40º aniversario del asesinato de Germán Rodríguez.

El 8 de julio acudimos al homenaje a Germán Rodríguez en Pamplona. Se iniciaba un recorrido desde la Plaza de Toros, continuando hasta el lugar donde se sitúa la estela conmemorativa que, por diversos motivos, ha tenido que instalarse una y otra vez con el esfuerzo de las entidades memoralistas navarras. Dicha estela se situó, en un inicio, en el lugar donde fue asesinado Germán. Se añadió a la ruta la nueva estatua recién erigida por el 40º aniversario de su asesinato a manos de la policía.

El recorrido acabó en la plaza del Ayuntamiento, desde donde las distintas entidades sociales honraron tanto a Germán como a Joseba Barandiaran, también asesinado en una manifestación en Donostia pocos días después, cuando reclamaba justicia por Germán, y donde todos y todas exigieron el fin de la impunidad de los hechos de ese trágico 8 de julio de 1978.

Entre ellos, se encontraban varios de nuestros compañeros de CEAQUA (aquí la intervención de Felisa Echegoyen)

Ya en el mes de mayo se había presentado el informe de la Comisión de la Verdad sobre dicho ataque sobre la población civil. En el mismo, se destacaba que había base suficiente para reabrir los sumarios y presentar una querella por delitos de lesa humanidad.

El Congreso de los Diputados rechazó el 8 de mayo la petición de la apertura de una investigación solicitada por la Plataforma Sanfermines 78 Gogoan!

Esta semana hemos asistido con sorpresa a la denuncia de aquellos y aquellas que han tenido carteles contra la impunidad colgados de sus balcones por “injurias al Estado”. Desde CEAQUA nos parece indignante que la libertad de expresión, que es uno de los Derechos Fundamentales inalienables sea vulnerada de esta manera.

Por ello, hemos escrito la siguiente carta al Ministro de Interior, solicitando que deje sin efecto las diligencias policiales abiertas en este sentido.

AL MINISTRO DEL INTERIOR

D. FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ

[…], Letrado en ejercicio perteneciente al Colegio de Abogados de Madrid, actuando como Letrado de la COORDINADORA ESTATAL DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA (CEAQUA), ante el Sr. Ministro comparezco y, como mejor proceda, DIGO:

PRIMERO.- Que el pasado viernes 13 de julio vario/as vecino/as de Pamplona que exhibían en sus balcones una serie de pancartas firmadas con el logotipo de la Plataforma “San Fermines 78 gogoan”, recibieron una serie de notificaciones para comparecer ante la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, al objeto de determinar la posible existencia de un delito de injurias a las instituciones del Estado.

SEGUNDO.- Las pancartas exhibidas denunciaban la impunidad en la que se encuentran los trágicos sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona durante las Fiestas de San Fermín de 1978 como consecuencia de una brutal, desmedida y desproporcionada acción policial que generó la muerte del joven pamplonés Germán Rodríguez y más de cien heridos (más de una decena de ellos de bala).

El lema de dichas pancartas “SF-78: INPUNITETARI STOP IMPUNIDAD” se ha venido utilizando durante toda la campaña que la Plataforma “San Fermines 78 gogoan” lanzó el pasado mes de enero y que ha sido suscrito y apoyado por más de cien colectivos sociales, sindicales, políticos, peñas sanfermineras y diferentes instituciones públicas.

Es más, el pasado día 8 de julio se concentraron en la Plaza del Ayuntamiento miles de personas exigiendo el fin de la impunidad en relación con los crímenes cometidos durante las Fiestas de San Fermín de 1978.

TERCERO.- Como consecuencia de aquellos sucesos se incoaron varios sumarios por los Juzgados de Instrucción de Pamplona resultando todos ellos sobreseídos provisionalmente y ello sin haberse practicado determinadas diligencias de prueba que pudieran haber identificado a los responsables de aquéllos crímenes atroces.

CUARTO.- En definitiva, nos encontramos ante una situación de impunidad en relación con una grave actuación policial, lamentablemente tan característica de la época, que ha llevado, aprovechando el cuarenta aniversario de aquéllos sucesos, a que la ciudad de Pamplona recuerde no sólo a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, sino también a denunciar la inacción del Estado respecto a la investigación y enjuiciamiento de aquéllos hechos.

QUINTO.- La notificación policial recibida el pasado viernes por varia/os vecina/os de Pamplona por un posible delito de injurias a las instituciones del Estado, como consecuencia de la exhibición en sus balcones de las pancartas referidas anteriormente, supone y representa una gravísima violación del derecho a la libertad de expresión que les asiste.

Debemos recordarle, como usted bien sabe, que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano en la práctica totalidad de los países democráticos por ser un elemento nuclear para el pleno desarrollo de la personalidad y para la existencia de una convivencia plural y libre. Es así que la libertad de expresión ocupa un lugar eminente en los textos constitucionales de todos los países de nuestro entorno, también en los pactos y declaraciones internacionales que consagran los derechos humanos. Entre otros, así lo recogen el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

En su Observación general n.º 34 de julio de 2011, relativa al artículo 19 —sobre libertades de opinión expresión— del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresaba que la libertad de expresión era «la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas». Esta libertad se considera asimismo como la «condición necesaria para el logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas». Es así muy claro el Comité de Derechos Humanos cuando, más adelante, expresó directamente que «el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática». Añadiendo: «Todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política. En consecuencia, el Comité ha expresado su preocupación en relación con leyes sobre cuestiones tales como la “lèse majesté”, el desacato, la falta de respeto por la autoridad, la falta de respeto por las banderas y los símbolos, la difamación del Jefe de Estado y la protección del honor de los funcionarios públicos. Los Estados partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración.»

Por su parte, el Relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, abundó en la misma línea y así incluyó en su informe de junio de 2012, entre sus recomendaciones a los Estados, lo siguiente: «La difamación no debe constituir un delito penal en ningún Estado. Las leyes penales sobre difamación son intrínsecamente severas y surten un efecto desproporcionado y paralizante sobre el derecho a la libertad de expresión».

SEXTO.- Por tanto y para concluir, la actuación policial a la que se ha hecho mención anteriormente, supone una grave violación del derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, reconocido constitucionalmente, así como en diferentes Pactos y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos.

Resulta sorprendente que el actual Gobierno no ponga límites a una actuación policial totalmente desproporcionada, que lo único que pretende es amedrentar, limitar y restringir derechos fundamentales que asisten a la ciudadanía en cualquier marco democrático.

Por lo expuesto,

SOLICITAMOS AL SR. MINISTRO acuerde impartir las correspondientes órdenes e instrucciones para dejar sin efecto todas y cada una de las diligencias policiales a las que hemos aludido a lo largo del presente escrito.

En Madrid, a 16 de julio de 2018.

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