ÍNDICE:
- CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES DE CGT FRENTE A LA SEDE DE INTERTRUST, PROPIETARIOS DE MADRILEÑA RED DE GAS
- EL COMITÉ DE TELEMADRID LAMENTA QUE SE QUIERA “PARTIR DE CERO” TRAS EL ERE
- EL COMITÉ DE HUELGA DE LA RECOGIDA DE LA BASURA EN TELDE NEGOCIARÁ CON FCC SOLO SI ANULA LAS SANCIONES
- EL FISCAL DUDA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL CIERRE DE RTVV, ALEGADA POR LOS SINDICATOS PARA PEDIR LA NULIDAD DEL ERE
- LA EMPRESA BSH, EN HUELGA INDEFINIDA POR “INCUMPLIMIENTO” DEL ACUERDO DE TRASLADAR LA PLANTA DE VILLATUERTA A ESQUÍROZ
- ABENGOA PRESENTA UN ERE EN SU FILIAL ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES Y CIERRA UN ACUERDO PARA EL ERTE DE ABEINSA EPC
- ELA Y LAB PIDEN LA RETIRADA DEL ERTE EN TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL ANTE EL AUMENTO DE PEDIDOS
- LOS TRABAJADORES DE SADA VALLADOLID ACUERDAN REDUCIR A 59 LOS DESPIDOS Y MEJORAR LAS INDEMNIZACIONES
- SATSE DENUNCIA 39 DESPIDOS EN EL GÓMEZ ULLA “EN PLENA CAMPAÑA DE LA GRIPE”
- RECHAZADAS EN TRES SENTENCIAS LAS DEMANDAS DE 30 TRABAJADORES DE ECOMASA CONTRA SODERCAN
- LOS 34 EMPLEADOS DE HARK MÁRMOLES ACUDEN A LA FÁBRICA, CERRADA POR EL DUEÑO, PARA EVITAR “DESPIDO PROCEDENTE”
- LA PLANTILLA DE UNIPAPEL LLEVA UN AÑO SIN COBRAR SU SALARIO
- OBLIGAN A READMITIR A 18 TRABAJADORES DE UNA FUNDACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
- LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL CORTE INGLÉS PROVOCAN BAJAS POR DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y LESIONES MUSCULARES
- LOS BOMBEROS DE TENERIFE SE PONEN EN HUELGA POR LA INVERSIÓN DEL CABILDO EN UN PARQUE DE VOLUNTARIOS
- CONVOCAN HUELGA EN EL CONSORCIO SANITARIO DE TERRASSA POR NUEVOS RECORTES
CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES DE CGT FRENTE A LA SEDE DE INTERTRUST, PROPIETARIOS DE MADRILEÑA RED DE GAS.
https://www.youtube.com/watch?v=82AxTsD1mN4
EL COMITÉ DE TELEMADRID LAMENTA QUE SE QUIERA “PARTIR DE CERO” TRAS EL ERE
Madrid (EFE)
El comité de empresa de Telemadrid ha lamentado que se quiera “partir de cero” cuatro años después del expediente de regulación de empleo (ERE), con la puesta en marcha de una Ley de reforma de la radiotelevisión pública que asegura que nació “sin consenso”.
En un comunicado de prensa, el comité de empresa de Telemadrid ha recordado que se cumplen cuatro años del ERE que supuso el despido de 861 trabajadores.
“Ahora se quiere partir de cero, como si Radio Televisión Madrid empezase en este momento limpia, fresca y sin pasado. Tenemos detrás muchos años de historia y no se puede pretender relanzar el servicio público de radio y televisión madrileño sin contar con quienes lo pusieron en marcha”, ha señalado.
En este sentido, ha criticado la aprobación de la Ley de reforma de Telemadrid en diciembre de 2015, que fijaba entre otros aspectos la disolución del ente público y las dos sociedades anónimas para dar paso a una sola sociedad.
“Cuatro años después (del ERE) se nos vende una nueva Radio Televisión Madrid. Una nueva Ley sin consenso, rechazada por el PSOE y Podemos. Y una fusión del ente público Radio Televisión Madrid, Telemadrid y Onda Madrid en una nueva empresa pública de la que, por Ley, el Gobierno de la Comunidad se arroga el derecho a su disolución”, ha apuntado.
El comité de empresa ha asegurado que no se olvida del “brutal, injusto e ilegal ERE”, que el Tribunal Supremo declaró no ajustado a Derecho, y ha insistido en su petición de una “solución justa” para los compañeros despedidos entonces.
LOS TRABAJADORES RECLAMAN QUE TELEMADRID SEA UNA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA LIBRE E INDEPENDIENTE
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EL COMITÉ DE HUELGA DE LA RECOGIDA DE LA BASURA EN TELDE NEGOCIARÁ CON FCC SOLO SI ANULA LAS SANCIONES
Pedro Hernández – laprovincia.es
Ambas partes se citan en la capital grancanaria para frenar un conflicto que dura seis días
Sindicatos y FCC se citan para negociar el fin de la huelga de la recogida de la basura iniciada y que ha llenado las calles de Telde de toneladas de bolsas y desechos. Además, ha provocado la petición de dimisión de la alcaldesa, Carmen Hernández, por parte de Más por Telde o la convocatoria de ciudadanos del municipio por las redes sociales del hastag #Teldebasura, convertido en trendig topic para expresar su protesta por una situación que reclaman acabe ya.
En este ambiente, tampoco se presenta fácil la primera toma de contacto entre empresa y comité de huelga, propiciado por la mediación de la alcaldesa y el concejal del área, Eloy Santana, para buscar un consenso a un conflicto que ya dura seis días.
Daniel Casal, portavoz de los trabajadores en huelga, declaró que “estamos de acuerdo en sentarnos a negociar con la empresa las propuestas de ambas partes, pero antes FCC debe levantar los expedientes abiertos a 24 compañeros y que les puede suponer una sanción de 60 días de empleo y sueldo o su despido. Si no, nos vamos de la reunión”.
