasía, asegura que le espetó que “de vez en cuando había leído novelas detectivescas” pero que esta le parecía inverosímil 3/.

Es verdad que esto fue escrito mucho después, cuando se encontraba en el exilio y había tenido que soportar las críticas -muchas de las cuales, de sus antiguos compañeros del PSOE- por su actuación condescendiente con el PCE y Moscú. Pero alguien que estuviera convencido de la verosimilitud de las acusaciones estalinistas contra Nin y contra el POUM, probablemente no hubiera hecho este ejercicio, ni habría revelado esta conversación. Por otro lado, quienes tuvieron relación con Negrín, afirman que era lo suficientemente inteligente como para creerse semejante patraña y que nunca le dio crédito 4/. Otra cosa es que asumiera, hasta sus últimas consecuencias, la explicación “oficial” y la sostuviera en tanto que presidente del gobierno de la República.

Pero tampoco se creyó esta versión Azaña, según cuenta él mismo, cuando Negrín le informó de la versión novelesca ofrecida por los soviéticos 5/. Sin embargo, sea como fuere, ni uno ni otro movieron un solo dedo para impedir el asesinato, ni alzaron la voz -al menos en público- para protestar por el secuestro de Nin, o cuando escucharon por boca de los dirigentes del PCE las calumnias más groseras y delirantes acerca de un supuesto complot que relacionaba a un grupo falangista detenido en Madrid, a quien la policía encontró un plano de la ciudad con una inscripción en tinta simpática que designaba a “N” –Nin, claro está- como un agente seguro al servicio de Franco. La falacia era tan inmunda y rocambolesca que ni el propio ministro de Justicia, el representante del PNV Manuel de Irujo, concedió ningún crédito a esas pruebas, como reconoció ante una delegación presidida por el diputado y presidente del Independent Labour Party, James Maxton, que se entrevistó con él.

Nadie que tuviera un mínimo sentido de la decencia podía hacer suya la campaña de calumnias que desató el estalinismo en España contra el POUM y otros dirigentes revolucionarios, inmediatamente después de los Hechos de Mayo. Nadie desde el gobierno de la República –incluidos probablemente los ministros del PCE que la apoyaron entusiásticamente- creía en la verosimilitud de la campaña de difamación que se puso en marcha, que incluyó la fabricación de pruebas falsas con el objetivo de demostrar la connivencia de los dirigentes del POUM con Franco, la Gestapo, etc., etc. Nadie con un mínimo de conciencia y honestidad personal, que conociera a los dirigentes del POUM, podía creer tamaña manipulación.

Sin embargo, la realidad es que aquella campaña fue muy útil al gobierno, a pesar de los quebraderos de cabeza y de la incomodidad que generó entre algunos de sus miembros, obligados a dar «explicaciones» ante el escándalo que se formó por el hecho de que ni el ministro de Gobernación, ni el de Justicia, supieran con exactitud qué había pasado con Nin. Y no era para menos: quienes se habían planteado el objetivo político de acabar con el “caos y el desorden que según ellos imperaba en la retaguardia, quienes proclamaron la decisión de poner coto a las iniciativas particulares o de partido porque, según se repetía constantemente, socavaban la autoridad del Estado y comprometían el prestigio del gobierno de la República, tuvieron que transigir y mirar para otro lado ante la acción incontrolada de quienes, a su vez, se habían propuesto el objetivo de acabar con los revolucionarios.

La responsabilidad de Negrín

De hecho, todos intentaron tapar de alguna manera el asunto, al tiempo que por decreto ley el gobierno creaba, el 22 de junio de 1937, el Tribunal de Espionaje y Alta Traición, un tribunal especialmente creado para perseguir al POUM. Negrín fue uno de los que más empeño puso en cubrir la actividad del NKVD, como pudo comprobarse en las deliberaciones del Consejo de Ministros. En efecto, la desaparición del dirigente del POUM y todo el affaire que rodeó a este partido, fueron tratados en dos reuniones celebradas el 14 y 15 de julio de 1937 en Valencia. El socialista Julián Zugazagoitia, en aquellos momentos ministro de la Gobernación, ha dejado escrito que ante la amenaza de su dimisión –y también de la de Prieto que se solidarizó con él- obtuvo la destitución del Director General de Seguridad, el teniente coronel Ortega, miembro del PCE, y a quien todo el mundo menos su partido, señaló como uno de los responsables por activa o por pasiva del asesinato de Nin 6/. No obstante, como reconoce Zugazagoitia, todo quedó aquí. Prieto culpó a Negrín de la decisión de suspender las averiguaciones cuando además estaban a punto de culminarse con éxito 7/, pero lo cierto es que, como afirma uno de sus biógrafos, todo el “gabinete aceptó evitar una crisis grave de gobierno por lo que Negrín acabó calificando, más o menos, como un hecho menor” 8/. La indignación inicial de algunos ministros fue substituida por la aceptación de la idea que convenía echar tierra por encima. Y Negrín, como presidente del gobierno, tuvo un papel destacado en ello 9/.

