La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia católica, que agrupa a una veintena de colectivos de los distintos territorios del Estado español, llevará al Congreso de los Diputados de Madrid la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que acaba de estimar nulas las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia católica. El fallo tuvo lugar el pasado 20 de diciembre de 2016 y condena al Estado español a indemnizar a una sociedad particular por tolerar la apropiación por parte del Obispado de Palencia de un templo de su propiedad.
La sentencia constituye un “hito jurídico de extraordinaria importancia en la reivindicación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica”, a juicio de la Coordinadora Estatal [Recuperando, en su marca digital], y representa “un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado hacia la apropiación de miles de inmuebles”, entre ellos la Mezquita Catedral de Córdoba.
Consciente de la vía jurídica que acaba de abrir el Tribunal de Estrasburgo, la Coordinadora Estatal de Inmatriculaciones se dirigirá en las próximas semanas al Congreso de los Diputados para exigir la creación de una comisión que determine el procedimiento más adecuado para restaurar la “legalidad conculcada por esta violación continuada y masiva de los derechos humanos mediante las inmatriculaciones”. Asimismo pedirá la difusión del listado completo de bienes inmatriculados por la jerarquía católica al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, derogado en 2015 por el Gobierno español del PP, ante la enorme presión ciudadana y sus evidentes visos de inconstitucionalidad.
El listado completo de bienes inmatriculados puede ser tramitado por el Gobierno español a través de los decanatos territoriales de los registradores, tal como ya han hecho los gobiernos de la CAV y Nafarroa, así como otras administraciones, aunque el Ejecutivo español “se haya negado reiteradamente a hacerlo en su indisimulado esfuerzo por encubrir la apropiación masiva de inmuebles y fincas por parte de la Iglesia católica”, critica la Coordinadora. Precisamente, el Gobierno acaba de negar nuevamente la semana pasada la información requerida sobre inmatriculaciones por el senador de Compromís, Carles Mulet, en dos preguntas escritas.
En su sentencia, el Tribunal de Derechos Humanos ha impuesto una indemnización récord al Estado español cifrada en 600.000 euros por no haber protegido el derecho a la propiedad de la Sociedad Anónima Ucieza, que en 1978 había adquirido una finca de regadío que incluía un conjunto de bienes de carácter religioso pertenecientes a un antiguo monasterio Premostratense desamortizado en el siglo XIX.
Según apunta la Coordinadora, ignorando la inscripción registral del propietario particular, el obispo de Palencia inmatriculó en 1994 el templo, la sacristía y la sala capitular al amparo del inconstitucional artículo 206, que le permitía inscribir bienes sin aportar título de dominio escrito y con su única autocertificación. La Coordinadora Recuperando considera que los tribunales españoles están obligados a aplicar la sentencia conforme al Principio de Convencionalidad, que se desprende del artículo 96 de la Constitución española.
La histórica sentencia de Estrasburgo da la razón a los argumentos esgrimidos desde hace años por los colectivos ciudadanos agrupados ahora en la Coordinadora Estatal y el Gobierno español está obligado a acatarla “si no quiere verse abocado a una lluvia de indemnizaciones que pagamos todos y todas por bienes que termina apropiándose ilegalmente la jerarquía católica”.
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