Desde la adjudicataria del servicio, su responsable regional, Ángel Castanedo, se comprometió en la reunión mantenida el martes en Alcaldía a buscar propuestas que desbloqueen el conflicto con los trabajadores y que incluiría mejoras salariales.
No obstante, las conversaciones se inician en un ambiente enrarecido en el que Más por Telde reclama la dimisión de la regidora nacionalista por “su incapacidad para gestionar lo público”, la opacidad del gobierno local “que no informa y cuando lo hace miente o cuenta la verdad a medias”.
El partido liderado por Juan Francisco Artiles muestra su apoyo a los trabajadores, respaldo que también realiza el Partido Popular (PP), que se acercó a hablar con los operarios en huelga para conocer su realidad, al tiempo que exige una solución a este conflicto. En su opinión, “los ciudadanos no se merecen la irresponsabilidad de su alcaldesa”.
Los ciudadanos también han querido expresar su queja por el estado de las calles y su preocupación por un creciente caso de insalubridad pública. El hastag Teldebasura encontró su hueco en los medios nacionales y fue uno de los asuntos más seguidos en las redes sociales.
Por su parte, Eloy Santana confió en que “la reunión ayude a acabar con la huelga por el bien de los vecinos de Telde y de la ciudad”. Además, el edil nacionalista fue tajante respecto a si fracasa la reunión entre ambas partes. “No vamos a consentir que Telde sea otra Málaga y estemos 40 días con la huelga de basura, eso es inaceptable y no lo vamos a permitir”.
EL FISCAL DUDA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL CIERRE DE RTVV, ALEGADA POR LOS SINDICATOS PARA PEDIR LA NULIDAD DEL ERE
Europa Press – Madrid
Los sindicatos aseguran que “no existe” causa económica para justificar los despidos
El fiscal de la Audiencia Nacional Benito Egido ha expresado dudas sobre la inconstitucionalidad de la ley autonómica que en 2013 permitió el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV), uno de los argumentos utilizado por los sindicatos que ejercen la acusación en la causa para solicitar la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado en el ente público.
Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal durante el juicio que ha arrancado en la Sala Social de la Audiencia Nacional a raíz de una demanda contra dicho ERE, que supuso el despido de la plantilla de trabajadores del canal autonómico valenciano –Canal 9– en el año 2013, con el PP al frente del Consell.
La ley que avaló el cierre del ente público es tachada de inconstitucional por parte de los sindicatos que ejercen la acusación en la causa y, además, consideran que fue un “acto de rebeldía” contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró nulo el ERE, con lo que dejó sin efecto los despidos.
La causa, que ha quedado vista para sentencia, ha llegado a la Audiencia Nacional de la mano de una demanda colectiva presentada por CGT –el único sindicato con representación en el Comité de Empresa de RTVV que no suscribió el acuerdo de despido– en la que solicita la nulidad y la readmisión de los trabajadores así como el abono de salarios de tramitación.
En este sentido, el abogado de CGT ha rechazado la ley “ad hoc” aprobada por la Generalitat Valenciana para suprimir el servicio público de radio y televisión autonómica y que la extinción de la personalidad jurídica se utilice como “justificación legal” para despedir.
“Si asumiéramos que la mera disolución de RTVV es causa eficiente y suficiente para la extinción de los contratos de trabajo estaríamos diciendo que la disolución bastaría como causa justificativa de un despido”, ha lamentado, subrayando que no sirve como “causa objetiva”.
Además, ha censurado que la empresa de RTVV alegue “fuerza mayor” para no continuar con su actividad y rescindir los contratos cuando, para realizar un despido colectivo, es necesario que la autoridad laboral constate que dicha fuerza mayor “existe”. “Que no se nos quiera engañar”, ha afirmado al respecto.
LA CAUSA ECONÓMICA “NO EXISTE”
Para el sindicato, el cierre de RTVV no está justificado en “ningún caso”. “La insuficiencia presupuestaria sobrevenida del ente en el año que se realizan los despidos no existe”, ha aseverado el abogado, recalcando que “no existe” causa económica que los justifique. Así pues, ha destacado que “no se ha aportado” la documentación necesaria si hay otro motivo para ejecutar dicho ERE.
Por este motivo, cree que el ERE en RTVV es nulo “por una cuestión formal” y, además, considera que se deduce que la empresa está “despidiendo por otra causa”. “Si es por fuerza mayor es nula, y si es por otra causa es nulo porque no se ha aportado documentación”, ha sentenciado.
Asimismo, el abogado ha asegurado que se han vulnerado los derechos de los trabajadores, especialmente a sabiendas de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya declaró nulo el ERE dejando sin efecto los despidos. “Si se incumple esta sentencia (*) ningún trabajador público puede dormir tranquilo ya que se hacen las normas para incumplir sentencias”, ha recalcado.
Desde Comisiones Obreras, la abogada Rosa González, ha subrayado que la decisión del cierre se ejecutó en “clara rebeldía” al fallo del Tribunal Superior de Justicia. De hecho, ha asegurado que la propia Generalitat Valenciana “admite que se produjo una decisión contraria a derecho”.
NUEVA CORPORACIÓN VALENCIANA DE MEDIOS
Asimismo, debido a que CGT amplió su demanda a nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), el letrado del sindicato ha planteado la sucesión de empresas ya que, a su juicio, la nueva entidad “va a asumir la función” de RTVV en La Comunidad. “Es continuadora de la actividad de RTVV”, sostiene.
Al respecto, ha recordado que en el acuerdo contempla la entrada “con carácter preferente” de los extrabajadores de RTVV, y ha hecho hincapié en que Canal 9 “hasta el día de hoy ha tenido una emisión” y utiliza medios técnicos y recursos de RTVV, así como sus instalaciones.
