La presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, Soledad Luque, ha reprochado al Estado español su "inactividad" en su búsqueda y ha pedido que el Gobierno colabore con la justicia argentina para "cavar más hondo en la investigaciones". En la concentración en la Puerta del Sol de Madrid que han organizado este domingo, en la que han participado alrededor de medio centenar de personas, Luque ha insistido en el "abandono año tras año" que sienten por parte de las instituciones.
"El Estado debería proteger a las víctimas y, sin embargo, mira a otro lado" ha afirmado para añadir que "la impunidad sigue amparando a los miserables". Las asociaciones se concentran en el centro de Madrid todos los primeros domingos de mes. Recuerda que de las 1.800 denuncias que se han presentado en toda España, se han archivado unas 1.500 cuando en muchos casos "hay pruebas muy contundentes, como pueden ser exhumaciones".
Luque ha indicado que se concentran en el centro de Madrid todos los primeros domingos de mes pero que esta concentración tiene el motivo especial por las festividades de Navidad. Durante el acto se han ido colocando cajas simbólicas de regalos en representación de "los regalos que no han podido dar a sus hijos" en estas fechas, informa Público.
El escándalo de los centros de menores tutelados por la Generalitat
Sindicatos, familias, afectados y el Síndic de Greuges denuncian el trato, la saturación y las deficientes instalaciones de algunos centros de menores tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Estos espacios se presupone que deben reunir unas condiciones adecuadas porque sustituyen al hogar familiar de los chavales retirados a sus padres y cuya tutela asume la Generalitat para protegerlos de situaciones de riesgo o desamparo. Y "por tanto tienen que estar mejor que en su casa", puntualizan los expertos. Solo entre enero y septiembre del año pasado la DGAIA retiró a 652 menores de sus familias, y el total de niños en desamparo en Catalunya asciende a 6.500. Cuatro asociaciones de padres de estos menores preparan denuncias contra la Generalitat por reiterados abusos y falta de garantías en el proceso de desamparo. Foto: Un grupo de trabajadores protestan ante la sede de la DGAIA por los recortes, el pasado diciembre.
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