Más allá de consideraciones morales, tapar el asesinato de Nin o ilegalizar un partido como el POUM –que con errores y aciertos intentaba representar y defender las conquistas revolucionarias arrancadas por el proletariado en julio de 1936, y que por esta misma razón, se oponía al curso contrarrevolucionario que a su juicio encarnaba el gobierno Negrín-, se impuso como una necesidad política. No es tanto la razón de Estado invocada por algunos historiadores que explicaría la actitud de Negrín y otros –que estaría dictada por el deseo de no llevar la investigación hasta las últimas consecuencias por temor a enemistarse con el único aliado sólido que tenía la República española-, como la necesidad de imponer un orden antifascista que disciplinara la retaguardia, que revirtiera las conquistas revolucionarias y restableciera la propiedad privada. Algo que pedían con insistencia los dirigentes del PCE, pero también los partidos republicanos burgueses, así como los socialistas no adscritos al largocaballerismo. Se trataba –decían- de alejar cuanto más mejor la imagen de una España revolucionaria, como condición indispensable para ganarse la simpatía y el favor de los gobiernos democráticos europeos, con la esperanza de que éstos acudirían en algún momento al rescate de la joven democracia española, que se debatía a muerte en una lucha desigual contra el fascismo que amenazaba a Europa.

Vana esperanza que, como es sabido, tuvo trágicas consecuencias, pero que se erigió en uno de los pilares sobre el que se construyó el discurso antifascista en oposición a quienes reclamaban la defensa y continuidad de la revolución social, como la forma más eficaz de luchar contra el fascismo. Discurso que sirvió para perseguir a todo aquel que lo cuestionó, al mismo tiempo que para azuzar a todos aquellos sectores sociales que aprovecharán las disposiciones del gobierno Negrín para, por ejemplo, reclamar las tierras confiscadas por las organizaciones campesinas durante el verano de 1936, o para pedir la restitución de sus propiedades.

Se trataba en definitiva de aplastar cualquier atisbo de oposición revolucionaria –entre los cuales el POUM-, que a pesar de las persecuciones, no dejaba de manifestarse continuamente 10/. El 18 de mayo de 1937, al día siguiente de la formación del Gobierno Negrín, constituido sin la participación de la CNT y de la UGT, y tras la dimisión forzada de Largo Caballero que se negó a los requerimientos de los ministros del PCE de poner fuera de la ley al POUM, este partido hacía pública una declaración en la que alertaba a los trabajadores sobre lo que representaba el nuevo gobierno que se acababa de formar. La declaración decía lo siguiente:

“El Gobierno Negrín es un simple instrumento al servicio de las potencias amigas y de la burguesía, interesados en poner término a la guerra lo más rápidamente posible, con el fin de evitar una victoria decisiva de la clase obrera y sus inevitables repercusiones en el terreno internacional; un Gobierno de liquidación de las conquistas revolucionarias logradas por el proletariado a costa de inmensos sacrificios; un Gobierno de «orden», es decir, enemigo de la revolución proletaria y salvaguarda de los intereses del capitalismo nacional e internacional” 11/.

En su octavilla, el POUM instaba a los trabajadores a desconfiar del nuevo gobierno que, por estar constituido a instancias de quienes desde París, Londres y Moscú estaban “fraguando la mediación”, “no puede ser el gobierno de la victoria ni de la revolución”. Llamaba asimismo a la formación de Comités de Defensa de la Revolución “dispuestos a defender las conquistas proletarias” y “a evitar que la revolución iniciada el 19 de julio sea estrangulada”, y se pronunciaba finalmente por la constitución de un gobierno CNT-UGT que “en el momento actual de la revolución española, representaría indudablemente un factor progresivo, afianzaría las posiciones del proletariado y representaría la garantía de que la guerra a muerte que tenemos empeñada con el fascismo sería llevada, sin vacilaciones ni compromisos vergonzosos, hasta las últimas consecuencias, hasta un fin victorioso" 12/.

Sin lugar a dudas, tales posiciones –que se correspondían no solo con las que defendía el POUM, sino también sectores importantes del movimiento libertario 13/– resultaban un obstáculo para la acción restauradora que el gobierno encabezado por Negrín se propuso llevar a cabo. En cualquier caso, representaban un peligro potencial evidente, que convenía afrontar y extirpar con decisión. Las direcciones de los partidos que conformaban el Frente Popular –particularmente el PCE, apoyado entre otros por Prieto y los socialistas del ala derecha- tuvieron que emplearse a fondo para imponer una orientación que muchos militantes obreros consideraron contraria al espíritu del 19 de julio, cuando no directamente contrarrevolucionaria. El POUM intentó recoger esa resistencia al curso liquidador que, en su opinión, llevaba directamente a la derrota. Y pagó por ello. El estalinismo sabía perfectamente que eliminando al POUM -a quien le suponían con capacidad suficiente como para poder elaborar una alternativa susceptible de arrastrar a otros- se asestaba un golpe importante a la posibilidad que esa oposición pudiera cristalizar sólidamente y, sobretodo, que pudiera tejer relaciones con la izquierda socialista, con las Juventudes Libertarias y con otras organizaciones del movimiento libertario.