“Se han venido realizando gestiones y operaciones para la reapertura que no dista mucho de ser una continuación para disponer de materiales audiovisuales para la emisión de la futura televisión”, ha aseverado Rosa González al respecto.
Por su parte, la abogada de Intersindical ha cargado contra la aprobación de la nueva Corporación de Medios, puesta en marcha por la Generalitat liderada por Ximo Puig, “antes de extinguirse todos los despidos”.
Y desde UGT y CSIF-F, cuyos representantes han rechazado que la causa real de los despidos sea la extinción de RTVV, han incidido en la inconstitucionalidad de la ley valenciana que permitió el cierre de Canal 9.
LA EMPRESA BSH, EN HUELGA INDEFINIDA POR “INCUMPLIMIENTO” DEL ACUERDO DE TRASLADAR LA PLANTA DE VILLATUERTA A ESQUÍROZ
Europa Press
Según el sindicato LAB, que ha convocado la huelga, está secundada por la práctica totalidad de la plantilla, cerca de 95 personas.
El sindicato LAB ha convocado una huelga indefinida en BSH para “denunciar que la empresa está incumpliendo el acuerdo de cierre y traslado de los trabajadores de BSH Villatuerta a la planta de Esquíroz”.
Según ha indicado el sindicato en una nota, “esta huelga se está secundando por la práctica totalidad de la plantilla fija de BSH a la que le afecta el acuerdo del cierre y traslado de la planta de Villatuerta, cerca de 95 personas”. “Este incumplimiento supone una pérdida para cada trabajador/a de 2.000 euros anuales”, ha añadido.
LAB ha indicado que el comité de empresa, tras el anuncio por parte de la dirección de la empresa de “su decisión de incumplir dicho acuerdo”, abrió un proceso negociador con “el ánimo de que éste se cumpliera en todos sus términos”.
A su juicio, “la cerrazón por parte de la dirección de la empresa así como su inmovilismo, ha derivado en que el sindicato LAB, que cuenta con 2 representantes de 9, haya convocado una huelga indefinida hasta que la empresa abone los salarios ateniéndose al acuerdo de traslado y al convenio colectivo vigente”.
ABENGOA PRESENTA UN ERE EN SU FILIAL ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES Y CIERRA UN ACUERDO PARA EL ERTE DE ABEINSA EPC
Sevilla (Europa Press)
La compañía Abengoa ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) en su filial Abengoa Solar New Technologies, mientras que sindicatos y empresa han llegado a un acuerdo para el expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para Abeinsa EPC, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.
En el caso del nuevo ERE, los sindicatos prevén que la mesa de negociación de este expediente se conforme en breve, por lo que desconocen todavía cuál sería la afectación de este nuevo procedimiento.
Por otra parte, ambas partes han cerrado un acuerdo para el ERTE en Abeinsa EPC, donde se verán afectados 160 trabajadores por un periodo de 15 meses.
Además, “no habrá despidos” aunque sí podrán marcharse voluntariamente los trabajadores que así lo decidan con unas condiciones pactadas de 20 días por año, más un complemento de 20 días de salario bruto.
Cabe recordar que el Grupo Abengoa presentó en la primera reunión tanto un ERE para 43 trabajadores, como un ERTE para 190 trabajadores durante 18 meses, en esta filial.
Ante estas condiciones, los trabajadores llevaron a cabo una serie de huelgas y paros parciales en señal de protesta. Abeinsa EPC cuenta con 550 empleados, de los que 350 trabajan en Sevilla.
Precisamente este es una de los alegatos que han usado los demandados para oponerse a sus pretensiones, tachando de “fraude de ley” el hecho de que los sindicatos que entonces no impugnaron el acuerdo se adhieran a la demanda de CGT
ELA Y LAB PIDEN LA RETIRADA DEL ERTE EN TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL ANTE EL AUMENTO DE PEDIDOS
Europa Press
Las secciones sindicales ELA y LAB de la planta de Amurrio de Tubos Reunidos Industrial han solicitado a la dirección de la empresa la retirada del ERTE que gran parte de la plantilla “viene soportando” desde el mes de abril, debido al aumento de los pedidos registrados en la empresa los últimos meses y “a la escasa incidencia” del mismo.
En un comunicado, han asegurado que, desde el inicio de la aplicación del ERTE, la entrada de pedidos ha supuesto una media de 12.500 toneladas al mes, mejorando el dato de los 12 meses anteriores al ERTE, “pedidos que, además, son de un producto con un valor añadido cada vez mayor”.
Además, han indicado que a ello hay que añadir que el precio del petróleo, “una de las causas principales que utilizó Tubos Reunidos en su informe para justificar el ERTE, ha duplicado su precio desde entonces”.
En cuanto a la incidencia y aplicación del ERTE por parte de la empresa, han asegurado que, desde su inicio, no ha superado el 5,5% de las jornadas totales máximas a aplicar, de las que una gran parte lo ha sido por fallos organizativos de la empresa, no por falta de pedidos.
“Este ERTE solo se justifica desde una intencionalidad por parte de la Dirección de aplicar una flexibilidad entre su plantilla que el convenio colectivo no le permite y con ello, intentar corregir errores de planificación y producción que continuamente se vienen dando en la planta de Amurrio”, han agregado.
Asimismo, han asegurado que la empresa ha comunicado que en enero y febrero se producirá con normalidad, por lo que todos estos datos, junto con la cifra de 6.000 horas extras que se han contabilizado en Tubos Reunidos Industrial durante el año 2016, demuestran que, “como la mayoría del comité defendió desde un inicio, el ERTE solicitado por la Dirección de Tubos Reunidos y avalado por el Gobierno vasco no está justificado”.
Por todo ello, han exigido a la dirección de Tubos Reunidos que retire el ERTE “impuesto” a la plantilla desde abril.
