Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que éste repruebe la actividad de la Fundacion Nacional Francisco Franco, a la que acusa de organizar actos de “enaltecimiento del dictador” (sic), y que, por este motivo, inste al Gobierno a revisar las ayudas públicas de las que se ha beneficiado esta entidad. Dos de sus más distinguidos caballeros, el coordinador general de IU, don Alberto Garzón y el diputado don Ricardo Sixto, han sido los encargados de llevar al registro de la Comisión Constitucional del Congreso dicha iniciativa, entendemos que en cumplimiento severo de su innata preocupación por resolver los innumerables y urgentes problemas que padece España.
Mucho más aún de lo que ya lo está debería degradarse el actual régimen, al que los más manipuladores, por un lado, y los más inadvertidos, por otro, llaman estado de derecho, para que una cámara de representación pública tuviera, entre sus competencias, nada menos que la de reprobar a una entidad de derecho legalmente constituida por ejercer las actividades de su objeto social porque unos manipuladores de la verdad la desfiguran para desnaturalizarla. Pero a todo podemos llegar si nos atenemos al ejemplo de las permanentes afrentas a la ley que realizan impunemente algunos partidos políticos y gobiernos regionales, que violan innumerables leyes e incumplen tranquilamente sentencias del TS y del TC sin que el Estado ejerza sobre ellos su natural poder coercitivo frente al delincuente que recibe por mandato del pueblo a través de la Constitución.
Estos caballeros tan ecuánimes y bien informados exigen que se revisen las ayudas públicas que la FNFF recibió en el pasado. Y es que el odio y la injusticia por imperativo legal son las formas tradicionales de entender la libertad y la democracia de los comunistas. Nada en ellos ha cambiado a lo largo de tres siglos de su funesta historia.
Vayamos por partes:
En primer lugar la Fundación Nacional Francisco Franco es una organización legal en todos los aspectos y según todos los códigos legislativos vigentes. No tiene incumplimientos ante, por ejemplo, la Seguridad Social, muy al contrario de lo que le ocurre a Izquierda Unida, tan preocupada en sus discursos por los temas sociales y laborales, que debe cantidades astronómicas a dicho organismo público en concepto de cotizaciones de sus propios trabajadores. Curiosa forma de defender derechos y ejercer obligaciones incumpliéndolas ellos primeramente. Este solo hecho arruina toda legitimidad a esa coalición comunista para defender lo público y el interés general.
En segundo lugar la Fundación Nacional Francisco Franco no organiza actos de enaltecimiento del dictador. Organiza actos de homenaje a quien fuera Jefe del Estado para dar a conocer los muchos logros alcanzados para España durante su gobierno. La historia está ahí para ratificarlos. Izquierda Unida y sus caballeros andantes de la triste figura deberían leer la historia de España, la de verdad, las hemerotecas, los diarios de sesiones de la Cortes de aquellos años, los BOEs e incluso sencillamente preguntar a los españoles de a pie que vivían en aquella época sobre temas de general conocimiento, como la creación de pantanos, la industrialización, la escolaridad obligatoria, la creación de universidades laborales, las leyes de protección al trabajador con sus derechos laborales y sindicales, la creación de la sanidad pública, la jubilación a los 65 años o las pagas extra de Navidad, del 1º de abril, llamada de beneficios, y la del 18 de julio, llamada de verano. Pregunten a los españoles quién les consiguió estos logros y otros muchos, y verán …
En tercer lugar la Fundación Nacional Francisco Franco no recibe en la actualidad ninguna subvención ni ayuda pública. Sin embargo, se cuentan por decenas las organizaciones que sí reciben dinero de todos los españoles y cuya única e inmoral finalidad es reavivar odios apagados y reabrir heridas cerradas hace muchos años. El dinero que la FNFF obtuvo en el pasado fue para digitalizar el importante archivo histórico que conserva y entregar copia del mismo al Estado. Es importante remarcar el carácter privado de toda esa documentación que ahora también está en poder y uso público. Nunca se ha tenido secuestrada documentación sensible para la seguridad del Estado. Nunca más se ha recibido en esta casa dinero de los contribuyentes. Con ello queremos aprovechar para poner en su lugar a todos los que enturbian la verdad y siembran discordias entre los españoles exigiendo que nos sea intervenida la documentación que se custodia en nuestro archivo.
