La academia, los medios y la política nos impusieron a los españoles que nuestra Transición de la dictadura a la democracia fue consensuada, pacífica y modélica. Según Gregorio Morán en su artículo La transición democrática y sus historiadores, de 1992: «La clase política de la Transición y sus historiadores se llevaron muy bien, al reunirse para decidir cómo se escribiría la historia, en mayo de 1984 en San Juan de la Penitencia, en Toledo, a instancias de la Fundación José Ortega y Gasset. Así fue posible que el gremio de historiadores especializados en la Transición construyera una historia angelical basada en los testimonios de los protagonistas. La clase política de la dictadura esperaba ansiosa exteriorizar su sensibilidad democrática. Los partidos clandestinos henchidos de patriotismo y su militancia eran conscientes de dejar las diferencias para aunarse en lo trascendental: la monarquía parlamentaria. El monarca esperaba anunciarnos la buena nueva de la democracia. En fin, la ciudadanía, con una madurez y un pragmatismo dignos de nuestra raza, mostraba al mundo cómo se podía pasar de una tiranía totalitaria a una democracia homologable con Occidente».
No hubo consenso, ya que las fuerzas del régimen anterior se impusieron a las de la oposición democrática. Ignacio Sánchez Cuenca en Atado y mal atado, señala la asimetría antes de las elecciones del 77. Y después también, porque los conservadores retenían muchos resortes del poder. Según Xacobe Bastida Freixido, en el transcurso de la discusión de las enmiendas al artículo 2º de nuestra Carta Magna, y cuando Jordi Solé Tura presidía la Ponencia, llegó un mensajero con una nota de la Moncloa señalando cómo debía redactarse tal artículo. La nota: «La Constitución española se fundamenta en la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de la nación española». Casi exacto con el actual artículo 2º de la Constitución. Por ello, es evidente que su redacción no fue producto de la actividad parlamentaria y sí de la imposición de fuerzas ajenas a la misma. Tal hecho lo cuenta Jordi Solé Tura ya en 1985 en su libro Nacionalidades y Nacionalismos en España, de Alianza Editorial, en las páginas 99-102. En el libro de junio de 2018, del historiador y politólogo de gran solvencia, Josep M. Colomer España: la historia de una frustración, en las páginas 184 y 185, conocemos más detalles sobre la nota. Llegó de La Moncloa, el mensajero Gabriel Cisneros, el cual dijo a los miembros de la Ponencia que el texto contenía las «necesarias licencias» y que no se podía modificar una coma, porque había un compromiso entre el presidente del Gobierno y los interlocutores de facto, muy interesados en el tema. Esto hizo que uno de los miembros de la Ponencia, el centrista José Pedro Pérez Llorca, se pusiera firme y levantara el brazo con la mano extendida para hacer el saludo militar. Mas, no ha interesado que este dato se conociera. Nunca un constitucionalista, ni siquiera los más prestigiosos lo han mencionado. Ni la mayoría de los políticos ni de los intelectuales españoles. El silencio es sospechoso.
La presencia de determinados poderes fácticos explica que en la Constitución, las Fuerzas Armadas están incluidas en el Título Preliminar, que trata de los elementos fundamentales del Estado y la Nación. Se les asigna, entre otras funciones, la «defensa de la integridad territorial» de España. Esto contrasta con la mayoría de las constituciones democráticas, que colocan el ejército en otro título no tan prominente, que se ocupa del gobierno, de la administración y limitan sus funciones a la defensa externa del país.
La Transición no fue pacífica. Paloma Aguilar en el libro, del que es coautora Leigh A. Payne, El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos, de enero de 2018, dice que hubo una violencia muy intensa, en la que participaron desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por movimientos independentistas (ETA) y por el aparato de seguridad del Estado. Este proceso de democratización, tesis a la que se suma Sánchez Cuenca, fue el más violento de la época; por ejemplo, comparándolo con los de Grecia y Portugal.
Ni modélica, ya que la Transición se basó en la amnistía y en el olvido, en lugar de la justicia y de la verdad. Hubo un olvido deliberado de los acontecimientos traumáticos de la guerra civil, la dictadura, lo que suponía la invisibilidad de las víctimas del franquismo. Tuvo que ser la generación de los «nietos de la guerra civil» y las exhumaciones de las fosas para que la situación cambiara. Al inicio de la Transición se dijo que era demasiado pronto y podría impedir el establecimiento de la democracia; y ahora es demasiado tarde. La democracia ha sido poco generosa y nada empática con los represaliados por la dictadura. Se ha impuesto y sigue el «pasar página». Paradigma de la impunidad del poder. Para el periodista David Fernández, la única forma razonablemente justa y duradera de pasar página está escrita hace décadas: pedir perdón, reconocer el daño causado, repararlo en la medida de lo posible y arbitrar garantías de no repetición.
Fuente → elperiodicodearagon.com
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