LOS TRABAJADORES DE SADA VALLADOLID ACUERDAN REDUCIR A 59 LOS DESPIDOS Y MEJORAR LAS INDEMNIZACIONES
La asamblea de trabajadores de Sada ha aprobado por unanimidad el preacuerdo mediante el cual se reduce el número de despidos de los 68 previstos a los 59 que finalmente se llevarán a cabo.
La plantilla de la empresa Sada Valladolid ha aprobado por unanimidad este mediodía el acuerdo pactado entre el comité de empresa y la dirección de la multinacional alimentaria holandesa Nutreco Ibérica a última hora de la tarde-noche del miércoles día 11 de enero.
Allí, los representantes de ambos colectivos alcanzaron un preacuerdo que ha sido ratificado por la totalidad de los trabajadores y trabajadoras del matadero vallisoletano ubicado en el Camino Viejo de Simancas.
Tras el encuentro, el comité de empresa de Sada Valladolid había convocado para el jueves día 12 de enero, a partir de las 12:00 horas, una asamblea consultiva en el propio centro de trabajo. El apoyo al documento pactado ha sido total. Por lo tanto, la planta vallisoletana dejará de ser operativa el próximo día 20 de enero, y 11 días después se echará la persiana de forma definitiva. Estos once días se considerarán como licencias retribuidas.
La presidenta del comité de empresa, Nieves Muñumer, de CC.OO. señaló que las condiciones del acuerdo son aceptables, “dentro de lo que supone cerrar una planta productiva y dejar en la calle prácticamente a la totalidad de la plantilla”.
En la actualidad de los 83 puestos de trabajo con que cuenta la empresa, 68 son los afectados por el Expediente, el resto seguirán en Valladolid como integrantes de la delegación comercial y administrativa de Sada.
Fruto de la negociación se han reducido a 59 personas. A fecha de hoy, de este grupo 8 han manifestado su voluntad de recolocarse en otras plantas del grupo. Por tanto, 51 trabajadores, es el número de despidos reales en Sada Valladolid. Esta cifra podrá variar si en diez días algún trabajador decide adherirse al plan de recolocaciones.
El acuerdo garantiza la recolocación de las personas con una garantía de retorno de 4 meses. Si los afectados no se adaptan a su nuevo destino, pueden regresar y acogerse a las mismas condiciones pactadas para el despido.
El acuerdo contempla lo previsto en el Estatuto para el despido improcedente: 45 días por año de trabajo con un tope de 42 mensualidades hasta el 11 de febrero de 2012, y 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Y, como máximo, 720 días de indemnización. La excepción viene determinada si el cálculo resultante por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 fuese superior a esta cifra.
Además, cada trabajador recolocado menor de 50 años recibirá 1.500 € para gastos de mudanza, y otros 500 € mensuales en concepto de ayuda al alquiler durante un año. Para las personas mayores de 50 años recibirán 2.000 € para gastos de mudanza, 600? mensuales en concepto de ayuda para el alquiler durante un año.
El acuerdo sin embargo no acaba ahí. Estas personas tendrán una licencia retribuida de 15 días a partir de la fecha efectiva del despido. También la empresa abonará cinco días remunerados en concepto de vacaciones, a mayores, de las que legalmente les corresponda a los trabajadores y trabajadoras afectadas.
Tercera deslocalización
La francesa Lactalis fue la primera con Central Lechera Vallisoletana (Lauki). La siguiente ha sido la holandesa Nutreco Iberia con Sada. Le seguirá en primavera el grupo trasnacional norteamericano Mondélez International con la antigua Dulciora. “Espero que este goteo acabe aquí, a pesar de tener en ciernes la industria láctea de Quesos Canal en Valladolid”, señala Ramos García.
Nutreco Iberia es una unidad de negocio de Nutreco nacida en 2014 que agrupa los negocios de piensos compuestos, avicultura, producción avícola y porcina en España y Portugal. Sada, que pertenece a este entramado del sector agroalimentario, produce casi tres millones de pollos a la semana que sirven para alimentar a unos quince millones de personas en España y Portugal.
Además de Sada, Nutreco Iberia también cuenta con la firma de piensos compuestos Nanta y el grupo porcino nacional Inga Food, empresa líder en producto del cerdo ibérico y uno de los principales operadores de cerdo blanco
SATSE DENUNCIA 39 DESPIDOS EN EL GÓMEZ ULLA “EN PLENA CAMPAÑA DE LA GRIPE”
EFE
El sindicato de enfermería Satse Madrid ha denunciado el despido de 39 trabajadores sanitarios del hospital militar Gómez Ulla “en plena campaña de la gripe” y ha exigido al Ministerio de Defensa, del que depende el centro, que “tome las medidas oportunas para solventar la solución”.
En una nota de prensa, el sindicato ha concretado que la mayoría de los profesionales afectados por estos despidos (21) son enfermeros y el resto pertenecen a otras categorías, como médicos, matronas y auxiliares.
Además, ha señalado que el fin de semana las urgencias del hospital Gómez Ulla sufrieron un “colapso” ante la llegada de madrileños “aquejados de diversas patologías, principalmente gripe”.
“Mientras el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha puesto en marcha el plan contra la gripe con la apertura de camas y contratación de personal de enfermería, el hospital Gómez Ulla, dependiente del Ministerio de Defensa, hace lo contrario”, ha lamentado.
Este hospital firmó un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en 2010 que lo convirtió en centro de referencia para los vecinos de Latina y Carabanchel.
Asimismo, sirve también de apoyo al 12 de Octubre y Clínico, según ha recordado Satse Madrid.
El sindicato ha advertido de que con estos despidos “habrá que reorganizar la plantilla” y ha asegurado que desde el hospital “no se descarta que se tengan que cerrar plantas por falta de personal”.