La campaña de acoso y derribo, de difamación y calumnias, que desplegaron contra el POUM los dirigentes del PCE y del PSUC, vino como anillo al dedo al gobierno y, por extensión, a todos los que reclamaban desde hacía tiempo mano dura en la retaguardia y dejarse de contemplaciones para acabar con las veleidades revolucionarias. Ciertamente, hubo excepciones notables y significativas de dirigentes que se negaron a hacer suya la campaña estalinista o que como mínimo, no callaron o intentaron hacer algo, como es el caso de Largo Caballero, Federica Montseny, Companys o Tarradellas. Pero fueron eso, excepciones, en medio de la avalancha de basura que cayó encima de los dirigentes del POUM. Aunque a algunos les repugnarán los métodos utilizados, lo cierto es que no le hicieron ascos, aunque protestarán muy indignados en privado. La responsabilidad política del gobierno Negrín en lo que hace referencia al encubrimiento del secuestro y asesinato de Nin, así como en la persecución que sufrieron los militantes del POUM solo por el hecho de serlo, es evidente. Su nieta lo sabe, como lo saben también algunos de los historiadores que se han acercado a la figura de Negrín, no obstante haber introducido todos los matices exculpatorios que se quieran.

No es nuestra intención polemizar aquí con el trabajo realizado desde hace años por la Fundación Juan Negrín para desmontar algunas de las acusaciones y leyendas que han envuelto su figura. Tampoco con aquellos historiadores que han justificado determinadas actuaciones por razones de Estado u otras consideraciones políticas 14/, o que han otorgado a Negrín el beneficio de haber actuado movido por la necesidad ineludible de no incomodar a la URSS, el único aliado que facilitaba ayuda material a la República, aunque fuera a costa de algunas renuncias importantes. Ciertamente, el mito de Negrín como el hombre de Moscú en España, cultivado profusamente por la historiografía franquista -que explotó con un evidente afán propagandístico y justificativo de la Cruzada, entre otros, el episodio del envío de las reservas de oro del Banco de España a Moscú, que ha sido contestado por Ángel Viñas-, y reforzado también por los testimonios de compañeros suyos del PSOE, necesitaba ser respondido y analizado en su justa medida.

Sin embargo, aceptar que Negrín no fue el único responsable político que facilitó la influencia del PCE y de Moscú en los acontecimientos españoles, no puede servir para exonerar su responsabilidad, por otro lado suficientemente acreditada.

Fue la actitud revolucionaria del POUM -y no ninguna relación extraña- la que lo llevó a su ilegalización, al secuestro y asesinato de su dirigente Andreu Nin y de otros militantes, y al encarcelamiento y juicio de sus dirigentes. Como fue también ésta la causa que llevó a los trotskystas españoles al banquillo de los acusados, en el otro proceso paralelo al del POUM, que a imagen y semejanza de los celebrados en Moscú, se quiso hacer en Barcelona. Lanzar insinuaciones que recuerdan la campaña estalinista, no es la mejor manera de preservar la memoria de un hombre como Juan Negrín, quien, según cuenta Wilebaldo Solano, movido tal vez por un remordimiento de conciencia, y seguramente también por el deseo de que no le estallaran más escándalos, acabó ocupándose personalmente de velar por la integridad física de los encausados en el proceso del POUM, por temor a que corrieran la misma suerte que Nin. Proceso en el que hay que señalar que Zugazagoitia participó como testigo de la defensa –tal vez movido también por el mismo sentimiento de culpa-, como también lo hicieron Largo Caballero, Federica Montseny, Luis Araquistáin o Josep Tarradellas, y que acabó en octubre de 1938 con condenas de 15 años para los dirigentes Andrade, Gorkín, Bonet y Gironella, de 11 años para Jordi Arquer, por «haber intentado derrocar el orden establecido», y con la absolución para Escuder y Rebull. El Tribunal que los juzgó fue incapaz de mantener la acusación de espionaje y traición con la que el estalinismo intentó justificar su eliminación física y política y todos fueron absueltos de estos cargos. El intento de reeditar los juicios de Moscú en Barcelona con el proceso al POUM, y el que se abrió también en paralelo contra los trotskistas españoles, había fracasado 15/. Cabe añadir finalmente que el gobierno Negrín prohibió que se diera publicidad a la sentencia del tribunal.

81 años después de que militantes del POUM pintaran las paredes de Barcelona y de otras ciudades con la inscripción “Gobierno Negrín, dónde está Nin?”, es absolutamente inaceptable que se siembren dudas acerca de las razones por las que fue asesinado o que se intente menoscabar su compromiso revolucionario. La aceptación y difusión de determinados infundios, desde luego compromete la credibilidad de la reivindicación democrática de Juan Negrín, y en particular del esfuerzo que despliega la Fundación que lleva su nombre por desvincularlo de los “amigos de Moscú”, y sus métodos de calumnias y asesinatos.

29 julio 2018

Josep A. Pozo González,
historiador,
miembro del Comité de Redacción de Información Obrera.

Fuente de la noticia →  vientosur.info

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