Concentración en la plaza Ricard Vinyes de Lleida en apoyo con los jóvenes de Altsasu, el 16 de junio de 2018. Foto: ACN / Estela Busoms
Hoy hace 625 días que 3 de los 8 acusados por el caso Altsasu, del Adur, el Jokin y el Ohiana, están encarcelados en Madrid, además de 450 km de su casa. El 1 de junio, la Audiencia Nacional condenó a los 8 jóvenes a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por desorden. Los medios de comunicación generalistas españoles, en lugar de señalar las incoherencias del caso y de fiscalizar los poderes públicos, la han encajado con el relato predominante sobre el conflicto vasco, creando, una vez más, un estado de opinión pública que avala la represión.
Todo comenzaba la madrugada del 15 de octubre de 2016, cuando se produjo un altercado entre un grupo de jóvenes de la localidad navarra de Alsasua y dos agentes de la Guardia Civil española -vestidos de paisano- con sus parejas. Como consecuencia de la pelea, uno de los dos policías resultó herido con una rotura de tobillo.
A partir de aquí la historia se complica. Lo que de forma aséptica y neutral parecía una pelea de bar va a empezar a presentarse a la sociedad como un delito de odio y terrorismo. Como un linchamiento organizado contra el cuerpo de policía. Había, sin embargo, un contexto propicio, como el conflicto vasco, y una magistrada dispuesta a forzar el Código Penal para hacer encajar las piezas.
En cuanto al contexto, lo cierto es que al día siguiente de los hechos, los medios generalistas españoles ya habían desembarcado en las calles de Altsasu, convirtiéndolo de facto en un plató de televisión. Los jóvenes perdían su condición de inocentes en el relato, que giraba en torno a un supuesto "linchamiento" que medio centenar de personas había coordinado contra la Guardia Civil. Finalmente los acusados fueron 8.
El blanqueo de la represión
Haciendo un repaso a la hemeroteca, vemos como la cobertura mediática del caso Altsasu coincide con el relato predominante sobre el conflicto vasco, donde los medios estatales han cerrado filas al servicio del Estado. Al día siguiente de los hechos, diarios como El Mundo , La Razon , Libertad Digital y ABC llenaban las páginas con las fotografías de los acusados, utilizando el mismo formato que se utilizaba para destapar los "comandos de ETA". Además, se hablaba de los acusados como " proetarras " o, incluso, "cachorros de ETA", vulnerando no sólo los códigos deontológicos profesionales, sino directamente el derecho a la presunción de inocencia.
Pero no sólo eso. Si los periodistas, como actores decisivos de los hechos de los que hablamos y / o silenciemos, tenemos una responsabilidad directa sobre la agenda mediática, los medios de comunicación generalistas españoles han contribuido sistemáticamente al blanqueo de la represión. Y, desgraciadamente, el caso Altsasu no ha sido una excepción: estos altavoces han creado, una vez más, un estado de opinión pública que ha avalado la opresión ejercida por las fuerzas de seguridad españolas. Como consecuencia, los ojos del mundo desconocen, aunque, las luces y sombras de este montaje policial.
El resto de medios de comunicación, mientras tanto, optaron por no decir nada, contribuyendo, a veces, en la preservación del muro de silencio. Incluso en Cataluña, donde el auge de la represión era compartida con Euskal Herria, la opinión pública desconocía la realidad que se escondía detrás del montaje policial de Altsasu. Quizá por desconocimiento, tal vez por miedo, el caso es que muchos medios de comunicación no abordaron el caso hasta que comenzó el juicio. Un juicio que llegaba después de que 3 jóvenes estuvieran privados de libertad durante un año y cinco meses.La excepción como norma
El muro del silencio tiene su origen en la política antiterrorista de Baltasar Garzón. A finales de los 90, con ETA en plena actividad, se asume acríticamente que "todo es ETA". Bajo este paraguas del Estado español ha cometido vulneraciones de derechos humanos en Euskal Herria, tal como recogen numerosos informes internacionales de entidades de derechos humanos. Es el caso de abusos en las comisarías, de torturas, detenciones arbitrarias, y también, del cierre de hasta 5 medios de comunicación como Egin en 1998, Ardi Beltza en 2001 y Euskaldunon Egunkaria en 2003, y posteriormente Apurtu o Ateak Ireki en 2011 y 2013, respectivamente, víctimas de una caza de brujas desesperada.
El caso de Altsasu es heredero de esta deriva democrática y periodística. Como es el alejamiento penitenciario, injustificado a la luz de cualquier tratado internacional. Una buena muestra es, también, la intermissió de las pruebas de la defensa. De nada han servido las denuncias sobre la imparcialidad del tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por la magistrada Concepción Espejel, mujer de un coronel de la Guardia Civil española. Es por ello que la plataforma Altsasuko Gurasoak (Madres y padres de Altsasu) sostiene a una entrevista en el diario Jornada , que la sentencia es la consecuencia de un caso " denunciado, investigado y sentenciado por la Guardia Civil ".
El juicio arrancó el pasado abril y ante las contradicciones, la fiscalía, finalmente, tuvo que admitir algunas de las pruebas que había rechazado inicialmente. Una de ellas, la fotografía en la que se confirma que la noche de la pelea uno de los jóvenes, del Adur, no llevaba la camiseta roja que describía una de las parejas de la Guarco Civil.
Foto que confirma que la noche de la pelea el joven Adur no llevaba una camiseta roja. Foto: Altsasuko Gurasoak.
Los metadatos confirman la autenticidad de la foto.
La segunda, un vídeo grabado por Iñaki Abad donde, de nuevo, las imágenes coinciden con la versión de la defensa y desmontan, por tanto, las declaraciones de la Fiscalía y las acusaciones: las imágenes no muestran ni violencia hacia la autoridad, ni tampoco tumultos agresivos. Por el hecho de grabar estas imágenes, el joven Abad deberá pasar los próximos 13 años en la cárcel.
A pesar de estas y otras contradicciones, el tribunal de la Audiencia Nacional, con 9 jornadas de juicio, no reconoció la mayoría de los argumentos del equipo de abogados de la defensa y tampoco presentó pruebas que vincularan los encarcelados con los hechos del bar Koxka. La sentencia, finalmente, terminó descartando el delito de terrorismo de los acusados, imponiendo, eso sí, las máximas penas por delitos de "lesiones, desorden público y amenazas". Mientras las familias de los acusados esperaban la respuesta del recurso presentado, la Fiscalía comunicó hace apenas una semana que la prisión preventiva se alargará, como mínimo, hasta 2022.
Muy probablemente, la terrible violencia de ETA es lo que ha capitalizado la atención de los medios de comunicación generalistas . Y sólo fuera de los circuitos de mayor centralidad ha imperado una fiscalización crítica en contra de la represión del Estado. El caso Altsasu es, de nuevo, un punto de inflexión. Una oportunidad para abrir una reflexión sobre el pasado y el futuro del oficio periodístico. Una profesión que, lejos de apoyar la versión oficial, debe contribuir a aportar matices y complejidad a situaciones que se quieren simplificar. Es urgente acabar con el monopolio que los grandes medios de comunicación tienen de la información. Cuando más se avance hacia la libertad de expresión más cerca estaremos de transformar la sociedad. Ahora, más que nunca, está en juego la garantía de la no repetición de la represión.
Fuente de la noticia → media.cat
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