Según ha indicado, la explicación que han ofrecido desde la dirección de Enfermería del Hospital Gómez Ulla es que Defensa no tiene presupuesto.
“La campaña de gripe estará dentro de unas semanas en pleno apogeo y no podemos permitir que un centro, que dispone además de varias plantas con camas cerradas, esté infrautilizado”, ha añadido.
RECHAZADAS EN TRES SENTENCIAS LAS DEMANDAS DE 30 TRABAJADORES DE ECOMASA CONTRA SODERCAN
Santander (Europa Press)
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado en tres sentencias dictadas a últimos de diciembre y primeros de enero, los recursos presentados por una treintena de trabajadores de Ecomosa (EWI), procedentes todos ellos de Teka, y su pretensión de extender a la empresa pública SODERCAN la responsabilidad solidaria en el pago de sus indemnizaciones.
Se trata de los trabajadores que fueron despedidos en el ERE inicial de Ecomasa, el planteado en el plan de viabilidad. La primera de esas tres sentencias, dictada el 19 de diciembre, ya es firme.
Ello significa que los trabajadores no han intentado presentar recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, y parece anticipar que no presentarán tampoco recurso contra las otras dos sentencias del TSJC favorables a SODERCAN, con lo que el recorrido procesal de las demandas contra la empresa pública por los despidos del primer ERE de EWI llegaría a su fin.
En estas tres sentencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que están fechadas el 19 y 22 de diciembre y la última el 10 de enero, el TSJC considera “inadmisible” la pretensión de los trabajadores recurrentes y exime de responsabilidad a SODERCAN.
La Sala atiende a una cuestión procesal alegada por la empresa pública, en el sentido de que la determinación del empresario real, o de las personas que deban responder solidariamente, es una cuestión colectiva que no puede analizarse en pleitos por despidos individuales.
Y ello, porque anteriormente el propio TSJC había dictado en julio de 2015 una sentencia por el despido colectivo de los 42 trabajadores de Ecomasa en la que declaraba éste ajustado a derecho. Existe por tanto “cosa juzgada” en la determinación del empresario real que no puede volver a discutirse en el seno de procedimientos individuales posteriores.
“La condición de empleador y el régimen de responsabilidades que surte de la misma ya ha sido resuelta en vía colectiva y con eficacia de cosa juzgada”, señalan las sentencias de la Sala de lo Social.
LOS 34 EMPLEADOS DE HARK MÁRMOLES ACUDEN A LA FÁBRICA, CERRADA POR EL DUEÑO, PARA EVITAR “DESPIDO PROCEDENTE”
Europa Press – Almería
Los 34 trabajadores de la empresa Hark Mármoles S.L.U., ubicada en el Polígono Industrial ‘Rubira Sola’ de Macael (Almería), permanecen durante su horario laboral ante las puertas cerradas de las instalaciones ya que, aseguran, la nueva gerencia “compró la empresa por un euro” con el objetivo de “desmantelar” la compañía y “temen” que se trate de una “estrategia” para provocar “un despido procedente”.
El delegado y representante sindical de los trabajadores de Hark Mármoles S.L.U, Juan Pedrosa, ha explicado que el pasado día 7 de enero el gerente de la empresa, José Antonio Cánovas, le pidió “a través de Whatsapp” que comunicara a los trabajadores que “por motivos de inventario” la empresa permanecería cerrada hasta el día 11 de enero.
Ante esta petición, Pedrosa reclamó que se realizara “de forma oficial” con un escrito “con sello” de la empresa y señala que el día 8 de enero recibió dicho escrito “con fecha del día 5 de enero” por lo que lo considera “ilegal” y decidió acudir con sus compañeros al trabajo “porque es lo que hay que hacer” ya que tras tres días de faltas injustificadas se justifica el despido procedente de un trabajador.
Asimismo, ha asegurado el delegado de los trabajadores que los empleados “creen” que la empresa “ha contratado a un administrador concursal” debido a que “se ha visto acorralada” por las indemnizaciones “por enfermedad laboral” y por las correspondientes a los últimos “diez trabajadores despedidos”.
A este respecto, indica Pedrosa que en los últimos cuatro años han tenido lugar cuatro expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y “en cada uno había despidos” de hasta “diez trabajadores”, produciéndose el último de ellos “hace siete meses”, que los empleados “ganaron y obligaron” a la empresa a recuperar “la jornada completa”.
Por otra parte, denuncian que entre los trabajadores se han dado varios casos de silicosis -enfermedad crónica del aparato respiratorio producida por la inhalación de partículas de sílice en gran cantidad-, de los cuales “uno ha sido jubilado” mientras que a uno de los otros dos afectados le “ocultaron” la enfermedad durante dos años “tras la revisión médica de la empresa”.
Denuncian, además, que desde la compra de Hark Mármoles S.L.U. por parte del nuevo propietario “hace seis meses” al anterior titular alemán, se han “dejado de pagar hasta cuatro nóminas” a la plantilla que “desde el año 2006” se ha visto reducida de 150 a 34 trabajadores.
Fue en el año 2006, según explica el representante sindical, cuando la multinacional alemana “absorbió el cien por cien de la compañía” en la que anteriormente participaba al 49 por ciento y que, durante 2016 ha vendido a este empresario murciano.
LA PLANTILLA DE UNIPAPEL LLEVA UN AÑO SIN COBRAR SU SALARIO
- Mariscal – noticiasdegipuzkoa.com – Donostia
Los trabajadores de la planta de Unipapel en Aduna llevan un año sin percibir sus correspondientes salarios derivado de la complicada situación en la que se encuentra la firma, actualmente en concurso de acreedores, que también tiene fábricas en Madrid y Logroño.
Ante la prolongación de un conflicto cuyas primeras alarmas datan de 2014, los sindicatos ELA y LAB han convocado una concentración frente a la factoría guipuzcoana con el fin de denunciar su situación, dentro de una dinámica de movilizaciones que las centrales sindicales han desarrollado con el objeto de encontrar una solución.
