Parece que todo el mundo está de acuerdo, en el 2017 hay que reformar la Constitución. O al menos aparentar que hay voluntad de hacerlo. Y casi todos asumen que habrá un tema estrella, el territorial. Quizás algo de monarquía o república, aunque esta discusión quedará para las redes sociales, porque los grandes medios no le darán mucho espacio.
El protagonismo histórico del miedo, los intereses creados y el autoengaño político, sumados a una no desdeñable indisposición general para el acuerdo razonable, han hecho de España un país de tradición constituyente, no reformista. Como no somos capaces de adaptar los textos constitucionales a la realidad cambiante, la realidad cambiante termina derribando los textos constitucionales. En este siglo XXI acabaremos repitiendo la jugada, aunque no todavía.
A los que van a impulsar la reforma constitucional no les interesaba lo territorial cuando era importante, pero ahora que es urgente no les queda otro remedio que ocuparse. Si fuera por ellos, sucesión femenina, incorporación de Europa a la carta magna (o viceversa) y leve retoque del Senado hubieran formado el insulso ramillete de modificaciones de un texto petrificado que, cercano a sus cuarenta años, muestra achaques claramente irreversibles. Pero ya no estamos en el momento de los juegos florales, la unidad de España exige acción, y parece que la vamos a tener, aunque sea en dibujos animados.
Sea como fuere, esta relevante discusión sobre lo que debe ser España –más grande o más pequeña, más o menos centralizada, más o menos borbónica– va a desplazar, ya lo hace, el debate y la reforma de lo que verdaderamente está en la base de todo contrato constitucional europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial: la protección de los derechos. En concreto, la protección de los derechos sociales.
Es revelador que el Rey, en su discurso del 24 de diciembre, se refiriese oscura aunque claramente al independentismo (que sin duda afecta al pacto constitucional), pero que no dijese ni una palabra acerca de los derechos de las personas. Más aún, que sugiriese que la “ya visible salida de la crisis” está vinculada a la renuncia a “actitudes excluyentes”… y a nada más. Pero la salida de la crisis no está vinculada a la unidad de España, está vinculada a la protección de los derechos sociales, es decir, a aquello en la Constitución que demuestra y exige respeto por la dignidad de los ciudadanos. No hay nada más excluyente ni humillante que la desigualdad económica y social allí donde circula el dinero.
A día de hoy, los que gestionan la mayoría de los votos parlamentarios que negociarán la reforma constitucional entienden que los derechos sociales no son urgentes, ni siquiera importantes. Con la Ley Mordaza en una mano y los grandes medios de comunicación en la otra, han conseguido desactivar la urgencia popular que hace cinco años amenazaba las bases de los escombros de un sistema que ha reducido su capacidad de protección al mínimo. Y ya hay señales claras de que cuando esa urgencia apriete de nuevo, no dudarán en desmantelar los espacios de autonomía –las libertades públicas–, esenciales para organizar las protestas y denunciar los abusos. Porque sepámoslo, la supresión o debilitamiento de los derechos sociales es solo la etapa inmediatamente anterior a la destrucción de los derechos liberales. No hace falta ser muy sagaz para comprender que los poderosos están recogiendo el carrete de la historia de los derechos, y que en ese repliegue ya estamos a comienzo del siglo XX.
El 2017 es año de reforma constitucional, al parecer, de lo que ya no tiene remedio. Por eso será (¿puede ser de otra manera?) una reforma peligrosa, no por lo que aborde, sino por lo que no va a atreverse a abordar, por la oportunidad perdida de (al menos tratar de) recuperar la dignidad colectiva que defiende el Estado Social.
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