En cuarto lugar estos caballeros, en su incoherencia y aversión a la verdad, exigen a la Cámara parlamentaria que ratifique una declaración de la misma del año 2002 en la que presuntuosamente se condenaba el franquismo con sentencias del tenor de “Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”.
La realidad de aquellos acontecimientos fue muy diferente de lo narrado por los actuales inventores de la historia. Nunca los españoles vivieron con mayores cotas de libertad y dignidad, reconciliados y en paz. Y es que llama poderosamente la atención que dicha afirmación era, ya en 2002, pero hoy también, perfectamente aplicable a los actuales regímenes comunistas de Cuba, Venezuela, China o Corea del Norte, entre otras naciones pero, sin embargo, ni Izquierda Unida ni el resto de partidos del sistema partitocrático actual recrimina públicamente a dichos gobiernos, sino que colaboran con ellos de diversas formas, otorgándoles así cierta legitimidad. Es más, el Parlamento español, si quisiera realmente defender los derechos individuales frente a la opresión de los totalitarismos, debería haber hecho, ya en 2002, una declaración solemne de condena de los actos ocurridos en abril de 1931, octubre de 1934 y febrero de 1936 y de sus protagonistas y promotores, es decir, el PSOE, UGT, PCE, ERC, PNV, CNT y otras organizaciones afines, que aún siguen siendo hoy legales y subvencionadas de manera indecente e incomprensible, porque provocaron el advenimiento inevitable de la guerra civil, que tanto dolor trajo al pueblo español.
Es también una paradoja de esta democracia y su teórico estado de derecho el que esas organizaciones no hayan sido conminadas a pedir perdón por sus delitos pasados ni condenadas, ni siquiera moralmente, a indemnizar a sus víctimas, Estado, Iglesia y particulares, por las cámaras representativas del pueblo español. Quizá alguna vez, si en España se reimplantaran la decencia moral en la política y la ley natural en la justicia, una cámara de representación popular pudiera hacer una declaración de condena del actual régimen político, bajo cuyas leyes se cuentan más de 2,5 millones de niños asesinados en el seno de sus madres. No queremos acabar esta exposición sin citar al Partido Popular, al que es fácil confundir por sus actos con el PSOE, en referencia a uno de los innumerables incumplimientos de sus promesas electorales, no sólo al no derogar la mal llamada ley de memoria histórica, sino por manifestar que se siente orgulloso de ella, como así expresó recientemente el ministro de Justicia don Rafael Catalá. Esa ley fue implantada por el PSOE, con la ayuda de sus socios de un entonces incipiente nuevo Frente Popular, para tratar de reescribir la historia, equiparar a los criminales con las víctimas inocentes y condenar como criminales a quienes salvaron a la Iglesia Católica y a España de desaparecer bajo el yugo de la bota comunista soviética. Al no derogarla pudiendo y debiendo hacerlo, para servir con lealtad a la verdad y a España, la ha convertido en suya. Ahora podemos decir sin equivocarnos que la ley de memoria histórica es, también,del Partido Popular. Los españoles tienen derecho a conocer la verdad de nuestra historia, y la Fundación Nacional Francisco Franco está empeñada en su defensa. No nos preocupan los gritos de los malos, si acaso el silencio de los buenos. Seguiremos cumpliendo con nuestro deber y, con la ayuda de Dios, nada temeremos de nuestros enemigos.
¡ARRIBA ESPAÑA!
Fuente: Insurgente.org
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