La evolución de Unipapel, que llegó a convertirse en un referente en el sector papelero, durante los últimos dos años ha sido errática. Con plantas en la madrileña Tres Cantos, en Logroño y en Aduna, en 2012 procedió a una reestructuración para cambiar su denominación a Adveo e iniciar un plan de expansión.
Dos días antes de finalizar 2013, la directiva procedió a la venta de la unidad industrial al fondo de capital riesgo suizo Springwater con la intención de potenciar su actividad, que más tarde se ha revelado del todo contraproducente.
En el caso de Aduna, los problemas surgieron algo antes de esta operación, concretamente en julio de 2013, cuando los entonces más de 80 trabajadores vieron reducidos sus salarios como medida para afrontar los problemas económicos que afrontaba la fábrica.
Poco después del anuncio de la venta a Springwater de las unidades industriales por 16 millones de euros, la plantilla de Aduna recibió con preocupación unas primeras informaciones que apuntaban a un traslado de la producción a la factoría de Logroño. En respuesta, los trabajadores iniciaron el 20 de enero de 2014 una huelga indefinida cuyo desarrollo no se vio exento de polémica.
Dos semanas después, la huelga fue desconvocada al conseguir el compromiso de la dirección de buscar un plan de viabilidad para la planta, además de asegurarse que no habría despidos ni rebajas salariales. Eso sí, se procedió a un plan de prejubilaciones que rebajó en 14 personas la plantilla, hasta quedar en 70 trabajadores.
La situación parecía encarrilada hasta que dos años después, en mayo de 2016, Springwater anunció un ERE de extinción que contemplaba despidos en las tres fábricas, 17 en Aduna, y otro de suspensión temporal de empleo para el resto de los tres centenares de trabajadores que conforman la plantilla de las factorías madrileña, riojana y guipuzcoana.
En las posteriores reuniones de negociación con los sindicatos Unipapel advirtió de que el cierre de las plantas tendría una duración mínima de seis meses, que podría alargarse a dos años. Tan solo dos días después, tras una reunión entre dirección y trabajadores en Aduna, Springwater anunciaba que Unipapel estaba en preconcurso de acreedores, que posteriormente se concretó en un concurso.
A pesar de las sucesivas movilizaciones, en julio del pasado año comenzó a aplicarse el ERTE en Aduna, que se vio interrumpido en noviembre, cuando la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional anuló esta medida, dando la razón a CCOO que fue quien la impugnó.
La situación, que se ha ido complicando, será analizada por ELA y LAB en la concentración convocada en Aduna.
OBLIGAN A READMITIR A 18 TRABAJADORES DE UNA FUNDACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
Valencia (EFE)
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo el despido colectivo de 18 trabajadores de una fundación del Hospital General Universitario de Valencia y obliga a la readmisión de todos ellos en sus puestos de trabajo.
En una sentencia, la sala de lo Social del TSJCV estima la demanda interpuesta por el sindicado CSI·F contra la Fundación del Hospital General para la Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud (FIGHU), y contra la Conselleria de Sanidad por estos despidos.
El dictamen judicial considera demostrado que estos empleados trabajaban, en la práctica, para la Conselleria Sanidad y que se produjo “una cesión ilegal” de empleados, ya que la Fundación “se limitó a poner a disposición de la Conselleria la mano de obra” de estos trabajadores.
En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) señala que el 7 de abril de 2016 la Conselleria de Sanidad comunicó a FIGHU que daba por finalizado el contrato del programa REFAR, y el 3 de mayo la citada fundación puso en conocimiento de los empleados el inicio de un procedimiento de despido colectivo.
Los trabajadores pidieron que asistiera la Conselleria como entidad contratista a la negociación, un hecho que no se produjo, y la fundación decidió finalmente despedir a 18 empleados, al no alcanzar un acuerdo.
El CSI·F recurrió el despido colectivo y pidió su nulidad argumentando que, en la práctica, los trabajadores realizaban su labor para Conselleria de Sanidad y no desarrollaban una tarea exclusivamente formativa, como en teoría fueron contratados por la Fundación.
El sindicato explica, entre otras razones, que estos empleados disponían de correo electrónico con dominio “gva” (correspondiente a los empleados de la administración autonómica), y que recibían instrucciones de departamentos de la Conselleria de Sanidad, que también les firmaba las vacaciones.
La Sala de lo Social del TSJ constata que “las funciones realizadas por los trabajadores adscritos al programa REFAR excedían con mucho las concretas actividades formativas a que debía circunscribirse su labor”.
También recoge que “desempeñaban labores integradas en la propia actividad de la Administración, desligándose de la justificación de la contratación para una labor concreta y solo formativa”.
Recalca, además, que “no existe una diferenciación entre las funciones desempeñadas por los farmacéuticos del Área de Salud (FAS) y los adscritos al programa REFAR”.
Por tanto, la sentencia concluye que existió la cesión ilegal denunciada por los demandantes, pues la Fundación “se limitó a poner a disposición de Conselleria la mano de obra”; y en consecuencia, declara nulo el despido y obliga a la Fundación a readmitir a los 18 empleados.
LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL CORTE INGLÉS PROVOCAN BAJAS POR DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y LESIONES MUSCULARES
José Antonio Gómez – diario16.com
Se trabaja un 40% de los festivos pagándolos como un día de diario
Los vendedores desempeñan labores del personal de limpieza, de los administrativos o de carga y descarga de mercancías
Las consecuencias de la crisis económica global han afectado a todos los sectores empresariales que basan sus cuentas de resultados en la producción, no así en los que lo hacen a través de la especulación en los mercados, los grandes triunfadores de las desgracias ajenas.
