Proyecto Faq La república como solución democrática a la crisis del régimen de la transición

viernes, 13 de julio de 2018

La república como solución democrática a la crisis del régimen de la transición

La república como solución democrática a la crisis del régimen de la transición.



Cuando los intelectuales de la Agrupación al Servicio de la República en los años 30 -no es fácil encontrar tanta inteligencia junta-, redactan su manifiesto, aluden al factor determinante de la permanente decadencia española: “La monarquía no ha sabido convertirse en una institución nacionalizada… ha sido una asociación de grupos particulares que vivió, parasitariamente sobre el organismo español, usando del poder público para la defensa de los intereses parciales que representaba…” Y para que continúe vigente la reflexión de Azorín de que vivir en España es hacer siempre lo mismo, las élites económicas y financieras casi un siglo después configuran hoy en nuestro país la abolición de la Historia, ese vicio histórico, al objeto de que prevalezcan sus intereses por encima de los generales del propio país y de cuyos intereses el monarca es el principal albacea. La abdicación de Juan Carlos de Borbón, motivada por su falta de ejemplaridad y la corrupción con capilaridad en todos los intersticios del Estado monárquico, representa una quiebra poliédrica del sistema.

La escolástica y el pragmatismo son insuficientes para corregir a un régimen heredado del caudillaje embebido ideológicamente de las casposas formas del viejo autoritarismo que viene convirtiendo desde hace siglos a España en una anomalía histórica y política. Nuestra nación, sentencia Azaña en 1923, es un país gobernado tradicionalmente por caciques. “En esencia, -escribe el político republicano- el caciquismo es una suplantación de la soberanía, ya sea que al ciudadano se le nieguen sus derechos naturales, para mantenerlo legalmente en tutela, ya que, inscritos en la Constitución tales derechos, una minoría de caciques los usurpe, y sin destruir la apariencia del régimen establecido, erija un poder fraudulento, efectivo y omnímodo, aunque extralegal.” Es un régimen de poder que viene sobreviviendo doscientos años deteniendo la Historia y cubriendo el escenario de la nación con un atrezo que haga creíble la falacia conveniente en cada momento. Fue el fascismo en los años imperiales sin ser fascismo; hoy es democracia limitada por las meninges de un entendimiento autoritario de la vida pública.

Juan Carlos de Borbón, como sus antecesores, entendió el poder arbitral del Estado como un privilegio personal en un sistema de oligarquía ampliada, donde su función consistía en ejercer de bróker de las minorías económicas y financieras y velar por sus propios intereses consciente del origen de su magistratura y que la democracia era una toxicidad que estaba muy bien como bambalina justificativa de una aparente legitimidad de su poder personal no sujeto a escrutinio de ningún tipo y libre de toda responsabilidad política o jurídica. Una línea de actuación en la jefatura del Estado que no ha sufrido cambio en el corto reinado de Felipe VI. El discurso del 3 de octubre del nuevo monarca sobre el caso catalán, en lugar de apelar al diálogo como correspondía a la cualidad arbitral de la jefatura del Estado, supuso una posición durísima sin espacio para dar ninguna opción al diálogo con los nacionalistas catalanes en lo que fue en la práctica una declaración de guerra al movimiento soberanista en Cataluña. Ello constituyó un maridaje sin resquicio con la concepción autoritaria, que con tanto arregosto practica la derecha más exaltada, de que la solución a cualquier malestar, inquietud o demanda ciudadana ha de plantearse extramuros de la política para ubicarlos en el ámbito del orden público, el delito o la sedición.

El discurso del rey fue un clarividente daguerrotipo de la crisis de Estado que padece la nación, ya que el poder arbitral de la más alta magistratura se ejerce, sin posibilidad de cambio pues es vitalicia y ajena al escrutinio popular, desde parámetros ideológicos y estamentales muy definidos y, por ello, ajenos a la centralidad soberana de la ciudadanía. La institución monárquica, restaurada por Franco en 1947 cuando convirtió España en un reino y se reservó la potestad de designar a su sucesor a título de rey, por sus características constitutivas requiere de un monolitismo estructural que blinda al Estado de cualquier tipo de reforma que represente una reconfiguración del régimen de poder. Todo esto ha hecho que España se constituya durante siglos y hasta hoy mismo en un régimen de poder patrimonial: se heredan los bancos, las tierras, las grandes empresas, las influencias sociales y políticas en un constante ritornello. Las mayorías abandonadas, damnificadas, excluidas, intuyen que el régimen genera la imposibilidad de construir una alternativa que suponga un nuevo paradigma, una creación de sentido, que pueda servir de semántica común a la alteridad. Y ahí surge la república percibida como icono no intoxicado por la herencia del caudillismo, referencia de libertad y avance social en toda su magnitud, con una simbología generadora de auténticos vínculos emocionales con los ciudadanos.

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