IU impulsa la apertura de archivos eclesiásticos para investigar casos de bebés robados:
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Hoy se inicia el primer juicio en la Audiencia Provincial de Madrid sobre los bebés robados durante el Franquismo y después de la dictadura. En este sentido, IU presentará este viernes, en el marco del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la Proposición de Ley Integral de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Franquismo y la Transición. En el contenido de esta propuesta elaborada por IU, hay varios artículos dedicados concretamente a los bebés robados a los que ha tenido acceso cuartopoder.es.
En el Título Segundo de esta proposición, denominado ‘Los derechos de las víctimas del franquismo’, se integra el Capítulo Segundo, llamado ‘Derecho a la Verdad’, donde se incluyen distintos los artículos referidos al grave caso de los bebés robados durante la dictadura, pero ya también en los años de la Transición, que afecta a decenas de miles de familias. De esta manera, si se aprobara esta iniciativa de IU, por ley, “las autoridades españolas estarán obligadas a impulsar de forma efectiva la búsqueda de los menores sustraídos bajo el amparo de las autoridades franquistas y el posfranquismo”.
Además, serán “los órganos judiciales” quienes “investigarán los casos relativos a los menores sustraídos a sus familias para entregarlos en adopción a terceras personas”, estableciendo un marco temporal para la investigación de estos hechos de “hasta el 31 de diciembre del año 1999”, ya que esta práctica criminal de bebés robados se mantuvo durante muchos años después de que muriera Franco.
El texto de IU advierte que “los hechos constituyen un delito permanente cuya comisión no cesa hasta la identificación final del menor sustraído, de acuerdo con la legislación internacional ratificada por España”. Serán, además, los órganos judiciales penales los que, de oficio, abrirán estas investigaciones y quienes aportarán de oficio “los perfiles biológicos basados en pruebas clínicas de ADN” de las personas afectadas.
Más novedades que aparecen en el articulado de esta proposición, es que “la finalidad del procedimiento será la búsqueda del menor presuntamente sustraído, así como de los orígenes en el caso de las personas adoptadas irregularmente”. Todas las administraciones públicas estarán obligadas a colaborar en las investigaciones y a facilitar “la asistencia necesaria para la apertura de archivos de los centros médicos donde se realizaron estas sustracciones y de los centros de internamiento de mujeres, así como de las casas cuna, orfanatos, el Patronato de Protección a la Mujer y demás instituciones de la época franquista y postfranquista”. Los archivos eclesiásticos no podrán negarse a facilitar la información que sea requerida para la investigación.
“El hallazgo del menor sustraído conllevará la actuación de oficio de los órganos judiciales competentes para impulsar las acciones judiciales para la persecución de delito contra las personas responsables de dicha desaparición”, prosigue el articulado. Serán las administraciones, en consonancia con el Poder Judicial, las que “establecerán el protocolo para recoger muestras de ADN procedentes tanto de los restos óseos procedentes de las distintas exhumaciones, como de las personas que soliciten que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y poderlo comparar con las muestras almacenadas en ese organismo”.
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