Los cambios legislativos, como la Reforma Laboral y la bajada del poder adquisitivo de los trabajadores han provocado que el sector de las grandes superficies se haya visto afectado por la caída del consumo.
Una de las empresas afectadas ha sido, evidentemente, El Corte Inglés que diez años después del estallido de la crisis global con la quiebra de Lehman Brothers y la crisis española con la explosión de la burbuja inmobiliaria, factura un 15% menos.
La bajada de la facturación también ha afectado a las condiciones laborales de los trabajadores en todos los sentidos, llegando a incidir incluso en la salud. Los trabajadores son obligados a hacer turnos dobles durante los fines de semana y se les paga como si fuera un día de diario, se ha incrementado la carga de trabajo y se ha modificado el sistema de retribución.
Los trabajadores de El Corte Inglés denuncian que las condiciones laborales cambian constantemente gracias a la modificación que se hizo en la Reforma Laboral de 2012 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Es bastante habitual encontrarse con trabajadores que en cada renovación de contrato se le modifiquen las condiciones y siempre a peor.
Una de las quejas más repetidas por los trabajadores es el trabajo en los fines de semana no sólo porque El Corte Inglés no les remunere los domingos como festivos sino por las condiciones en las que trabajan. Por un lado, se les hace trabajar diez horas con una sola hora para comer.
CC.OO. estima que se les obliga a trabajar una media de 40% de festivos. Por otro lado, los trabajadores de El Corte Inglés sólo libran un 33% de los fines de semana. Además, antes del estallido de la crisis, la empresa ofrecía a los trabajadores compensaciones económicas por trabajar los domingos, cosa que ha desaparecido.
Antes de 2007 los trabajadores de ECI sabían cuál era su horario de trabajo y los días de libranza. Con la modificación de las condiciones laborales la empresa les da un horario trimestral que puede estar sujeto a alteraciones en base a las necesidades empresariales.
Por otro lado, la presión ejercida para aumentar la producción y el aumento de la carga de trabajo está generando un incremento de las bajas por estrés, por ansiedad y por dolores musculares. Se han dado muchos casos de trabajadores que han solicitado la baja voluntaria de la empresa o que no han renovado su contrato porque la situación es insostenible.
Este aumento de carga de trabajo viene determinada por la ampliación de las funciones de los trabajadores. Antes de 2007 cada empleado tenía una función concreta. Ahora los vendedores desempeñan labores del personal de limpieza, de los administrativos o de carga y descarga de mercancías.
Las condiciones salariales también se han modificado y, siguiendo la línea, han empeorado. Es conocido el hecho de que los vendedores de El Corte Inglés tenían un sistema de remuneraciones de fijo más comisiones. Antes de 2007 los variables por venta se abonaban desde la primera venta.
El descenso de las ventas ha provocado que se ponga un mínimo que cubre los costes salariales fijos para tener acceso a esas comisiones y con un rápel en función del número de ventas: a mayor número de ventas, mayor comisión por los incrementos del rápel.
En general, la cantidad que los trabajadores perciben por cada venta que hacen se ha aumentado pero en términos absolutos ha disminuido por ese escalón inicial en el que no se percibe variable alguno.
Por su parte, El Corte Inglés indica que lo que se quiere premiar es al vendedor más activo y que con ese sistema de escalado los ingresos de los trabajadores en variables se han incrementado ya que el total desembolsado por la empresa por este concepto se ha acrecentado en un 28% de media.
Ante esta situación, ¿dónde están los sindicatos? Hay un hecho diferencial respecto a otras grandes empresas: los sindicatos mayoritarios en El Corte Inglés no son ni CCOO ni UGT sino organizaciones independientes (Fagsa y Fetico) que, según las fuerzas sindicales tradicionales, están al servicio de la empresa y que firmaron un convenio colectivo en el año 2013 que empeoraba las condiciones laborales de los trabajadores a los que presuntamente tienen que defender.
La versión de El Corte Inglés es muy diferente, como es obvio. Según el gigante de la distribución ellos se rigen por el convenio sectorial de grandes superficies pero con mejoras como beneficios sociales, becas, etc. para los trabajadores.
En lo referente al trabajo en fines de semana y festivos responsabilizan a la regulación de los horarios comerciales de las diferentes Comunidades Autónomas y ponen en valor que ellos notifican a sus trabajadores sus horarios y que los festivos trabajados son librados en días de diario. No dicen nada de la remuneración de esos días.
En estos diez años de crisis económica El Corte Inglés ha tenido un descenso de facturación del 15% y una reducción de plantilla del mismo porcentaje sin aplicar ningún Expediente de Regulación de Empleo. ¿Cómo lo han hecho?
A través de jubilaciones anticipadas, prejubilaciones (a pesar del encarecimiento de las mismas en la Reforma Laboral) y de un plan de desvinculación que permite salir a los trabajadores de entre 58 y 61 años con un 70% del salario garantizado y pagado por la compañía aseguradora de ECI.
Estas prejubilaciones o este plan de desvinculación es un modo de inversión de El Corte Inglés ya que los costes superiores que les supone no haber aplicado ningún ERE se retorna con las condiciones laborales y salariales inferiores de las nuevas incorporaciones. La historia de siempre.
LOS BOMBEROS DE TENERIFE SE PONEN EN HUELGA POR LA INVERSIÓN DEL CABILDO EN UN PARQUE DE VOLUNTARIOS
El colectivo denuncia que estos fondos deberían servir para crear una instalación profesionalizada en el Sur – Valbuena explicará la inversión en los próximos días
Los bomberos del Consorcio de Tenerife han acordado convocar una huelga después de que el Cabildo insular tenga previsto destinar 1,2 millones de euros a un Parque de Bomberos Voluntarios en La Laguna.
El presidente de la Junta de Personal, José Molina, afirmó que destinar esa gran inversión a la realización de un parque de voluntarios entre Santa Cruz y La Laguna “es una incoherencia” con la falta de medios humanos y materiales que existe en el Sur de la Isla, donde solo hay un parque de bomberos profesionales en San Miguel de Abona.
La asamblea del colectivo celebrada el jueves 12 de enero acordó presentar un preaviso de huelga para protestar por esta situación. Molina detalló que con este paro el colectivo quiere reivindicar que “de una vez por todas se apueste por la profesionalización del servicio en el Sur”.
Aunque hay proyectados dos nuevos parques profesionales en el sur de la Isla, uno en Candelaria y otro en Arona, el presidente del Consorcio de Bomberos, José Antonio Valbuena, ha reconocido que no podrán estar en funcionamiento antes de tres o cuatro años.
“Se ha puesto por escrito en los planes directores la necesidad de estos nuevos parques, pero durante 10 años solo han sido promesas”, expresó Molina. Por este motivo, el colectivo reivindica que esta inversión que piensa hacerse en La Laguna se destine a avanzar en estos proyectos.
Molina apuntó que los bomberos profesionales no están en contra de la existencia de los efectivos voluntarios. “Nos parece algo loable, pero el problema es que se les está utilizando para que hagan un trabajo que deberían hacer efectivos profesionales y no se dice toda la verdad”, concretó. Además, señala que en Tenerife solo existen cinco parques de bomberos profesionales frente a nueve de efectivos voluntarios.
El presidente de la Junta de Personal argumentó también que los voluntarios de La Laguna ya cuentan con una sede que está ubicada en Geneto “y lo que van a hacer es construirle un parque desde cero en otro sitio”.
Para el colectivo de bomberos profesionales, ese 1,2 millones de euros serían muy beneficiosos para incentivar la creación de un parque en la zona sur y argumentan que a pesar de la carencia de personal que existe en el cuerpo, se podría afrontar en un primer momento la apertura de estas nuevas instalaciones sin que se llevara a cabo un aumento en el número de efectivos.
Molina detalló que todavía no se conocen las fechas en las que se llevará a cabo este paro, pero sí quiso dejar claro que se trata de un acto de responsabilidad. “Como funcionarios tenemos que hacer valer que se saque el mayor provecho para la ciudadanía de los recursos públicos”, opinó.
El Cabildo de Tenerife, responsable del Consorcio de Bomberos, declinó hacer declaraciones sobre el preaviso de huelga que la asamblea del colectivo acordó presentar.
CONVOCAN HUELGA EN EL CONSORCIO SANITARIO DE TERRASSA POR NUEVOS RECORTES
Terrassa (Barcelona) (EFE)
El comité de empresa del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST) ha convocado una huelga durante toda la semana del 23 al 27 de enero contra la aprobación del nuevo Plan de Empresa, que contempla nuevos recortes laborales de cerca de 700.000 euros.
Según ha informado el presidente del comité de empresa del CST, Xavier Lleonart, el pasado 29 de noviembre se aprobó el plan de empresa por parte del consejo de gobierno del CST, formado mayoritariamente por sus principales propietarios, la Generalitat y el ayuntamiento de Terrassa, momento a partir del cual se abrieron unas negociaciones con el comité de empresa, ahora encalladas.
Lleonart ha cargado contra el conseller de Salud, Toni Comín, por no cumplir su palabra de que el nuevo plan no afectaría a la plantilla, y contra el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que a través de una moción del pleno municipal se comprometió a defender ante la Generalitat que no hubiera más recortes en el centro.
“No estamos dispuestos a hacer ninguna concesión más, no tenemos suficientes con la palabra de Comín ni de Ballart porque han mentido descaradamente, y la huelga es la única forma para poder visualizar que estamos hartos”, ha asegurado Lleonart.
Asimismo, los empleados denuncian los recortes “sistemáticos” que están “sufriendo” desde el inicio de la crisis y, además, el presidente del comité de empresa del centro ha denunciado la falta de material nuevo en el centro, la antigüedad de algunas salas y también el colapso en las urgencias.
En 2016, el CST absorbió parte de la actividad de la Clínica del Vallès, a quien la Generalitat no renovó la asistencia pública que desarrollaba, así como a nueve empleados del centro, lo que ha aumentado la presión asistencial y los recursos humanos “insuficientes”, y ha comportado “sacrificios” del personal.
“Pedimos que no recorten más, que la dirección nos abone las cantidades de dinero que nos debe y que se mejoren las condiciones de las asistencias, porque las urgencias están a tope y el personal está prestando servicio en unas condiciones indignas”, ha explicado Lleonart.
“Lamentamos profundamente llegar a esta situación”, ha afirmado Lleonart, que asegura que la huelga, que se llevará a cabo cada día 2 horas en cada turno laboral, fuera de las urgencias afectará a los pacientes que tenían horas concertadas en cualquier de los ámbitos sanitarios.
La huelga afectará a todos los centros del CST, que son el Hospital de Terrassa, 7 CAP del municipio, 2 centros de salud mental y el CAR de Sant Cugat del Vallès, donde, en total, trabajan cerca de 2.500 personas que están llamadas a la movilización.
En 2015, el CST cerró el ejercicio con pérdidas de 5 millones de euros, y Lleonart denuncia que los nuevos recortes de 700.000 euros implican que los empleados trabajen más por el mismo precio cuando “solo” significan menos del 0,05 % del presupuesto anual de 150 millones que tiene el centro.
Asimismo, la plantilla también denuncia que el centro arrastra impagos de entre 4 y 5 millones durante el tiempo de crisis, y el consejo de gobierno del CST ha citado el martes, 17 de enero, al comité de empresa para buscar una solución al conflicto.
“Decimos basta a más palabras incumplidas, queremos medidas escritas para rehacer el plan de empresa y que tengamos garantías jurídicas de que se llevarán a cabo”, ha fijado Lleonart como base para iniciar las negociaciones.
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